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VIZCAYA
Investigan a empresarios y políticos por un delito de blanqueo en Castro
El juez rastrea una trama formada por más de 130 personas que presentan desfases patrimoniales de nueve millones de euros
20.12.09 - 02:59 - JOSÉ DOMÍNGUEZ | CASTRO.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro ha decidido investigar hasta el final cualquier atisbo de corrupción que tenga la mínima relación con el Ayuntamiento. Y ha ordenado a la Agencia Tributaria que elabore un interminable informe en el que se entrelazan políticos, funcionarios, empresarios y numerosos familiares de todos ellos. En total, una presunta trama formada por más de 130 personas en la que se han detectado desfases patrimoniales sin justificar por valor de más de nueve millones de euros. El juez trata de atar todos los cabos de esta tupida red para determinar si los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
Los responsables de la Unidad Regional Operativa de la Vigilancia Aduanera de Cantabria han llegado a una conclusión: muchas de las personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento apenas poseen un patrimonio relevante, pero el de sus familiares o allegados sí ha experimentado un aumento importante. El juez inició la investigación centrándose en veinte personas, cuyas cuentas y posesiones se han analizado entre 1999 y 2008.
Empezando por la clase política, este podría ser el ejemplo de Rufino Díaz Helguera, actual edil de Obras y Servicios y alcalde de Castro hasta 2003. La conclusión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es que existe un desfase de 37.993 euros entre ingresos y gastos declarados. Aunque el mismo informe resalta que no consta ningún vehículo a su nombre y que en los últimos nueve años ha tenido para vivir una media anual de 7.400 euros.
Ante estos hechos, la oficina aduanera extendió las investigaciones a sus familiares y encontró datos interesantes. Por ejemplo, que uno de sus hermanos presenta un desfase de 416.264 euros. Y con otros también habría un nexo común como haber trabajado, o hacerlo en la actualidad, para sociedades con intereses inmobiliarios en Castro.
Entre ellos resalta a su primo, Joaquín Antuñano Helguera, que también fue concejal de Urbanismo de 1999 a 2003. Como Díaz Helguera, su patrimonio injustificado es pequeño, 27.000 euros, pero el informe destaca la relación «evidente» con su cuñado, Daniel Colina, que desde hace más de 10 años tiene intereses en sociedades urbanísticas de la localidad.
Funcionarios bajo sospecha
Un caso similar es el de Salvador Hierro. El desfase patrimonial personal detectado es de 66.326 euros aunque sus padres, jubilados, presentan una importante actividad de compraventa de inmuebles «sin que les conste financiación ajena». Y la agencia desvela que tienen propiedades por un valor catastral superior a 500.000 euros. Los datos de José Miguel Rodríguez López no tienen desperdicio. Según la investigación, el actual concejal de Hacienda tiene, junto a su mujer e hijos directos, un desfase entre ingresos y gastos de 607.000 euros.
Tampoco se libra el alcalde, Fernando Muguruza. Aunque él personalmente no presenta ninguna contabilidad injustificada, en el caso de su cónyuge el informe si detecta un descontrol de 121.382 euros. Y la investigación también se ha extendido a ediles y ex ediles como Concepción Carranza, Elisa Dopico, Juan Tomás Molinero, Pedro Olano, Santiago Vélez, Jaime Díaz Muro (al que junto a su hermano y Javier Ibarrola se ha detectado un desfase de 400.000 euros), Agustín Fernández, Iván González y Javier Virto.
Entre el funcionariado, uno de los casos más llamativos que señala la oficina regional de la Vigilancia Aduanera de Cantabria es el de Pedro Restegui, arquitecto municipal de Castro entre 1997 y 2005. Él y su familia tienen sin justificar 1,8 millones de euros. Alicia García, ingeniera municipal entre 2001 y 2006 presenta un desfase de 770.000 euros y César Alonso, secretario del Ayuntamiento hasta 2006, de 477.860 euros.
El informe revela otros datos interesantes como, por ejemplo, que muchas de las personas investigadas, a pesar de haber duplicado su patrimonio en los últimos años, han combinado ingresos millonarios con percepciones del Inem por la prestación de desempleo. El documento incluso revela el caso de una pensionista de 90 años que figura como administradora de una sociedad relacionada con Jaime Díaz Muro.
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