'caso faisán'
España ocultó un mes y medio a Francia el 'chivatazo' a ETA
El fiscal, tras examinar la documentación de Le Vert, no ve motivos para pedir nuevas diligencias que aclaren el soplo policial al aparato de extorsión
El Ministerio Público dice que las conversaciones de Elosúa son «irrelevantes» para conseguir identificar al autor de la delación.
El Ministerio del Interior tardó casi un mes y medio en informar a las autoridades francesas de que un presunto soplo policial a ETA casi da al traste con años de investigaciones sobre el aparato de extorsión de la banda y de que fue esa delación la que provocó el aplazamiento de la operación en la que, el 4 de mayo de 2006, iban a caer los principales responsables del cobro del impuesto revolucionario a través del bar Faisán de Irún.
Así lo asegura la juez antiterrorista Laurence Le Vert en la comisión rogatoria de 645 folios remitida a la Audiencia Nacional, en la que explica la actuación de las autoridades galas en esta investigación. Parte de ese vasto documento, que permanece aún secreto para las partes personadas en el procedimiento excepto para el Ministerio Público, es reproducida por el fiscal Carlos Bautista en el escrito que ha remitido al juez del caso, Pablo Ruz. A la vista de los datos remitidos por Francia, Bautista asegura no ver motivos para practicar «nuevas diligencias», ya que no se «aportan nuevos elementos incriminatorios». En suma, en el escrito la Fiscalía anticipa que, como ya hizo en octubre de 2009, volverá a pedir el archivo del caso por falta de autor conocido.
Según Le Vert, el jefe del operativo, el policía español Carlos Germán, «no avisó a la parte francesa del equipo común de investigación» del chivatazo hasta el 16 de junio de 2006, a pesar de que la delación tuvo lugar el 4 de mayo. El informe recuerda que la Policía española tuvo conocimiento del soplo a las 14.00 horas de ese día, tras escuchar a través de una baliza (un micrófono oculto) colocada en un coche la conversación entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, y su cuñado, en la que el primero desvelaba que alguien le había llamado para advertirle de la inminente operación policial. Germán sólo envió un correo electrónico con esa grabación a la juez un mes y medio después de que tuviera lugar. Los hechos ocurrieron durante la tregua que ETA rompió más tarde con la bomba contra la T-4.
Llamadas fallidas
Laurence Le Vert, además de reprochar la tardanza, explica en la comisión rogatoria que la paralización de la operación contra el aparato de extorsión al otro lado de la frontera fue una «decisión autónoma» de las autoridades galas y que nada tuvo que ver con el soplo, pues de hecho Francia ni conocía que se había producido. Según la versión de la Justicia gala, la decisión de posponer el operativo se produjo el 3 de mayo, a raíz de que Germán, sin previo aviso, le enviara un «informe de síntesis» de 330 páginas sobre el aparato de extorsión, íntegramente en castellano, y del «que la parte francesa nunca (antes) había tenido conocimiento». La juez, ante tal aluvión de nuevos datos de cuya traducción no tuvo copia hasta el 23 de mayo, acordó entonces por cuenta propia aplazar el operativo. Es más, desvela la magistrada, la Policía española siguió mandándole información -hasta siete anexos- hasta el 19 de junio.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía sobre la información remitida por Francia, en la comisión rogatoria no hay un solo dato que apunte quién avisó a ETA. El atestado galo confirma que Elosúa intentó llamar desde la cabina pública del bar a su contacto en Francia, el etarra José Antonio Cau, para avisarle de que podía ser detenido si cruzaba la frontera para recoger el dinero del 'impuesto', pero no lo localizó. Sí logró hablar con él desde una cabina pública en la localidad gala de Behobia, pero en esa conversación Elosúa sólo pide concertar una cita urgente en el país vecino y el lugar para el encuentro, sin desvelar la causa de tal premura y, mucho menos, quién le había dado el soplo del operativo. «No se dice nada más», insiste el fiscal, que considera esa conversación «irrelevante» para llegar hasta el autor del chivatazo.
La comisión también incluye la declaración del comandante en funciones de la Policía Judicial de Burdeos, Christian Pommes, sobre el paquete que Elosúa entregó al etarra Pau Aldanur en la cita que ambos mantuvieron en un bar. Los franceses dicen que parecían «periódicos doblados» y los españoles creen que había fajos de billetes. El documento detalla que Germán pidió a Pommes detenerlos al sospechar que se trataba de una entrega de dinero, pero que el policía se negó porque en ese momento no tenía autorización de sus superiores. Luego, los agentes galos siguieron a Pau, quien dejó ese misterioso paquete en el maletero de su coche. Fue entonces cuando Francia le retiró la vigilancia porque pensó que esa actitud de despreocupación «casa mal con el envío de una importante cantidad de dinero desde España».