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La organización terrorista ETA ha recrudecido la extorsión sobre los empresarios vascos y navarros, según pudo confirmar ayer este periódico tanto en fuentes empresariales como de la lucha antiterrorista.

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Desde finales del año pasado en el País Vasco y desde hace dos o tres semanas en Navarra, la banda ha hecho llegar varias decenas de cartas de chantaje, directamente o a través del entorno más próximo al amenazado, y también ha realizado llamadas telefónicas intimidatorias, instando al pago de la extorsión exigida por escrito con anterioridad. Algunas de éstas últimas llamadas han sido hechas desde cabinas telefónicas situadas en Francia, según fuentes de la lucha antiterrorista en el País Vasco. Las cantidades exigidas rondan los 100.000 euros.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, indicó que se percibe un recrudecimiento de la extorsión, "dormida", según sus palabras, desde junio del año pasado, lo que se refleja también en un aumento de las cantidades exigidas.

Un alto "ficticio"

En varios casos, la persona acosada ha recibido una carta y una llamada o dos cartas, una personal y otra dirigida a algún familiar. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, emplazó ayer a la izquierda abertzale a pronunciarse "con toda claridad" en contra "de la extorsión y las amenazas", pero no se refirió a la existencia de esta nueva remesa de misivas.

Ayesa recalcó a EL PAÍS que desde el pasado mes de junio se había observado en Navarra una "paralización" de la actividad extorsionadora de ETA. "Ahora vemos que era ficticia", añadió.

Las cantidades que la banda terrorista exige son muy variadas, pero en general resultan más elevadas que en intentos de chantaje anteriores. "Si hace dos años pedían entre 20.000 y 100.000 euros, ahora hablan de entre 100.000 y 400.000", explicó Ayesa, quien cifró en "entre 30 y 40" las personas afectadas que han puesto su situación en conocimiento de su organización empresarial.

El número es similar en el País Vasco. Fuentes de la patronal Confebask confirmaron también la oleada extorsionadora: "No hay ninguna novedad. Periódicamente aparecen, más bien habría que hablar de continuidad".

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de-pol.es

La banda terrorista ETA pretende utilizar la posible indemnización al diario Egunkaria para buscar acomodo a sus presos, en el marco de un proceso de negociación con el Estado, según ha podido saber LA GACETA de fuentes solventes de la lucha antiterrorista y de asociaciones de víctimas.

No consta que el Gobierno haya acordado este punto con la banda, pero al menos ETA pretende que así sea. Si los proetarras vencen en la batalla judicial del caso Egunkaria, es seguro que reclamarán una indemnización por daños y perjuicios. El volumen de ese pago rondaría los 60 millones de euros, según las estimaciones de los expertos consultados. Una cantidad más que golosa para el entramado etarra, que, con escasa presencia en las instituciones y gracias a la eficacia policial para abortar sus extorsiones, está más cerca de la ruina que nunca.

El juicio al periódico abertzale se celebró en la Audiencia Nacional recientemente. En los próximos días o semanas debe dictar sentencia el presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Aunque las fuentes jurídicas consultadas discrepan al respecto, la mayoría apunta a que los directivos del diario quedarán absueltos.

Implicados

Como ya publicó este diario, Marcelo Otamendi, el ex director del diario, y los directivos del mismo, Ignacio María Urúa, Juan María Torrealday, José María Auzmendi y Javier Oleagaos se enfrentan a penas de entre 12 y 14 años de cárcel por un delito de pertenencia a banda terrorista.

Paradójicamente, pese a la gravedad del presunto delito que se les atribuye, la Fiscalía renunció a participar en la acusación en un sumario que se remonta a 2003, cuando el juez Juan del Olmo ordenó la clausura del periódico, el referente de la izquierda abertzale tras el cierre judicial de Egin, en este caso por decisión del magistrado Baltasar Garzón.

Siguiendo instrucciones jerárquicas del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, pidió la absolución de los cinco acusados, pese a que el juez Del Olmo dio por hecho que “ETA intervino en la creación, designación de directivos y dinamización del diario”.

El magistrado consideraba que el objetivo de Egunkaria era “facilitar el amparo y difusión con apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural para ello” del ideario terrorista “y de los valores e intereses defendidos por dicha organización terrorista”. La actitud del Ministerio Público provocó estupor e indignación en las víctimas de ETA. Con los antecedentes del caso Egin, no entendían por qué no se aplicaban las mismas pautas que en aquella ocasión. Frente a la actitud de la Fiscalía, las asociaciones de víctimas sí decidieron seguir adelante. La AVT y Dignidad y Justicia son las acusaciones particulares gracias a las que el juicio pudo celebrarse.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, denunció en estas páginas que, a su entender, la instrucción del caso Egunkaria formó parte del fallido diálogo del Gobierno con los terroristas. “Para las acusaciones, es muy triste ver cómo el representante del Ministerio Público empezó un juicio en 2003 y se retiró en 2006, en medio de la tregua, con un escrito bastante bochornoso, en el que se retractaba de lo dicho anteriormente, de la defensa que hizo del auto de procesamiento”.

“Es –agregó– una posición difícil y que está de alguna forma ensuciando el nombre de la Fiscalía, porque no todos sus miembros son así, y todo se debe a directrices de su jefe, Javier Zaragoza. Aunque él lo niegue, cuando llegó, en abril de 2006, venía con un objetivo claro: suavizar las cosas por el proceso de paz. Necesitaban a un títere y lo encontraron. A los hechos me remito. Fue una época penosa. En aquel momento, a finales de 2006, no se personó contra Otegi, incluso en el juicio de De Juana Chaos pidió que se rebajase la condena... Egunkaria fue una pieza de la negociación, es algo constatado”.

Injusticia

Si la absolución de Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga se consuma, y así lo prevén la mayoría de los analistas, se abriría la puerta a la mencionada indemnización millonaria. El motivo, tal como contempla la propia ley, apelará al “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”. La indemnización que el Estado deberá sufragar será obligada si los acusados acreditan “daños y perjuicios”.

Si son absueltos siete años después del cierre del periódico podrán argumentar que han sido encarcelados injustamente, que esta injusticia los señala como terroristas y que, además, han perdido su trabajo.
Las fuentes consultadas relacionan esta supuesta indemnización con un término que se acuñó durante la anterior negociación. Se trata de la financiación de la paz. Antes del salvaje atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, algunos medios desvelaron supuestos planes que permitirían la financiación de aquellos presos etarras o dirigentes batasunos que salieran a la calle si el diálogo entre el Gobierno y ETA hubiera tenido éxito. El ministro del Interior se vio obligado a desmentir que el Ejecutivo hubiera pactado con la banda un acuerdo de semejante alcance.

Esa relación entre Egunkaria y los presos etarras veteranos, los más proclives a retomar una negociación, quedó al descubierto durante el juicio al diario vasco. En una de las sesiones declararon como testigos cuatro históricos miembros de ETA. Se trata de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, ex responsable del aparato político de la banda y uno de los presos más críticos con la jefatura de la organización; Carmen Guisasola, expulsada de la banda; José María Dorronsoro y José Domingo Aizpurua.

‘Históricos’

Guisasola y Dorronsoro son recordados por haber enviado varias misivas en los últimos años en las que apostaban por el fin de la violencia de ETA y por una consiguiente negociación política con el Estado. Estos dos etarras están presos en la cárcel de Zuera (Zaragoza), lugar al que el Ministerio del Interior ha ido trasladando a varios miembros significativos de ETA que son críticos con la estrategia asesina de la banda.

Como era de esperar, durante el juicio los cuatro etarras respaldaron las tesis de que Egunkaria no formaba parte del entramado terrorista. Incluso, Txelis arguyó que precisamente leer el diario vasco le había servido para “evolucionar” en su pensamiento hacia posturas menos radicales.

La práctica totalidad de los partidos nacionalistas también salió en defensa de Egunkaria ante el juicio. Miembros del PNV y ERC llegaron a manifestarse a las puertas de la Audiencia Nacional.

Boligrafo Kubotan

28?

materialpolicial.com

La banda terrorista ETA lanzó a finales de febrero una nueva campaña de extorsión con el fin de recaudar fondos para su actividad terrorista. Sin embargo, numerosos empresarios de los que han recibido las cartas no han podido contactar con los "canales habituales" de pago porque, o no existen ya, o las personas con las que contactan no quieren saber nada del asunto.


El envío de cartas por parte de la banda terrorista pidiendo el mal llamado "impuesto revolucionario" sigue "sin desaparecer" y se produce "con más o menos intensidad en el tiempo" tal y como reconocía recientemente el presidente de la asociación de empresarios de Guipúzcoa. La última remesa de cartas de la que los servicios antiterroristas tienen conocimiento ha llegado entre finales de febrero y principios de marzo.

Las cartas de extorsión de enero supusieron la reactivación de la extorsión de la banda, que llevaba más de seis meses inactiva en este asunto, ya que la anterior remesa de misivas para reclamar el 'impuesto revolucionario' se produjo entre mayo y junio de 2009, fechas en las que ETA llegó a reclamar hasta 400.000 euros a los empresarios.

En esta ocasión, los terroristas están exigiendo cantidades que van de los 150.000 a los casi 300.000 euros y piden a los empresarios que las hagan llegar a través de los "canales habituales", además de incluir la ya conocida parafernalia de amenazas si no pagan.

Sin embargo, los datos de los empresarios que está utilizando la banda son antiguos y no responden a la realidad actual, tanto familiar como financiera, en muchos de los casos, entre otras razones, por la crisis económica en la que está inmersa España. Las fuentes consultadas aseguran que, de los errores que han cometido en las cartas enviadas, se deduce que los registros de datos que utiliza la banda tienen una antigüedad de entre tres y cuatro años.

intervencionpolicial.com

El procedimiento que sigue ETA "no ha cambiado" en los últimos ocho o nueve años pero sí las cuantías que exige ya que "hay menos gente que paga".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, ha afirmado hoy que va en aumento la extorsión de ETA a la vista de las denuncias que se están presentando, alrededor de doce en el último mes.

Tras precisar que desde el año 2000 son más de dos millares los empresarios extorsionados en España por la banda terrorista ETA, Ayesa ha reclamado para ellos el apoyo de las autoridades "porque no ha habido un reconocimiento de esta lacra muy adecuado desde el punto de vista político".

"Y esto va a seguir porque la banda necesita recursos para seguir viviendo", ha dicho en declaraciones a los periodistas, en las que ha precisado que el procedimiento que sigue ETA "no ha cambiado" en los últimos ocho o nueve años pero sí las cuantías que exige ya que "hay menos gente que paga".

Al respecto ha señalado que años atrás ETA pedía cantidades entre los 20.000 y los 50.000 euros y ahora reclama entre 60.000 y 400.000, un "abanico muy amplio" de extorsión que afecta a los empresarios "de forma aleatoria" porque ETA "tampoco tiene una información lo suficientemente amplia y exhaustiva de las personas extorsionadas y fija las cantidades de una forma también aleatoria".

José Manuel Ayesa ha comentado que fue hace unas semanas cuando confirmaron en la CEN que "después de seis o siete meses sin ningún indicio de actividad" de la banda terrorista con respecto al denominado "impuesto revolucionario" ésta había vuelto.

"A final de enero se empezaron a recibir cartas fechadas en Vitoria, creo que el 24 de enero, en una remesa importante y luego se ha vuelto a reproducir otra remesa importante también de cartas depositadas en Vitoria con fecha del 22 de febrero", ha puntualizado.

Y ha asegurado que el incremento "es muy notable porque el número de denuncias también es importante" y "todo el mundo sabe que no todas las personas extorsionadas lo denuncian".

Academia Acceso CNP

sector115.es

Los cien mil votos que logró Acción Nacionalista Vasca (ANV) en los comicios municipales de 2007, que se han traducido en 337 concejales y poder gobernar en 43 ayuntamientos del País Vasco y Navarra, permiten a la formación proetarra controlar más de 250 millones de euros anuales de los presupuestos municipales.

Buena parte de esos fondos —que sumarán un millón de euros en los cuatro años de legislatura— es repartida de forma discrecional a través de concesiones y adjudicaciones a empresas afines; participadas por los propios concejales o familiares y/o controladas por candidatos de las marcas electorales de la banda ETA-Batasuna, Euskal Herritarrok o la propia ANV-.

Eñaut Ayarzaguena Bravo, uno de la treintena de detenidos en la macroperación desarrollada contra Segi el pasado noviembre y miembro de Ikasle Abertzale ('estudiantes patriotas') confesó en sede policial que una de las vías de financiación del citado sindicato estudiantil vinculado a la izquierda abertzale procedía de la asistencia de sus integrantes a programas de televisión donde figuraban como público, según sus declaraciones ante la Policía a las que ha tenido acceso Europa Press.

Ayarzaguena admitió que había una fuente de financiación más ortodoxa "a través del Rectorado cuando se presentan las candidaturas a representantes en el Consejo de Estudiantes y al claustro" y otra, cuando menos poco habitual, "que se realizaba acudiendo como público a programas de televisión".

"Luego el dinero se utilizaba para comprar plástico y pinturas para realizar carteles y pancartas", detalló este arrestado que reconoció ser militante de Ikasle Abertzale desde hace cuatro años, concretamente desde que inició sus estudios de Bellas Artes en la UPV en Leoia y llegó a ser responsable del sindicato durante los años 2006 y 2007.

De hecho, sus conocimientos en el dibujo y las artes plásticas le valieron cierto reconocimiento dentro de los ambientes juveniles abertzales. Primero fue nombrado "diseñador oficial a nivel nacional de carteles y la maquetación de la agenda escolar" de Ikasle Abertzale, para posteriormente dar el salto a Segi donde desempeñó funciones similares.

Este detenido aseguró que recibía remuneración de la organización juvenil ilegalizada a cambio de hacerle sus panfletos, pancartas y otra cartelería. Estos materiales luego "eran distribuidos por el País Vasco, Navarra y la zona francesa de los Pirineos Atlánticos". Detalló que su último encargo fue antes del verano y entre sus trabajos se encuentra un cartel del treinta aniversario de Segi. Pese a esta vinculación, negó ser integrante de Segi y matizó que en el sindicato tan sólo era "militante de base".

El nexo entre Ikasle Abertzale y Segi confluye en la extensa red de organizaciones y plataformas englobadas bajo el paraguas de la izquierda abertzale. Según declaró, Ayarzaguena, de 21 años de edad, "en ocasiones" acudió a "asambleas abiertas" que organizaba Segi a las que asistía como representante de Ikasle Abertzale de la Facultad de Bellas Artes.

ESKUALDE DE DURANGUESADO

Eñaut Ayarzaguena Bravo fue detenido y encarcelado tras una macroperación desarrollada en el País Vasco y Navarra por la Policía y la Guardia Civil el 24 de noviembre de 2009 en la que fueron arrestados más de treinta jóvenes acusados de integrar Segi. Tras esta operación el Ministerio del Interior dio por descabezada la cantera de la banda.

En concreto, según el auto dictado por el juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, era el responsable del eskualde de Segi en Duranguesado. Natural de Iurreta, fue detenido en Vizcaya. Según el auto del juez, fue identificado en un acto con motivo del 'Boroka Eguna' convocado por Segi y celebrado el 12 de enero de 2007.

No obstante, Ayarzaguena no era el único de los 34 detenidos la madrugada del 25 de noviembre que había compaginado su relación con Segi con sus funciones de representante estudiantil en el universidad. Es el caso de Joseba Dalmau Cherino, matriculado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, formó parte del Consejo de Estudiantes de la universidad en 2007.

También Oier Ibarguren Sarasola, de San Sebastián, fue estudiante de Química en la Universidad del País Vasco y al menos durante el curso académico 2004/2005 formó parte de la Junta de esta facultad. Del mismo modo, Euken Villasante Sarasibar, detenido en Andoain (Guipúzcoa), estudió en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián de la Universidad del País Vasco y formó parte de la Comisión de Convalidación de Estudios.

Los terroristas sabían en todo momento si una persona había pagado o si era necesario un «recordatorio».

La Policía investigó a cinco empresarios que, según documentación intervenida a ETA en Francia, podrían haber sido sometidos a secuestros «exprés»: ser retenidos durante unas horas para exigirles el pago inmediato de las cantidades que les reclamaba la banda. Los cinco industriales, al ser informados por la Policía de que sus nombres habían aparecido en esos papeles, manifestaron su sorpresa y negaron haber recibido cartas de la banda o amenazas, según documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional.
LA RAZÓN conoce los nombres de los empresarios y sus declaraciones, pero no las hace públicas por motivos de seguridad.
La investigación se inició como consecuencia de una comisión rogatoria de la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert. Ibon Fernández Iradi, «Susper», había sido detenido el 19 de diciembre de 2002 en la localidad gala de Sain Martin de Seignanx, en la región de Las Landas. Llevaba encima una libreta con las direcciones de los cuatro pisos que utilizaba para esconderse. En uno de ellos, en el número 62 de la avenida Bertrand Barrere, de Tarbes, en el que fue arrestada Lorena Somoza Chamizo, fue encontrada abundante documentación sobre el chantaje conocido como «impuesto revolucionario».

Cien fichas clave
A los investigadores les llamó la atención un centenar largo de fichas, entre ellas cinco, tituladas «Exprés Afera», en la que aparecían nombres de empresarios, con datos personales, familiares y económicos. Las cantidades que se les exigían ascendían a un total de 4,5 millones de euros, según informaron a este periódico fuentes jurídicas.
Junto a ellas había una documento con instrucciones –que se reproduce en esta misma página– en el que se explicaba a los «comandos» cómo llevar a cabo un «secuestro exprés». Había que amenazar al empresario de que si no pagaba, en un brevísimo plazo, un anticipo de la cantidad que se le exigía, se convertiría en «objetivo militar» de ETA.
En un cuaderno aparte, se anotaba la cifra de «700.000 euros (110 kgs.) por exprés», lo que podría indicar que la banda ya había llevado a cabo alguna acción criminal de este tipo y logrado robar ese dinero. Lo cierto es que los cinco empresarios negaron, incluso, haber recibido cartas de ETA y sufrir amenazas.
Tras su primera detención, «Susper» consiguió fugarse de la comisaría de Bayona por una claraboya y fue arrestado de nuevo, un año después, en la localidad de Mont de Marsan. Cuando fue llevado a juicio, la Policía francesa explicó que las 125 fichas requisadas a este individuo estaban clasificadas en tres grupos: una de ellas era la de los secuestros «exprés» y en otras dos, con la denominación «Egur», figuraban los empresarios que no habían pagado o que habían acudido a las Fuerzas de Seguridad para denunciar el chantaje.

Objetivos clasificados
En 2002, «Susper» era el jefe del «aparato militar» y había sustituido a Juan Antonio Olarra Guridi, «Otsagi». El hecho de que tuviera todas esas fichas en su poder y que hubiera clasificado la mayoría en la carpeta «Egur» podía significar que los empresarios se habían convertido en objetivos de la banda terrorista.
Gracias a las investigaciones realizadas entonces se pudieron descifrar las variables que utilizaba la banda desde 2000 en los códigos alfanuméricos que encabezaban las cartas de extorsión y también los recibos justificativos de haber pagado las cantidades exigidas. De esta manera, los responsables del «aparato de extorsión», llamado «Gezi», sabían en todo momento la provincia a la que había sido remitida la misiva; la fecha exacta y la cantidad exigida. Y si se trataba del primer aviso o un «recordatorio» por no haber pagado.

Planes e instrucciones
- La detención de Ibon Fernández Iradi, «Susper», en diciembre de 2002 permitió a los agentes tirar del hilo para descubrir pisos de la banda. Varias personas fueron detenidas y los agentes se incautaron de numerosa información sobre el «impuesto revolucionario.
- Entre dicha información se hacía referencia a cinco empresarios (con sus datos personales, familiares y económicos».
- Además, contenía instrucciones sobre cómo llevar a cabo «secuestros exprés».

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La banda terrorista ETA pasa por momentos de penuria económica. Tanto es así que los abogados que tiene en nómina cada vez encuentran más dificultades para cobrar sus honorarios. Así lo aseguran a LA GACETA distintas fuentes de la lucha antiterrorista.

La debilidad de la banda asesina no sólo afecta a sus frentes operativo –cada vez encuentra más dificultades para atentar– y logístico –la organización roza el caos y las caídas de comandos se multiplican–, sino que también ha llegado el frente financiero, ya que los terroristas cada vez recaudan menos dinero. Y esa circunstancia afecta a los pagos a los abogados.

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jagger30 escribió:

La banda terrorista ETA pasa por momentos de penuria económica. Tanto es así que los abogados que tiene en nómina cada vez encuentran más dificultades para cobrar sus honorarios. Así lo aseguran a LA GACETA distintas fuentes de la lucha antiterrorista.

La debilidad de la banda asesina no sólo afecta a sus frentes operativo –cada vez encuentra más dificultades para atentar– y logístico –la organización roza el caos y las caídas de comandos se multiplican–, sino que también ha llegado el frente financiero, ya que los terroristas cada vez recaudan menos dinero. Y esa circunstancia afecta a los pagos a los abogados.

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Las apuestas deportivas de modalidades tan populares en el País Vasco y Navarra como el fútbol o la pelota vasca fue uno de los últimos resquicios a los que recurrió la cantera de ETA, acostumbrada en los últimos tiempos a agudizar el ingenio a la hora de invertir su dinero para financiar sus actividades burlando la acción de la Justicia. Así lo admitió uno de los detenidos en la macroperación desplegada contra Segi, Haritz Petralanda
Mugarra --hermano del dirigente de Batasuna Ander Petralanda--.

Según sus declaraciones policiales a las que tuvo acceso Europa Press, Petralanda explicó que, una vez se recaudaban las cuotas de los integrantes de la organización juvenil ilegalizada --"cinco euros mensuales"--, "lo que se hace es invertirlo en el propio grupo para llegar a la autogestión y también se consigue sacar dinero organizando apuestas en campeonatos de fútbol o de pelota vasca".

La operación en la que fueron detenidos más de 30 miembros de Segi ha permitido conocer las numerosas formas de financiación a las que recurría la cantera de la banda. Algunas tan inverosímiles como la que admitió otro de los arrestados, miembro de un sindicato estudiantil abertzale, que confesó que recibían dinero por acudir como público a programas de televisión.

Además, de la extensa documentación incautada a varios detenidos, las fuerzas de seguridad comprobaron que Segi recurrió también a novedosos métodos de autofinanciación como la venta de sobres de azúcar junto a otros más habituales como la distribución de mecheros, camisetas o bonos con los que además se sufragaba al resto de organizaciones de la izquierda abertzale.

Dos hermanos en prisión
En concreto, Haritz Petralanda, actualmente en la prisión madrileña de Aranjuez, es un ejemplo del corto recorrido en los últimos años separa a quienes se integran en la órbita de la banda terrorista y la cárcel. Comenzó su trayectoria en el año 2006, cuando fue captado, según reconoció, "por ser hermano" de Aner Petralanda. Este dirigente abertzale se halla en prisión desde su arresto el 4 de octubre de 2007 en una operación desplegada en Segura (Guipúzcoa) cuando se celebraba una reunión para crear la nueva dirección de Batasuna.

El proceso de formación al que fue sometido el pequeño de los hermanos Petralanda antes de integrarse en Segi "consistió en analizar la evolución del movimiento juvenil desde la desmilitarización e insumisión de los años 80, hasta la formación de Jarrai, su historia, la creación de Haika y después el nacimiento de Segi". A partir de ahí, explicó que "las actividades se basaban en diversas campañas como la de AHT ERIK EZ (en contra del TAV), el acceso a la vivienda y la problemática del consumo de drogas en la juventud".

La incoherencia ante las drogas
Esta insistencia de ETA y su entorno de alertar sobre lo dañino de las drogas, especialmente entre la juventud --la banda llegó a atentar contra narcotraficantes o locales en los que sospechaba que se negociaba con drogas-- choca con acontecimientos recientes en los que militantes etarras han sido descubiertos en posesión de sustancias estupefacientes, incluido el último gran jefe de ETA, Garikoitz Azpiazu Rubina, alias 'Txeroki'.

Superada su etapa de iniciación, Haritz Petralanda llegó a formar parte de Segi. Durante el año 2008 figuró en la plataforma Gazte Asamblada, integrada en la órbita de la cantera etarra y en el momento de su detención, en noviembre de 2009, ya lideraba del eskualde de Segi en Txori Herri.

"Ni móvil, ni mail"
Según explicó, los miembros de Segi extremaban al máximo las medidas de seguridad para pasar desapercibidos. "Entre las directrices estaban no hablar de asuntos de Segi delante de personas que no están vinculadas al grupo, prohibir el acudir a las reuniones portando teléfono móvil, no llevar encima y destruir todo aquel documento que haga alusión a las reuniones de Segi, cuando se fija la reunión, fijar las fechas de la siguiente reunión con el fin de evitar el uso del móvil y el mail", explicó Petralanda.

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gafaspolicia.com

Los feudos abertzales siguen sin condenar el terrorismo, pero no dudan en recibir dinero del Estado español.

MADRID- Votos o bombas. Es el dilema de Batasuna desde que el Gobierno emprendiera la nueva reforma legal que obliga a los cargos electos a condenar el terrorismo. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) facilitará la impugnación de las candidaturas consideradas afines a ETA –que se podrá hacer una vez iniciada la campaña electoral–, y permitirá por primera vez la expulsión de las instituciones de cargos electos.
En el caso de los municipios que cuentan con representación de Acción Nacionalista Vasca (ANV), es una decisión que podía haberse tomado antes si se hubiera aplicado el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, como pedía el Partido Popular. Según publicó este periódico, el precedente de Marbella hubiera permitido disolver las corporaciones con presencia de aeneuveros, pero el Gobierno nunca lo hizo. Sí actuó en ocasiones para defenderse de actuaciones contra derecho de estas administraciones locales, y les ganó en algún caso ante los tribunales, pero no aplicó la ley con la disolución como objetivo.
Blindaje legal
La situación va a cambiar. La reforma legislativa en marcha introduce una figura novedosa: la «incompatibilidad sobrevenida», que afectará a los cargos electos que sean considerados ilegales después de los comicios, circunstancia que se da en el caso de los ediles de ANV. El blindaje legal que prepara el Ejecutivo para evitar «artimañas» proetarras no permitirá que las listas de partidos legales que acojan a los afines a la banda terrorista puedan concurrir a las elecciones y evitará, por lo tanto, que consigan subvenciones como partido político. Si se hubiera actuado antes, la decisión habría supuesto hace tiempo la pérdida de millones de euros por parte de formaciones cuyo objetivo es llegar a las instituciones para servirse de ellas mientras aplauden el crimen o la coacción de los terroristas en su eterna lucha contra el Estado.
ANV cuenta para ello con una red de empresas –«colaterales» las ha denominado el portavoz de Administraciones Públicas del PP, Rafael Merino– que se beneficia de las adjudaciones municipales. En total, los ayuntamientos proetarras gestionan 250 millones de euros que van a parar directamente a firmas afines o participadas directamente por los propios concejales o sus familiares. Además, durante esta legislatura, los 42 feudos abertzales navarros y vascos han gestionado 32 millones de euros del Plan E de Zapatero, que se han empleado fundamentalmente en la construcción de frontones, aceras y en la mejora de consistorios en los que no ondea la bandera nacional, como denunció la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Los municipios más beneficiados son Mondragón –donde fue asesinado a tiros el concejal socialista Isaías Carrasco y donde estaba el zulo en el que Ortega Lara pasó 532 días– y Hernani –cuya alcaldesa, Marian Beitialarrangoitia, fue condenada por pedir un aplauso en un mitin para los autores del atentado de la T-4 de Barajas–, que se han repartido cerca de cuatro millones y medio de euros y casi tres millones y medio, respectivamente.
Las localidades guipuzcoanas de Pasajes y Vergara también se han visto beneficiadas por el reparto (2.847.918 y 2.623.497 cada una). En Azpeitia, donde fue asesinado el empresario vasco Ignacio Uria, la cantidad asciende a 2.487.393 euros. En la lista figuran asimismo Oyarzun (1.735.547) –cuyo «Bosque de los ausentes» recuerda a terroristas fallecidos–, o Elorrio (1.255.024), municipio rodeado por la polémica cuando, en diciembre de 2008, el PSE-EE denunció que los ediles de ANV se desplazaron a Madrid para visitar a un preso y cargaron los gastos al erario público. El 80 por ciento de los fondos para los ayuntamientos de ANV es para corporaciones donde la formación no cuenta con mayoría absoluta, por lo que los demás partidos podrían desalojarles si llegaran a un acuerdo.

foropolicia.es

Los ayuntamientos del País Vasco aún bajo el yugo de los alcaldes filoetarras de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no sólo sacan tajada el erario público que maneja la Administración central (32 millones del Plan E), sino también de los presupuestos que gestiona el Ejecutivo autonómico de Patxi López (PSOE). El cambio de modelo productivo que impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a esta comunidad autónoma en forma de subvenciones directas otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que dirige Pilar Unzalu.
Según consta en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), este departamento aprobó recientemente la entrega de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales para la realización de “acciones que promuevan el desarrollo sostenible”. Entre los destinatarios de estas concesiones sobresalen 14 consistorios de ANV, casi la mitad de los que la marca electoral de ETA-Batasuna conserva en el País Vasco. El montante de las ayudas a estas alcaldías asciende a 964.198 euros, una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que buena parte de estos municipios ya han recibido cuantiosas sumas a través del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

El ayuntamiento de ANV que consigue la cifra más elevada es el de Azpeitia, en Guipúzcoa. Ingresará 156.000 euros para los proyectos “reforzar la línea del área Olalde/Larrañaga (34.930 euros); construcción de un carril bici desde la piscina al polideportivo municipal (100.000 euros) y programa de sensibilización sobre el desarrollo sostenible (20.250)”.

Junto a Azpeitia, otro de los feudos aeneuvistas que recibe una importante inyección de dinero público es Isasondo, también en Guipúzcoa. El consistorio gobernado por Xabier Iturrioz, ex miembro de Euskal Herritarrok (EH) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dispondrá de otros 130.000 euros que invertirá en la “compra de una baldeadora para la limpieza en húmedo (50.915 euros); acciones de conservación del medio natural y plantaciones (76.346 euros) y asistencia técnica para en el desarrollo de Agenda 21 Escolar (630 euros)”. Esto último, Agenda 21 Escolar, se trata –explica el Gobierno vasco– de un “programa de vocación y carácter planetario” que desarrollan las consejerías de Educación, Universidades e Investigación y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con el propósito de llevar a los centros escolares la idea de que “la sostenibilidad es de capital importancia para construir un futuro en el que una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente supere las crisis ambientales”.

Adoctrinamiento

Hasta cinco ayuntamientos de ANV ven cómo sus solicitudes, todas ellas relacionadas con la Agenda 21 Escolar, han sido correspondidas por el Gobierno vasco (Mondragón, Hernani, Vergara, Isasondo y Oyarzun). Además de Azpeitia,
Plan E donde este factor jugaba un papel fundamental.

Legazpia contará con 78.000 euros que tiene previsto destinar igualmente a la habilitación de un carril bici. Se da la circunstancia de que entre los criterios de adjudicación de estas ayudas, la creación de puestos de trabajos que pueda originar cada actuación no cuenta lo mismo que en las obras del primer La cirugía de las aceras, fundamentado de la puesta en marcha de dicho plan, también está presente en estas ayudas de la consejería vasca. Mientras Elorrio obtiene 100.000 euros –solicitó casi un millón–, que dirigirá a la “urbanización y peatonalización de la calle Berrio Ochoa; Aulestia hará lo propio con el mismo montante en la vía que responde al nombre de la localidad.

Y en este contexto, el transporte sostenible, donde se incluye la construcción de estos carriles bici, cobra especial protagonismo. Dentro de este campo han sido premiadas iniciativas como el “diseño de un sistema de transporte público rural” o la creación de un “servicio permanente de Oinezbusa (andando en la escuela)”, ambas en Igorre (Vizcaya). También el Consistorio de Ochandiano –gobernado por Batia, partido hermano de ANV– ha logrado financiación pública para “obras que posibiliten reducir el uso del vehículo particular”. Oyarzun, por su parte, ha recibido dineropara la “contratación de un servicio de autobús que permita la interconexión de barrios”.

Uno de los proyectos más llamativos que ha decidido premiar la consejería de Pilar Unzalu es la “prevención de la Buddleja” (16.000). El Ayuntamiento de Villabona, en la provincia de Guipúzcoa, ha considerado algo prioritario para el municipio evitar que esta planta se vea afectada por plagas de insectos.

Tras recibir el visto bueno del Ejecutivo autonómico a sus solicitudes, los regidores de ANV adjudicarán ahora a las entidades que crean oportunas la realización de los proyectos, con fecha de ejecución en los próximos meses. Sin embargo, el Gobierno vasco ya no entra en la distribución de estos contratos, que suelen terminar en empresas o sociedades controladas por personas vinculadas al partido y a las tesis filoetarras.

Además, formarán parte de estas actuaciones los grupos ecologistas próximos al entramado de ETA. Aprovecharán las mismas para continuar con sus radicales reivindicaciones.

Cartera Guardia Civil

Fabricada en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

ETA utiliza un código alfanumérico de 14 caracteres para marcar las cartas que envía a los empresarios a los que somete al chantaje. Aunque los atentados han disminuido gracias a la eficacia de las Fuerzas de Seguridad, la extorsión continúa. Tal y como adelantó LA RAZÓN, se ha incrementado a partir de enero, con el agravante de que algunos industriales han recibido, en sus domicilios particulares y despachos profesionales, llamadas en las que se les amenaza si no pagan, en un breve plazo de tiempo, una parte de la cantidad exigida.
Algunos expertos creen que la banda trata de hacerse con dinero suficiente para «aguantar una temporada» si, como se sospecha, anuncian algún tipo de tregua–trampa para que las candidaturas proetarras puedan estar en las elecciones municipales y forales de 2011. Los terroristas disponen de un «ordenador central», que puede estar contenido en un simple dispositivo de almacenamiento del tipo «pen-drive», en el que se guarda la «contabilidad» de «Gezi» («punta de flecha», en euskera), el «aparato» de extorsión etarra.
Para identificar cada carta que remiten a sus víctimas ponen, en la parte superior, un código. Según informes que obran en poder de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, dicho código se identifica así:
Los cuatro primeros caracteres son una letra, dos números y otra letra. Cada provincia del País Vasco, Navarra o el resto de España, se identifica con dos letras: AT, corresponde a Guipúzcoa; AN, a Vizcaya; GR, Álava; HR, a la Comunidad Foral; y EB, al resto de provincias de nuestro país. Los dos números son el mes en que ha sido enviada. Por ejemplo, una carta mandada a un empresario guipuzcoano en septiembre, tendría un código que empezaría con A09T.
Los siguientes dos números corresponde al año. Siguiendo el ejemplo anterior, si la carta fue remitida el año pasado, sería A09T09. Los tres números que aparecen a continuación y la letra que les sigue, se refieren a la clave interna que ha puesto ETA para designara cada empresario.
Suponiendo que el industrial sea el 111C, la secuencia sería ya A09T09111C. El hecho de que la elegida fuera la C significaría que la banda ya había usado las 999 claves de la A y de la B. Las siguientes tres cifras corresponden a la cantidad. Si son 250.000 euros sería A09T09111C250. La última letra indicaría si es el primer aviso o un «recordatorio».
Dentro del archivo general de «Gezi», existe uno llamado «Egur» («leña», en euskera), en el que son incluidos los empresarios que se han negado a pagar o que, simplemente, no han contestado. En estos casos, «Gezi» se lo comunica al «aparato militar», encargado de preparar atentados. Ahora, llaman por teléfono para amenazar, lo que se interpreta como una prueba más de la falta de operatividad. Pero los expertos recuerdan que no se debe despreciar la capacidad de ETA de hacer daño mientras mantenga su decisión de continuar las actividades criminales. «Un “comando” de dos pistoleros puede causar una desgracia en cualquier momento», subrayan.
«Evitarse líos»
En las operaciones realizadas en Francia en los últimos años se han intervenido cartas en las que «Gezi» pedía al «aparato militar» que borrara a algún empresario de la lista «Egur», ya que había empezado a pagar o había manifestado su voluntad. Asimismo, los expertos pudieron constatar que había empresarios que habían pagado de forma voluntaria, por afinidad ideológica o para «evitarse líos», pero que la inmensa mayoría eran chantajeados.