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El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado un recurso contra el contrato de vídeo-vigilancia privada en espacios públicos, al considerar que vulnera la Ley de Seguridad Privada por prever que reemplace a la Policía Local y Nacional en plazas y parques.
El citado contrato fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, constituida por miembros del PP, el pasado 26 de diciembre a favor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Thron SL, Comercial de Aguas y Aquagest y por un montante de 313.068,4 euros durante dos años.
El portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Domingo Martín, informó hoy de que el recurso, presentado ante la propia Junta de Gobierno Local, pide la anulación de la adjudicación y que se declare la nulidad de pleno derecho de la misma.
Entre las alegaciones, se destaca que la citada Ley de Seguridad Privada dice que los vigilantes de seguridad "ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios" sin que tales funciones "se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común".
Sin embargo, Martín señaló que es "evidente" que entre los ámbitos a vigilar se encuentran el acuario municipal de la plaza Nueva, los parques del Monte Tossal, Lo Morant, El Palmeral, la Ereta, y el de Pedro Goitia, así como la plaza de Santa Teresa.
Para los socialistas, en estos lugares la seguridad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y, en el caso de Alicante, a las policías Local y Nacional.
El PSPV-PSOE también rechaza el sistema de vídeo-vigilancia, que prevé la instalación de 62 cámaras o puntos de vigilancia para captar imágenes en "muchos espacios de uso público, abiertos al tráfico general y en algunos casos también de vehículos".
Martín afirmó que no queda "suficientemente claro" que el uso de la vídeo-vigilancia quede en manos de la Policía Local por las carencias del expediente.
También se refirió a varios errores en el procedimiento de la contratación, ya que la convocatoria del concurso no exigió a los contratistas la clasificación que la Ley establece para estos servicios de seguridad, custodia y protección.
Según el concejal, "con esto se restringió la posible participación de aspirantes idóneos al contrato" y, además, se posibilita que en el expediente no conste que se haya acreditado la clasificación de la adjudicataria.
Martín continuó que tampoco se acredita en el expediente administrativo que se garantice el uso de medios materiales y técnicos legalmente homologados, para evitar daños o molestias a terceros, ni la capacitación de la plantilla.
El portavoz adjunto socialista declaró que si el PP no anula la adjudicación su partido se dirigirá al Sindic de Greuges e, incluso, se planteará la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo.
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