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'Plan Renove' de Marlaska: las 45 obras que ejecutará la Policía Nacional hasta 2025

Madrid y Andalucía concentran casi la mitad de los 281 millones previstos en el Plan de Infraestructuras que ejecuta el Ministerio del Interior en el ámbito del Cuerpo Nacional / Las actuaciones alcanzan al 6,6% de los inmuebles que tiene la Policía

ANTONIO SALVADOR
27/01/21 - 00: 06

El Plan de Infraestructuras que el Ministerio del Interior ejecutará hasta 2025 prevé 45 actuaciones en inmuebles que la Policía Nacional tiene repartidos por 27 provincias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, concentrándose casi la mitad de la inversión en dos comunidades: Madrid y Andalucía. Los sindicatos llevan años demandando que se reformen algunas de las dependencias en las que se intervendrá debido a sus deficientes condiciones de conservación.

Hace dos años, meses después de la llegada de Grande-Marlaska al ministerio, el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, así como en otros edificios de la Secretaría de Estado de Seguridad -como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)- y de Instituciones Penitenciarias. Es el plan más ambicioso de las últimas décadas y viene a paliar el déficit inversor durante los años de la crisis.

En el caso del Cuerpo Nacional, la cantidad prevista inicialmente ascendía a 275 millones, sin que la dirección hubiera detallado hasta ahora cuáles son las actuaciones previstas en el septenio 2019-2025. Ni cuando se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia -alegando que sólo maneja notas de «previsión de necesidades» cuya inclusión en los proyectos dependerá de «una variedad de factores coyunturales y estructurales»- ni en sede parlamentaria: el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo lo reclamó el pasado 1 de mayo y, ocho meses después de la fecha límite de contestación, el Gobierno sigue sin remitirle el informe.

Con 131,7 millones, las obras previstas en Madrid y Andalucía concentran casi la mitad de la inversión

El Independiente ha podido conocer el desglose de las actuaciones que la Dirección de la Policía Nacional maneja en este momento, cuando la ejecución del plan no ha llegado aún a su ecuador. La inversión ha subido hasta los 281.050.000 euros al programarse recientemente intervenciones tanto en Torrelavega (Cantabria) como en Calahorra (La Rioja), sin descartarse que puedan acordarse otras modificaciones en función de las necesidades que vayan surgiendo y de la disponibilidad presupuestaria que exista.

La Dirección General de la Policía tiene adscritos 674 inmuebles -el 19,95 % de los que integran el parque de infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y se intervendrá en 45, lo que representa un 6,67 %. El mapa prevé actuaciones en las 17 comunidades y en las dos ciudades autónomas, encargándose de ello la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).

Por volumen de inversión, Madrid -donde se ubican las unidades centrales- es la región que se verá más favorecida por este programa de infraestructuras en el ámbito de la Policía Nacional: 67 millones. En total, se actuará en 11 emplazamientos, destacando los 22 millones que se destinarán a mejorar las instalaciones que ocupa la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la I UIP (complejo policial de Moratalaz).

Otros proyectos relevantes en esta comunidad son el nuevo complejo policial en la calle Francos Rodríguez (15 millones), las nuevas instalaciones para el área de Automoción (7,5 millones) y la rehabilitación de la Comisaría General de Policía Judicial (7 millones), estas dos últimas en Canillas.

Valencia: el proyecto más costoso
Con 12, Andalucía es la comunidad en la que está previsto que se acometan más actuaciones en este periodo, sumando 64,7 millones. El mayor desembolso se destinará a la rehabilitación del cuartel de Capuchinos (Málaga) como sede de la V UIP, presupuestado en 10 millones. Las nuevas comisarías locales de Marbella (9,5 millones) y El Puerto de Santa María (7,5 millones) y las provinciales de Jaén y Almería (7 cada una) son otros de los proyectos más destacados.

De ejecutarse el plan en los términos previstos en la actualidad, la mayor inversión se reserva para la rehabilitación integral de la comisaría del distrito de Ruzafa, en Valencia capital (Zapadores): 30 millones. Es una de las dos actuaciones previstas en la Comunidad Valenciana junto a los tres millones que se emplearán en la nueva comisaría local de Villarreal (Castellón).

El Plan de Infraestructuras 2019-2025 también incluye la Escuela Nacional de Ávila, donde se forman los alumnos que superan las oposiciones para ingresar en la escala básica del Cuerpo y se desarrollan los cursos para la promoción interna de los funcionarios. La reforma general de estas instalaciones castellano-leonesas costará no menos de 15 millones, según las estimaciones actuales.

Las actuaciones previstas en el plan alcanzan al 6,6% de todos los inmuebles que están adscritos a la Dirección General de la Policía

Éste fue uno de los proyectos a los que expresamente se refirió el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso el pasado 30 de diciembre para diseccionar las líneas generales que guiarán su actuación en los tres años que quedan de legislatura.

«Les diré que este año se han finalizado obras previstas en ese plan en la Escuela Nacional de Policía, la reforma de la galería de tiro y la rehabilitación del graderío de las pistas deportivas. Se han adecuado las instalaciones de la División de Cooperación Internacional en Pío XII, aquí en Madrid, y se ha hecho una inversión en la construcción de instalaciones en la Subdirección General de Logística e Innovación, que está relacionada con la inversión que se va a realizar en la Comisaría General de Policía Judicial, que va a tener que trasladarse a esta infraestructura que se acaba de construir. Se ha iniciado y continúa la construcción de la nueva comisaría local de Riveira, que finalizará a finales del año próximo y cuyas obras están ahora mismo en funcionamiento», detalló.

En el caso de Cataluña, las inversiones se destinarán a la rehabilitación general del complejo de Zona Franca (12 millones) y a la ejecución de obras de adecuación en la Jefatura Superior, ubicada en la barcelonesa Vía Laietana. Se trata de las céntricas dependencias que ERC quiere que se trasladen a otro emplazamiento, lo que llevó al citado grupo político a finales de 2019 a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento de Barcelona que contó con el apoyo del PSC.

Asimismo, la nueva sede de la Jefatura Superior de Aragón será el destino de 14 millones, la de Ceuta requerirá 8,5 millones, y la rehabilitación y ampliación de la de Melilla se ha presupuestado en otros 4,5 millones.

https://www.elindependiente.com/espana/ ... asta-2025/


Listado del plan renove.

https://docs.google.com/viewerng/viewer ... .pdf&hl=en

La Policía aplaza la construcción de varias comisarías para levantar un 'macroedificio' en Madrid

Interior destina 60,2 millones a un edificio tecnológico en el complejo policial de Canillas no previsto inicialmente en el Plan de Infraestructuras | La ejecución pospone obras en Oviedo, Pamplona, Badajoz, Puerto del Rosario, Torrelavega, Sevilla y Granada

ANTONIO SALVADOR
15/09/21 - 00: 07


El Ministerio del Interior ha pospuesto la construcción o reforma de siete comisarías o jefaturas proyectadas en diversas ciudades del país para destinar dicha inversión a levantar un ‘macroedificio’ en el complejo policial de Canillas (Madrid) que requerirá más de 60 millones de euros. Esta obra no estaba prevista en los planes iniciales del equipo que lidera Grande-Marlaska.

El denominado ‘Edificio tecnológico’ será una de las actuaciones que la Dirección General de la Policía financiará con cargo al Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, un ambicioso programa de obras aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019 y que prevé una inversión de 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil. También alcanzará a otros edificios de la Secretaría de Estado de Seguridad -como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)- y de Instituciones Penitenciarias, encargándose de su ejecución en todos los casos la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).

El citado proyecto no figuraba entre el medio centenar de actuaciones que la Dirección General de la Policía pensaba financiar en un principio con los 275 millones que le correspondían del citado plan (la misma cantidad que a la Guardia Civil). En el listado inicial se detallaba una intervención consistente en ‘nuevas instalaciones de Automoción’ en las instalaciones de Canillas por importe de 7,5 millones, pero no una obra que concentrará finalmente casi una cuarta parte de los fondos de esta partida extraordinaria con la que se pretende paliar parte de las carencias provocadas por años de restricciones presupuestarias.

Con un coste cifrado en 60,17 millones, el ‘Edificio tecnológico’ -formado por una pastilla horizontal y una torre- contará con una superficie construida de 59.830 metros cuadrados repartidos entre cuatro sótanos para aparcamientos, la planta baja y ocho en superficie. Según ha podido conocer El Independiente, la intención es que las futuras instalaciones acojan el Centro Tecnológico de la Policía (CETEPOL), la Jefatura de Sistemas Especiales, el centro de respaldo de la Unidad de Informática y Comunicaciones, la Unidad Central de Inteligencia Criminal (Comisaría General de Policía Judicial), la División de Personal, la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, el Centro de Proceso de Datos, la División de Operaciones y Transformación Digital, y el Área de Automoción.

Para poder financiar esta obra, el Cuerpo que dirige Pardo Piqueras ha decidido aplazar la construcción y reforma de otras dependencias que había proyectado inicialmente y cuyo coste -27,5 millones de euros en total- pretendía sufragar con el Plan de Infraestructuras 2019-2025. La dotación prevista se detrae para el futuro ‘Edificio tecnológico’.

El edificio proyectado en Madrid contará con una superficie construida de 60.000 metros cuadrados y su coste será de 60,2 millones

En concreto, se trata del complejo Buenavista de la Jefatura Superior en Oviedo (7,5 millones); las reformas del complejo Beloso Alto de Pamplona (5) y de la Jefatura Superior en Badajoz (4,5), así como las nuevas comisarías de Puerto del Rosario (3), Torrelavega (2,5), distrito Nervión en Sevilla capital (2,5) y distrito Sur en Granada (2). Estas actuaciones no se consideran prioritarias y su ejecución queda aparcada a la espera de que puedan imputarse a otras partidas presupuestarias.

Con todo, este recorte de 27,5 millones no es suficiente para acomodar el gasto total a la dotación asignada a la Policía (275 millones) cuando el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado recibió luz verde por parte del Consejo de Ministros en enero de 2019. En diciembre de dicho año, el coste de las intervenciones previstas superaba ya los 279,27 millones de euros, cantidad que en enero de 2021 había aumentado hasta los 281.050.000 euros al programarse intervenciones tanto en Torrelavega como en la Oficina de Documentación de Calahorra (La Rioja).

Con la incorporación del nuevo edificio proyectado en el complejo madrileño de Canillas, las obras que se pretenden imputar al citado plan alcanzarían ya los 328,8 millones. En el caso de la Guardia Civil, las actuaciones sobrepasan en menos de dos millones el presupuesto que se ha puesto a su disposición.

Sede de diversos servicios centrales, Madrid será con diferencia la provincia en la que se invertirán más fondos provenientes del Plan de Infraestructuras actualmente en ejecución. Al citado ‘Edificio tecnológico’ se suman los 22 millones que se destinarán a mejorar las instalaciones que ocupa la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la I Unidad de Intervención Policial (UIP) en Moratalaz y los 15 millones que se emplearán en el nuevo complejo policial de la calle Francos Rodríguez.

Casi medio centenar de actuaciones
En Andalucía también se han proyectado algunas actuaciones relevantes, caso de la rehabilitación del cuartel malagueño de Capuchinos como sede de la V UIP (10 millones), las nuevas comisarías locales de Marbella (9,5) y El Puerto de Santa María (7,5 millones) y las provinciales de Jaén y Almería (7 cada una). La rehabilitación integral de la comisaría del distrito de Ruzafa en Valencia capital (30 millones) y la reforma general de la Escuela Nacional de Ávila (15 millones) son otras de las obras proyectadas con mayor presupuesto.

Cuando el director general de la Policía compareció el pasado 30 de diciembre ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Pardo Piqueras destacó como una de las líneas de trabajo la mejora de las infraestructuras para facilitar la labor de los agentes y el incremento de la dotación económica en relación con la habilitada por Rajoy. «Si sumamos la cantidad que tenemos a través del Plan de Infraestructuras, aprobado por el Consejo de Ministros, más la cantidad que en el capítulo 6 cada año podemos dedicar a infraestructuras en los presupuestos específicos de la propia Dirección General de la Policía, nos permitirá contar en 2021 con 58 millones de euros para esta materia. Esto representa, señorías, cinco veces más de lo previsto en 2018 [cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno tras prosperar la moción de censura] para la misma finalidad», resaltó.

La Dirección de la Policía no se prodiga a la hora de dar detalles de las actuaciones que se llevarán a cabo con dicho plan. Cuando este redactor le requirió información a través del Portal de la Transparencia se le negó alegando que sólo manejaba notas de «previsión de necesidades» cuya inclusión en los proyectos dependería de «una variedad de factores coyunturales y estructurales». El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo solicitó el informe el 1 de mayo de 2020 y, casi 15 meses después de la fecha límite de contestación (18 de junio de 2020), el Gobierno sigue sin remitirle el dosier.

https://www.elindependiente.com/espana/ ... en-madrid/

Macroedificio tecnológico para el grupo especial de operaciones de tik tok, la brigada operativa de instagram y la unidad especializada de Facebook.

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nola2hurtu.eus

Compiterreta escribió:Macroedificio tecnológico para el grupo especial de operaciones de tik tok, la brigada operativa de instagram y la unidad especializada de Facebook.

Aplausos para este señor.

La Policía tiene ya 600 pistolas 'Taser' pero sigue sin formar a los agentes que las usarán

El Cuerpo Nacional ha invertido más de dos millones de euros en la compra de un millar de dispositivos, de los que ya ha recibido el 60% | Las armas siguen sin distribuirse casi un año después de recepcionarse la primeras 300 unidades

ANTONIO SALVADOR
19/09/21 - 21: 48

La Dirección General de la Policía guarda ya en sus instalaciones de armamento 600 dispositivos electrónicos de control -conocidos coloquialmente como pistolas ‘Taser’- pero sigue sin formar a los agentes entre los que se repartirá esta defensa, ya en uso en otros Cuerpos del país como las policías municipales de Madrid y Marbella y los Mossos d’Esquadra.

El pasado mes de julio, el proveedor al que se adjudicó el contrato en mayo de 2020 -la UTE formada por Axon Public Safety Germany SL y Nidec Defense Group- entregó la segunda remesa (formada por 300 unidades) de las tres que estipula el contrato, que supondrá un desembolso total de 2.099.350 euros. Las primeras 300 las había servido en octubre del año pasado y las 400 restantes tendrán que suministrarse el 29 de febrero de 2022 como muy tarde.

Pese a contar ya con el 60 % del pedido, la Dirección General no sólo no ha repartido los dispositivos entre las unidades a las que se asignará sino que no ha completado aún el proceso de formación previo. De acuerdo con las condiciones del concurso, el proveedor quedaba obligado a adiestrar a 25 instructores, que son los que posteriormente tendrán que preparar a los agentes que portarán este dispositivo incapacitante cuando estén de servicio en la calle.

Para llevar a cabo la formación, la Policía Nacional adjudicó en marzo del pasado año un nuevo contrato a Nidec SLU para que le suministrara 2.800 cartuchos de pistolas ‘Taser’, dado que el acuerdo inicial incluía tan sólo dos por dispositivo. El precio abonado para hacerse con esta munición adicional fue de 100.284,80 euros, lo que arroja un precio unitario de 35,82 euros (impuestos incluidos).

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que estos cartuchos serán los que se consumirán en las labores de adiestramiento, por lo que el Cuerpo Nacional tendrá que sacar una nueva licitación cuando la plantilla esté ya convenientemente formada e incorpore el dispositivo en su trabajo operativo diario. Se desconoce si la Policía sacará la pistola ‘Taser’ a la calle en lo que queda de año.

150 cámaras para 1.000 dispositivos
Existe otra duda no resuelta aún. En febrero próximo, el Cuerpo contará con un millar de dispositivos y tan sólo 150 videocámaras corporales de grabación salvo que saque a concurso el suministro de más unidades antes de esa fecha. En la licitación anterior no se exigió de forma expresa su suministro, sino que fue el proveedor que terminó adjudicándose el contrato el que ofreció un centenar y medio de cámaras como mejora de la oferta para hacer ésta más atractiva y tener más opciones de llevarse el encargo.

«Hemos adquirido inicialmente 150, pero no se preocupe su señoría. Va a haber cámara para todo ‘Taser’, para cada inmovilizador eléctrico va a haber ese dispositivo de grabación», garantizó el pasado 30 de diciembre el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Fue en respuesta al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, que le había preguntado que por qué se habían comprado «menos cámaras que pistolas».

Sobre una dotación de 1.000 dispositivos ‘Taser’, sería preciso contar con 2.000 cámaras para tener completamente cubierta una jornada, puesto que éstas tienen una autonomía estimada de 12 horas (se tarda unas seis horas en recargar una batería totalmente agotada). Estos equipos de grabación se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

La Policía Nacional encargó el año pasado 1.000 inmovilizadores por 2,1 millones de euros y ya ha recepcionado el 60% del pedido

La tardanza del Ministerio del Interior en proporcionar las videocámaras a los policías está llevando a algunos agentes a utilizar una propia -como muchos hicieron con los chalecos antibalas- para que quede constancia de la intervención realizada ante la posibilidad de ser denunciado por cualquier ciudadano, lo que genera serias dudas jurídicas.

La Ley orgánica por la que se regula la utilización policial de videocámaras en lugares públicos exige que el «máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» conceda previamente la autorización, requisito que en la práctica se estaría soslayando. Dicha norma establece también que la utilización debe estar presidida por el «principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima».

Los funcionarios que han decidido emplear este dispositivo por su cuenta y riesgo se aferran a la literalidad del artículo 588 quinquies A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): «La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos».

Hace unos dos años, Enrique (nombre simulado para reservar su verdadera identidad) compró una videocámara por internet, que ha empleado en varias intervenciones como patrullero de la Policía Nacional en Madrid. Él asegura que estar cubierto judicialmente y proteger su vida pesa más que la sanción disciplinaria que pudieran imponerle por su uso.

Visionado de imágenes en el juzgado
«Hasta ahora no sólo no me han puesto ningún problema sino que, durante una comparecencia mía como testigo, se ha llegado a visionar las imágenes que yo había grabado. Cuando la he utilizado, en la diligencia hago constar que soy el poseedor de una cámara con tal número de serie y tal tarjeta de memoria y queda a disposición judicial», explica este agente, que lleva 11 años en el Cuerpo y que estuvo destinado durante una etapa en las Unidades de Intervención Policial (UIP).

El funcionario asegura que fue el primero de su comisaría que dio el paso de portar cámara propia pero que hoy son ya más de una decena de su turno las que se han decantado por su uso. «Para nada soy una excepción. Es una realidad que se va a imponer como pudo ser el chaleco exterior u otros materiales que son necesarios para una Policía del siglo XXI», resalta.

El agente considera que el hecho de que se fiscalice una determinada intervención con la grabación de las imágenes obliga al policía a ser «más profesional aún en su trabajo», al tiempo que asegura que la «mayoría» del colectivo sería partidario de su implantación. «Estoy convencido de que tiene más ventajas que inconvenientes», apostilla.

https://www.elindependiente.com/espana/ ... as-usaran/

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Bávaro escribió:Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de elementos de dotación individual (10.000 defensas extensibles). Expediente: Z21AR002/A20.

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-40614

De qué sirve que las adquieran,si luego el ritmo de formación de agentes en su uso es lamentable...

Gafas Polarizadas 5.11

militariapiel.es

Pues como los táser.

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SEGURIDAD >
La Policía Nacional compra el subfusil Scorpion de la checa CZ para sus unidades especiales

El contrato contempla el suministro de 460 subfusiles más accesorios por un importe de casi un millón de euros

Benjamín Carrasco | Martes, 16 de noviembre de 2021, 06:00

La Policía Nacional ha adjudicado un contrato a la empresa checa Ceska Zbrojovka (CZ) para el suministro de un lote de 460 subfusiles calibre 9 mm Parabellum Scorpion Evo 3 A1 y sus accesorios por un importe próximo al millón de euros -919.192 euros, impuestos incluidos-.

Los subfusiles irán a parar al personal policial de distintas unidades especializadas como las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), integrantes de la División de Cooperación Internacional en el desarrollo de misiones internacionales en zonas conflictivas, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y los Grupos de Operaciones Especiales (Goes).

“La idoneidad de dichas armas para su empleo por los funcionarios obedece, en el caso de los subfusiles, a su capacidad técnica y operativa para hacer frente a las actuales amenazas para la seguridad pública (crimen organizado y terrorismo yihadista), así como para la dotación de los funcionarios destinados a embajadas y misiones internacionales en zonas en conflicto (Afganistán, Níger, Malí, etc.)”, explica la Policía Nacional. Las entregas de los subfusiles junto con los accesorios se producirán entre 2021 y 2022 en dos lotes de 230 unidades cada uno.

Cada fusil deberá incluir un sistema de ayuda a la puntería del tipo visor electroóptico, integrado o con adaptador a rail Picatinny (MIL-STD-1913), raíles Picatinny superior, inferior y laterales, integrados o acoplados al arma; un portacargador doble con retención por cinta elástica, fabricado en cordura de color azul policial con fijaciones tipo Molle para su anclaje; cuatro cargadores compatibles con el modelo de subfusil; un clip para el acoplamiento en paralelo de dos cargadores; y un grip o empuñadura vertical de color negro con adaptador a rail Picatinny.

También llevará un sistema de iluminación, con botón para activación tipo Tail y con adaptador a rail Picatinny; una correa de transporte ajustable de 1 o 2 puntos; un kit de limpieza para armas del calible 9 mm; un manual de uso y mantenimiento básico en castellano; un maletín rígido o bolsa de cordura para su transporte.

El expediente ha sido gestionado a través de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía. Este órgano recibió ofertas de cuatro Excopesa 2000, Guardian Homeland Security -representa en España de la israelí Emtal-Karmiel-, Ceska Zbrojovka y Heckler & Koch. CZ presentó la oferta más ventajosa y cumplió con lo establecido en los pliegos, según recoge el acta de resolución publicada en la Plataforma de Contratación. El precio por unidad, incluidos accesorios, es de 1.647,86 euros –sin incluir IVA-.

El contrato incluye la capacitación de 25 especialistas de armamento y tiro, designados por el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial (SAEP) de la División Económica y Técnica, en el uso y manejo, montaje y desmontaje, mantenimiento y conservación de los distintos elementos que conforman el fusil.

Características del Scorpion EVO

El Scorpion EVO es un subfusil diseñado para unidades de intervención y de élite. El fabricante señala que sus principales ventajas son la ergonomía, alta precisión en todos los regímenes de disparo (tiro a tiro, ráfaga corta de tres disparos, y full auto) y seguridad en todas las condiciones climáticas.

Cuenta con un cargador con capacidad para 30 cartuchos y cuatro railes de montaje integrados para instalar accesorios como visores, linternas o marcadores láser. El subfusil, con un peso sin cargador de 2,6 kilo, tiene un armazón de polímero altamente resistente, reforzado con fibra de vidrio; culata telescópica plegable; empuñadura de pistola ajustable axialmente; y control ambidiestro del retén de cargador. La longitud es de 420 mm con la culata plegada y de 625 mm con la culta desplegada.


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