Cuando los policías morían sin dignidad
Publicado: Mar, 11 Nov 2014, 19:08Cuando los policías morían sin dignidad
Hubo un tiempo en el que los policías, los guardias y los militares, entre otros, morían miserablemente. O mejor dicho, de manera doblemente miserable. Por ser asesinados de un tiro en la nuca y por ser enterrados en el más deshonesto de los sigilos, rozando la clandestinidad, para solapar el hecho criminal con la anuencia de gran parte de la sociedad y, en idéntica medida, del propio clero de la época y de la jurisdicción. Así de palmario. Esto ocurrió en los años de plomo (1979-1981) en el País Vasco. En ese trienio horrendo fueron asesinadas 221 personas por la banda terrorista ETA. Sólo en 1980, cayeron bajo las balas y las bombas etarras cerca de un centenar de ciudadanos.
Cuando después de un atentado las parroquias de los barrios donde residían las víctimas, independientemente del uniforme o el estamento, permitían celebrar el funeral (a menudo lo rechazaban con excusas peregrinas), era frecuente que durante el oficio religioso sólo nombraran las iniciales del fallecido y bajo ningún concepto se hacía referencia al motivo de su muerte. Los clérigos, bien por miedo o por falta de compromiso, resolvían la misa exprés en apenas veinte minutos, entregaban el cadáver a la familia, cargaban el féretro en un coche discreto y desaparecía camino de la tierra de origen donde darle sepultura al calor de los seres queridos.
Esto, que ocurría todas las semanas en un teórico Estado de Derecho, era en sí mismo una triple perversidad. Primero, por el asesinato a manos terroristas. Segundo, por la muerte civil e infame que suponía el disimulo y la sordera del crimen por parte de la «mayoría silenciosa» y de casi todo el clero de la zona, que no quería complicarse la vida. Y tercero, por la victimización secundaria de la familia que ante el cuerpo aún caliente del hijo, del padre o del hermano eran objeto de la invisibilidad deliberada de la gente que les negaba la mirada, acallando su conciencia con la vieja ignominia del «algo habrá hecho». Así de simple y cruel. Tal cual. Sin exageraciones. Pura carne de cañón al peso y una versión contemporánea de la Damnatio memoriae o condena de la memoria en la antigua Roma, mediante la cual se censuraba el nombre y el recuerdo de una persona hasta ignorarla a perpetuidad. Como si nada hubiera acontecido. Ya habría tiempo luego de reescribir la historia a la carta para blanquear el espanto.
De tal modo estaban las cosas hasta que alguien dio un paso al frente. Fue el cura Javier Mendizábal, párroco en la iglesia bilbaína de San Nicolas. Él acogió en su templo las exequias fúnebres de los asesinados a los que se les había negado, incluso desde la Administración, el pan y la sal de la dignidad, pronunció sus nombres completos, declaró la causa de sus muertes por la barbarie terrorista y las condenó.
Ante esa «osadía», la jerarquía episcopal vasca no tardó en postergar a Mendizábal de su tarea y abocarlo al ostracismo. Alguien debió hacer gestiones desde Madrid y finalmente le comisionaron como pater de la Policía, de la Guardia Civil y del Ejército en Vizcaya. Ahí nació «el cura de las víctimas». El capellán que más hombres de uniforme ha enterrado en España junto, ya en el plano asistencial y normativo, al jesuita Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y fundador del Instituto Vasco de Criminología, al que asimismo es de ley reconocer su labor en pro de las víctimas del terrorismo.
Paralelamente, el incesante goteo de atentados cruentos continuó produciendo centenares de cadáveres inocentes en Euskadi. ETA ha ocasionado en medio siglo casi novecientos muertos y decenas de miles de heridos, además de llevar el miedo a millones de hogares. Javier Mendizábal se ocupó, a partir de su valiente paso adelante, de que quienes dieron su vida por defender la libertad y la justicia tuvieran un adiós con el respeto que merecían, como todo ser humano, ya fueran católicos, profesaran otras confesiones o ninguna. Les devolvió lo que nunca debieron arrebatarles: la dignidad. No obstante, hay que evidenciar que la mayoría de las honras fúnebres, religiosas o civiles, se solemnizaron en el interior de las dependencias de los cuerpos de seguridad o instalaciones militares. «El cura de las víctimas» dejó claro que intentar equiparar al que es asesinado por la espalda a manos de un terrorista cuando acompaña a su hijo al colegio con el que perece porque el coche bomba que iba a colocar para masacrar a la población estalló cuando lo conducía es, simplemente, una degradación moral injustificable.
Javier Mendizábal Ruiz acaba de fallecer. Murió recientemente en su Bilbao natal. Más allá de las lógicas consideraciones de naturaleza eclesiástica, todos los que por entonces estábamos allí sabemos la importancia de su valiente e inalterable postura de aliento en un periodo, los terribles años de plomo, donde nadie quería ver la sangre que corría a raudales por las aceras ni los estragos cotidianos de las bombas. Los cadáveres de los inocentes importunaban el día a día de mucha gente, y no sólo de los que gritaban impunemente el escalofriante «ETA mátalos», en manifestaciones ciudadanas. Aún tengo presentes los hermosos versos que pronunció Mendizábal, entre lágrimas y medallas, en el funeral de mi compañero Antonio Moreno Núñez, ametrallado a bocajarro por etarras encapuchados cuando salía con el coche del aparcamiento de la comisaría de Santurce en 1980.
En otras palabras, Javier Mendizábal demostró a lo largo de su carrera que una buena causa debe ser defendida siempre desde la moralidad, la verdad y la justicia. En definitiva, desde los derechos humanos y, por supuesto, el respeto a las víctimas y su memoria. Como dejaron dicho los clásicos: es un digno oficio honrar a los muertos. Quede, pues, constancia de tan meritoria dedicación.
Ricardo Magaz. Profesor de Fenomenología Criminal.
https://www.facebook.com/pages/El-rinc% ... 7883218462
Hubo un tiempo en el que los policías, los guardias y los militares, entre otros, morían miserablemente. O mejor dicho, de manera doblemente miserable. Por ser asesinados de un tiro en la nuca y por ser enterrados en el más deshonesto de los sigilos, rozando la clandestinidad, para solapar el hecho criminal con la anuencia de gran parte de la sociedad y, en idéntica medida, del propio clero de la época y de la jurisdicción. Así de palmario. Esto ocurrió en los años de plomo (1979-1981) en el País Vasco. En ese trienio horrendo fueron asesinadas 221 personas por la banda terrorista ETA. Sólo en 1980, cayeron bajo las balas y las bombas etarras cerca de un centenar de ciudadanos.
Cuando después de un atentado las parroquias de los barrios donde residían las víctimas, independientemente del uniforme o el estamento, permitían celebrar el funeral (a menudo lo rechazaban con excusas peregrinas), era frecuente que durante el oficio religioso sólo nombraran las iniciales del fallecido y bajo ningún concepto se hacía referencia al motivo de su muerte. Los clérigos, bien por miedo o por falta de compromiso, resolvían la misa exprés en apenas veinte minutos, entregaban el cadáver a la familia, cargaban el féretro en un coche discreto y desaparecía camino de la tierra de origen donde darle sepultura al calor de los seres queridos.
Esto, que ocurría todas las semanas en un teórico Estado de Derecho, era en sí mismo una triple perversidad. Primero, por el asesinato a manos terroristas. Segundo, por la muerte civil e infame que suponía el disimulo y la sordera del crimen por parte de la «mayoría silenciosa» y de casi todo el clero de la zona, que no quería complicarse la vida. Y tercero, por la victimización secundaria de la familia que ante el cuerpo aún caliente del hijo, del padre o del hermano eran objeto de la invisibilidad deliberada de la gente que les negaba la mirada, acallando su conciencia con la vieja ignominia del «algo habrá hecho». Así de simple y cruel. Tal cual. Sin exageraciones. Pura carne de cañón al peso y una versión contemporánea de la Damnatio memoriae o condena de la memoria en la antigua Roma, mediante la cual se censuraba el nombre y el recuerdo de una persona hasta ignorarla a perpetuidad. Como si nada hubiera acontecido. Ya habría tiempo luego de reescribir la historia a la carta para blanquear el espanto.
De tal modo estaban las cosas hasta que alguien dio un paso al frente. Fue el cura Javier Mendizábal, párroco en la iglesia bilbaína de San Nicolas. Él acogió en su templo las exequias fúnebres de los asesinados a los que se les había negado, incluso desde la Administración, el pan y la sal de la dignidad, pronunció sus nombres completos, declaró la causa de sus muertes por la barbarie terrorista y las condenó.
Ante esa «osadía», la jerarquía episcopal vasca no tardó en postergar a Mendizábal de su tarea y abocarlo al ostracismo. Alguien debió hacer gestiones desde Madrid y finalmente le comisionaron como pater de la Policía, de la Guardia Civil y del Ejército en Vizcaya. Ahí nació «el cura de las víctimas». El capellán que más hombres de uniforme ha enterrado en España junto, ya en el plano asistencial y normativo, al jesuita Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y fundador del Instituto Vasco de Criminología, al que asimismo es de ley reconocer su labor en pro de las víctimas del terrorismo.
Paralelamente, el incesante goteo de atentados cruentos continuó produciendo centenares de cadáveres inocentes en Euskadi. ETA ha ocasionado en medio siglo casi novecientos muertos y decenas de miles de heridos, además de llevar el miedo a millones de hogares. Javier Mendizábal se ocupó, a partir de su valiente paso adelante, de que quienes dieron su vida por defender la libertad y la justicia tuvieran un adiós con el respeto que merecían, como todo ser humano, ya fueran católicos, profesaran otras confesiones o ninguna. Les devolvió lo que nunca debieron arrebatarles: la dignidad. No obstante, hay que evidenciar que la mayoría de las honras fúnebres, religiosas o civiles, se solemnizaron en el interior de las dependencias de los cuerpos de seguridad o instalaciones militares. «El cura de las víctimas» dejó claro que intentar equiparar al que es asesinado por la espalda a manos de un terrorista cuando acompaña a su hijo al colegio con el que perece porque el coche bomba que iba a colocar para masacrar a la población estalló cuando lo conducía es, simplemente, una degradación moral injustificable.
Javier Mendizábal Ruiz acaba de fallecer. Murió recientemente en su Bilbao natal. Más allá de las lógicas consideraciones de naturaleza eclesiástica, todos los que por entonces estábamos allí sabemos la importancia de su valiente e inalterable postura de aliento en un periodo, los terribles años de plomo, donde nadie quería ver la sangre que corría a raudales por las aceras ni los estragos cotidianos de las bombas. Los cadáveres de los inocentes importunaban el día a día de mucha gente, y no sólo de los que gritaban impunemente el escalofriante «ETA mátalos», en manifestaciones ciudadanas. Aún tengo presentes los hermosos versos que pronunció Mendizábal, entre lágrimas y medallas, en el funeral de mi compañero Antonio Moreno Núñez, ametrallado a bocajarro por etarras encapuchados cuando salía con el coche del aparcamiento de la comisaría de Santurce en 1980.
En otras palabras, Javier Mendizábal demostró a lo largo de su carrera que una buena causa debe ser defendida siempre desde la moralidad, la verdad y la justicia. En definitiva, desde los derechos humanos y, por supuesto, el respeto a las víctimas y su memoria. Como dejaron dicho los clásicos: es un digno oficio honrar a los muertos. Quede, pues, constancia de tan meritoria dedicación.
Ricardo Magaz. Profesor de Fenomenología Criminal.
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