FORO POLICIA

Gafas Polarizadas 5.11

militariapiel.es

FRAUDE EN LA FORMACIÓN La investigación
Duro choque entre Guardia Civil y Policía por los cursos de formación

Alaya apoyó la pretensión del Instituto Armado de que la Udef deje de investigar el caso

La magistrada hablaba de acuaciones 'ilegítimas' de la Policía Nacional

La Udef denuncia que la Guardia Civil oculta sus datos a las bases conjuntas



Se ha abierto la caja de los truenos en torno a la investigación del fraude en los cursos de formación. El habitual pique profesional entre la Guardia Civil y la Policía Nacional ha aumentado su intensidad tras las últimas decisiones de la juez Mercedes Alaya. En particular por su auto del pasado 24 de octubre, en el que avalaba la queja de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en relación a las pesquisas sobre el caso que está realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef).

La juez ordenaba en el auto al director general de la Policía el cese inmediato de toda actividad en torno a los cursos de formación. Se trataba de una investigación que la Comisaría General de Policía Judicial había iniciado a comienzos de 2013, tras la denuncia de la Seguridad Social, trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y presentada ante el juez.

La guerra subterránea entre cuerpos de seguridad -uno para quitarle al otro la investigación y el otro para no perderla- recibía así otro elemento de discordia, amenazando con consumir el laborioso trabajo realizado por la Policía. Alaya ya hizo lo propio hace dos años en la instrucción de los ERE, donde apartó a la Policía y pasó la investigación a la Guardia Civil, con enorme malestar -parecido al de ahora- en el seno de la Udef.

Ahora, la juez hace suyas las reclamaciones del Instituto Armado. «Por la UCO se ha puesto de manifiesto que por la Policía se sigue actuando en diferentes lugares de Andalucía tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma», explica el auto. Pero la juez no tenía presente que, con anterioridad, otros jueces seguían actuaciones, enmarcadas en su propio ámbito territorial, el de cada provincia de Andalucía, y que son ya varios miles los testimonios recogidos por la Policía.

Otro de los fundamentos del auto, y el que peor ha sentado en los distintos ámbitos consultados, es la siguiente referencia:«Todo lo cual pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas».

A la vez, la juez Alaya dictó disposición en el auto para que «cesen de inmediato las actuaciones [de la Policía Nacional] y se haga entrega a este juzgado de las actuaciones practicadas relativas a las presentes». La Policía interpretó que la juez le requería absolutamente todo lo que tenía sobre la mesa de los fraudes en los cursos de formación.

La juez remitió poco después un oficio directamente al director de la Policía: «Dé las órdenes oportunas a las fuerzas dependientes de su cargo para que cesen de inmediato en cuantas diligencias hayan o estén realizando y no estén judicializadas, debiendo hacer entrega inmediata de lo actuado». Este oficio echaba por tierra el auto, al establecer que atañe a las investigaciones no judicializadas.

Como la Policía Judicial trabajaba con jueces y fiscales, el auto no afectaba a lo que se está investigando. El soponcio policial fue importante cuando se recibió la primera notificación, porque llevaban muchos meses dando pedales en todas las provincias andaluzas para desentrañar las tramas de los fraudes en los cursos de formación. De hecho, como explican en la Policía, la denominada operación Edu arrancó en 2013. Además, la reclamación de Alaya apunta a diligencias de la Guardia Civil posteriores, de 2014.

Todos sus datos, tanto de personas físicas como jurídicas y cualquier otro de interés para la investigación, han sido grabados en la base de datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Cico), siguiendo los protocolos establecidos desde el inicio de la investigación. Ésta es la forma como se opera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso con investigaciones declaradas secretas. El sistema sólo aflora coincidencias. La alarma informática avisa cuando hay un cuerpo policial sobre un tema en el que ya está trabajando otro. Sin embargo, los especialistas de la Policía Judicial sostienen que la UCO, por lo que se deduce del auto, no ha volcado los datos sobre sus investigaciones de los cursos en el sistema.

Por último, todos los ámbitos consultados entienden que al existir juzgados competentes conociendo de la causa, la Udef se convierte en Policía Judicial a las órdenes de los mismos en cada una de dichas diligencias, por lo que no correspondería a la propia Policía la decisión de cesar o no en esas investigaciones, sino a los jueces o magistrados que las dirigen.


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11 ... b4571.html

Psicotécnicos Joyfepol FERES

joyfepolferes.es

Bávaro escribió:FRAUDE EN LA FORMACIÓN La investigación
Duro choque entre Guardia Civil y Policía por los cursos de formación

Alaya apoyó la pretensión del Instituto Armado de que la Udef deje de investigar el caso

La magistrada hablaba de acuaciones 'ilegítimas' de la Policía Nacional

La Udef denuncia que la Guardia Civil oculta sus datos a las bases conjuntas



Se ha abierto la caja de los truenos en torno a la investigación del fraude en los cursos de formación. El habitual pique profesional entre la Guardia Civil y la Policía Nacional ha aumentado su intensidad tras las últimas decisiones de la juez Mercedes Alaya. En particular por su auto del pasado 24 de octubre, en el que avalaba la queja de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en relación a las pesquisas sobre el caso que está realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef).

La juez ordenaba en el auto al director general de la Policía el cese inmediato de toda actividad en torno a los cursos de formación. Se trataba de una investigación que la Comisaría General de Policía Judicial había iniciado a comienzos de 2013, tras la denuncia de la Seguridad Social, trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y presentada ante el juez.

La guerra subterránea entre cuerpos de seguridad -uno para quitarle al otro la investigación y el otro para no perderla- recibía así otro elemento de discordia, amenazando con consumir el laborioso trabajo realizado por la Policía. Alaya ya hizo lo propio hace dos años en la instrucción de los ERE, donde apartó a la Policía y pasó la investigación a la Guardia Civil, con enorme malestar -parecido al de ahora- en el seno de la Udef.

Ahora, la juez hace suyas las reclamaciones del Instituto Armado. «Por la UCO se ha puesto de manifiesto que por la Policía se sigue actuando en diferentes lugares de Andalucía tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma», explica el auto. Pero la juez no tenía presente que, con anterioridad, otros jueces seguían actuaciones, enmarcadas en su propio ámbito territorial, el de cada provincia de Andalucía, y que son ya varios miles los testimonios recogidos por la Policía.

Otro de los fundamentos del auto, y el que peor ha sentado en los distintos ámbitos consultados, es la siguiente referencia:«Todo lo cual pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas».

A la vez, la juez Alaya dictó disposición en el auto para que «cesen de inmediato las actuaciones [de la Policía Nacional] y se haga entrega a este juzgado de las actuaciones practicadas relativas a las presentes». La Policía interpretó que la juez le requería absolutamente todo lo que tenía sobre la mesa de los fraudes en los cursos de formación.

La juez remitió poco después un oficio directamente al director de la Policía: «Dé las órdenes oportunas a las fuerzas dependientes de su cargo para que cesen de inmediato en cuantas diligencias hayan o estén realizando y no estén judicializadas, debiendo hacer entrega inmediata de lo actuado». Este oficio echaba por tierra el auto, al establecer que atañe a las investigaciones no judicializadas.

Como la Policía Judicial trabajaba con jueces y fiscales, el auto no afectaba a lo que se está investigando. El soponcio policial fue importante cuando se recibió la primera notificación, porque llevaban muchos meses dando pedales en todas las provincias andaluzas para desentrañar las tramas de los fraudes en los cursos de formación. De hecho, como explican en la Policía, la denominada operación Edu arrancó en 2013. Además, la reclamación de Alaya apunta a diligencias de la Guardia Civil posteriores, de 2014.

Todos sus datos, tanto de personas físicas como jurídicas y cualquier otro de interés para la investigación, han sido grabados en la base de datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Cico), siguiendo los protocolos establecidos desde el inicio de la investigación. Ésta es la forma como se opera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso con investigaciones declaradas secretas. El sistema sólo aflora coincidencias. La alarma informática avisa cuando hay un cuerpo policial sobre un tema en el que ya está trabajando otro. Sin embargo, los especialistas de la Policía Judicial sostienen que la UCO, por lo que se deduce del auto, no ha volcado los datos sobre sus investigaciones de los cursos en el sistema.

Por último, todos los ámbitos consultados entienden que al existir juzgados competentes conociendo de la causa, la Udef se convierte en Policía Judicial a las órdenes de los mismos en cada una de dichas diligencias, por lo que no correspondería a la propia Policía la decisión de cesar o no en esas investigaciones, sino a los jueces o magistrados que las dirigen.


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11 ... b4571.html

Sin meterme en el meollo solo con buscar un minuto en google ya encontre referencias de la guardia civil investigando el tema desde el 2012, pero eso no tiene importancia ya que por lo que veo como siempre en vez de coordinarse la lucha de egos en la superioridad da la pesima imagen de siempre....

Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com

FRAUDE EN LA FORMACIÓN Segunda fase de la 'operación Edu' en Sevilla
La Policía detiene al testigo protegido de Alaya en el caso de la formación

Entre los arrestados está también la ex delegada provincial de Empleo Aurora Cosano

Cosano ya había sido imputada por la juez Mercedes Alaya

En total, se han producido siete nuevos arrestos que elevan a más de 50 los detenidos

ANTONIO SALVADOR Sevilla Actualizado:28/07/2015 14:46 horas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha detenido este martes a Teodoro Montes, el funcionario de la Junta al que la juez Mercedes Alaya mantenía como testigo protegido en el caso de los cursos de formación.

Según ha podido confirmar EL MUNDO, Montes es uno de los siete arrestados en el curso de la segunda fase de la operación Edu en la provincia de Sevilla, que se ha saldado ya con más de medio centenar de detenciones. El funcionario se acogió a su derecho a no declarar tras personarse en las dependencias de la Policía Nacional de Sevilla, según las fuentes consultadas.

Teodoro Montes es el testigo clave en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por presuntas irregularidades en las ayudas para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía. En octubre del pasado año, Alaya le concedió la consideración de testigo protegido accediendo a la petición que formuló la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes creen que el funcionario de la Junta que denunció graves irregularidades en la concesión y seguimiento de las ayudas de la Junta para formación podría haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental.

Entre los nuevos detenidos también se encuentra Aurora Cosano, ex delegada provincial de la Consejería de Empleo que ya fue detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado mes de marzo en la llamada operación Barrado junto a otros 15 altos o ex altos cargos de la Administración autonómica.

Junto a Teodoro Montes y Aurora Cosano, el resto de arrestados este martes son jefes de servicio, jefes de departamento y técnicos encargados del seguimiento de las ayudas públicas.


http://www.elmundo.es/andalucia/2015/07 ... b4589.html

foropolicia.es

Núñez acusa a Alaya y la Guardia Civil de elaborar "teorías" sobre una "conspiración" en los cursos


Dos despachos de la Junta siguen precintados por la Guardia Civil en la causa de la formación

La juez Núñez critica las macrocausas de Alaya, que empiezan "la casa por el tejado"

SILVIA MORENO Sevilla
01/02/2017 14:14

Tal y como desveló en la campaña electoral de las elecciones generales de junio de 2016, la juez de Sevilla María Núñez Bolaños ha terminado dando carpetazo a la pieza política del presunto fraude de los cursos de formación subvencionados con unos 3.000 millones de euros durante una década por la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz.

En un duro auto de 16 páginas al que tuvo acceso EL MUNDO, la juez Núñez archiva esta pieza, en la que han figurado como investigados -antes imputados- tres ex consejeros y 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, y arremete contra la juez que inició las pesquisas, Mercedes Alaya, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada del caso y el Partido Popular, personado en las diligencias como acusación.

Así, la juez Núñez acusa a Alaya y a la Guardia Civil de elaborar «teorías sobre conspiración y tramas delictivas», que han sido «avaladas también» por el PP, y que han causado un «daño» a personas «cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso».

La juez se refiere al «criterio operativo» que impulsó Alaya de iniciar una causa penal «desde la interpretación de informes» de la Cámara de Cuentas y de la Intervención que alertan sobre «irregularidades administrativas» para, «a partir de los mismos y de su interpretación, elaborar teorías sobre la conspiración».

Según la UCO de la Guardia Civil, las irregularidades en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones «eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía», lo que no se ha demostrado, según la juez Núñez.

Esta organización benefició a una «red clientelar» tras actuar «de forma concertada y bajo instrucciones específicas» y provocó, «de forma consciente», una «malversación del erario público», según la tesis de la UCO a la que se refiere Núñez y que respaldó Alaya.

Perjuicio a "muchas familias"

En su auto, la juez Núñez se lamenta del «perjuicio» que la investigación judicial impulsada por Alaya ha causado a «muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada». En efecto, Susana Díaz destituyó en marzo de 2015 a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, después de que fueran detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación barrado impulsada por la juez Alaya en las pesquisas de la pieza política del fraude de la formación.

«Pero lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso», remarca Núñez, en referencia a la veintena de ex altos cargos de la Junta investigados y algunos de ellos también detenidos por la UCO.

La instructora alega que «los jueces no trabajamos con papel sino con personas» y detrás de cada proceso hay «familias». Por ello, «no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento, sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida», lanza al PP, que lleva meses intentando que se reabra la investigación.

Despachos precintados

En su auto, Núñez desestima el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el auto en el que acordó el archivo de las pesquisas. El PP solicitó la reapertura del caso tras tener conocimiento de que había dos despachos precintados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Consejería de Empleo. Los 'populares' reclamaron que se investigaran los expedientes que había allí, si bien la Fiscalía se opuso a ello.

La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero anunció que recurrirán el auto de Núñez y criticó el «ataque» a la UCO y a la juez Alaya. Censuró que la «estrategia» del PSOE sea decir que no ha habido fraude cuando «hay pruebas de que ha existido», con un supuesto perjuicio económico de 1.970 millones.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02 ... b45f8.html

Cartera Guardia Civil

Fabricada en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

La Policía denuncia una red criminal del exconsejero andaluz Ojeda para «enriquecerse» con cursos


La UDEF destapa el «tráfico» de favores entre la Junta de Andalucía y el empresario a través de comprometedores correos electrónicos

Antonio R. Vega
@antonio_rvega
Sevilla
Actualizado:
12/06/2018 23:36h


Esta es la contundente conclusión a la que llega la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional tras analizar montañas de documentación (facturas, bases de datos, informes y tablas de Excel) requisadas en las oficinas del Grupo Prescal, buque insignia del «entramado empresarial» dirigido por el antiguo político socialista. Entre 2008 y 2011 acaparó 52,6 millones de euros a través de fondos públicos para cursos de formación de parados y trabajadores.

En un informe policial al que ha tenido acceso ABC, entregado hace pocos días a María Núñez Bolaños, la juez que investiga el supuesto desvío de dinero público por parte del empresario, la UDEF destapa una red de favores hacia él por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia autonómica encargada de gestionar estos programas de ayudas. El examen de numerosos correos electrónicos intervenidos y enviados por los principales actores de la trama pone de manifiesto «un posible tráfico de influencias en relación con determinados cargos y empleados de la Junta de Andalucía, algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del SAE», señala el atestado.

La «galaxia» de empresas de Ojeda acaparó 52,6 millones de euros en fondos públicos para cursos

El rastro de los cibercorreos conduce a la Policía hasta la cuñada del ex alto cargo, María Teresa Florido Mancheño, entonces directora general de Formación Profesional para el Empleo en la Junta. Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, envió en 2011 mensajes electrónicos a su familiar para «intentar influir de un modo u otro en las adjudicaciones de subvenciones», según advierte la UDEF.

Este «trato de favor» adoptó distintas formas: contratación de familiares de cargos de la Administración en sociedades de Ojeda, entrega de regalos a funcionarios, «la obtención de información privilegiada» sobre la baremación de las solicitudes de ayudas y «concesiones irregulares» de subvenciones excepcionales para formar y contratar a extrabajadores de la factoría automovilística Delphi.

La UDEF describe un engranaje complejo en el que el exconsejero utiliza a presuntos «testaferros», familiares y socios que sitúa en «puestos visibles» de sus asociaciones, fundaciones y demás entes «para intentar desvincular éstos de su persona y la supuesta relación entre ellas mismas». Los investigadores no dudan en señalar al exconsejero como ideólogo de esta mecánica. Aluden a la confesión que hizo a su yerno en un correo en enero de 2012: «El despegue comienza cuando habiendo visto que la forma de conseguir más cursos de la Junta era a través de asociaciones, creé varias de ellas».

Serpro S.L. constituía una pieza importante del Grupo Prescal. Es la empresa «ideada por Ojeda y sus colaboradores, con el asesoramiento jurídico de Fernando Yélamos, para la contrafacturación a los docentes de los cursos impartidos, por servicios ficticios, logrando con ello el desvío de más del 50 por ciento de los fondos públicos que deberían haber sido destinados a la docencia», recoge el atestado policial. La norma obliga a destinar por lo menos el 40 por ciento de la cuantía de las ayudas a los profesores de los cursos de formación.

La parte más comprometedora de la investigación de la UDEF son los mensajes enviados a Ojeda y a socios y colaboradores suyos «desde los propios correos oficiales de la Junta de Andalucía» para «la solicitud de colocación de familiares o amigos» de cargos públicos y jefes de servicios encargados de la gestión de las subvenciones. Las peticiones de «enchufes» le llegan desde distintos escalafones de la Administración. Su cuñada le remite a Ojeda currículos de varias personas para que «les consiga un puesto de trabajo». Entre ellos, figuran los de la propia hermana de Teresa Florido y de un sobrino de Aurora Cosano, quien fuera delegada provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla.

Recomendaciones

Alonso Solís, entonces jefe de Gestión y Programación Profesional de la Consejería de Empleo, envió un currículum de M.A. Solís, contratada por Forpe. Otra empleada pidió a Federico Díaz Barby, gerente financiero de Prescal, que colocara a «la recomendada por Manuel Gavilán», jefe de Servicio de la Delegación del SAE en Córdoba.

Otro técnico de Prevención Riesgos Laborales en la Junta dirigió a Eugenio Díaz, socio de Ojeda, «el currículum del hijo de una compañera de trabajo para que le metiera en algún curso de aeronáutica». «Es inspector de la Junta y nos vendría muy bien», comenta Díaz al gerente de Prescal. En otro correo, el propio exconsejero responde a la secretaria general de Instituto Andaluz de Administración Pública, Julia Serrano, que le había enviado otro currículum de un conocido: «Se lo paso a mi director a ver qué podemos hacer. Lo tomamos con mucho cariño».


http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-po ... ticia.html

Jueces de la Audiencia Nacional cuestionan a la UCO tras los reveses con Gallardón y Mario Conde

El ex presidente de la Comunidad de Madrid ha quedado libre de la compra de Inassa y se ha demostrado que el dinero del ex banquero era anterior a su actividad en Banesto

02/06/19 1:05

La Audiencia Nacional hizo públicas el jueves dos decisiones de los magistrados, que afectaban a Alberto Ruiz Gallardón y al ex banquero Mario Conde, acusados por las investigaciones de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Por un lado, el juez Manuel García-Castellón decidió archivar la pieza separada de la compra de Inassa respecto de 15 personas, entre las que se encontraban los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

Por otro lado, la Sala de lo Penal confirmó el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde, por supuesto blanqueo de dinero procedente de apropiaciones indebidas del ex presidente de Banesto contra las arcas del banco. Esas cantidades, señala, no provenían de la entidad bancaria.

Un señalado: la UCO

Los dos dos autos han levantado ampollas en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción, y se ha señalado como responsable a un actor de los procedimientos: la UCO.

Esta unidad de la Guardia Civil participó en los dos casos citados. Fueron agentes de la misma los que detuvieron a Ignacio González y registraron su domicilio y sus despachos en abril de 2017. Lo mismo ocurrió en el caso de Mario Conde. Además, la UCO había ido aportando a los juzgados documentación para tratar de probar los delitos de los imputados.

Según ha sabido Confidencial Digital de fuentes judiciales, varios magistrados han cuestionado, en conversaciones informales, el papel de la unidad en estas investigaciones.

Dudas

En los ámbitos judiciales se está comenzando a dudar de la eficacia de la UCO en otros procedimientos. “Puede ocurrir que, por sus aportaciones, debamos iniciar una causa y que luego tengamos que archivar, algo que nos castiga como miembros de la Justicia, y a la propia Justicia”, afirman.

Según su experiencia, no siempre los imputados en un procedimiento terminan sentándose en el banquillo, y menos aún siendo condenados, pero especifican que en estos casos “ha sido una situación un tanto escandalosa”, con dos decisiones idénticas negativas el mismo día.

“Estos casos, tan parecidos, inclinan a pensar que se podría haber actuado con un poco más de rigor. La UCO es una unidad con un prestigio muy alto y cuyo trabajo ha servido para destapar importantes casos de corrupción, pero el nivel se tiene que mantener”, dicen las fuentes judiciales de la AN consultadas.

La UDEF

Algunos de estos jueces han llegado a afirmar que, a partir de ahora, mostrarán su preferencia por los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), de la Policía Nacional.

Algo que, sin embargo, no podrán decidir siempre, ya que depende del cuerpo con el que la Fiscalía anticorrupción que inicie las diligencias de investigación.


https://www.elconfidencialdigital.com/a ... 25862.html