Cartera porta placa CNP |
fabricado en piel de vacuno |
enpieldeubrique.com |
4.500 agentes para controlar el 9-N
Interior planifica un despliegue sin precedentes para poder “atajar” la consulta ilegal de Artur Mas si “los Mossos d’Esquadra “no cumplen con su obligación”.
Los Mossos no están obligados a acatar órdenes contrarias a la Constitución.
Como publicaba ayer GACETA.ES, el ministerio del Interior ha encargado planificar una actuación coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por si fuera necesario intervenir para evitar que se celebre la consulta soberanista aprobada el viernes pasado en el Parlamento regional de Cataluña.
Fuentes próximas a la planificación de este operativo han explicado a este diario que los cálculos iniciales implican el desplazamiento de 4.500 efectivos, “en el caso de que se pretenda una acción coordinada o la mitad, si lo que se pretende es actuar de forma escalonada”.
Por parte de la Policía Nacional se movilizarían efectivos integrados en la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y Grupo Operativo de Respuesta (GOR). En lo que al Instituto Armado se refiere, las unidades intervinientes serían la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), las Patrullas de Seguridad Ciudadana (PSC), las Unidades de Acción Rápida (UAR) y los Equipos de Atestados (ATGC).
Las personas consultadas aseguran que confían en la profesionalidad de la policía autónoma catalana, los Mossos d’Esquadra, quienes deberían actuar en defensa del ordenamiento jurídico, pero no descartan que, dado que dependen de mandos políticos, quede anulada su posibilidad de acción.Los Mossos cobran de Interior
Las mismas fuentes aseguran que la competencia en materia de seguridad ciudadana “depende exclusivamente del Gobierno central, como establece el artículo 149 de la Constitución” y que el coste de esa policía autonómica depende directamente de Interior. De esta manera, al ministerio abona a Cataluña 40.000 euros anuales por cada agente del cuerpo policial catalán que asciende a 20.000 efectivos.
Del mismo modo, consideran que los Mossos no incumplirían con su obligación de impedir la celebración de una consulta ilegal. Al menos “contamos con ello en los municipios de mayor tamaño”. Pero no podemos tener la misma seguridad en el caso de las comisarías de ese cuerpo que se encuentran en zonas rurales o aisladas.
En cualquier caso, si los Mossos “no cumplen con su obligación, la nuestra es atajar esa consulta ilegal”, aseguran. En este sentido ya se han manifestado algunos representantes sindicales como los portavoces del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) que aseguran que se deben a su obligación de “cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente” y no han dudado en afirmar que “la obediencia debida a sus superiores no puede ir en contra de la Constitución”.