FORO POLICIA

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus

Hogueras con sidra escribió:Un cambio policial es muy muy difícil por lo profundo que debería ser, pero creo que es fácil pactar por unid procedimientos y hasta velar por su cumplimiento, resolviendo de inmediato cualquier duda, como el caso del camión con droga investigado por CNP que llega al puerto de Almería y Vigilancia Aduanera dice que CNP no lo puede tocar, que lo hará GC por el acuerdo que tienen firmado y que la excepción prevista en el mismo no es de aplicar.
A tomar por saco meses de trabajo de unos policías nacionales para que Vigilancia Aduanera y GC se lleven el mérito en la prensa.

Compañero el cambio policial es difícil, pero es necesario tanto a nivel competencial, como despliegue, junto con una nueva forma de abordar la labor de las policías locales. El ratio de policía en España por habitante sigue siendo alto y eso que ha pasado factura la crisis con la poca reposición de efectivos, pero esto necesita una modernización y actualización de recursos, pero mientras unos y otros miran para otro lado, para ver quien sale victorioso, como el caso del camión con droga que mencionas esto no está funcionando como debería ser. Es a mi entender, hora de que el ministerio de interior aborde otro modelo policial, pero eso conlleva dolores de cabeza, concesiones de unos y de otros, quizá votos que es lo que duele, entonces se va a lo cómodo, no hago nada, sigo cobrando bien y no tengo preocupaciones.

Es la primera vez que recuerdo leer a un guardia civil o policía nacional sobre la conveniencia de una nueva forma de abordar la labor de los cuerpos de PL.
Yo alguna vez lo he comentado y me han puesto verde y morado. Pero es porque yo no comprendo que a la misma intervención acuda una dotación del CNP y de la PL del lugar, sin coordinación alguna. O llegar más tarde una de ellas y estar todo resuelto y sin haberlo comunicado.
No me gusta duplicar competencias en el mismo lugar.

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desenfunda.com

Ya sin pretender cambios, es urgente una distribución de efectivos en la GC que permita dar seguridad a millones de habitantes en el ámbito rural. Tal vez dejar de custodiar la Subdelegación del Gobierno en Alicante, el acceso a los juzgados y la cárcel de Alicante y que lo haga el CNP por no ser una competencia exclusiva de la GC ayudaría a tener más efectivos. Y hay más servicios similares.
Y no me olvido del problema que supone crear nuevas unidades con personal de SC de los puestos, dedicadas a labores que no son SC aunque ayude a detener a los autores, como leo en comunicados de las asociaciones de la GC.

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En el CNP es muy urgente una norma que haga oficial el 6x6 con el consiguiente aumento de puesto de trabajo vinculados por los efectivos en cada turno, pues ahora está planteado en base a 5 turnos y no 6 como es el 6x6. Esto permitirá pasar de 30 a 36 policías de ODAC en Alicante, que con su situación particular permitiría aumentar la plantilla de la ICG que tramita los detenidos las 24 horas y es la única ODAC abierta de noche y festivo.
Y también asumir que hay que aumentar el personal en todos los servicios en 6x6 porque más de la mitad de los días hay el número reglamentario de policías disfrutando sus días de vacaciones y demás, teniendo problemas para disfrutar las horas de compensación por juicios y salir tarde y aumentar la partida para pagar servicios extraordinarios y poder cubrir mejor las bajas médicas, como las de covid, y permisos por enfermedad o fallecimiento de familiares, que merman los efectivos en una noche o festivo.

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La Guardia Civil ordena que los agentes puedan entrar con armas a Nuevos Ministerios tras peleas con los vigilantes de seguridad

Los problemas por las competencias desatan una guerra soterrada en el Ministerio de Transportes con los vigilantes de seguridad que acusan a los guardias civiles de "abuso de poder"

30/05/2023 ACTUALIZADO EL 31/05/23 - 01: 41

Las instalaciones del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid se han convertido en un campo de guerra soterrada entre Policía, agentes de Seguridad y Guardia Civil. Los primeros y los segundos se encargan de la seguridad del interior del recinto, mientras los terceros tienen las competencias para el perímetro exterior, pero las continuas peleas entre unos y otros han provocado que incluso siete de los vigilantes hayan pedido una baja laboral, según distintas fuentes conocedoras del problema. El último capítulo en la escalada de este asunto tiene fecha de este martes cuando el coronel jefe Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió una orden en la que permite a los agentes entrar al edificio con armas, a pesar de que el protocolo de seguridad del Ministerio lo prohíbe.

El documento interno, al que ha tenido acceso El Independiente, lleva el sello de «confidencial» y se dirige al director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que lidera Raquel Sánchez. El coronel jefe expresa que «desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente», el director ha dado «órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles» «con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones».

El informe, escrito en tono duro y utilizando frases en mayúscula, defiende que se están produciendo «incidentes graves», «delitos violentos» e incluso «agresiones armadas contra las autoridades». Sin embargo, otras fuentes conocedoras del motivo de las disputas relatan escenas de «soberbia» a las puertas del Ministerio de Transporte en las que los guardias civiles tratan de entrar armados al recinto para utilizar la peluquería que hay dentro del complejo, el comedor o la guardería.

Para entender la controversia es necesario conocer cómo se distribuyen los metros cuadrados del macroedificio de funcionarios en materia de seguridad. El exterior, como sucede por ejemplo en los centros penitenciarios, está custodiado por la Guardia Civil, si bien el interior es responsabilidad del Secretario de Estado de Transportes, que junto al director de Emergencias y Seguridad organiza seguridad interna y confeccionan el protocolo de seguridad. Así lo dice el Real Decreto 495/2021 que establece la estructura del Ministerio. En este caso, el jefe de Seguridad es un inspector de Policía y, luego, existe una empresa adjudicataria (Sureste Seguridad S.L.U.) cuyos trabajadores se encargan de los accesos, la vigilancia y el control interior.

El coronel jefe de la Guardia Civil firmante describe en nueve puntos una serie de órdenes para «normalizar la situación existente». Uno de los extremos de controversia refleja que «los agentes de autoridad que accedan al Ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones, portarán las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio«. Este hecho choca con el protocolo de seguridad del edificio en el que se indica que a partir del control en la puerta no se permite el acceso al edificio con armas de fuego. Igual que ocurre en multitud de centros oficiales, indican fuentes del cuerpo, como en el Congreso de los Diputados donde policías y guardias civiles deben dejar su arma en la comisaría para transitar libremente por las instalaciones.

Obligado cumplimiento a partir de hoy
El documento del Instituto Armado con fecha de este mismo martes avala también que para acceder a las instalaciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo deban identificarse con la Tarjeta de Identificación Profesional (el TIP, que es una suerte de matrícula para cada agente); así como que esta tarjeta no puede ser retenida, fotocopiada o forografiada debiendo limitarse el personal de seguridad privada a «tomar el número de la TIP y, si estima conveniente, el motivo y dependencia a la que se dirige».

Que a los guardias civiles destinados allí se les debe proporcionar una acreditación; que ante cualquier duda sobre el motivo de acceso los vigiantes privados deben avisar «inmediatamente» a la Guardia Civil; o que en el caso de tener que organizar dispositivos extraordinarios que requieran apoyo de otras unidades del cuerpo, los jefes «podrán ordenar la reserva de espacios, aparcamientos o accesos de espacios exteriores» del complejo de Nuevos Ministerios.

Todas estas órdenes entran en vigor «a partir de las 7:00 horas del día 31 de mayo de 2023», dice el coronel jefe, y son «de obligado cumplimiento para el servicio de seguridad privada». No sólo recuerda que no hacerlo conlleva responsabilidades penales, sino que además indica al Director de Seguridad del Ministerio que si tiene alguna queja se dirija directamente al Ministerio del Interior. El documento se arroga unas competencias, expresan fuentes policiales, que no corresponden a la Guardia Civil y que evidencian las rencillas internas que están provocando que el clima en el edificio público sea irrespirable.

Vigilantes con ataques de ansiedad
La situación viene coleando desde hace meses y se han sucedido denuncias cruzadas también por parte de los vigilantes de seguridad que descibren escenas de abuso de autoridad y ansiedad. En una denuncia interpuesta el pasado 22 de marzo en la comisaría de Chamberí, tres trabajadores explican cómo requirieron a varios agentes de la Guardia Civil su identidad para entrar al edificio y ellos se negaron queriendo acceder con armas. Ante el rechazo, los agentes respondieron «que iban a pasar sí o sí, y que iban a tomar un café».

En la denuncia se relatan amenezas de los agentes «haciendo mención a una posible sanción y/o detención en caso de que los vigilantes no les permitieran el paso». Los trabajadores dicen sentirse «inseguros» en su puesto de trabajo y dejan constancia de que en el propio Ministerio, el cuerpo de la Guardia Civil tiene un acceso habilitado hacia sus dependencias por el que pueden acceder con armas, pero prefieren hacerlo por la entrada principal «y causar los problemas descritos, sin ningún tipo de necesidad».

Una segunda denuncia del pasado 11 de mayo describe cómo un capitán llegó a espetarles: «La orden de mi coronel es acceder a cualquier sitio por mis ********, y que esto se iba a acabar el día que te vengas detenido». Dos de los trabajadores les explicaron que el espacio «es libre de armas por lo que no pueden entrar armados, manifestando los dos Guardia Civiles que venían a cortarse el pelo y a desayunar y que no iban a dejar sus armas», indica el documento. Los vigilantes dicen no saber cómo lidiar con los tricornios e incluso dejan por escrito que, en ocasiones, han tenido que acudir a los servicios médicos del Ministerio donde les recetaron medicinas para la ansiedad.

En la distinta documentación a la que ha accedido este periódico, las denuncias llegan al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo y al propio Ministerio de Transportes, incluso por parte del sindicato UGT que habla de «injerencias, coacciones, amenazas de mandos».

https://www.elindependiente.com/espana/ ... seguridad/

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Bávaro escribió:La Guardia Civil ordena que los agentes puedan entrar con armas a Nuevos Ministerios tras peleas con los vigilantes de seguridad

Los problemas por las competencias desatan una guerra soterrada en el Ministerio de Transportes con los vigilantes de seguridad que acusan a los guardias civiles de "abuso de poder"

30/05/2023 ACTUALIZADO EL 31/05/23 - 01: 41

Las instalaciones del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid se han convertido en un campo de guerra soterrada entre Policía, agentes de Seguridad y Guardia Civil. Los primeros y los segundos se encargan de la seguridad del interior del recinto, mientras los terceros tienen las competencias para el perímetro exterior, pero las continuas peleas entre unos y otros han provocado que incluso siete de los vigilantes hayan pedido una baja laboral, según distintas fuentes conocedoras del problema. El último capítulo en la escalada de este asunto tiene fecha de este martes cuando el coronel jefe Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió una orden en la que permite a los agentes entrar al edificio con armas, a pesar de que el protocolo de seguridad del Ministerio lo prohíbe.

El documento interno, al que ha tenido acceso El Independiente, lleva el sello de «confidencial» y se dirige al director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que lidera Raquel Sánchez. El coronel jefe expresa que «desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente», el director ha dado «órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles» «con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones».

El informe, escrito en tono duro y utilizando frases en mayúscula, defiende que se están produciendo «incidentes graves», «delitos violentos» e incluso «agresiones armadas contra las autoridades». Sin embargo, otras fuentes conocedoras del motivo de las disputas relatan escenas de «soberbia» a las puertas del Ministerio de Transporte en las que los guardias civiles tratan de entrar armados al recinto para utilizar la peluquería que hay dentro del complejo, el comedor o la guardería.

Para entender la controversia es necesario conocer cómo se distribuyen los metros cuadrados del macroedificio de funcionarios en materia de seguridad. El exterior, como sucede por ejemplo en los centros penitenciarios, está custodiado por la Guardia Civil, si bien el interior es responsabilidad del Secretario de Estado de Transportes, que junto al director de Emergencias y Seguridad organiza seguridad interna y confeccionan el protocolo de seguridad. Así lo dice el Real Decreto 495/2021 que establece la estructura del Ministerio. En este caso, el jefe de Seguridad es un inspector de Policía y, luego, existe una empresa adjudicataria (Sureste Seguridad S.L.U.) cuyos trabajadores se encargan de los accesos, la vigilancia y el control interior.

El coronel jefe de la Guardia Civil firmante describe en nueve puntos una serie de órdenes para «normalizar la situación existente». Uno de los extremos de controversia refleja que «los agentes de autoridad que accedan al Ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones, portarán las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio«. Este hecho choca con el protocolo de seguridad del edificio en el que se indica que a partir del control en la puerta no se permite el acceso al edificio con armas de fuego. Igual que ocurre en multitud de centros oficiales, indican fuentes del cuerpo, como en el Congreso de los Diputados donde policías y guardias civiles deben dejar su arma en la comisaría para transitar libremente por las instalaciones.

Obligado cumplimiento a partir de hoy
El documento del Instituto Armado con fecha de este mismo martes avala también que para acceder a las instalaciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo deban identificarse con la Tarjeta de Identificación Profesional (el TIP, que es una suerte de matrícula para cada agente); así como que esta tarjeta no puede ser retenida, fotocopiada o forografiada debiendo limitarse el personal de seguridad privada a «tomar el número de la TIP y, si estima conveniente, el motivo y dependencia a la que se dirige».

Que a los guardias civiles destinados allí se les debe proporcionar una acreditación; que ante cualquier duda sobre el motivo de acceso los vigiantes privados deben avisar «inmediatamente» a la Guardia Civil; o que en el caso de tener que organizar dispositivos extraordinarios que requieran apoyo de otras unidades del cuerpo, los jefes «podrán ordenar la reserva de espacios, aparcamientos o accesos de espacios exteriores» del complejo de Nuevos Ministerios.

Todas estas órdenes entran en vigor «a partir de las 7:00 horas del día 31 de mayo de 2023», dice el coronel jefe, y son «de obligado cumplimiento para el servicio de seguridad privada». No sólo recuerda que no hacerlo conlleva responsabilidades penales, sino que además indica al Director de Seguridad del Ministerio que si tiene alguna queja se dirija directamente al Ministerio del Interior. El documento se arroga unas competencias, expresan fuentes policiales, que no corresponden a la Guardia Civil y que evidencian las rencillas internas que están provocando que el clima en el edificio público sea irrespirable.

Vigilantes con ataques de ansiedad
La situación viene coleando desde hace meses y se han sucedido denuncias cruzadas también por parte de los vigilantes de seguridad que descibren escenas de abuso de autoridad y ansiedad. En una denuncia interpuesta el pasado 22 de marzo en la comisaría de Chamberí, tres trabajadores explican cómo requirieron a varios agentes de la Guardia Civil su identidad para entrar al edificio y ellos se negaron queriendo acceder con armas. Ante el rechazo, los agentes respondieron «que iban a pasar sí o sí, y que iban a tomar un café».

En la denuncia se relatan amenezas de los agentes «haciendo mención a una posible sanción y/o detención en caso de que los vigilantes no les permitieran el paso». Los trabajadores dicen sentirse «inseguros» en su puesto de trabajo y dejan constancia de que en el propio Ministerio, el cuerpo de la Guardia Civil tiene un acceso habilitado hacia sus dependencias por el que pueden acceder con armas, pero prefieren hacerlo por la entrada principal «y causar los problemas descritos, sin ningún tipo de necesidad».

Una segunda denuncia del pasado 11 de mayo describe cómo un capitán llegó a espetarles: «La orden de mi coronel es acceder a cualquier sitio por mis ********, y que esto se iba a acabar el día que te vengas detenido». Dos de los trabajadores les explicaron que el espacio «es libre de armas por lo que no pueden entrar armados, manifestando los dos Guardia Civiles que venían a cortarse el pelo y a desayunar y que no iban a dejar sus armas», indica el documento. Los vigilantes dicen no saber cómo lidiar con los tricornios e incluso dejan por escrito que, en ocasiones, han tenido que acudir a los servicios médicos del Ministerio donde les recetaron medicinas para la ansiedad.

En la distinta documentación a la que ha accedido este periódico, las denuncias llegan al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo y al propio Ministerio de Transportes, incluso por parte del sindicato UGT que habla de «injerencias, coacciones, amenazas de mandos».

https://www.elindependiente.com/espana/ ... seguridad/

Nueva demostración de una lucha de mandos por ver quien la tiene más larga. Es que da vergüenza ajena.

Edición 175 Aniversario Gc

45

gafaspolicia.com

Este País no tiene remedio . Esto me recuerda al juez de Instrucción de Madrid que no permitía agentes armados en su Juzgado , a las Delegaciones de Hacienda donde ocurre algo parecido con los Agentes que están de servicio y por parte de los Vigilantes de Seguridad se les impide la entrada con armas . Una vez tuve que acudir a un Hospital a tomar declaración por un accidente de tráfico y un celador me dijo que allí no se podía entrar con armas . Con una sola mirada mía bastó para hacerle entender de lo absurdo de su afirmación. No hay mayor absurdo que la aplicación estricta e irracional de la Ley . Por ejemplo la Ley Electoral ( ahora tan de actualidad ) no permite A NADIE la entrada con armas al interior de los Colegios Electorales ¿ entonces los Policías no pueden acceder al interior ni siquiera siendo requeridos por el Presidente de mesa ?. Ya lo decían los Romanos " Sumum Ius , suma iniuria " .

foropolicia.es

valdizarbe95 escribió:

Bávaro escribió:La Guardia Civil ordena que los agentes puedan entrar con armas a Nuevos Ministerios tras peleas con los vigilantes de seguridad

Los problemas por las competencias desatan una guerra soterrada en el Ministerio de Transportes con los vigilantes de seguridad que acusan a los guardias civiles de "abuso de poder"

30/05/2023 ACTUALIZADO EL 31/05/23 - 01: 41

Las instalaciones del complejo de Nuevos Ministerios de Madrid se han convertido en un campo de guerra soterrada entre Policía, agentes de Seguridad y Guardia Civil. Los primeros y los segundos se encargan de la seguridad del interior del recinto, mientras los terceros tienen las competencias para el perímetro exterior, pero las continuas peleas entre unos y otros han provocado que incluso siete de los vigilantes hayan pedido una baja laboral, según distintas fuentes conocedoras del problema. El último capítulo en la escalada de este asunto tiene fecha de este martes cuando el coronel jefe Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió una orden en la que permite a los agentes entrar al edificio con armas, a pesar de que el protocolo de seguridad del Ministerio lo prohíbe.

El documento interno, al que ha tenido acceso El Independiente, lleva el sello de «confidencial» y se dirige al director de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que lidera Raquel Sánchez. El coronel jefe expresa que «desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente», el director ha dado «órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles» «con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones».

El informe, escrito en tono duro y utilizando frases en mayúscula, defiende que se están produciendo «incidentes graves», «delitos violentos» e incluso «agresiones armadas contra las autoridades». Sin embargo, otras fuentes conocedoras del motivo de las disputas relatan escenas de «soberbia» a las puertas del Ministerio de Transporte en las que los guardias civiles tratan de entrar armados al recinto para utilizar la peluquería que hay dentro del complejo, el comedor o la guardería.

Para entender la controversia es necesario conocer cómo se distribuyen los metros cuadrados del macroedificio de funcionarios en materia de seguridad. El exterior, como sucede por ejemplo en los centros penitenciarios, está custodiado por la Guardia Civil, si bien el interior es responsabilidad del Secretario de Estado de Transportes, que junto al director de Emergencias y Seguridad organiza seguridad interna y confeccionan el protocolo de seguridad. Así lo dice el Real Decreto 495/2021 que establece la estructura del Ministerio. En este caso, el jefe de Seguridad es un inspector de Policía y, luego, existe una empresa adjudicataria (Sureste Seguridad S.L.U.) cuyos trabajadores se encargan de los accesos, la vigilancia y el control interior.

El coronel jefe de la Guardia Civil firmante describe en nueve puntos una serie de órdenes para «normalizar la situación existente». Uno de los extremos de controversia refleja que «los agentes de autoridad que accedan al Ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones, portarán las armas reglamentarias que tengan asignadas para el servicio«. Este hecho choca con el protocolo de seguridad del edificio en el que se indica que a partir del control en la puerta no se permite el acceso al edificio con armas de fuego. Igual que ocurre en multitud de centros oficiales, indican fuentes del cuerpo, como en el Congreso de los Diputados donde policías y guardias civiles deben dejar su arma en la comisaría para transitar libremente por las instalaciones.

Obligado cumplimiento a partir de hoy
El documento del Instituto Armado con fecha de este mismo martes avala también que para acceder a las instalaciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo deban identificarse con la Tarjeta de Identificación Profesional (el TIP, que es una suerte de matrícula para cada agente); así como que esta tarjeta no puede ser retenida, fotocopiada o forografiada debiendo limitarse el personal de seguridad privada a «tomar el número de la TIP y, si estima conveniente, el motivo y dependencia a la que se dirige».

Que a los guardias civiles destinados allí se les debe proporcionar una acreditación; que ante cualquier duda sobre el motivo de acceso los vigiantes privados deben avisar «inmediatamente» a la Guardia Civil; o que en el caso de tener que organizar dispositivos extraordinarios que requieran apoyo de otras unidades del cuerpo, los jefes «podrán ordenar la reserva de espacios, aparcamientos o accesos de espacios exteriores» del complejo de Nuevos Ministerios.

Todas estas órdenes entran en vigor «a partir de las 7:00 horas del día 31 de mayo de 2023», dice el coronel jefe, y son «de obligado cumplimiento para el servicio de seguridad privada». No sólo recuerda que no hacerlo conlleva responsabilidades penales, sino que además indica al Director de Seguridad del Ministerio que si tiene alguna queja se dirija directamente al Ministerio del Interior. El documento se arroga unas competencias, expresan fuentes policiales, que no corresponden a la Guardia Civil y que evidencian las rencillas internas que están provocando que el clima en el edificio público sea irrespirable.

Vigilantes con ataques de ansiedad
La situación viene coleando desde hace meses y se han sucedido denuncias cruzadas también por parte de los vigilantes de seguridad que descibren escenas de abuso de autoridad y ansiedad. En una denuncia interpuesta el pasado 22 de marzo en la comisaría de Chamberí, tres trabajadores explican cómo requirieron a varios agentes de la Guardia Civil su identidad para entrar al edificio y ellos se negaron queriendo acceder con armas. Ante el rechazo, los agentes respondieron «que iban a pasar sí o sí, y que iban a tomar un café».

En la denuncia se relatan amenezas de los agentes «haciendo mención a una posible sanción y/o detención en caso de que los vigilantes no les permitieran el paso». Los trabajadores dicen sentirse «inseguros» en su puesto de trabajo y dejan constancia de que en el propio Ministerio, el cuerpo de la Guardia Civil tiene un acceso habilitado hacia sus dependencias por el que pueden acceder con armas, pero prefieren hacerlo por la entrada principal «y causar los problemas descritos, sin ningún tipo de necesidad».

Una segunda denuncia del pasado 11 de mayo describe cómo un capitán llegó a espetarles: «La orden de mi coronel es acceder a cualquier sitio por mis ********, y que esto se iba a acabar el día que te vengas detenido». Dos de los trabajadores les explicaron que el espacio «es libre de armas por lo que no pueden entrar armados, manifestando los dos Guardia Civiles que venían a cortarse el pelo y a desayunar y que no iban a dejar sus armas», indica el documento. Los vigilantes dicen no saber cómo lidiar con los tricornios e incluso dejan por escrito que, en ocasiones, han tenido que acudir a los servicios médicos del Ministerio donde les recetaron medicinas para la ansiedad.

En la distinta documentación a la que ha accedido este periódico, las denuncias llegan al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo y al propio Ministerio de Transportes, incluso por parte del sindicato UGT que habla de «injerencias, coacciones, amenazas de mandos».

https://www.elindependiente.com/espana/ ... seguridad/

Nueva demostración de una lucha de mandos por ver quien la tiene más larga. Es que da vergüenza ajena.

Así es, y muchas de esas historias se evitarían si el jefe de la seguridad interior fuese del mismo cuerpo que los encargados de la seguridad exterior, o viceversa. En este país somos muy retorcidos para todo.

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Es más, estas cosas no pasarían si esos guardias civiles y policías estuvieran en la calle dedicándose a la seguridad del ciudadano en vez de estar en la cafetería del ministerio y cortándose el pelo a precio de saldo (que es a donde iba el capitán según pone la noticia).
Es que me imagino la escena del capitán con el vigilante amenazándole con detenerle y se me pone la cara roja, no puedo evitarlo.