FORO POLICIA

Condenan entre 4 y 14 años de cárcel a cuatro guardias civiles de Isla Mayor por tráfico de drogas

El sargento ofreció a la organización liderada por «El Negro» la protección de los miembros de la Guardia Civil de su comandancia para facilitarle la entrada del hachís

@S. P.
Isla Mayor
Actualizado:
06/04/2019 14:27h

La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los cuatro años y seis meses de prisión a los 14 años y tres meses a cuatro guardias civiles de laComandancia de Isla Mayor que facilitaron la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas.

En una sentencia, fechada el 5 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal imponen también penas que van desde los dos años y tres meses de prisión a los ocho años y un mes a los 18 miembros y colaboradores de la mencionada organización, que lideraba Francisco Antonio R.C., alias «El Negro».

Todos los acusados reconocieron los hechos durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional y aceptaron las penas que solicitó la Fiscalía Antidroga, a excepción del sargento de la Guardia Civil Francisco Javier C.B., comandante del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, que ha sido condenado a 14 años y tres meses de cárcel por delitos de tráfico de drogas, con pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho. Para el resto, la Sala acepta la atenuante analógica de reconocimiento de los hechos.

La sentencia relata en sus hechos probados que en el mes de abril de 2016 el sargento mantuvo varios contactos con el jefe de la organización Francisco Antonio R.C., a quien le ofreció la protección de los miembros de la Guardia Civil de su comandancia para facilitarle la entrada del hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero, llegando a un acuerdo que suponía la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 cada vez que terminase con éxito una operación.

Tres miembros la Comandancia, según la Sala, estaban de acuerdo con su sargento para llevar a cabo dicha actuación, que consistía en facilitar información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil »para evitar coincidir con la entrada del hachís».

Además, informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podía vigilar en sus transportes o descargas, "y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias".

También hicieron entrega a Francisco Antonio R.C., continúa la resolución, de la llave de la que disponían en la Comandancia para abrir la cancela de la denominada Bomba del Quini, en la zona del Matochal, con acceso a un brazo del río Guadalquivir restringido al formar parte del entorno del parque natural de Doñana, lo que facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida.

El tribunal rechaza la tesis del sargento de que fingía participar en operaciones de tráfico de drogas con la finalidad de captar información. Sus manifestaciones, señala el fallo, «carecen de la más mínima verosimilitud» pues «de ser cierto que el sargento trataba de descubrir operaciones de narcotráfico su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres, que no se le hubiese podido ocultar».

Asimismo, la sentencia apunta también que «nada puede explicar las largas conversaciones que tiene con su segundo, el guardia civil Luciano M. en las que hablan de reparto de dinero y del paso de las gomas, en referencia a lanchas neumáticas, salvo la realidad de la cobertura que prestaba a la organización de narcotraficantes. En este sentido, la Sala tiene en cuenta las confesiones de otros acusados respecto a la participación del sargento.

La sentencia concluye que en este caso «se ha estimado la existencia de un concierto entre el jefe de la organización de narcotraficantes, R.C., y cuatro de los miembros de la comandancia de la Guardia Civil de Isla Mayor» pues «estos últimos facilitaban la entrada del hachís procedente de Marruecos de la organización».

De otra parte, la Sala ha ordenado que se decomise una cantidad de dinero a las esposas de tres guardias civiles al considerar que son «partícipes a título lucrativo».

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