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Macrooperación en decenas de municipios de PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr

La UDEF lanza una operación contra una trama que manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales y radares.

Agentes de la Policía Nacional, frente al Ayuntamiento de Teruel, uno de los registrados en la operación Enredadera. (EFE)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una macrooperación contra una trama que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en más de 40 ciudades de toda España para favorecer a una filial del grupo Sacyr. Las pesquisas apuntan a ayuntamientos gobernados por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Se trataría del primer caso de corrupción municipal que afecta a dirigentes del partido de Albert Rivera.

Más de 600 efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo. Los agentes tienen órdenes de detención contra más de 40 supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales, y está programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios. Uno de los puntos que se está inspeccionando es el ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por Ciudadanos desde 2015. De hecho, su alcalde Carlos Ruipérez es uno de los arrestados en la operación. También está prevista la entrada y registro en los consistorios de Alcobendas, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Asimismo, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación en la Diputación de Alicante y en las localidades de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O`Grove, Sant Vicent del Rapeig y Vitoria.

Según ha podido saber El Confidencial, entre los detenidos se encuentra Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y uno de los cargos del partido naranja con más peso en esa demarcación. En 2016 tuvo que renunciar al cargo de coordinador provincial por la publicación de varios tuits de contenido machista y descubrirse que había incluido en su curriculum una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que no tenía. Ciudadanos ha reaccionado suspendiéndolo automáticamente de militancia y lo expulsará si se confirma su imputación.

Un segundo cargo de Ciudadanos detenido es el concejal portavoz de la formación en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, confirman fuentes próximas al caso. La alcaldesa de esta localidad, María Eugenia Gancedo, del PSOE, también ha sido detenida.

Entre los arrestados figura el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, propietario de la constructora Begar e imputado ya por su implicación en la trama Gürtel. Se le acusa de ser uno de los presuntos cabecillas de esta red corrupta. Junto a Ulibarri ha sido detenido uno de colaboradores más estrechos, Miguel Hernán Manovel García, secretario del Consejo de Administración de Begar.

Asimismo, entre los detenidos destaca José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Políticas para la Gestión de la Diversidad Social de Unijepol, la asociación que agrupa a los jefes y directivos de las policías municipales de toda España.

La investigación, que ha recibido el nombre de operación Enredadera, se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016 y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios.

La compañía habría conseguido decenas de adjudicaciones mediante la presunta manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones. Para ello, habría contado con la connivencia de alcaldes, concejales, policías municipales y otros funcionarios de consistorios gobernados por PSOE, PP y Ciudadanos. Los hechos que se investigan podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El caso arrancó hace dos años en Cataluña aunque pronto se detectaron ramificaciones que obligaron a ampliar las diligencias al resto de España. El dispositivo lo dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Además de agentes de la UDEF, también participan otros efectivos de Policía Judicial y de jefaturas superiores, sobre todo, de Cataluña, donde se desarrollan los registros en las oficinas de la compañia.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-03/macrooperacion-en-decenas-de-municipios-de-psoe-pp-y-cs-por-amanar-adjudicaciones_1587052/



La trama falseaba datos de tráfico para poner radares con afán recaudatorio

Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales.

La trama corrupta desarticulada hoy por la Policía Nacional en numerosos ayuntamientos de toda España manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.

Entre las detenciones que se prevén hoy en la operación figuran alcaldes y gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como jefes de la Policía Local de varios municipios.

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el juzgado 2 de Badalona pero que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando, según las fuentes, se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr.

Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, denominada Enredadera, en la que se prevén decenas de arrestos por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

https://www.lne.es/oviedo/2018/07/03/trama-falseaba-datos-trafico-poner/2312582.html

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Detenido el jefe de la Policía Local de Oviedo y un subinspector por el presunto amaño de contratos del servicio de control de tráfico

La Policía Nacional ha practicado cinco registros en el municipio, entre ellos, una asesoría en el casco urbano.

Los agentes también entraron esta mañana en el domicilio particular de José Manuel López.

El Alcalde convoca una junta de portavoces urgente ante la gravedad de los hechos.



Registros en el cuartel del Rubín.

El jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, y un subinspector del cuerpo han sido detenidos esta mañana por el presunto amaño de contratos del servicio de control de tráfico tras prestar declaración en el cuartel del Rubín. Agentes de la policía judicial se personaron hacia las nueve de la mañana en el Ayuntamiento y el cuartel para recabar documentación relacionada con la macrooperación "Enredadera" abierta en varios consistorios españoles y también entraron en el domicilio particular del responsable de la Policía Local.

Ante la gravedad de los hechos, el Alcalde ha convocado una junta urgente de portavoces esta tarde, en cuanto llegue a Oviedo procedente de Madrid, donde mantuvo una reunión con la Ministra de Defensa, Margarita Robles, para hablar de los terrenos de la Fábrica de Armas de La Vega.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitó todos los contratos y licitaciones del Ayuntamiento desde 2010, especialmente los relacionados con el departamento de Tráfico.

Por el momento, se han practicado 49 entradas y registros en varios Ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, cinco comunidades autónomas. Inicialmente hay 15 detenidos, entre los que hay empresarios y cargos públicos, que pasarán a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona en los próximos días.

Fuentes del Ayuntamiento han remarcado que ninguna de las empresas que supuestamente están relacionadas con los posibles amaños es la actual adjudicataria del contrato de semáforos de la capital asturiana.

La macrooperación de la Policía Nacional se desarrolla en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, y se prevén unas sesenta detenciones entre cargos técnicos municipales, y otros tantos registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.

La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, han informado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que los registros se llevan a cabo en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.

Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.

En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.

En Cataluña, la operación se centra en los ayuntamientos barceloneses de Mollet del Vallès y Tiana, y en el de Lleida, mientras que agentes han acudido al de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. La causa está declarada secreta.

https://www.lne.es/oviedo/2018/07/03/jefe-policia-local-oviedo/2312576.html

Buen trabajo, enhorabuena a los compañeros!

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Yo tuve alguna relación con los comerciales de esta empresa y tenían una política comercial muy agresiva o proactiva como dirían ellos. Iban a los Ayuntamientos/PLs y hablaban con cualquiera que pudiera influenciar en la compra de sus productos y servicios , los cuales eran bastantes completos. A mi personalmente no me gustaba ya que venían a ofrecer no lo que las PLs/ Ayuntamientos demandaban, sino lo que ellos veían que podían encasquetar. De hecho me parecía que actuaban con cierta prepotencia ya que parecía que sólo ellos sabían lo que necesitaban los departamentos de movilidad/policía.

Entre sus prácticas comerciales ofrecían elaborar aforos, muestreos de velocidad e informes; de ahí pueden venir muchos de los problemas ya que se ofrecían a hacer estudios que los deberían realizar funcionarios públicos imparciales. Por otro lado hacían enfasís en la exclusividad de algunas de sus soluciones, lo que permitiría excluir a la competencia en determinadas licitaciones.

No dudo que pueda existir algún caso de verdadera prevaricación, fraude..pero con todos las precacuciones no creo todos los casos y detenidos publicados acaben en sentencia condenatoria, porque aunque no escatimaban en ofrecer a los puestos claves alguna comida y viaje/dadivas para conocer sus productos, me estrañaría que en todos estos casos sobrepasarán lo permitido por las "costumbres sociales". Yo por si las moscas acabo de regalar el pendrive que me dieron con publicidad.

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Finalmente, el jefe de la Policía Local de Oviedo y el subinspector al cargo del área de contrataciones no han sido detenidos, sino que únicamente están siendo investigados.


Las cifras de "Enredadera": 39 detenidos y 92 registros en decenas de municipios

Los jefes de Policía de Fuenlabrada y Pinto, en Madrid, y el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el "caso Gürtel", entre los arrestados.



La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó ayer una macrooperación en decenas de municipios españoles, Oviedo entre ellos, contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas. Anoche, al cierre de esta edición, el número de detenidos ascendía a 39. De ellos, trece pasarán a disposición del Juzgado de instrucción número 2 de Badalona, origen de toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), donde el juez ha abierto una pieza separada, informaron a "Efe" fuentes policiales. El resto serán puestos en libertad.

A falta de disponer de un balance definitivo, entre los arrestados se encuentra Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos (Cs); el empresario leonés José Luis Ulibarri, ya implicado en el "caso Gürtel"; los jefes de la Policía Local de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) y la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. El jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga fue llevado a declarar.

Asimismo trascendió la detención de Sadat Maraña, asesor de Cs en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de la trama desarticulada en la "operación Enredadera" y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr. Esta firma ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Las cifras hablan por sí solas. Además de los 39 detenidos, los agentes de la Policía judicial practicaron 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos.

La operación salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y también el número de delitos que se investigan habla de la magnitud de la operación de la UDEF: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación informaron de que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP, que dio por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lérida, Oviedo, León, Palencia y Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León, y Vélez-Málaga, de Málaga.

Además, por orden del Juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a ayuntamientos de capitales como Vitoria y Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí, de la provincia de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo, de la de Madrid; La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía, de Valencia; O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

https://www.lne.es/oviedo/2018/07/04/cifras-enredadera-39-detenidos-92/2312824.html