juez no ve delito en festejar el suicidio de un Policía
Publicado: Dom, 10 Jun 2018, 22:01 |
foropolicia.es |
La libertad de expresión ampara los comentarios ofensivos de tres internautas
Manuel Reyes 10.06.2018 | 00:18
Celebrar el fallecimiento de un Policía en las redes sociales, incluso desearles la muerte, no es delito, sino expresiones amparadas en la Constitución, cuyo artículo 20.1 reconoce el derecho a difundir libremente "pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", según el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Su titular, María Victoria Rosell, ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra tres internautas que festejaron el suicidio de un policía nacional en los calabozos de la Ciudad de la Justicia.
Ocurrió el 11 de febrero del año pasado, con la propia Rosell de servicio, que levantó el cadáver del agente en la "peor guardia de su vida", recoge el auto de archivo, que lleva fecha de 21 de mayo y ha sido notificado recientemente a las partes. La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento porque al menos uno de los tres investigados podría haber incurrido en un delito de odio con sus manifestaciones.
La juez archivó la causa de manera sorpresiva, tras celebrar una vista sin la presencia del fiscal, que había llegado a una conformidad con la defensa del investigado pero no acudió a la vista. "Muerte a los maderos... uno menos! AHORA faltan un par de tiros más en su lápida... A. C. A. B.", escribió en Facebook Juan María S. P. tras leer la noticia del suicidio.
Los otros dos investigados, ambos de la capital grancanaria, dejaron frases como "Un cochino menos" o "A tomar por culo, uno menos dando la lata oíste... antes de policía, peón, bombero, p***, camello o lo que sea". El fiscal no ve delito en la actuación de estos dos internautas, ambos de 27 años, pero sí en la de Juan María S. P.
No sólo tiene antecedentes penales por violencia de género, quebrantamiento de condena y atentado, sino que el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional encontró en su perfil más mensajes amenazadores. "A todos esos funcionarios que me aveis [sic] puesto la mano encima os deseo una muerte lenta y dolorosa... Vais a pagar más cárcel que ninguno", publicó Juan María S. P. en marzo de 2015.
Difícil de soportar
La magistrada condena los comentarios porque son "ofensivos", incluso "difíciles de soportar", pero concluye que el delito de odio del artículo 510 del Código Penal, con hasta tres años de cárcel, excluye los comentarios "hirientes o insultantes" sobre profesiones como las de "policía, judicatura o fiscalía", las cuales no son grupos "expresamente" incluidos en el tipo penal, cuya interpretación debe ser siempre restrictiva", explica la juez.
Se trata de un auto de siete folios, fundamentado, con alusiones a la Constitución, al Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel. Un compendio de sentencias y argumentos, "libres de influencias o agitaciones ideológicas", con los que la magistrada se opone a "criminalizar" discursos ofensivos o desagradables de "escasa o nula incidencia", máxime cuando esos discursos se elaboran "sin la prudencia y las inhibiciones propias de la autocensura y el temor a la persecución", al calor de la "espontaneidad e irreflexibilidad de las redes sociales", con palabras "sin llamada a la acción ni capacidad para llamar a la acción".
Rosell lamenta que se haya impuesto en la práctica jurídica un concepto "político" del discurso del odio, cuya versión "ampliada y difusa" permite "invocarlo" para proteger el honor del jefe del Estado, con la quema de fotos de los monarcas, o de los cuerpos policiales, del ejército, la bandera y hasta del himno.
La juez recuerda que el origen de ese discurso está en la infamia de la esclavitud, el colonialismo, el apartheid y el genocidio, un fenómeno histórico que resulta "incomparable" a las conductas que se ahora se quieren penalizar.
En ese sentido, los mensajes de los tres investigados, con escasa repercusión en las redes sociales, no constituyen una verdadera incitación al odio ni pasan el test de peligrosidad, pues carecen de la "potencia suficiente para poner en peligro" a la policía o para provocar una acción violenta contra ellos.
El artículo 510 del Código Penal, además, tiene su origen en colectivos históricamente discriminados, entre los cuales no pueden incluirse a la policía de forma extensiva, como sí lo permite el artículo 170 cuando las amenazas atemorizan a un colectivo "social o profesional", circunstancias que no concurren en este caso. Todo ello, unido al arrepentimiento de los investigados en la vista celebrada por la magistrada, lleva al archivo libre de las actuaciones en aras de la libertad de expresión.
No le ve así la Fiscalía, que, como precedente a su favor, tiene el caso de Joseq Miquel Arenas, V altonyc, un rapero mallorquín condenado en firme por el Supremo a tres años y medio de cárcel. ¿El motivo? Injuriar a la Corona y enaltecer el terrorismo en las letras de sus canciones.
El rapero, antes de huir de España para evitar el ingreso en prisión el pasado mayo, incitó al odio contra la policía en un concierto. "Matad a un p*** guardia civil esta noche, idos a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno". Por esas palabras la Fiscalía le ha vuelto a abrir diligencias.
https://www.laprovincia.es/las-palmas/2 ... 66955.html
