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El comisario José Villarejo, detenido por cohecho y blanqueo de capitales
El polémico comisario ha sido detenido por orden de la Audiencia Nacional

Madrid 3 NOV 2017 - 12:24 CET

El comisario jubilado José Villarejo Pérez ha sido detenido por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que han sido apresadas varias personas más.


Según han informado a EFE fuentes de la investigación, las indagaciones se han llevado a cabo de forma conjunta con la Fiscalía Anticorrupción y han sido supervisadas por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante cuya disposición serán puestos los detenidos.

El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/03/actualidad/1509707877_316602.html

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La unidad policial que desenmascaró a Villarejo


Los investigadores del 'caso Nicolás' afloraron las actividades ilícitas del excomisario entre amenazas de sus jefes, que les degradaron

MATEO BALÍN Madrid
Sábado, 1 diciembre 2018, 22:42

En la historia reciente de la Policía Judicial solo se contabilizan cuatro casos en los que un juez ha creado una comisión especial para evitar filtraciones en investigaciones sensibles. Casos con implicación de políticos y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ocurrió en los GAL («guerra sucia» contra ETA), el 'caso Faisán' ('chivatazo' a la red de extorsión etarra), el 'caso Malaya' (corrupción urbanística en Málaga) y el 'caso Nicolás'.

Este último procedimiento, que estalló con la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias el 14 de octubre de 2014, se ha configurado con el paso tiempo como el principio del fin del excomisario José Manuel Villarejo, desde hace un año en prisión preventiva. Sobre todo porque los investigadores del 'caso Nicolás' permitieron desenmascarar en distintos informes su 'modus operandi' como «agente encubierto» asignado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Un entramado privado erigido entorno a redes policiales, judiciales y mediáticas que pervivió durante años hasta que se cruzó por el camino un joven de 20 años con aires «megalomaníacos», 'el pequeño Nicolás'.

En este contexto hubo varios momentos estelares, pero en perspectiva destaca uno: la decisión del juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso en los juzgados ordinarios de Madrid, de blindar el grupo de siete agentes de la unidad de Asuntos Internos que llevaron las pesquisas.

En una providencia de 21 de abril de 2015, el magistrado ordenó que el inspector jefe Rubén Eladio López y su equipo, denominado Grupo IX, comunicaran «directa y exclusivamente» a su juzgado el resultado de las actuaciones que practicasen, «sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos».

La decisión del juez tuvo un efecto balsámico para el grupo del inspector López, que en los seis meses transcurridos desde el arresto de Nicolás sufrieron en sus carnes –según recogen sus informes remitidos al juzgado– presiones, amenazas y coacciones de sus superiores, sobre todo en el caso del oficial, conforme avanzaban las pesquisas y asomaba por vez primera la pata de Villarejo.

El instructor conoció de primera mano todas estos obstáculos, que comenzaron desde el registro en la casa del 'pequeño Nicolás' en Madrid, donde aparecieron señaladas «un gran número de personas de cierta relevancia empresarial, política y policial». El cruce de llamadas entre algunos señalados atestiguó la preocupación que generó la detención del joven y su declaración. Fue el caso de Villarejo, su «tronco» el empresario Adrián de la Joya (172 llamadas entre ambos), el DAO Eugenio Pino, el también comisario José Luis Olivera, el empresario Manuel Delgado, el presidente de La Razón Mauricio Casals o el número dos de Interior Francisco Martínez.

Ante la deriva de las revelaciones del 'pequeño Nicolás' y el análisis de los registros se activó una estrategia mediática de desprestigio contra el equipo investigador, cuyo momento culminante tuvo lugar la tarde del 20 de octubre de 2014: la grabación ilegal de la reunión mantenida entre tres agentes de Asuntos Internos, entre ellos el inspector López, y dos miembros del CNI, interesados en la suplantación del joven impostor como «colaborador» de los servicios de espionaje.

Tal y como ha concluido esta semana la juez Pilar Martínez Gamo, sustituta de Zamarriego al frente del juzgado, los procesados Villarejo, su mujer Gema Alcalá y el periodista Carlos Mier se confabularon para activar a distancia una aplicación instalada de forma subrepcticia en el móvil del jefe de Asuntos Internos, que permitió activar el micrófono y escuchar la conversación.

El objetivo era distribuir entre varios periodistas afines la grabación, previamente editada para incriminar a los presentes, y tratar de conseguir el archivo y anular la causa. La propia defensa de Nicolás usó estas informaciones para pedir el sobreseimiento, pero fue rechazado.

Acosado
A partir de ahí comenzó un acoso implacable contra el inspector López, al que la DAO le ofreció una salida (medalla roja con 10% de sueldo y una embajada) si sacaba a Villarejo del caso. Pero éste no cedió y le llegaron a amenazar con echarle del Cuerpo. Quien sí sería cesado el 22 de diciembre siguiente fue Martín-Blas y entre enero y febrero de 2015 Villarejo se personó varias veces en el juzgado para denunciar supuestas irregularidades del grupo investigador. También pasó el 'número dos' de Pino, el comisario José Manuel Fuentes Gago, para ofrecer al juez un cambio de agentes. Incluso Villarejo declaró como testigo a petición de la defensa de Nicolás el 16 de abril siguiente, cinco días antes de que Zamarriego creara la comisión judicial.

Pese a la inoperancia del fiscal del caso Alfonso San Román, el grupo de López se mantuvo activo con el respaldo incluso de la Audiencia de Madrid. Pero la llegada de la juez Martínez Gamo supuso la disolución de la comisión en julio de 2017. El remate fue en octubre siguiente, cuando ésta imputó a los agentes por supuesto retardo en la administración de justicia en la entrega del último informe. Y pocos días después la anterior cúpula policial los degradó a puestos inferiores, donde siguen hoy, mientras que a sus sustitutos -los investigadores ahora de la 'operación Tándem'- les dieron la medalla roja.

https://www.laverdad.es/nacional/unidad ... -ntrc.html

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En todas partes cuecen habas y hay presiones del poder político . Menos mal que hay Policías valientes y grandes profesionales.

La Audiencia Nacional revoca el archivo del caso del comisario Salamanca, socio de Villarejo


El juez Diego de Egea había dado carpetazo al asunto. Ahora la Sala de lo Penal da la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ordena reabrir la investigación por recibir dinero y regalos a cambio de favores en el aeropuerto de Barajas

Documentos hallados en el domicilio de Villarejo confirman su participación en la ‘Operación Catalunya’

CARLOTA GUINDAL, MADRID
14/12/2018 14:04
Actualizado a
14/12/2018 15:26

La Audiencia Nacional ha estimado este viernes el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado que se reabra la investigación al excomisario de Barajas, Carlos Salamanca. El juez que hasta ahora ha instruido la causa, Diego de Egea, había dado carpetazo al asunto al considerar que no había indicios que demostraran que este mando policial hubiera recibido regalos y dinero a cambio de favores en el aeropuerto madrileño.

Según confirman fuentes jurídicas, la Sala ha ordenado reabrir la causa para Salamanca, su mujer y su hijo, que también estaban investigados. El tribunal considera que el mando del Cuerpo Nacional de Policía debe ser siendo investigado por cohecho y organización criminal.

La Audiencia entiende además que se debe seguir investigando la causa por su presunta implicación en la organización que liderada el excomisario José Manuel Villarejo. Salamanca fue detenido y enviado a prisión junto a Villarejo el pasado 3 de noviembre en el marco de la Operación Tándem por formar parte de una organización, la mayoría de miembros de la Policía, que habría utilizado su posición en el cuerpo para enriquecerse ilícitamente.

En el auto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el tribunal sostiene que el juez se “excede” al archivar a Salamanca de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cohecho cuando lo hace en una pieza separada que únicamente se investiga el cohecho. Además, el tribunal da la razón a la Fiscalía al considerar que el archivo de la pieza es “extemporáneo” porque sólo podría haberlo hecho una vez finalizada la instrucción y en el momento de acordar el auto de transformación en procedimiento abreviado. La Sala reprocha al juez que lo haya cerrado cuando quedan diligencias por practicar.

Varapalo al juez De Gea

El juez De Egea decidió archivar la parte que afectaba a Salamanca y su familia antes de que se practicaran todas las diligencias acordadas. La Fiscalía presentó un duro recurso en el que acusaba al instructor de cerrar en falso la parte que afectaba a este comisario. Precisamente, este magistrado anunció esta semana que abandonaba la Audiencia Nacional y volvía a su plaza en la Audiencia Provincial de Madrid por “motivos personales”.

Desde su entorno se ha llegado a decir que deja su puesto por las tensiones creadas con Anticorrupción sobre la manera afrontar este asunto. La Fiscalía ha ido recurriendo prácticamente todas sus decisiones tendentes a archivar gran parte de la causa que afecta a Villarejo. Incluso unos días antes de anunciar su salida de este Juzgado, desde su mismo entorno se adelantaba su intención de dejar en libertad al excomisario, en prisión desde noviembre del pasado año.

Amistad o cohecho

Ahora, la Sala da la razón a la Fiscalía y revoca la decisión de De Egea. En su recurso, el Ministerio Público acusaba al instructor de dar carpetazo antes de recibir la información sobre si su patrimonio es acorde a su sueldo como funcionario público, además de los datos bancarios que podrían justificar un incremento económico injustificado.

A Salamanca se le investigaba por haber recibido cuantiosos regalos y dinero de un empresario a cambio de que le facilitara la entrada de personalidades de Guinea Ecuatorial sin control ni visado. El propio empresario, F. M, ha reconocido que todos esos regalos –como 25.000 euros para la boda de su hijo; relojes marca Rolex, varios coches marca Porsche; viajes y hasta la caldera para climatizar la piscina de su chalet– fueron a cambio de favores en el aeropuerto.

Sin embargo, Salamanca siempre lo ha negado y ha asegurado que todos esos regalos eran fruto de su amistad, tesis avalada por el juez. Con todo, el magistrado considera que quien no tiene credibilidad es el propio denunciante.

Ahora bien, la Fiscalía no sólo no comparte este criterio sino que considera que hay numeroso indicios que acreditan que Salamanca recibió todos esos regalos por sus gestiones en Barajas. Será la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional la que decidirá si se tiene que reabrir la causa. El Ministerio Público sostiene que en la causa se han aportado expedientes de extranjería relativo a varios ciudadanos que entraron en España y que demuestran que fueron otorgados por el comisario sin tener éste competencia para hacerlo.

https://www.lavanguardia.com/politica/2 ... arejo.html

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Imputados un funcionario de Hacienda y cinco policías por ayudar a Villarejo a espiar a sus víctimas


El juez reactiva la 'pieza Iron' tras detectar el uso de bases policiales y de la Agencia Tributaria para indagar sobre los socios de un bufete

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid 16 ENE 2019 - 14:59 CET


El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dado un nuevo impulso a la investigación de una de las piezas separadas del caso en el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En concreto, a la bautizada como pieza Iron, sobre el supuesto espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados de la competencia. El magistrado ha citado a declarar como imputado para los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero. Era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO).

La decisión del juez García-Castellón de imputar a los agentes y el funcionario de Hacienda se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que los pasados 11 de septiembre y 21 de noviembre, cuando el juez instructor aún era Diego de Egea, magistrado de apoyo que abandonó la Audiencia Nacional el pasado 31 de diciembre, presentó sendos escritos para que se tomara declaración como imputados a los ahora citados. En los mismos, Anticorrupción destacaba que tras examinar los documentos intervenidos a Villarejo sobre lo que él bautizó como Proyecto Iron se había constatado que “dicho comisario junto a un número indeterminado de colaboradores […] accedieron sin justificación alguna que les diese cobertura a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder IP Law”.

Revelación de secretos

La fiscalía recalcaba que dichos informes, por los que el comisario cobró 300.000 euros, “contenían datos personales de personas relacionadas con dicha mercantil, cuyo acceso se encuentra restringido y que dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios de que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt [propiedad de Villarejo]”.

La investigación policial se centró en comprobar qué personas accedieron en los días previos a la elaboración de aquel informe del comisario jubilado a las bases de datos donde constan los mismos. Así, los agentes de Asuntos Internos pudieron comprobar que parte de los mismos habían sido consultados por dos inspectores jefes de la Policía Nacional destinados en la lucha antiterrorista, Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente ambos jubilados. Anticorrupción destaca que ambos lo hicieron pese a que en aquel momento no había ninguna investigación abierta al despacho Balder IP Law. Por ello los acusa de un presunto delito de revelación de secreto y otro de cohecho.

Por los mismos delitos declarará como imputado el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente también jubilado. Según detalla el juez en su auto, cuando se registró la vivienda y el despacho del comisario Villarejo se encontró un documento de la Agencia Tributaria de 2013 relacionado con la declaración fiscal del bufete espiado. Relacionado con la consecución de este documento tributario también tendrán que declarar como imputados otros dos policías, que ya estaban siendo investigados en otras piezas del caso Villarejo. Se trata del comisario García Castaño y Antonio Bonilla Martínez, a los que acusa de revelación de secreto y cohecho.

Finalmente, el juez ordena que comparezca como imputado un quinto agente de la Policía Nacional, Antonio Serrano García. A este no lo relaciona con la consecución de información confidencial en las bases de datos policiales, pero si en el supuesto asalto que sufrieron los servicios informáticos de la empresa Balder. Este acudirá acusado por un delito de revelación de secretos.

https://elpais.com/politica/2019/01/16/ ... 66463.html

¿Quieres ser Policía Nacional?

Prepárate con los mejores

joyfepolferes.es

Están saliendo muchas informaciones que apuntan a muchos más Comisarios como el antiguo DAO Eugenio Pino . Este Villarejo se está cubriendo de "gloria" enredando y ha metido en la m..... a muchos.

Gc Edicion 175 Aniversario

gafaspolicia.com

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/0 ... b46a5.html


Policías de la 'operación Kitchen' se quedaron 600.000 euros de fondos reservados

Las notas internas de 'Kitchen': "Bárcenas dice que le han robado y asegura que ha sido el Gobierno"

Un comisario socio de Villarejo declara que el ex jefe de la Policía ordenó investigar la fortuna de Bárcenas

ESTEBAN URREIZTIETA Madrid
1 FEB. 2019 01:58
Mandos policiales que intervinieron en la operación Kitchen ingresaron en sus cuentas bancarias personales más de 600.000 euros en efectivo durante los últimos años procedentes de fondos reservados del Ministerio del Interior.

La investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acreditado, como ha podido confirmar EL MUNDO, abundantes ingresos de dinero en metálico en los depósitos personales de algunos de los comisarios imputados por haber participado en el operativo para espiar al ex tesorero del PPLuis Bárcenas y arrebatarle su arsenal documental contra la cúpula del partido.

Las pesquisas llevadas a cabo por el juez Manuel García Castellón junto a la Fiscalía Anticorrupción han podido documentar la existencia de estas operaciones con fondos de procedencia en apariencia desconocida durante un plazo que se prolonga durante al menos cinco años y en el que se repite de manera periódica la misma y rudimentaria mecánica.


Algunos de los destacados integrantes del operativo policial, que estuvo comandado por el comisario José Manuel Villarejo, en estos momentos en prisión acusado de liderar una organización criminal, y del que formó parte, entre otros, el también mando policial Enrique García Castaño, realizaron ingresos periódicos en sus depósitos bancarios de varios miles de euros. Las cantidades partían de los 1.000 euros y superaban en ocasiones con creces los 5.000.

Según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes policiales, estos fondos procedían de lo que se denominaban «gratificaciones» y que se entregaban en sobres y en mano a los policías que participaban en operaciones consideradas de alto riesgo. Las mismas abarcaban desde las vinculadas al terrorismo como a la referida Kitchen, en la que se acabaron sustrayendo documentos y agendas personales de Bárcenas que nunca fueron entregados al juez que investigaba al ex tesorero popular.

Las mismas fuentes aseguran que el sistema de pago de estos sobresueldos fue institucionalizado desde hace décadas y continuó hasta fechas muy recientes, a pesar de los escándalos que salpicaron los gobiernos de Felipe González por el desvío de estas remesas de fondos públicos. Estos abonos se nutrían de las partidas de fondos reservados de las que disponía la Secretaría de Estado de Interior.


Sobres en mano
Las cifras de fondos manejadas, por ejemplo, por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) durante los últimos años para pagar a confidentes y sufragar los gastos de los operativos policiales, ascendía a unos 300.000 euros mensuales, de los que aproximadamente una tercera parte se destinaban a la Comisaría General de Información. La entrega de los sobresueldos se realizaba mediante sobres que se entregaban en mano a los mandos policiales que, acto seguido, ingresaban el dinero en sus cuentas bancarias sin especificar el origen.

De manera paralela, fue establecido un registro contable mediante el que cada vez que se retiraba dinero para un operativo policial, el receptor del montante total de los mismos estampaba su firma y especificaba los servicios a los que teóricamente iban a ir destinados.

Así, con cargo a la partida que fue adjudicada a la operación Kitchen se realizaron abonos mensuales de 2.000 euros al ex chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a cambio de que reportara puntualmente los movimientos de la familia, las conversaciones privadas que presenciaba o que ayudara en la entrada en sus domicilios sin orden judicial y se apoderara de documentos sensibles vinculados con la contabilidad B del PP.

Pero también con cargo a las mismas partidas, y tal y como reveló este periódico, la Policía compró una pistola al ex chófer de Bárcenas, abonando su importe en una armería madrileña con dinero en efectivo y tramitándole, en este caso a través de la Guardia Civil, la correspondiente licencia de arma corta. Por estos primeros pagos, de los que constan los recibís en el Ministerio del Interior y que ya han sido reconocidos por el propio conductor, el juez y la Fiscalía Anticorrupción advierten la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. En el registro practicado en el domicilio de Villarejo también fueron confiscadas pruebas de estos pagos, que motivaron la apertura de una pieza separada.

Por estos mismos hechos se le imputa el mismo delito de malversación al ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino; al comisario Andrés Gómez Gordo, que participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente y al propio Ríos. La investigación judicial rastrea en estos momentos las cuentas de todos los mandos para cuantificar la cifra final de fondos reservados que se repartieron durante los últimos años.

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El juez investiga irregularidades en la oposición a policía del chófer de Bárcenas

Barajan la hipótesis de que su inusual entrada en el Cuerpo pudo responder a una compensación por los servicios prestados, complementaria a los pagos en efectivo que también percibió

18/08/2019 05:00

Nuevo frente en la pieza del caso Villarejo sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas a cargo de los fondos reservados durante la última etapa del Ejecutivo del PP. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga irregularidades en el acceso a la Policía del que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, la persona que se encargó de suministrar información desde su núcleo íntimo familiar.

Los investigadores barajan la hipótesis de que su inusual entrada en el Cuerpo pudo responder a una compensación por los servicios prestados, complementaria a los pagos en efectivo que también percibió en la etapa en la que el Ministerio del Interior se encontraba bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz. Ríos se encuentra imputado en la séptima pieza separada del caso Tándem, bautizada como Kitchen y que ya salpica a varios mandos policiales a las órdenes de Interior entre los años 2013 y 2015, acusados de promover un control extrajudicial de Bárcenas y el robo de pruebas contra el PP que pudiera tener en su poder.


El chófer del extesorero aprobó las oposiciones en el año 2014 con una trayectoria profesional a sus espaldas cuanto menos rocambolesca


El chófer aprobó las oposiciones en 2014 con una trayectoria profesional a sus espaldas cuanto menos rocambolesca. Fue militar, portero de discoteca, vigilante de seguridad y conductor de cargos 'populares', entre ellos el ahora imputado en Púnica, Francisco Granados. En 2014, cuando contaba con 40 años, dio el salto a la Policía tras superar una oposición que requiere habitualmente de una amplia preparación.

Aprobó las pruebas y superó el curso en la Academia de Policía de Ávila. Juró el cargo en mayo de 2017 y consiguió, tras pasar por destinos en distintos puntos de España, ser ubicado en Madrid en las cercanías de su domicilio familiar, apuntan las fuentes consultadas. Las sospechas sobre si pudo recibir 'ayuda externa' para obtener tanto su actual condición de agente como su actual puesto han conducido a analizar todo el proceso.

En una última declaración ante el instructor prestada de forma voluntaria, Ríos se decantó, tras negarse en un inicio a declarar, por reconocer la mayor parte de los hechos. Tras ser captado con la presunta colaboración del inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, el chófer del extesorero pasó presuntamente a estar a las órdenes del comisario de la Policía Nacional ya jubilado, Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y sus hombres. El Gordo y sus colaboradores le garantizaron un sueldo mensual de 2.000 euros que saldría de los fondos reservados. También le ayudaron con una licencia de arma corta y le prometieron que, cuando la operación Kitchen terminara, le meterían en el cuerpo, como así ocurrió años más tarde. La ayuda del chófer acabó siendo determinante para que Interior pudiera acceder a los papeles que guardaba Bárcenas.
El tribunal de oposición

Entre los aspectos que revisa la Audiencia Nacional se encuentra la composición del tribunal ante el que opositó Ríos en 2015. Para el acceso es necesario superar pruebas físicas, teóricas y de ortografía, un reconocimiento médico, entrevista personal y test psicotécnicos. El temario incluye una cuarentena de temas centrados en las ciencias jurídicas, sociales y técnico-científicas.

La calificación final, que determina el acceso o el rechazo, depende de esos tribunales, cuya composición se publica en el Boletín Oficial del Estado. Para cada convocatoria se conforman hasta cuatro de ellos y uno de suplencia, compuestos por seis miembros cada uno con la participación de inspectores jefe de la Policía y subinspectores.

https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... s_2178411/

Me alegro que por lo menos, se investigue, hay mucho que depurar en las altas esferas

Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

Y ya si investigaran el acceso a la escala ejecutiva por concurso desde la calle sería la repera