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Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Mar, 09 Feb 2016, 23:49
por Bávaro
Psicotécnicos Joyfepol FERES

joyfepolferes.es
Un crimen machista en Málaga destapa corrupción en la Guardia Civil

La reapertura del asesinato de Lucía Garrido en 2008 salpica a 12 guardias y mandos del Instituto Armado, algunos de los cuales ya han sido detenidos la semana pasada

PATRICIA ORTEGA DOLZ
Madrid 9 FEB 2016 - 13:40 CET

La reapertura del caso por la muerte de Lucía Garrido en 2008 en Málaga ha llevado a la detención esta semana pasada del presunto autor material y de un ex guardia civil. El crimen, un caso de violencia machista por ser su marido el presunto inductor, ha sacado a la luz oscuras conexiones con otros asuntos: un doble crimen de dos colombianos, narcotráfico e irregularidades vinculadas al SEPRONA. En total, y hasta el momento, están investigados 12 guardias civiles. Una maraña de corrupción en torno a un solo hombre, Manuel Alonso.

El agente Ignacio Carrasco regresó de los servicios de Información de la Guardia Civil en el País Vasco a su tierra natal de Málaga en 1998. Cambiaba la persecución de etarras en el norte por un puesto en el Seprona en el sur. Diez años más tarde, a sus 47, le daban la baja por “paranoia” tras denunciar “negocios ilegales de superiores” ante otros mandos que "hicieron la vista gorda". “Me querían obligar a multar a empresarios porque no tenían un certificado que ellos se habían inventado”, cuenta. Se negó. Salió del cuerpo pero permaneció en su puesto de secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la provincia. Ahora sus investigaciones particulares empiezan a dar frutos y destapan una maraña de corrupción dentro del instituto armado ligada al asesinato de Lucía Garrido en 2008 que — de momento — ha supuesto la detención del presunto autor material y de un ex guardia civil la semana pasada.

La reapertura y resolución de este crimen archivado, un caso de violencia machista puesto que el crimen fue inducido — según informe policial — por su marido, Manuel Alonso, ha sacado a la luz las conexiones con la doble muerte de dos colombianos, un delito de narcotráfico e irregularidades vinculadas al SEPRONA. En total están investigados — hasta el momento — 12 guardias civiles, entre capitanes, tenientes, cabos y guardias. Un entramado de amistades peligrosas en torno a Manuel Alonso — actualmente en libertad con la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado—, con varias derivadas judiciales que ahora empiezan a ser cruzadas.

La investigación de la muerte de Lucía el 30 de abril de 2008 la llevó a cabo inicialmente el grupo de homicidios de la comandancia de policía judicial de la Guardia Civil de Málaga, a cuyo frente estaba entonces el teniente Valentín Fernández. Aunque el primer sospechoso era Manuel, el marido de Lucía, éste tenía una coartada: estaba a 90 kilómetros del lugar. El caso quedó archivado. Y parte del contenido de las escuchas correspondientes a las intervenciones telefónicas y grabaciones realizadas fueron desestimadas por haber sido calificadas por los investigadores como "sin interés policial". No se conoció su comprometido contenido — hoy bajo secreto de sumario— hasta 2012, cuando el juzgado numero 4 de violencia de género reabrió el caso y le encargó un informe a la policía nacional, gracias al empeño de Rosa Garrido, hermana de Lucía, y del agente Carrasco, unidos inopinadamente en una lucha "por que se haga justicia" que ha durado ocho años con el apoyo de la AUGC.



TIGRES, LEONES Y CERDOS VIETNAMITAS
Un crimen machista en Málaga destapa corrupción en la Guardia Civil

Manuel y Lucía tenían un negocio de animales exóticos en su finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, en cuya piscina fue hallada degollada y golpeada Lucía Garrido el 30 de abril de 2008. Antes habían criado conejos para los cotos de caza, y vendido perros, pero la ambición y el impulso emprendedor de Manuel les llevó a convivir con tigres, leones y cerdos vietnamitas. Él se preparaba, siguiendo los consejos de sus amigos del SEPRONA y según el proyecto presentado en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para obtener una licencia que convirtiera su finca en punto principal de acogimiento de esa clase de animales en Andalucía.

Pero, según las declaraciones prestadas por los testigos en el juzgado, se topó con la resistencia de su mujer que, junto a la hija de ambos, compartían ese hogar-zoológico. Las denuncias de Lucía por amenazas --hasta cuatro-- en el puesto de la Guardia Civil de Alhaurín se sucedieron durante un año, sin que nadie tomase cartas en el asunto.



Un año más tarde de la muerte de Lucía, el 25 de abril de 2009, Manuel fue acusado de matar con su escopeta a dos colombianos en su propia finca, "en defensa propia". Primero imputado y luego puesto en libertad. Caso cerrado. La investigación la llevó a cabo el grupo del mismo teniente de la Guardia Civil y nadie conectó los luctuosos hechos. Al año siguiente, en 2010, ambos — Manuel Alonso y el teniente Valentín — fueron detenidos, junto a otros seis miembros del instituto armado, por la policía nacional en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Málaga y en Melilla. Las actuaciones de este caso se están juzgando actualmente en la audiencia provincial de Málaga y está imputado también un capitán jefe de la policía judicial, Manuel Juan Martín López.

Tres escenarios y al menos tres tipologías distintas de delito en torno a un solo hombre libre, Manuel Alonso, rodeado de guardias (civiles). Tres homicidios en su finca, los tejemanejes de compraventa de animales exóticos con miembros del Seprona -algún guardia llegó a trabajar en su finca y el teniente jefe de ese servicio, Alonso Gómez, declaró a su favor en el juzgado-, según consta en las escuchas telefónicas que se han filtrado. Y un feo asunto de narcotráfico por el que llegó a entrar en prisión.

Sin embargo, mientras la unidad de asuntos internos del instituto armado hace su trabajo y algunos de esos delitos prescriben en distintos juzgados, Alonso sigue en libertad, el teniente del Seprona Alonso Gómez fue ascendido a capitán y destinado en Algeciras, el teniente Valentín está de baja médica o retirado del servicio, el capitán investigado es ya comandante y solo el presunto asesino y un ex guardia han sido detenidos por el asesinato de Lucía Garrido. Pero el empeño del agente Carrasco, que asegura que ha informado de los hechos hasta al Director General de la Guardia Civil mediante una carta enviada al Ministerio del Interior, continúa.

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 30277.html

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Mié, 10 Feb 2016, 16:12
por SEBASTIÁN
CNP Modelo Squad

gafaspolicia.com
Pues presunción de inocencia de momento y esperemos lo que dicte la Justicia. ( aunque sean mandos la mayoría )

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Lun, 14 Nov 2016, 00:00
por Bávaro

foropolicia.es
El guardia civil que iba a limpiar de droga la Costa del Sol y ha acabado en la cárcel

El teniente Valentín Fernández asumió el cargo del jefe del EDOA en Málaga en 2007, pero hace tres meses un juez lo condenó a más de diez años de cárcel por filtrarle información de sus operativos a traficantes de hachís. Sólo el Supremo puede salvarlo.

ANDROS LOZANO @AndrosLozano
13.11.2016 02:16 h.

Llegó para acabar con el narco pero, casi una década después, un juez lo condenó a diez años y medio de cárcel por conchabarse con él. El teniente Valentín Fernández Francisco, un barcelonés nacido hace 48 años, aterrizó en Málaga en 2007 para asumir el cargo de jefe del grupo de la Guardia Civil que debía luchar contra el tráfico organizado de drogas en la poliédrica y glamurosa Costa del Sol, donde ricos de medio mundo se entremezclan con matones a sueldo, camellos y delincuentes de todo pelaje. Antes había pasado por Zaragoza, Tarragona, Burgos o Pamplona, donde formó parte del grupo antiterrorista. Se presentó en la capital malacitana con un expediente lleno de condecoraciones y menciones.

Nada más llegar a la comandancia de la Benemérita en Málaga, el teniente Valentín empezó ganándose la confianza de soplones, a los que pagaba con fondos reservados del Estado. Pasó horas y horas, noche enteras, escuchando pinchazos de teléfonos de gente a la que seguía el rastro.Y organizó operativos que acabaron con la aprehensión de toneladas de hachís y la detención de decenas de personas.

Pero su forma de trabajar, lejos de la ortodoxia a la que le obligaba su cargo, acabarían derrumbando al tipo duro que, según recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, fue capaz de dar chivatazos a narcotraficantes que le filtraban información. A cambio, él hacía la vista gorda con ellos pero lograba descabezar a bandas organizadas que traen chocolate marroquí hasta las costas españolas en velocísimas lanchas neumáticas. El teniente no buscaba dinero, sólo ascender en el cuerpo al que pertenecía. Pero cruzó la delgada línea roja que marca la ley.

Ahora, tres meses después de escuchar de la boca de un juez que se le condenaba a diez años y medio de cárcel, EL ESPAÑOL da con el teniente Valentín, el ex jefe del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) de la Costa del Sol. A la espera de que su abogado presente un recurso ante el Tribunal Supremo, el hijo de Manuel y Purificación goza de libertad condicional y vive en el garaje de una casa de dos pisos que su exmujer, hija de un coronel de la Guardia Civil, tiene en Alhaurín El Grande (Málaga).

Dicen quienes lo conocen que el teniente, que vive medio aislado, toma ansiolíticos para conciliar el sueño. Que fuma varios paquetes de tabaco diarios. Y que, mientras espera la decisión del TS, apenas sale a la calle. En una de las pocas ocasiones que lo hizo, EL ESPAÑOL dio con él.

Fue hace sólo unas semanas, mientras daba un paseo nocturno por los alrededores de su refugio. Dentro, cuentan desde su entorno, tiene una cama, un baño con ducha, varios percheros con ropa y una mesa de escritorio con un flexo y un ordenador donde cada día repasa toda la documentación de su caso. Él siempre ha sostenido que es inocente, pero una sentencia lo contradice.

EL ESPAÑOL narra en cinco pasajes la historia del guardia civil que quiso comerse al narco y el narco acabó engulléndolo a él.

1. ‘OPERACIÓN SABINA’: EL INICIO DE TODO.

Aquella noche, la del lunes 19 de octubre de 2009, una luna menguante apenas iluminaba la arena de la playa Guadalmar, a las afueras de Málaga. A esa hora, las 23.50, los cristales de las ventanas de varios coches aparcados por la zona estaban empañadas. Dentro de ellos, algunos chicos jóvenes ofrecían servicios sexuales a hombres de entre 40 y 50 años. A simple vista se trataba de una noche más en la Costa del Sol.

A unos 150 metros de la orilla, por una estrecha carretera secundaria con pinares a ambos lados, el ex guardia civil Paco Navarrete, jubilado tras un accidente, conducía su Renault Laguna color champán en dirección a la autovía que va hacia Málaga. Iba despacio, confiado, sin temor a nada. Era tarde y quería meterse en la cama.

Pero de repente un Volskwagen Golf plateado irrumpió en su camino cortándole el paso. Tras frenar con brusquedad, el ex guardia civil -metro sesenta y cinco, bíceps cincelados, pelo ralo- tragó saliva. Un operativo conjunto de la Benemérita y de la Policía Nacional lo acababa de cazar.

“¡Quieto, arriba las manos! ¡Quieeeto, j****!”, le gritaban mientras lo encañonaban para sacarlo de su coche. “He estado con una mujer casada pasando un buen rato en ese descampado”, dijo Navarrete a modo de excusa mientras lo engrilletaban por la espalda. Pero los agentes sabían que mentía.

Antes de que lo introdujeran en el Golf, a Navarrete le dio tiempo a volver la mirada y contemplar, entre tiros y gritos lejanos, cómo el foco de un helicóptero se posaba sobre una lancha que llegaba a la orilla cargada con una tonelada de hachís. La habían perseguido durante diez minutos, desde que la localizaron a la altura de la vecina playa de La Araña.

Tras divisar aquella escena, Navarrete agachó la cabeza y se acomodó en los asientos traseros del vehículo policial. Sabía que su futuro más inmediato pasaba por la soledad de una celda. Él, presuntamente, formaba parte de esa organización de narcotraficantes de hachís.

Aquella noche el piloto de la lancha, Antonio José Mata, logró huir. Pero la Benemérita y la Policía Nacional detuvieron a 13 individuos y se incautaron de 36 fardos de chocolate. Muchos de los arrestados eran cargadores, los hombres que trasvasan la mercancía de la lancha hasta todoterrenos. Mientras, el jefe de todos ellos, Carlos El Furi, esperaba en Barcelona una llamada diciéndole que todo había salido bien. Pero el teléfono nunca sonó.

Entre los detenidos también estaban, además del ex guardia civil Navarrete, un compañero del cuerpo todavía en activo, el agente Juan De las Heras, destinado en el cuartel del Rincón de la Victoria (Málaga). A De las Heras lo capturaron a menos de un kilómetro de allí subido en su Peugeot 405 azul marino. Aunque iba armado con su pistola reglamentaria no opuso resistencia. A ambos se les acusó de dar protección y seguridad a los narcos que trataban de alijar en la playa.

Todo aquel dispositivo, englobado en la operación Sabina, lo coordinaron mano a mano y en colaboración con Vigilancia Aduanera el teniente de la Guardia Civil Valentín Fernández Francisco (nuestro protagonista) y el inspector de Policía Nacional Francisco Matesanz.

Cuando Navarrete fue trasladado hasta la comandancia de la Guardia Civil en la capital malacitana vio al teniente Valentín y reconoció aquella cara que se había encontrado un cuarto de siglo atrás en Guadalajara, durante el curso del Grupo de Acción Rural (GAR) de la Benemérita, donde ambos coincidieron siendo jóvenes uniformados.

En el patio de la comandancia, mientras lo llevaban a los calabozos y pese a que habían pasado 25 años, Navarrete se atrevió a pedirle al teniente un favor de antiguo camarada. “Retírame las armas y el dinero de mi casa, por favor”. Pero Valentín Fernández, al que le sacó una sonrisa irónica aquella petición, se negó en rotundo.

Desde su llegada a Málaga el teniente siempre rivalizó con Francisco Matesanz, inspector del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional en la misma zona. Eran dos sabuesos compitiendo en un mismo territorio.

Pero lo que nunca imaginó Valentín Fernández, considerado un hombre duro dentro del cuerpo y, en apariencia, obsesionado con cazar a los mercaderes del hachís -separado y con tres hijos, trabajaba de lunes a domingo y apenas tenía vida social- es que Francisco Matesanz lo empezaría a investigar sólo un mes después del operativo de Guadalmar.

Una revelación de uno de los detenidos, precisamente de Paco Navarrete, fue el detonante para que, a finales de 2010, él sintiera en sus propias carnes el frío y la presión de unas esposas.

2. NAVARRETE, CONFIDENTE DE LA POLICÍA

Cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 14 de diciembre de 2009. El por aquel entonces jefe del GRECO en la Costa del Sol, Francisco Matesanz, viajó desde Málaga hasta la prisión sevillana, donde hay un módulo exclusivo para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Allí se encontró con Navarrete, el ex guardia civil detenido un mes antes en la playa de Guadalmar y al que, cuando se le registró su casa, en Coín (Málaga) se hallaron 40.000 euros en efectivo. Matesanz tenía la sospecha de que alguien le había dado un chivatazo a Carlos El Furi, el líder de la banda que pretendía desarticular en la operación Sabina, para que huyera de su refugio en Barcelona (la calle Londres, 33), donde lo habían ubicado unas escuchas los días previos al alijo. El jefe del GRECO quería que Navarrete le contara todo lo que sabía.

Allí, según el oficio policial redactado por el propio Matesanz, Navarrete le contó, entre otras cosas, que sabía que el teniente Valentín había filtrado información sobre el operativo de Guadalmar, que pagaba a sus confidentes con droga o que estaba compinchado con un agente de su grupo, Juan Francisco Orellana, y la mujer de éste, la abogada Lourdes García. La letrada sería conocedora de los oscuros negocios de su esposo y le habría ayudado a blanquear el dinero obtenido con el narcotráfico de diferentes modos, como la compra de inmuebles en Marruecos.

Durante el encuentro entre policía y reo en prisión, Navarrete también acusó al teniente Valentín de haber robado 45.000 euros a su compañero De Las Heras cuando, tras la detención de ambos en la playa de Guadalmar, le registraron su pabellón en la casa cuartel del Rincón de la Victoria, donde estaba destinado.

Además, Navarrete relató haber sufrido un trato degradante y vejatorio por parte del teniente en los días previos a su ingreso en la cárcel, que los pasó en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga.

Tres días después de aquel encuentro, Navarrete quedó en libertad y se convirtió en colaborador del GRECO.

Un mes más tarde, en cambio, cuando declaró en sede policial y pese a que volvió a repetir las mismas acusaciones contra el teniente, no hizo referencia alguna a la supuesta filtración de información a Carlos El Furi, como en cambio sí se recogía en el informe policial de Matesanz acerca del encuentro entre ambos en prisión.

Sin embargo, el inspector Matesanz usó aquellas palabras en la cárcel de Navarrete para abrir diligencias e iniciar una investigación sobre el jefe del EDOA.

3. LA REUNIÓN EN UNA VENTA DE CARRETERA

Convertido ya en confidente de la Policía Nacional, Navarrete trató de acercarse al teniente Valentín con el objetivo de sacarle información de provecho para el inspector Matesanz. Para ello, el 27 de enero de 2010 Navarrete se reunió con uno de los más íntimos colaboradores del teniente, Juan Francisco Orellana, alias Oscar, quien le había llamado el día anterior para verse con él cuanto antes. Orellana era un agente corrupto conchabado con los narcos.

A Orellana, ocultándole su nueva faceta, Navarrete le dijo que había salido de la cárcel en libertad condicional tras pagar la fianza y le dijo que quería convertirse en confidente del EDOA.

En ese encuentro, Orellana le dijo a Navarrete que ambos podrían seguir traficando con droga si empezaban a colaborar juntos. Es entonces cuando hablan de cifras: Orellana le dijo a Navarrete que ganaría 150.000 euros por cada 1.000 kilos de hachís traídos a España. Además, le ofreció impunidad y le dijo que pronto se volverían a ver, esta vez en presencia del teniente Valentín.

Esa segunda cita se produjo una semana después. El 4 de febrero de 2010 se vieron el teniente Valentín, su compañero Orellana y el ex guardia civil Navarrete, que registró toda la conversación con una grabadora para filtrársela después al inspector Matesanz.

En ese segundo encuentro, que se dio a las afueras de Alhaurín El Grande, en el aparcamiento de la venta Vázquez y dentro de un todoterreno decomisado a un narco, el teniente Valentín le ofreció a Navarrete colaborar con el EDOA, el grupo que él lideraba, con el fin de facilitarle información de alijos de narcotraficantes. Sin embargo, como en cambio sí sucedió en ese primer contacto con Orellana, en ningún momento hablaron de nada vinculado con enriquecimiento ilícito.

Eso sí, Orellana le dijo a Navarrete en presencia del teniente: “Tú, depende como te lo montes, puedes sacar de los dos lados”, de lo que se infiere que el guardia civil jubilado podría cobrar como confidente ciertas cantidades de dinero procedente de los fondos reservados del Estado y también llevarse algo del hachís que ellos decomisasen a raíz de la información que él les consiguiera.

La colaboración entre el teniente Valentín y Navarrete continuó durante mes y medio tan sólo. A finales de marzo de 2010 el jefe del EDOA de la Costa del Sol decidió desvincularse del excompañero del cuerpo. No le estaba siendo útil.

4. EL SOPLÓN SOUFIANE BOUGRINE

El 21 de febrero de 2010, con sus cuatro teléfonos intervenidos por el inspector Matesanz, el teniente Valentín supo que esa misma noche, en la playa de Cabopino (Marbella), se iba a producir un alijo de casi 2.200 kilos de hachís.

Uno de sus mejores confidentes, el marroquí Soufiane Bougrine, quien mantenía una estrecha relación con el teniente y con su compañero Orellana, fue quien le dio los datos exactos de la movida (en el argot, desembarco de droga en la playa). A cambio, meses después Soufiane se embolsó 3.000 euros que salieron de la caja de los fondos reservados. Pero, en realidad, se quedó sin el premio que tanto ansiaba.

Aquella noche Soufiane, en connivencia con un italiano, Marco Antonio Aragu Ledesma, orquestó el robo de la droga para quedarse con parte de ella. El modus operandi era arriesgado, pero les merecía la pena probar suerte: el italiano, junto a varios secuaces, se harían pasar por policías armados en cuanto la lancha tocara la arena de la orilla. A punta de pistola se harían con el cargamento.

Mientras, Soufiane se llevaría 300 kilos de ese hachís en una furgoneta que conducirían los hermanos Jamal y Sellan Yazidi Nassim, a quienes les dijo que contaba con el consentimiento del teniente Valentín y de su subalterno Orellana. No les mentía. Ambos iban a permitir que Soufiane se llevara parte de la droga decomisada y ellos habrían detenido tanto a los traficantes como a los ladrones italianos.

El teniente Valentín había acordado con Soufiane que los agentes del EDOA actuarían con posterioridad al desembarco de la droga y a la entrada en la playa de los falsos policías. Sin embargo, aquella noche le acompañó su capitán, Manuel Martín López, quien ordenó a sus chicos que intervinieran con urgencia y antes de lo previsto por el teniente Valentín.

Fue entonces, en torno a las 22.20 horas de aquel 21 de febrero de 2010, cuando el operativo dispuesto por la Guardia Civil se precipitó. Antes de que Marco Antonio Aragu entrara en escena y le entregase 300 kilos a los compinches de Soufiane, la Benemérita irrumpió y detuvo a 10 personas. El italiano logró huir a la carrera y evitar el cerco policial. Hubo una decena de detenidos.

Con el propósito de ocultar lo verdaderamente ocurrido al Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, encargado de la instrucción del procedimiento-, el teniente Valentín, pese a que conocía la pretensión de Marco Antonio Aragu a través de su confidente Soufiane, en el atestado no reflejó que el italiano pretendía robar la droga y entregarle 300 kilos al soplón marroquí que colaboraba con él.

En aquel atestado el teniente Valentín también omitió cualquier referencia a Soufiane Bougrine y mintió al señalar que el operativo se había puesto en marcha por la detección, a las 19 horas de la tarde, de una embarcación a través de las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Externa (SIVE) que vigila todo el litoral andaluz. Era falso. Él lo supo por la información filtrada por su confidente Bougrine.

5. DETENCIÓN, JUICIO Y CÁRCEL

Después de aquel operativo en una playa marbellí, el GRECO de la Policía Nacional, con su inspector Francisco Matesanz al frente, cazó de nuevo al teniente Valentín colaborando en otro alijo con uno de sus confidentes.

En esta segunda ocasión fue con José Aído. Gracias a éste el teniente Valentín fue conocedor del traslado desde Melilla hasta Francia de una furgoneta cargada de hachís. Como en el caso de Marbella, el jefe del EDOA de la Guardia Civil actuaría en connivencia con Aído a cambio de reventar él mismo la operación.

El 16 de diciembre de 2010, tras pasar casi un año siendo investigado por su homólogo de la Policía Nacional, al teniente Valentín se le detuvo en su despacho de la comandancia de Málaga. Después de pasar siete meses en prisión en un módulo para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, salió en libertad condicional.

Pese a que la Fiscalía Antidroga solicitó para él 35 años de prisión, el pasado 23 de septiembre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga lo condenó a 10 años y medio de cárcel y al pago de multas por valor de 3.153.000 euros por varios delitos contra la salud pública y falsedad.

Sin embargo, la sentencia reconoce que el teniente no actuó con el fin de lucrarse, sino que benefició a varios de sus confidentes para poder llevar a cabo con éxito más operativos y desarticular un mayor número de bandas organizadas. O lo que es lo mismo: quería que se le reconocieran sus méritos dentro del cuerpo fuese como fuese. Incluso aliándose con narcotraficantes.

Mientras, su fiel compañero, Orellana -quien también fue detenido- aún está a la espera de condena. Pocos días antes del inicio del juicio oral en la Audiencia de Málaga se fugó del país rumbo a México. Pero a mediados de septiembre de este año volvió a ser detenido y trasladado hasta Madrid por la policía azteca.

A su vez, Paco Navarrete, el hombre por el que el teniente Valentín puede pasar la próxima década entre rejas, disfruta de la libertad condicional a la espera de juicio, aunque ya no colabora con la Policía Nacional.


http://www.elespanol.com/reportajes/gra ... 240_0.html

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Dom, 12 Nov 2017, 16:37
por Bávaro
Cartera porta placa CNP

fabricado en piel de vacuno
enpieldeubrique.com
MÁLAGA
Un crimen 'oculto' que salpica a la Guardia Civil


La apertura del caso de la muerte de dos colombianos en 2009 en una finca de Alhauín de la Torre recupera uno de los escenarios delictivos más turbios, donde también murió Lucía Garrido

M. JOSÉ GARDE
Málaga, 12 Noviembre, 2017 - 02:07h

La muerte de dos ciudadanos colombianos en la finca 'Los Naranjos' de Alhaurín de la Torre la noche del 25 de abril del 2009 volverá a ser investigada, después de que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga haya decidido revocar un auto previo que ordenaba cerrar el caso sin ningún procesamiento. Los jueces creen ahora, ocho años después, que "algo permanece oculto" en torno a aquellas muertes, atribuidas en legítima defensa al dueño de la finca, Manuel Alonso Herrero, que a su vez será investigado por la muerte de su ex mujer, Lucía Garrido, en 2008.


Tres muertes en un mismo escenario, con un solo año de diferencia, con idéntico protagonista al que la Justicia vuelve a seguir la pista, y todo ello en medio de un enrevesado asunto de relaciones de dudosa legalidad que salpicó a agentes y mandos de la Guardia Civil de Málaga.

El auto dictado por la Sección Novena en octubre pasado, viene a decir que el acta de la inspección ocular realizada en el lugar del suceso tras la muerte de Derian José Morales Feria y de Edward Andrés Gómez Tabares, con puntos no aclarados, junto a la información que el fiscal jefe de Málaga aportó a la causa, "obliga a agotar la investigación" y ordena nuevas diligencias.

Según figura en los fundamentos de derecho del auto, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, los dos hombres accedieron al interior de la finca con otras personas y provistos de armas cortas y fueron sorprendidos por el dueño de la casa, que les disparó con una escopeta de caza de su propiedad, causando su muerte.

El auto recuerda también que el 21 de diciembre de ese mismo año, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por entender que el señor Alonso habría actuado en legítima defensa". En mayo del 2015, el fiscal jefe de Málaga remitió al juzgado información proporcionada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que ponía de manifiesto la "posible relación" del hasta entonces único investigado con varios agentes pertenecientes a dicho cuerpo policial". Estos agentes, según Asuntos Internos, estaban implicados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. El informe de esta unidad de investigación concluía que los colombianos fallecidos accedieron a la finca con la intención de robar cocaína y que Manuel Alonso conocía el plan, los estaba esperando y cometió el asesinato "instigado" por varios agentes de la Guardia Civil. La jueza que investigó el caso tomó declaración a los agentes, pero cerró el sumario sin procesarlos al no haber encontrado motivos para el delito de inducción al asesinato.

La Asociación Unficada de la Guardia Civil recurrió el archivo al entender que la muerte de los colombianos «es absolutamente incompatible con la legítima defensa» y que «existen hechos delictivos cometidos por otras personas, incluidos guardias civiles, dotados de la suficiente gravedad como para que no puedan entenderse como prescritos».

Para esta asociación, el dueño de la finca sabía que los asaltantes iban a acudir allí, con fecha y hora, «y estaba preparado para ello, esperándoles». Otros indicios tampoco encajan con un supuesto de legítima defensa, como la disposición de las armas encontradas en la vivienda, o el hecho de que la pistola hallada junto a uno de los cuerpos, y que según los investigadores fue usada por uno de los fallecidos, no tuviera restos de su ADN.

En esa misma vivienda, Lucía Garrido apareció muerta el 30 de abril de 2008. Su cuerpo se halló flotando en la piscina, con contusiones y un corte en la yugular. El ex marido presentó una coartada solvente; que el día del crimen no se encontraba en Alhaurín de la Torre. Dos años después, Alonso fue detenido en una operación contra el narcotráfico junto al teniente de la Guardia Civil de la unidad encargada de investigar esos delitos y que además llevó las pesquisas sobre la muerte de Lucía.

Tras sucesivos archivos y reaperturas de la causa, vinculado incluso a una red de drogas, ahora la muerte de esta mujer será juzgada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 como un crimen machista, aunque el ejecutor material del asesinato no fue su ex pareja sino, presuntamente, un ciudadano español detenido en enero del 2016 en Mijas, al que se responsabiliza de haber ejecutado su muerte por encargo.




La AUGC, clave en la reapertura de la investigación

La Asociación Unificada de la Guardia Civil, colectivo mayoritario en el Cuerpo y entre cuyos fines está perseguir la corrupción en el seno de la Guardia civil, ha sido decisiva para que se reabra la causa contra el ex marido de Lucía Garrido. Los propios jueces de la Sección novena de la Audiencia, que han aceptado sus tesis para seguir investigando el caso de los colombianos, sostienen en el auto que "la actuación procesal de esta asociación profesional debe ser valorada no sólo por el esfuerzo económico que ha realizado -depositaron 6.000 euros de fianza- para que se la tenga por personada, sino sobre todo por el propósito que la inspira, que no es otro que se determine la posible implicación de unos hechos que, de ser ciertos tal y como se plantean, serían extraordinariamente graves, de varios agentes de dicho cuerpo policial, y que sin su intervención podrían quedar impunes". De esta forma, los jueces valoran el esfuerzo de esta asociación por poner ante la justicia la corrupción instalada en el seno de la Benemérita.


http://www.malagahoy.es/malaga/crimen-o ... 81374.html

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Mar, 11 Dic 2018, 00:33
por Bávaro
REPORTAJES CRIMEN DE LOS NARANJOS
Lucía, el crimen de la piscina sin castigo: un novio que la odiaba, drogas y guardias corruptos


La familia de Lucía Garrido defiende que los turbios negocios de su ex pareja con la cúpula antidroga de la Guardia Civil provocaron su muerte en Málaga y una pobre investigación posterior.

Hay cuatro personas procesadas. Dos son guardias civiles. También un empresario con antecedentes penales y Manuel Alonso, el padre de su única hija. Todavía no hay fecha para el juicio.

Detenido el presunto autor del "crimen más negro" de Málaga.

9 diciembre, 2018 19:39
Pepe Barahona Fernando Ruso

“Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema del narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos, hoy mi hermana seguiría viva”. Rosa Garrido se muestra tajante al explicar los porqués del asesinato de Lucía, una joven malagueña de 35 años encontrada muerta en la piscina de una finca con un golpe en la cabeza, los pendientes arrancados, ahogada y con una puñalada en el cuello. “Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel”, defiende diez años después de los hechos, por los que todavía no hay condenados.

Rosa, ex empleada de El Corte Inglés de Málaga, recibió la noticia del asesinato de su hermana mientras trabajaba. En uno de sus descansos, echó mano del teléfono móvil. El aparato no paraba de sonar. Al descolgar, escuchó la voz entrecortada, llorosa y desconsolada de una amiga íntima de la familia: “Rosa, Rosa, no sé cómo decírtelo; tu hermana está muerta en la piscina”. Era el 30 de abril de 2008.

En ese preciso instante, Rosa recordó aquello que meses antes le había confesado con insistencia su hermana: “Si me pasa algo, quédate con mi hija”. Y así fue, tras el asesinato, Rosa se hizo cargo de la adolescente, que ha puesto tierra de por medio de su Málaga natal para reiniciar una vida marcada por la tragedia. “Yo no la creí —se autoinculpa—, y eso me pesa muchísimo”.


El asesinato de Lucía Garrido: así fue el crimen de Los Naranjos

Ya en el lugar de los hechos, la finca Los Naranjos —situada en Alhaurín de la Torre, un municipio situado a 18 kilómetros de Málaga capital—, con el cuerpo de su hermana todavía flotando en la piscina, Rosa empezó a hacerse preguntas. “La Guardia Civil me dijo de primeras que se barajaba la posibilidad de que fuera un suicidio”, argumenta Rosa, de 56 años, afligida cuando reconstruye los detalles que rodearon la muerte de su hermana.

Un asesinato con la connivencia de la Guardia Civil

“¿Un suicidio? Vamos, eso es un insulto a la inteligencia en toda regla. ¿Quién se suicida así?”, se pregunta todavía a día de hoy. “Ahí empezamos a sospechar”, explica. Rosa recuerda que a partir de ese momento empezaron a llamar a todas las puertas posibles. Algunas no se abrían; otras se cerraban en sus narices cuando sugerían que en la muerte de Lucía podía haber connivencia de la Guardia Civil.

—¿Pero la pareja de Lucía era guardia civil?

—No, no lo era, pero tenía muchos vínculos con la Guardia Civil. No lo era [insiste], pero parecía mandar más que alguno de ellos.

La relación entre Manuel Alonso, actualmente procesado por el asesinato de Lucia Garrido, y la Guardia Civil se explica por la finca Los Naranjos. Se trata de un terreno en el que además de la vivienda familiar había un núcleo de animales exóticos que él recibía de las requisiciones del SEPRONA. Allí se custodiaban tigres, leones, ocelotes y todo tipo de bestias con las que el propio Manuel se fotografiaba, incluso con su hija portando un rifle.

La pareja Lucía y Manuel, que nunca llegó a casarse, construyó la vivienda con sus propias manos. Detrás estaban alojados los animales, que a modo de zoológico recibía la visita de escolares de forma recurrente.

Allí vivió la pareja, aparentemente felices a ojos de sus vecinos y de su propia familia, dos años antes de tener a su única hija. Rosa trata de recordar que Lucía, peluquera de profesión, conoció a Manuel en un bar y que de ahí surgió el amor. “No sé si por parte de ambos o solo por parte de ella”, se cuestiona años más tarde. Él estaba separado y tenía dos hijos de una relación previa. Y Lucía presumía que él la hacía feliz. Tanto que quiso cumplir con él su deseo de ser madre. “Era la ilusión de su vida”, explica su hermana. “Y fue feliz, muy feliz”, insiste Rosa.

“Hasta que se dio cuenta de lo que allí se manejaba”, apunta la hermana. Entonces empezaron los problemas en la pareja, las discusiones y las denuncias en los juzgados. Lucía comenzó a separarse poco a poco de su familia. Desde fuera pensaban que las ínfulas de su nuevo nivel de vida se le habían subido a la cabeza. Ahora saben que estaban equivocados. “A ella la alejaron de la manada, porque así sería más vulnerable”, sostiene Rosa. Y el carácter alegre y simpático de Lucía cambió.

Hasta cinco denuncias por malos tratos sin orden de alejamiento

La pareja rompió su relación cuando la niña había cumplido los dos años. “Pero ella lo perdonó”, puntualiza Rosa a EL ESPAÑOL. A partir del año 2007 las denuncias fueron reiteradas, al menos cinco, “pero la jueza no le dio credibilidad y no dictó orden de alejamiento”, recuerda su hermana. Sus visitas a la casa cuartel fueron varias para demostrar su miedo. En una de ellas aseguró que no vivía tranquila al saber que su pareja tenía armas de fuego a su alcance. Se sentía amenazada.

“Un agente de paisano acudió días después, con su mujer y la compra del Mercadona y se llevó todas las armas. ¿Por qué se las llevó si no estaba en su horario de servicio? ¿Qué quería esconder la Guardia Civil?”, se pregunta Rosa, esta ‘hermana coraje’ que ha protagonizado la lucha por saber la verdad, tratando de restar presión a su madre, de 90 años.

Manuel Alonso rompió la relación con Lucía en ese mismo año 2007. “Él tenía una amante”, puntualiza la hermana de la fallecida. La joven, con su hija, buscó ayuda en su familia. Volvió muy débil, física y anímicamente, y con el deseo de que su hermana Rosa la acompañase a resolver los temas pendientes en los juzgados.

Según el testimonio de la hermana de Lucía, la educación de la hija de ambos se judicializó, todas las decisiones pasaban por un juez. Y ella consiguió hacerse con la vivienda de la finca Los Naranjos para vivir con su hija. Esa decisión, sigue explicando Rosa, no sentó bien a Manuel, “que para echarla de la finca le cortó la luz, el agua y hasta le llegó a estropear los electrodomésticos”.

Manuel alquiló una casa colindante a la finca. “Ella se sentía muy amenazaba porque él daba golpes de madrugada”, narra Rosa. Lucía llegó a cambiar la cerradura. Aunque eso no aminoró sus temores. “Él dejaba días sin comer a los leones y ella temía que los dejase sueltos y hambrientos, lo que podría en peligro a ella y a su hija”, argumenta la hermana.

“Si desaparezco, buscadme en la jaula del león”

La psicosis fue tal que días antes de morir, Lucía llamó a su hermana. La conversación, según recuerda Rosa, fue así: “Si desaparezco, buscadme en la jaula del león, porque algo quedará, un pelo, un diente, una uña…”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, en la que no se señalaron culpables de la muerte de Lucía Garrido, sí estimaba indicios —“sin ánimo de prejuzgar”, dice el texto— de la participación de Manuel Alonso. Cita el escrito la “gran hostilidad derivada de la situación matrimonial, que fue muy conflictiva por el deseo de él de recuperar la finca Los Naranjos”.

La sentencia también recoge el testimonio de una vecina que presenció una contundente amenaza: “Si no se iba por las buenas, saldría por las malas y en una bolsa de plástico”. Esta misma fuente atribuye a Manuel esta otra frase: “Por las buenas puedo con todo, pero por las malas soy muy malo”. Y que el acusado solía comentar que si alguna persona entraba al recinto a hacer algo, “le pegaría dos tiros y luego metería el cadáver en la jaula del tigre para que se lo comiese”.

Finalmente, a Lucía la encontraron ahogada en la piscina. Doce meses después de la muerte de la joven, tras recuperar Manuel Alonso la finca, dos colombianos accedieron a Los Naranjos y él cumplió su palabra. Descerrajó dos disparos con una escopeta, uno a cada uno, con tanta proximidad que parte de los cartuchos quedaron incrustados en el cuerpo de los fallecidos.

La investigación determinó que fue en defensa propia. “Pero eso está por ver, todavía no ha acabado”, concreta Rosa a EL ESPAÑOL, anticipando la estrategia que sus abogados trazan para vincular la muerte de estos dos colombianos con la de su hermana Lucía.

Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, a las que tuvo acceso Rosa, los colombianos era dos sicarios. “Yo pensé que eran ellos los que habían matado a Lucía, pero los agentes se negaron en rotundo. ‘¿Sabes lo que es una guardería?’, me preguntaron los guardias civiles. Yo les respondí que era donde estaban los niños pequeños. Los agentes se rieron. ‘Una guardería es donde se guarda droga. ¿Tu hermana te contó algo de eso?’, me insistieron. Yo les dije que no —asegura Rosa—, pero a mí me quedó la sensación de que detrás del cuidado de animales, de la venta de perros y demás actividades estaba el negocio del narcotráfico”.

El protegido por los guardias civiles corruptos

La relación de Manuel Alonso con el narcotráfico y algunos miembros corruptos de la Guardia Civil se demostró en 2010, cuando cayó detenido en una operación orquestada por la Policía Nacional en la que también se detiene al teniente Valentín Fernández, jefe del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) en Málaga, al que le imponen una pena de diez años. A la ex pareja de la asesinada Lucía lo condenan a tres años por tráfico de drogas al probarse en el juicio de la Audiencia Nacional que hacía de enlace para comprar los estupefacientes en Melilla e importarlos a la península.

La relación probada entre Manuel Alonso y el teniente Valentín, responsable de la investigación de la muerte de Lucía Garrido, hizo saltar las alarmas en la familia de la joven, que comprendía así el porqué de la pobre investigación. Con la coincidencia acuden a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Málaga, que tiene entre sus estatutos la lucha contra la corrupción en el Cuerpo.

La implicación y ayuda del delegado de la AUCG en Málaga, Ignacio Carrasco, un agente retirado de 55 años y con 30 años de experiencia, ha facilitado que el caso de Lucía Garrido se vuelva a reabrir, argumentando los servicios jurídicos de esta organización que la investigación del asesinato no había sido todo lo independiente o imparcial que debió ser.

“El caso de Lucía es bastante complejo por las circunstancias que inciden en él: existe corrupción policial, tráfico de drogas, sospechamos que también tráfico de armas —denuncia Carrasco—; esta complejidad ha hecho que pocos quieren que se sepa la verdad y lleguemos al fondo de este asunto”.

Y sigue. “En este caso ha habido pérdida de pruebas, ni la voluntad de hacer una instrucción rápida", sostiene el delegado de la AUGC. Por eso el caso se archivó sin ningún imputado en la causa. "En 2012, la familia se puso en contacto con nosotros. Entonces pusimos en marcha nuestra propia investigación y pusimos nuestros servicios jurídicos a disposición de la familia. Ahí empezó a vislumbrarse una instrucción más real que la anterior”.

Asesinada por miedo a que “destapase el pastel”

Todavía no hay fecha señalada para el juicio, pero ya hay cuatro personas procesadas por el asesinato de Lucía Garrido. De ellos, dos son guardias civiles y los otros dos, un empresario con antecedentes penales por delincuencia común y Manuel Alonso. La Audiencia Provincial ve indicios, hasta catorce, de la participación de Manuel Alonso en la muerte de Lucía. Actualmente todos están en libertad, si bien el empresario y uno de los guardias civiles han estado en prisión preventiva dos años.

Manuel se aferra a una coartada que lo sitúa en Cádiz en el momento de los hechos. Hay facturas de comidas, de gasolineras y de autopistas que arman su tesis, también grabaciones de cámaras de seguridad. Ocho años después de la muerte de Lucía, una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil logró identificar a otro de los sospechosos. Sin dar más datos, la clave está en el ADN de este sujeto.

Cansada por el proceso judicial, Rosa espera que esta segunda oportunidad sirva para esclarecer el asesinato de su hermana. “Nosotros hemos sufrido una doble pena: la primera ha sido perder a mi hermana —detalla la malagueña—; la segunda, estar diez años sin conocer quiénes fueron los culpables del asesinato”.

—¿Cómo lleva que diez años después todavía no haya un culpable?

—Queda el dolor, pero la pena la he transformado en fuerza. No sé de dónde me nutro, pero no me abandona. Tengo que luchar contra esta gente. Y hago hincapié en que no voy contra la institución, solo contra los corruptos y aquellos que hicieron la vista gorda.

—¿Qué papel tiene la droga en la muerte de su hermana?

—Creemos que fue el actor principal. Al principio no lo entendíamos, pero ahora sí. Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema de narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos hoy mi hermana seguiría viva.Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel. Ella decía que su único delito era amar a Manuel demasiado, se enamoró completamente de él.

https://www.elespanol.com/reportajes/20 ... 129_0.html

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Mié, 12 Dic 2018, 00:25
por boadil2
En fin, es tremendo leer todo esto...... >:( :España:

Re: Presunta trama de corrupción en la Guardia Civil

NotaPublicado: Dom, 16 Dic 2018, 23:31
por Bávaro
DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
Bávaro escribió:REPORTAJES CRIMEN DE LOS NARANJOS
Lucía, el crimen de la piscina sin castigo: un novio que la odiaba, drogas y guardias corruptos


La familia de Lucía Garrido defiende que los turbios negocios de su ex pareja con la cúpula antidroga de la Guardia Civil provocaron su muerte en Málaga y una pobre investigación posterior.

Hay cuatro personas procesadas. Dos son guardias civiles. También un empresario con antecedentes penales y Manuel Alonso, el padre de su única hija. Todavía no hay fecha para el juicio.

Detenido el presunto autor del "crimen más negro" de Málaga.

9 diciembre, 2018 19:39
Pepe Barahona Fernando Ruso

“Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema del narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos, hoy mi hermana seguiría viva”. Rosa Garrido se muestra tajante al explicar los porqués del asesinato de Lucía, una joven malagueña de 35 años encontrada muerta en la piscina de una finca con un golpe en la cabeza, los pendientes arrancados, ahogada y con una puñalada en el cuello. “Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel”, defiende diez años después de los hechos, por los que todavía no hay condenados.

Rosa, ex empleada de El Corte Inglés de Málaga, recibió la noticia del asesinato de su hermana mientras trabajaba. En uno de sus descansos, echó mano del teléfono móvil. El aparato no paraba de sonar. Al descolgar, escuchó la voz entrecortada, llorosa y desconsolada de una amiga íntima de la familia: “Rosa, Rosa, no sé cómo decírtelo; tu hermana está muerta en la piscina”. Era el 30 de abril de 2008.

En ese preciso instante, Rosa recordó aquello que meses antes le había confesado con insistencia su hermana: “Si me pasa algo, quédate con mi hija”. Y así fue, tras el asesinato, Rosa se hizo cargo de la adolescente, que ha puesto tierra de por medio de su Málaga natal para reiniciar una vida marcada por la tragedia. “Yo no la creí —se autoinculpa—, y eso me pesa muchísimo”.


El asesinato de Lucía Garrido: así fue el crimen de Los Naranjos

Ya en el lugar de los hechos, la finca Los Naranjos —situada en Alhaurín de la Torre, un municipio situado a 18 kilómetros de Málaga capital—, con el cuerpo de su hermana todavía flotando en la piscina, Rosa empezó a hacerse preguntas. “La Guardia Civil me dijo de primeras que se barajaba la posibilidad de que fuera un suicidio”, argumenta Rosa, de 56 años, afligida cuando reconstruye los detalles que rodearon la muerte de su hermana.

Un asesinato con la connivencia de la Guardia Civil

“¿Un suicidio? Vamos, eso es un insulto a la inteligencia en toda regla. ¿Quién se suicida así?”, se pregunta todavía a día de hoy. “Ahí empezamos a sospechar”, explica. Rosa recuerda que a partir de ese momento empezaron a llamar a todas las puertas posibles. Algunas no se abrían; otras se cerraban en sus narices cuando sugerían que en la muerte de Lucía podía haber connivencia de la Guardia Civil.

—¿Pero la pareja de Lucía era guardia civil?

—No, no lo era, pero tenía muchos vínculos con la Guardia Civil. No lo era [insiste], pero parecía mandar más que alguno de ellos.

La relación entre Manuel Alonso, actualmente procesado por el asesinato de Lucia Garrido, y la Guardia Civil se explica por la finca Los Naranjos. Se trata de un terreno en el que además de la vivienda familiar había un núcleo de animales exóticos que él recibía de las requisiciones del SEPRONA. Allí se custodiaban tigres, leones, ocelotes y todo tipo de bestias con las que el propio Manuel se fotografiaba, incluso con su hija portando un rifle.

La pareja Lucía y Manuel, que nunca llegó a casarse, construyó la vivienda con sus propias manos. Detrás estaban alojados los animales, que a modo de zoológico recibía la visita de escolares de forma recurrente.

Allí vivió la pareja, aparentemente felices a ojos de sus vecinos y de su propia familia, dos años antes de tener a su única hija. Rosa trata de recordar que Lucía, peluquera de profesión, conoció a Manuel en un bar y que de ahí surgió el amor. “No sé si por parte de ambos o solo por parte de ella”, se cuestiona años más tarde. Él estaba separado y tenía dos hijos de una relación previa. Y Lucía presumía que él la hacía feliz. Tanto que quiso cumplir con él su deseo de ser madre. “Era la ilusión de su vida”, explica su hermana. “Y fue feliz, muy feliz”, insiste Rosa.

“Hasta que se dio cuenta de lo que allí se manejaba”, apunta la hermana. Entonces empezaron los problemas en la pareja, las discusiones y las denuncias en los juzgados. Lucía comenzó a separarse poco a poco de su familia. Desde fuera pensaban que las ínfulas de su nuevo nivel de vida se le habían subido a la cabeza. Ahora saben que estaban equivocados. “A ella la alejaron de la manada, porque así sería más vulnerable”, sostiene Rosa. Y el carácter alegre y simpático de Lucía cambió.

Hasta cinco denuncias por malos tratos sin orden de alejamiento

La pareja rompió su relación cuando la niña había cumplido los dos años. “Pero ella lo perdonó”, puntualiza Rosa a EL ESPAÑOL. A partir del año 2007 las denuncias fueron reiteradas, al menos cinco, “pero la jueza no le dio credibilidad y no dictó orden de alejamiento”, recuerda su hermana. Sus visitas a la casa cuartel fueron varias para demostrar su miedo. En una de ellas aseguró que no vivía tranquila al saber que su pareja tenía armas de fuego a su alcance. Se sentía amenazada.

“Un agente de paisano acudió días después, con su mujer y la compra del Mercadona y se llevó todas las armas. ¿Por qué se las llevó si no estaba en su horario de servicio? ¿Qué quería esconder la Guardia Civil?”, se pregunta Rosa, esta ‘hermana coraje’ que ha protagonizado la lucha por saber la verdad, tratando de restar presión a su madre, de 90 años.

Manuel Alonso rompió la relación con Lucía en ese mismo año 2007. “Él tenía una amante”, puntualiza la hermana de la fallecida. La joven, con su hija, buscó ayuda en su familia. Volvió muy débil, física y anímicamente, y con el deseo de que su hermana Rosa la acompañase a resolver los temas pendientes en los juzgados.

Según el testimonio de la hermana de Lucía, la educación de la hija de ambos se judicializó, todas las decisiones pasaban por un juez. Y ella consiguió hacerse con la vivienda de la finca Los Naranjos para vivir con su hija. Esa decisión, sigue explicando Rosa, no sentó bien a Manuel, “que para echarla de la finca le cortó la luz, el agua y hasta le llegó a estropear los electrodomésticos”.

Manuel alquiló una casa colindante a la finca. “Ella se sentía muy amenazaba porque él daba golpes de madrugada”, narra Rosa. Lucía llegó a cambiar la cerradura. Aunque eso no aminoró sus temores. “Él dejaba días sin comer a los leones y ella temía que los dejase sueltos y hambrientos, lo que podría en peligro a ella y a su hija”, argumenta la hermana.

“Si desaparezco, buscadme en la jaula del león”

La psicosis fue tal que días antes de morir, Lucía llamó a su hermana. La conversación, según recuerda Rosa, fue así: “Si desaparezco, buscadme en la jaula del león, porque algo quedará, un pelo, un diente, una uña…”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, en la que no se señalaron culpables de la muerte de Lucía Garrido, sí estimaba indicios —“sin ánimo de prejuzgar”, dice el texto— de la participación de Manuel Alonso. Cita el escrito la “gran hostilidad derivada de la situación matrimonial, que fue muy conflictiva por el deseo de él de recuperar la finca Los Naranjos”.

La sentencia también recoge el testimonio de una vecina que presenció una contundente amenaza: “Si no se iba por las buenas, saldría por las malas y en una bolsa de plástico”. Esta misma fuente atribuye a Manuel esta otra frase: “Por las buenas puedo con todo, pero por las malas soy muy malo”. Y que el acusado solía comentar que si alguna persona entraba al recinto a hacer algo, “le pegaría dos tiros y luego metería el cadáver en la jaula del tigre para que se lo comiese”.

Finalmente, a Lucía la encontraron ahogada en la piscina. Doce meses después de la muerte de la joven, tras recuperar Manuel Alonso la finca, dos colombianos accedieron a Los Naranjos y él cumplió su palabra. Descerrajó dos disparos con una escopeta, uno a cada uno, con tanta proximidad que parte de los cartuchos quedaron incrustados en el cuerpo de los fallecidos.

La investigación determinó que fue en defensa propia. “Pero eso está por ver, todavía no ha acabado”, concreta Rosa a EL ESPAÑOL, anticipando la estrategia que sus abogados trazan para vincular la muerte de estos dos colombianos con la de su hermana Lucía.

Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, a las que tuvo acceso Rosa, los colombianos era dos sicarios. “Yo pensé que eran ellos los que habían matado a Lucía, pero los agentes se negaron en rotundo. ‘¿Sabes lo que es una guardería?’, me preguntaron los guardias civiles. Yo les respondí que era donde estaban los niños pequeños. Los agentes se rieron. ‘Una guardería es donde se guarda droga. ¿Tu hermana te contó algo de eso?’, me insistieron. Yo les dije que no —asegura Rosa—, pero a mí me quedó la sensación de que detrás del cuidado de animales, de la venta de perros y demás actividades estaba el negocio del narcotráfico”.

El protegido por los guardias civiles corruptos

La relación de Manuel Alonso con el narcotráfico y algunos miembros corruptos de la Guardia Civil se demostró en 2010, cuando cayó detenido en una operación orquestada por la Policía Nacional en la que también se detiene al teniente Valentín Fernández, jefe del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas) en Málaga, al que le imponen una pena de diez años. A la ex pareja de la asesinada Lucía lo condenan a tres años por tráfico de drogas al probarse en el juicio de la Audiencia Nacional que hacía de enlace para comprar los estupefacientes en Melilla e importarlos a la península.

La relación probada entre Manuel Alonso y el teniente Valentín, responsable de la investigación de la muerte de Lucía Garrido, hizo saltar las alarmas en la familia de la joven, que comprendía así el porqué de la pobre investigación. Con la coincidencia acuden a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Málaga, que tiene entre sus estatutos la lucha contra la corrupción en el Cuerpo.

La implicación y ayuda del delegado de la AUCG en Málaga, Ignacio Carrasco, un agente retirado de 55 años y con 30 años de experiencia, ha facilitado que el caso de Lucía Garrido se vuelva a reabrir, argumentando los servicios jurídicos de esta organización que la investigación del asesinato no había sido todo lo independiente o imparcial que debió ser.

“El caso de Lucía es bastante complejo por las circunstancias que inciden en él: existe corrupción policial, tráfico de drogas, sospechamos que también tráfico de armas —denuncia Carrasco—; esta complejidad ha hecho que pocos quieren que se sepa la verdad y lleguemos al fondo de este asunto”.

Y sigue. “En este caso ha habido pérdida de pruebas, ni la voluntad de hacer una instrucción rápida", sostiene el delegado de la AUGC. Por eso el caso se archivó sin ningún imputado en la causa. "En 2012, la familia se puso en contacto con nosotros. Entonces pusimos en marcha nuestra propia investigación y pusimos nuestros servicios jurídicos a disposición de la familia. Ahí empezó a vislumbrarse una instrucción más real que la anterior”.

Asesinada por miedo a que “destapase el pastel”

Todavía no hay fecha señalada para el juicio, pero ya hay cuatro personas procesadas por el asesinato de Lucía Garrido. De ellos, dos son guardias civiles y los otros dos, un empresario con antecedentes penales por delincuencia común y Manuel Alonso. La Audiencia Provincial ve indicios, hasta catorce, de la participación de Manuel Alonso en la muerte de Lucía. Actualmente todos están en libertad, si bien el empresario y uno de los guardias civiles han estado en prisión preventiva dos años.

Manuel se aferra a una coartada que lo sitúa en Cádiz en el momento de los hechos. Hay facturas de comidas, de gasolineras y de autopistas que arman su tesis, también grabaciones de cámaras de seguridad. Ocho años después de la muerte de Lucía, una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil logró identificar a otro de los sospechosos. Sin dar más datos, la clave está en el ADN de este sujeto.

Cansada por el proceso judicial, Rosa espera que esta segunda oportunidad sirva para esclarecer el asesinato de su hermana. “Nosotros hemos sufrido una doble pena: la primera ha sido perder a mi hermana —detalla la malagueña—; la segunda, estar diez años sin conocer quiénes fueron los culpables del asesinato”.

—¿Cómo lleva que diez años después todavía no haya un culpable?

—Queda el dolor, pero la pena la he transformado en fuerza. No sé de dónde me nutro, pero no me abandona. Tengo que luchar contra esta gente. Y hago hincapié en que no voy contra la institución, solo contra los corruptos y aquellos que hicieron la vista gorda.

—¿Qué papel tiene la droga en la muerte de su hermana?

—Creemos que fue el actor principal. Al principio no lo entendíamos, pero ahora sí. Si Manuel Alonso no hubiese estado metido en tema de narcotráfico con la participación de guardias civiles corruptos hoy mi hermana seguiría viva.Tengo la impresión de que el asesinato de Lucía se orquestó por el miedo a que ella destapase todo el pastel. Ella decía que su único delito era amar a Manuel demasiado, se enamoró completamente de él.

https://www.elespanol.com/reportajes/20 ... 129_0.html




Ignacio, el guardia civil 'expulsado' por decente: "Denuncié negocios sucios de compañeros"


16 diciembre, 2018 02:19

—Si pudiese dar marcha atrás en el tiempo, ¿volvería a actuar como lo ha hecho?

—Por supuesto.

A Ignacio Carrasco (56 años) se le pone el semblante serio cuando saca del armario el traje verde de la Guardia Civil. La camisa tiene el filo del cuello gastado por el uso, aunque hace ya varios años que la prenda lleva enfundada y colgada sin uso en el ropero. Ingresó en el cuerpo en 1993, pidió ir voluntario al País Vasco para saldar asesinatos familiares pendientes con ETA, y lo apartaron de la Institución 30 años después, en 2013 por —según defiende con ahínco— denunciar múltiples casos de corrupción en la Comandancia de Málaga. “Que quintuplica a otras en número de imputados”, zanja el agente retirado.

“Yo me negué a participar en negocios sucios”, expone rotundo a EL ESPAÑOL en los primeros compases de una conversación que sucede en su casa, situada en Málaga a un paseo no muy largo hasta la Comandancia, donde tiene prohibida la entrada desde el 19 de marzo de 2015.

“A fecha de hoy desconozco los motivos que me impiden entrar en el edificio y se los he pedido por escrito al coronel que me lo prohibió”, explica. “Sospecho que pudiera ser porque, un mes antes, Asuntos Internos detuvo a miembros del SEPRONA a instancia de mi reiterada insistencia o puede que fuera porque ese mismo mes denunciamos que este coronel se había realizado mejoras ‘reiteradas’ en su pabellón con dinero público”, descerraja el guardia retirado, que ostenta el cargo de secretario general provincial de la delegación en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUCG).

El ser un proscrito para la Comandancia de Málaga tiene su origen con la llegada del teniente Alonso Gómez, al que nombran jefe del SEPRONA en Málaga. Era el año 2008. Según denunció en su día Carrasco a Asuntos Internos, las buenas relaciones establecidas entre este oficial y un empresario dedicado a la gestión de gases de refrigeración llegó hasta tal punto que un mismo agente de la Guardia Civil de la unidad dirigida por Gómez actuaba por las tardes de comercial de la empresa de instalaciones frigoríficas y, por las mañanas y vestido de uniforme, se personaba en aquellas con las que no llegaba a acuerdos para darles un plazo o ser sancionados. “Eso sí, siempre sugiriendo o entregando tarjetas de la empresa del amigo del teniente”, detalla Carrasco.

“Me negué en rotundo a entrar en ese juego de sinvergüenzas”

“Cuando me di cuenta de todo esto, me negué en rotundo a entrar en ese juego de sinvergüenzas e informé a Asuntos Internos mediante un detallado informe”, explica Carrasco. “¡Esta entrevista se queda corta para tantas irregularidades, eh!”, advierte el agente retirado, que pone un rápido ejemplo de la forma de actuar de sus mandos.

“Efectuaban inspecciones a empresas con el propósito de colocar a algún familiar, eso era algo de lo más común; yo, cuando me percataba de aquello, dejaba la inspección a medias y sin mediar explicación me iba”, denuncia. “Así ocurrió en un Mercadona de la barriada Ciudad Jardín de Málaga cuando un cabo del SEPRONA intentó meter a su esposa”, denuncia.

—¿Alguna vez le pidieron que se presentara en alguna empresa a imponer un expediente sancionador?

—Sí, muchas veces, pero siempre actué correctamente, conforme a lo preceptuado, negándome a cualquier otra actuación que no fuera la que marcaba la ley.

Según su testimonio, los miembros del SEPRONA sancionaban a aquellas empresas —talleres, desguaces y otras relacionadas en las que tuviesen como residuos los gases de refrigeración— siguiendo un certificado confeccionado con la empresa Emma, vinculada al amigo del teniente. En ella se exigía a los empresarios mucho más de lo que pedía la normativa, “por lo que no había base legal para proceder a la denuncia”. “Y el teniente insistía reiteradamente en que se denunciara, a lo que me negué”, recuerda Carrasco.

La respuesta del mando no tardó en llegar. “Como medida de presión, se me impide salir de servicio con el resto de mi unidad, llegando en alguna ocasión a enviarme a patrullar con miembros de otras unidades o permanecer en la oficina realizando un cometido con medios inadecuados y sin sentido”, detalla el ahora secretario general provincial de AUGC en Málaga.

“Una percepción paranoica” e irrecuperable para el servicio

Aunque los hechos llegaron más allá. Los mandos, para argumentar ese cambio en el estatus del guardia civil denunciante, se basan en un informe del capitán psicólogo. En él decía “que fabulaba sobre los hechos que denunciaba en el seno del SEPRONA y que las mismas eran una percepción paranoica, que me llevó a denunciarlos a Asuntos Internos y que, al no obtener los resultados deseados, la ansiedad dio lugar a un estado depresivo profundo, irrecuperable para el servicio”, relata Carrasco.

A Ignacio le gusta pintar. En la planta baja de su casa tiene un amplio y diáfano estudio del que cuelgan cuadros de las paredes. La luz natural baña el ambiente, confiriendo al espacio una sensación de serenidad. Allí, pinceles en mano, va fraguando bodegones, retratos y una prolija colección artística. Junto a él trabaja su esposa, una ceramista que realiza desde joyas —bien valoradas por los turistas— con motivos andaluces a grandes piezas en las que se reivindica la extinguida tradición ceramista de Málaga, alfar de Granada durante la construcción de la Alhambra.

Desde allí también ha estado siguiendo, y siendo parte como secretario general provincial de AUGC en Málaga, los efectos derivados de su denuncia a varios compañeros del SEPRONA. Y se alegró cuando en 2015 Asuntos Internos procedió a la detención del entonces jefe del SEPRONA, así como la imputación de delitos a varios miembros de esta Unidad, “demostrando con esta actuación que todo lo que denuncié no se correspondía con una percepción paranoica ni fabulación, sino que eran hechos ciertos, que fueron encubiertos por quienes tenían la obligación de actuar y no lo hicieron”, apostilla. “Desgraciadamente estos presuntos delitos ya habían prescritos cuando se decidió actuar”, lamenta.

Ocho presuntos delitos prescritos y capitán en La Línea

Cuando Asuntos Internos actuó, el teniente Alonso Gómez ya no dirigía el SEPRONA de Málaga. En 2013, la Guardia Civil ya le había buscado un nuevo destino para el ascendido a capitán y mandar la compañía en La Línea de la Concepción. “Pensé que esa zona se iría al garete en poco tiempo como así ha ocurrido desgraciadamente”, se resigna. “Le imputaron un total de ocho delitos, según la Fiscalía, todos prescritos —insiste Carrasco—; y lo mandan a La Línea, casi nada”.
Ignacio Carrasco defiende que fue apartado del servicio por denunciar la presunta corrupción de miembros de la unidad del eqiupo del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Ignacio Carrasco defiende que fue apartado del servicio por denunciar la presunta corrupción de miembros de la unidad del eqiupo del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Fernando Ruso EL ESPAÑOL

“Creo que una persona a la que le han prescrito más de media docena de presuntos delitos, según Asuntos Internos, no es la más adecuada para mandar una unidad como La Línea de la Concepción con todo lo que conlleva”, valora el secretario provincial de la AUGC. Solo en 2017, se aprehendieron 145.372 kilos de hachís frente a los 100.423 de 2016, lo que supone un incremento cercano al 45 por ciento. El pasado año se cerró con 755 detenidos en una localidad en la que una treintena de bandas se reparten el negocio del hachís marroquí.

—¿La Guardia Civil encubrió los delitos de corrupción en el SEPRONA?

—Sí, sin lugar a dudas, de ello existen pruebas contundentes en las escuchas telefónicas realizadas por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga en relación a otros casos. De hecho, hubo miembros de esa Unidad que se sinceraron conmigo y me dijeron que se detectaron en las citadas escuchas irregularidades por parte de miembros del SEPRONA y que se había elevado informe al mencionado capitán sin que hubiera habido consecuencias algunas. Y todo ello me lo decían encogiéndose de hombros.

—¿Se siente traicionado por el cuerpo?

—Más que traición, me siento decepcionado por todos aquellos que no han tenido el valor de cumplir con su deber.

—En la Guardia Civil, ¿qué se paga más la obediencia o el cumplimiento del deber?

—En la mayoría de los casos, desgraciadamente se premia más la obediencia mal entendida, que solo sirve de garantía de impunidad para quien la exige.

Málaga, una comandancia salpicada por la corrupción

Desde 2004 hasta la fecha, la AUGC ha registrado a más de 60 guardias civiles imputados por corrupción, quintuplicando la media española. “Muchos de ellos oficiales, lo que hace muy preocupante esta cifra”, valora Carrasco. “Es evidente que la responsabilidad de una Comandancia recae sobre sus jefes y desgraciadamente en esta comandancia su jefe no está a la altura de las circunstancias con un incremento de la tasa de criminalidad por encima del 80 por ciento y con unos índices de corrupción tan elevados”, denuncia el secretario provincial de la AUGC.

“En mi opinión profesional pueden ocurrir dos cosas: o que no se entera de lo que pasa en su comandancia o si se entera no actúa para erradicarla adecuadamente —argumenta Carrasco—; en cualquiera de los dos supuestos, en mi opinión demuestra su incompetencia para estar al frente de una comandancia tan importante como la de Málaga”.

Sus opiniones, que narra con una serenidad absoluta, le han costado cuatro querellas, una denuncia a la Agencia de Protección de Datos y una imputación por injurias a la Guardia Civil. “Todas ellas archivadas por carecer de argumento alguno”, presume el guardia retirado. Y advierte: “Han intentado coaccionarme para que me callara”.
Ignacio mostrando su documentación a los reporteros de EL ESPAÑOL.

Ignacio mostrando su documentación a los reporteros de EL ESPAÑOL. Fernando Ruso EL ESPAÑOL

Aunque asegura no temer por su vida, sigue diariamente lo aprendido en los seis años que estuvo destinado en el País Vasco en los años de plomo. “Evidentemente voy prevenido, porque soy consciente que me enfrento a una mafia policial”, acusa.

Más allá de esta tensa calma con la que ha aprendido a convivir, el guardia civil Ignacio Carrasco narra a este periódico hechos puntuales que le han afectado física y anímicamente. “Tengo un dicho para estos casos: ‘Hoy toca botiquín; mañana, arsenal”. A lo largo de estos años ha sufrido él, pero también su familia.

Nunca quiso promocionar dentro del Cuerpo, en la disyuntiva siempre primaba la familia y renunció a ascender en el escalafón, lo que conlleva necesariamente en la Guardia Civil un cambio de destino. Es padre de dos hijos, el mayor es ingeniero y la menor estudia Derecho. “Todos me han apoyado siempre”, confiesa.

—¿Ha tenido la tentación de tirar la toalla y mirar a otro lado?

—Jamás, creo que el mejor ejemplo que puedes darles a tus hijos es la práctica de la honradez y me siento satisfecho por lo orgulloso que se sienten de su padre.
“Un proscrito” que busca justicia

Pese a que en la balanza haya pesado la honradez, Ignacio se queja amargamente de su situación en el cuerpo. “Ser un proscrito, una persona despojada de todo derecho por cumplir con mi deber”.
Ignacio Carrasco denunció los hechos ante el Servicio de Asuntos Internos de Guardia Civil a principios del 2009.

Ignacio Carrasco denunció los hechos ante el Servicio de Asuntos Internos de Guardia Civil a principios del 2009. Fernando Ruso EL ESPAÑOL

Ese cumplir con el deber es una pieza clave en el último movimiento del guardia Ignacio Carrasco, que el pasado 12 de septiembre de 2017 dirigió un recurso de reposición a la ministra de Defensa en la que solicita que se modifique la resolución de 2013 de declararlo inútil permanente para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas en causa ajena a acto de servicio por otra en la que se haga referencia a que su baja fue ocurrida en acto de servicio.

La diferencia, además de un “gesto de justicia”, tiene repercusiones económicas. Su actual pensión asciende a poco más de 1.500 euros, mientras que de reconocérsele que su enfermedad fue provocada en acto de servicio por, como defiende Asuntos Internos, la “ausencia ética” de la unidad en la que Carrasco estaba destinado y el estrés asociado a ello, pasaría a cobrar unos 2.000 euros al mes.

No son pocas las veces que Carrascos ha hecho números. En los años que lleva jubilado, desde 2013, ha dejado de ingresar en torno a 40.000 euros. Primero por la baja y después por la catalogación, a su juicio inadecuada, de esta. Precisamente este pasado lunes 10 de diciembre, en su 56 cumpleaños, le hubiese correspondido jubilarse.

Dos días después, el miércoles 12, concluía el plazo estipulado para que la Ministra de Defensa contestara a su escrito. “Y no lo ha hecho”, lamenta Carrasco. Pero él promete seguir luchando: “Es otra decepción, ahora recurriré a los tribunales de lo contencioso con la intención de llevar mi caso a los tribunales de Europa, donde tengo puestas todas mis esperanzas de que se haga justicia”.

—Si pudiese dar marcha atrás en el tiempo, ¿volvería a ser guardia civil?

—Sí.

—E insisto, ¿actuaría otra vez como lo ha hecho?

—Por supuesto.


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