FORO POLICIA

El coronel de Melilla imputado dice que se limita a la directriz de Madrid de devolver inmigrantes.

El jefe de la Guardia Civil de Melilla imputado declara ante el juez que sus órdenes sobre devoluciones en caliente “están ajustadas” al protocolo impuesto desde Madrid.

Ha reconocido que las devoluciones de inmigrantes amparadas por el Gobierno "no están definidas en la ley".

Está imputado por prevaricación por ordenar las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla.

No ha respondido a las preguntas formuladas por los abogados de las ONG personadas en la causa.

Tras dos horas y media de declaración como imputado, el jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, ha justificado las devoluciones en caliente, efectuadas también una vez que los inmigrantes superan toda la alambrada, alegando que se ajusta al “protocolo operativo de fronteras” del 26 de febrero que, según manifiesta, llega desde Madrid.

Martín Villaseñor ha reconocido, según las mismas fuentes, que estas actuaciones “no están definidas por la ley”, sino que es lo que establece “la dirección adjunta operativa”. El coronel es el primer imputado en las dos querellas en las que están personadas las ONG Prodein, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Coordinadora de Barrios sobre los hechos ocurridos en la valla melillense los días 18 de junio y 13 de agosto.

El jefe de la Guardia Civil ha respondido únicamente a las preguntas del juez y del fiscal, acogiéndose a su derecho de no contestar a las cuestiones formuladas por los abogados de la acusación, según fuentes jurídicas. Martín Villaseñor, tras el visionado de las imágenes que muestran las devoluciones de inmigrantes ejecutadas el pasado 13 de agosto por el Cuerpo que dirige, ha defendido que estas prácticas están amparadas por el “protocolo operativo de fronteras” firmado el 26 de febrero, 20 días después de la tragedia de Ceuta. El coronel acude ahora a la teoría utilizada por el Gobierno para justificar las expulsiones inmediatas llevadas a cabo aquel día: la frontera se “retrotrae” en la línea de seguridad formada por los agentes del Instituto Armado.

Sin embargo, esta tesis no aparece reflejada en el protocolo firmado por el coronel imputado, que sí legitimaba las devoluciones en caliente realizadas desde la zona de 'entre vallas' pero señalaba que, si los inmigrantes superaban la totalidad del perímetro fronterizo, la Guardia Civil debía aplicar la Ley de Extranjería. La normativa española prohíbe las expulsiones inmediatas, ya que exige una serie de garantías, como la asistencia letrada y la posibilidad de solicitar asilo.

Pero las imágenes proyectadas por el juez mostraban también devoluciones en caliente producidas una vez que estas personas lograron sortear la última alambrada. Es aquí cuando, según las personas consultadas, Martín Villaseñor acude a la tesis por la que la cadena humana de agentes de la Guardia Civil determina dónde empieza España. Este argumento, que no había vuelto a ser esbozado por las autoridades desde hacía meses, ha sido rechazado por juristas y expertos en derecho internacional.

Según las mismas fuentes, Martín Villaseñor defiende que el protocolo de Melilla, cuya legalidad ha sido cuestionada por el juez, es una adaptación del operativo de fronteras impuesto desde la Dirección General de la Guardia Civil a las condiciones y circunstancias del perímetro melillense.

"Conciencia clara"

Ambrosio Martín Villaseñor se ha mostrado tranquilo tras haber declarado en calidad de imputado por devoluciones de inmigrantes a través de la valla con Marruecos y ha manifestado tener la "conciencia clara" de haber actuado conforme a la legalidad, según ha publicado la agencia Efe.


El coronel, en unas breves declaraciones a los periodistas, ha señalado que en "ningún momento" ha actuado en contra de la legalidad y ha manifestado confiar "absolutamente" en el procedimiento, que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa. "Él decide", ha asegurado el coronel en referencia al juez, acompañado por su defensa, una abogada del Estado.

La instrucción de las devoluciones en caliente

El Juzgado de Instrucción número dos de Melilla imputó a mediados de septiembre al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma debido a un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí.

El auto arremetía contra el "protocolo operativo de vigilancia de fronteras", una orden interna firmada por el acusado que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, también defendido por el Ministerio del Interior, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.

"Nos encontramos ante dos conceptos de frontera diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial", rezaba el auto que responde a dos querellas presentadas por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo sobre los hechos ocurridos los días 18 de junio y 13 de agosto.

Pero va más allá. El juzgado, basándose en las imágenes aportadas por las ONG personadas, considera que, al menos durante el intento de entrada del pasado 13 de agosto, la Guardia Civil incumplió su propio “protocolo operativo de vigilancia fronteriza”. Aquel día, aproximadamente 75 personas, después de permanecer horas encaramadas en la valla interior –la más cercana a Melilla–, descendieron de ella, pisaron suelo español y fueron expulsados de forma inmediata.

Petición de nuevas pruebas

El titular del juzgado ha solicitado este jueves una batería de diligencias para continuar la investigación de la actuación del Instituto Armado y las fuerzas auxiliares marroquíes en la frontera los días 18 de junio y 13 de agosto: la identificación de los agentes involucrados, los vídeos de la cámara térmica de la alambrada y la declaración de personal de Cruz Roja y el Servicio Público de Salud melillense, según ha informado a eldiario.es Jose Luis Rodríguez Candela, abogado de Andalucía Acoge, una de las ONG personadas.

La pasada semana el juez tomó declaración como testigos a tres fotoperiodistas responsables de las imágenes que han probado los hechos denunciados por las ONG. Según detalla Rodríguez Candela, explicaron dónde y en qué circunstancias fueron grabados los vídeos que han derivado en la investigación de estas prácticas, efectuadas desde hace más de 10 años. Sus palabras, añade, derivaron en las nuevas diligencias solicitadas por el juez.

“Declararon que, como se observa en las imágenes, los inmigrantes, aunque pisaban suelo de Melilla –el que no está cuestionado, situado tras la última alambrada– y bajaban por su propia cuenta de la valla, eran expulsados. También mencionaron la existencia de una cámara de vigilancia donde se produjeron los hechos y destacaron la expulsión de personas visiblemente heridas sin recibir asistencia médica”, detalla el abogado de Andalucía Acoge. “Aseguraron que no habían visto por la zona a personal médico público o de Cruz Roja”.

http://www.eldiario.es/desalambre/Guard ... 19383.html

Si quieren incoar una expulsión en toda regla a los inmigrantes que entran irregularmente de forma flagrante en España, tendrían que multiplicar la plantilla en estos puestos fronterizos, porque el trámite y papeleo para estas gestiones es desproporcionado.

Otra opción es que creen una figura nueva a nivel europeo para realizar devoluciones en caliente en estos casos flagrantes con 300 inmigrantes al unísono.

Otra opción es que el responsable pase del tema olímpicamente y deje que suceda lo que tenga que suceder.

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Pues que se haga, si lo dice la ley que se haga de esa manera. Los politicos de entonces lo creyeron necesario, pues que se haga, si los de ahora no lo creen asi pero no tienen los huev.s de cambiar las cosas y el jefe de arriba apechuga (por no se que intereses, bueno si, lo se) y comete alguna ilegalidad, que lo pague.

Y si tienen que llegar negros hasta la frontera con Argelia esperando a que se le haga el tramite, que lleguen.Nuestro deber es hacer cumplir la ley.

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TRIBUNALES Audiencia Provincial de Málaga en la ciudad autónoma
La Justicia no ve prevaricación en la 'devolución en caliente' de inmigrantes en Melilla

Anula la imputación al coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor


La sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede permanente en Melilla, ha llegado a la conclusión de que no existió prevaricación en la orden de devolver sobre la marcha a los inmigrantes interceptados en los saltos de las vallas de Melilla y ha anulado la imputación dictada al respecto sobre el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor. Afirma que la reforma de extranjería aprobada después "da cobertura legal" a estas prácticas.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ordena el sobreseimiento del procedimiento abierto por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, que el 11 de septiembre imputó a Martín Villaseñor por las órdenes verbales dictadas en los saltos de la valla del 18 de junio y el 13 de agosto, y la orden firmada por él que rige el protocolo operativo en fronteras.

La sala da así respuesta al recurso contra la imputación que interpuso la Fiscalía y concluye que las órdenes dictadas por el coronel "siguen el criterio adoptado por la Dirección General de la Guardia Civil para las entradas masivas de inmigrantes por la valla fronteriza de Melilla, que no es sino manifestación coincidente con la política del Estado español desde la construcción de la valla".

Afirma que estas órdenes, que identifica con resoluciones administrativas, "abordan una cuestión jurídica hasta ahora no prevista, como es el concepto de frontera en el marco de las vallas" y dice que "la solución por la que se opta parece acorde con la reforma legislativa" emprendida en la Ley de Extranjería que crea la figura del rechazo en frontera para permitir la entrega automática de los inmigrantes a Marruecos respetando los tratados internacionales.

En este sentido, afirma que la modificación, introducida mediante una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana y ya en vigor, "dota de cobertura legal, desde un punto de vista objetivo" a las órdenes del coronel "imputadas a título de prevaricación", porque "establece para supuestos idénticos al analizado una respuesta similar a la discutida, esto es, la devolución automática en frontera".

"Resulta de gran trascendencia, pues pone de manifiesto que las resoluciones administrativas objeto de recurso podrían acomodarse a cánones interpretativos admisibles desde una perspectiva jurídica del derecho interno español", dice el auto firmado por los magistrados José Luis Martín y Miguel Ángel García, para quienes la reforma "instituye el rechazo en frontera junto con las otras alternativas previstas en la Ley de Extranjería".


En su argumentación para desestimar la prevaricación, la sala explica que "concurren una serie de factores que difuminan la arbitrariedad de las resoluciones enjuiciadas excluyéndolas de la esfera penal" ya que, conforme señala, "para que una acción sea calificada como delictiva es preciso algo más que la contradicción con el derecho". Incide "en la insuficiencia de la mera ilegalidad o la mera contradicción con el Derecho para caracterizar el delito de prevaricación".

En concreto, el auto señala que las órdenes del coronel constituyen o se basan en el Protocolo operativo de vigilancia de fronteras de 2014 según el cual, si los inmigrantes no superan la valla interna (de las dos que blindan el perímetro) "se considera que la entrada no se ha producido, lo que excluiría la aplicación de la legislación de extranjería".

"El argumento no es aceptable -dice el auto- pero la ilegalidad o contrariedad a Derecho de las resoluciones no parece deba considerarse constitutiva de una grosera infracción intencional del ordenamiento jurídico".

'El rechazo inmediato es contrario a derecho'

Sobre ese protocolo, dice que "el rechazo de forma inmediata de los inmigrantes interceptados en la zona intermedia del vallado, a través de las puertas de la valla más cercana al territorio marroquí, sin observancia de lo estipulado por nuestro ordenamiento jurídico en materia extranjería, constituye una decisión contraria a derecho".

Afirma que "prescinde absolutamente de los procedimientos legales previstos, ya sea expulsión, devolución o denegación de entrada, al tiempo que ignora las garantías que asisten a los extranjeros en caso de expulsión -entendida en sentido amplio- esto es, asistencia letrada y, en su caso, intérprete, así como derecho a un recurso efectivo, y, priva o limita gravemente el derecho a solicitar asilo".

Con todo, explica que si bien "los protocolos de actuación cuestionados infringen la legislación en materia de extranjería, el debate jurídico debe limitarse a decidir si la injusticia de las resoluciones limitativas de los derechos de los extranjeros es merecedora de reproche penal". Concluye que no lo es, porque forma parte de la política de Estado, responde a una situación concreta en las vallas y se contraponen al derecho de asilo que se garantiza en el puesto fronterizo.

Órdenes en línea con la política de Estado

En esta línea, establece que "la definición de frontera contenida en los citados protocolos de actuación en sí misma considerada no es arbitraria, ni absurda o ilógica, y se adecua a la propia naturaleza y finalidad del control fronterizo al que está destinada la valla" y que hay que enmarcar "en la política estatal de asilo e inmigración mantenida durante años en la Frontera Sur-Ceuta-Melilla".

La sala considera que las órdenes del coronel están "en conformidad con el espíritu restrictivo de derechos que determinó la elevación de la verja" y "proceden a resolver la colisión de intereses" entre "inmigración y seguridad de las fronteras del Estado a favor de éste" al establecer "un concepto de frontera restrictivo de los derechos de los inmigrantes".

Además, destaca que "las resoluciones se dictan con relación a los asaltos masivos de la frontera con la finalidad de entrada ilegal de numerosas personas no identificadas, en abierta oposición a las órdenes emitidas por las autoridades competentes y con empleo en ocasiones de violencia" lo que "permite racionalmente considerar que tales actos comprometen la seguridad de la frontera cuyo cuidado viene encomendado por ley la Guardia Civil".

Por último, recuerda que el Estado "debe observar determinados límites establecidos por el Derecho internacional público, de modo que el legislador está obligado a respetar los límites de derecho necesario derivado del Derecho humanitario". En este sentido, recuerda que existen tres pasos fronterizos en el perímetro de Melilla y en uno de ellos es posible cursar solicitud de asilo.

Se da así, según el auto, una contraposición entre "la infracción por las autoridades españolas de los derechos y garantías exigidos por la legislación en las decisiones administrativas de denegación de entrada y solicitudes de asilo en los asaltos masivos" y "la disposición" de las mismas autoridades a tramitar "con observancia de las garantías legales y respeto del derecho humanitario", las solicitudes de entrada o asilo "de los mismos inmigrantes rechazados" en los puestos habilitados.

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/22 ... b4582.html

intervencionpolicial.com

a los Jueces no les queda otra que dar protección jurídica a estas intervenciones para frenar la marea humana que se viene encima .es que no queda más remedio.