Historia de dos juezas acosadas.
Publicado: Dom, 25 May 2014, 14:34Cartera Guardia Civil |
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“Marioneta, la venganza se sirve en plato frío, no te olvides de ello. Yo no me olvido”. El mensaje de amenaza apareció publicado en El Faro Verde, un polémico foro de la Red frecuentado sobre todo por agentes que administra la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Marioneta es Pilar de Lara. Uno de los nicks o pseudónimos de Internet que en algún momento usó para rastrear delitos. El autor del mensaje era 60Folios, un alias desde el que recibe constante “acoso e insultos” y tras el que, según ya ha informado el abogado de la magistrada al subdelegado del Gobierno en Lugo y al general de zona, se esconde un agente muy conocido en la ciudad, J.M.B., especializado en seguridad ciudadana y explosivos. “Penitencia, Marioneta, penitencia”, “te observo”.
Desde 2012, la juez que desmanteló una presunta mafia de proxenetismo y corrupción policial en la Operación Carioca, y removió los cimientos de una comandancia que lucía intachable bajo el Todo por la Patria, ha tenido que cambiar sus rutinas. Dejar un grupo al que acompañaba tocando la guitarra (su gran vocación), cambiar incluso varias veces la parroquia a la que iba los domingos con su marido. Y actualmente, según allegados, se mueve con escolta. Se la asignaron por las amenazas de cariz personal y contra su familia sufridas desde que mandó a prisión a los cabecillas de la trama, entre ellos el proxeneta José Manuel García Adán y el cabo de la guardia civil Armando Lorenzo Torre. Según fuentes de los juzgados, se han llegado a “detectar seguimientos incluso desde vehículos oficiales” hacia esta juez y Estela San José, instructora de casos tan sonados como la llamada trama de las multas y la Operación Campeón.
Las amenazas, vejaciones, insultos, pintadas denigrantes, calumnias difundidas para dañar (o hasta destrozar, como en el caso de San José) sus vidas privadas, las denuncias, los anónimos y los intentos de coacción se suceden apenas sin tregua desde que las titulares de los juzgados de Instrucción 1 y 3 de Lugo empezaron a imputar delitos a personas con poder, desde agentes hasta políticos y empresarios. En 2013 fue precisamente uno de estos últimos, Miguel García Gesto, imputado por el caso Pokémon, quien fue detenido por amenazar e insultar a De Lara en público.
El calvario vivido por el acoso que padeció a través de los foros de Internet la magistrada del 3, Estela San José, quedó recogido en la declaración que prestó en el juzgado 1 tras denunciar a J.M.B., en marzo de 2009. El perseguidor, aquella vez, era el mismo guardia civil que, supuestamente, se esconde bajo el nick 60Folios, aunque entonces lanzaba sus ataques bajo otros disfraces, tales como Habemus o Tiodelavara, desde un cíber perfectamente identificado. No es, de todas formas, el único que está bajo sospecha de utilizar los foros para ofender, amedrentar y descalificar el trabajo de las juezas o la dignidad de las víctimas de trata cuyos testimonios hicieron posible la Carioca: “La palabra de una p*** no tiene la misma credibilidad que la de un agente del orden”, “si vende su cuerpo por dinero, ¿qué más puede ser capaz de hacer por unos billetes?”. Fuentes cercanas a las magistradas critican esta impunidad, la falta de apoyo institucional y la pasividad de los superiores en el instituto armado ante estos agravios que no cesan.
Los agentes del cuerpo comisionados en la Carioca, los colaboradores más próximos a Pilar de Lara, también son blanco de la campaña de hostilidad. Alguno de ellos recibió sucesivas amenazas de muerte vía Internet. Sus coches fueron atacados varias veces y ellos incluso tuvieron que exiliarse de la Comandancia después de que alguien intentase forzar la puerta de su despacho, probablemente para obtener información. Se refugiaron en el juzgado, y la propia juez tuvo que pagarles material de trabajo. El móvil que les habían facilitado para comunicarse con las testigos protegidas tenía un saldo mínimo que muchas veces no les permitía devolver las llamadas perdidas y comunicarse con mujeres en auténtico riesgo.
Actualmente, J.M.B., que fue denunciado por San José y se libró del juicio al límite tras reconocer los hechos, está de nuevo imputado, junto a dos personas más, en otro procedimiento penal por presunto delito de injurias, amenazas y calumnias contra las dos magistradas iniciado a finales de 2010 a petición del fiscal jefe de Lugo. En febrero de este año, por último, instruyó un atestado contra De Lara por presuntas prácticas irregulares. Al final reconoció su “enemistad manifiesta” con la juez y se abstuvo, pero la denuncia llegó a los juzgados en papel oficial de la Comandancia. “¿Alguien se cree que en un cuerpo jerárquico se puedan saltar el escalafón y presentar un atestado individualmente?”, apuntan las mismas fuentes judiciales.
La “enemistad” con De Lara empezó a gestarse, según J.M.B., después de acudir a prestar declaración como testigo en la Carioca, en relación con la explotación sexual de una menor. Según él, se sintió acosado y padeció “un infierno”: “Me despierto cada mañana pensando que terminará imputándome algo”, describía en una denuncia que presentó en 2012. El propio agente llegó a asegurar que una tercera persona le ofreció 22.000 euros para ayudarle a acusar a las juezas, aunque, según dijo, nunca aceptó el dinero.
Al menos un par de años antes que con De Lara, Tiodelavara, representante sindical en el cuerpo, la emprendió con San José después de que la juez ordenase detener, en contra del criterio de los guardias civiles, a otro agente que había sido denunciado por violencia machista. A partir de ahí, según relató la instructora en su momento, se dedicó a minar su relación con otro agente propagando infundios. Los rumores llegaron incluso a la Guardia Civil en Madrid. La gravedad de los mensajes, declaró San José, deterioró su vida de pareja hasta romperla. Fueron “dos años de auténtica tortura, de ver que la vida se viene abajo, que todo el mundo te señala y no por tu labor profesional”.
Un día, la juez sufrió en su despacho una crisis nerviosa. Tuvo que comenzar un tratamiento psicológico y tomar medicación. “Cuando se acusa de prevaricación a un juez, si es hombre se habla de dinero. En el caso de una mujer, se habla de camas”, sentenciaba la víctima. Y no debía de estar equivocada, porque también en el caso de De Lara algunos de los ataques responden a la misma estrategia. Aunque con menos éxito de público.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/24/ ... 35961.html
