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TRAS LA IMPUTACIÓN POR ESTAFA DEL PRESIDENTE Y PARTE DE SUS DIRECTIVOS

Dimite el consejero delegado de Segur Ibérica


Abandona la compañía, que presidió el ministro Morenés hasta diciembre 2012, ante las causas judiciales abiertas en Madrid, Barcelona y Valencia


31/03/2014 | 09:49 h. 
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dimisión segur ibérica consejero delegado aritz larrea


 Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF


Aritz Larrea, consejero delegado de la compañía Segur Ibérica, ha presentado oficialmente su dimisión del cargo tras publicarse en ESTRELLA DIGITAL que tanto el presidente del grupo empresarial, José Luis Novales, como otros cuatro miembros de la junta directiva –entre los que no se encontraba el propio Larrea- habían sido imputados por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental a la empresa pública ADIF, a instancias del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona.

Según ha podido confirmar ESTRELLA DIGITAL, el consejero delegado de Segur Ibérica comunicó su decisión justo 24 horas después de publicarse la noticia, y aunque se trata técnicamente de una dimisión, fuentes de la empresa no descartan que haya sido forzada. Según las mismas fuentes, los principales accionistas de la compañía –dos fondos de capital riesgo- empiezan a sentir cierta incomodidad ante las causas abiertas por presuntas estafa tanto en los juzgados de Madrid, como Barcelona y Valencia, todas ellas activas y con imputaciones de relevancia.

Desde los sindicatos de vigilantes de seguridad, y especialmente desde ATES, se ve con preocupación la situación de la empresa y la falta de explicaciones ante el futuro de la compañía, cuyo presidente y delegados territoriales están inmersos en causas judiciales graves, motivadas principalmente por la supuesta mala praxis. Todo ello ha provocado la toma de acciones legales por parte de Aspacom, una asociación contra la corrupción muy activa, que ha conseguido imputar al presidente Jose Luis Novales en Barcelona y que también está pendiente de que éste sea imputado por hechos similares por el juzgado de instrucción 45 de Madrid, por otra querella aún en trámites. De hecho, la semana pasada la jueza acordó con la Fiscalía de Madrid unificar las causas contra Segur Ibérica en relación a otra presunta estafa idéntica de la que se le acusa a este empresa de seguridad en relación a ADIF, pero en esta ocasión contra la Universidad Complutense, cuyo fraude podría alcanzar los 600.000 euros.

Aritz Larrea, hasta el momento de su cese en el cargo, respondía ante el principal accionista del Grupo Segur Ibérica, Jaime Hernández Soto, presidente del fondo de inversión de capital riesgo MCH, propietario del 54,90% del capital de la tercera compañía de seguridad de España. Ahora el cargo de consejero delegado ha quedado vacante en espera de que sea convocado de urgencia el consejo de administración del Grupo Segur Ibérica para tomar decisiones acerca de la cúpula de la compañía, cuyo principal plantel se encuentra inmerso en procesos judiciales.

Aritz Larrea fue nombrado consejero delegado en julio de 2012, tras ser director General Corporativo de Segur Ibérica. La salida de su hasta entonces presidente, Pedro Morenés, para ocupar la actual cartera de Defensa con el Gobierno de Mariano Rajoy, provocó los movimientos en cadena y llevó a la presidencia a Jose Luis Novales Cadierno.

Larrea es licenciado en Ciencias Empresariales, llegó a la empresa de seguridad privada en 2006 para asumir el cargo de director financiero procedente del Grupo Alentis. Con anterioridad trabajó en el departamento financiero de Quiero TV y como consultor senior en Arthur Andersen, entre otros puestos.


http://www.estrelladigital.es/articulo/ ... 89997.html

Edición 175 Aniversario Gc

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El grupo Segur compra la empresa gallega de seguridad Prosenorsa
La operación permitirá a esta compañía con sede en Oleiros expandirse por todo el noroeste español
lavozdegalicia.es | 09 de mayo de 2013 05:00

El grupo de seguridad privada Segur, que, entre otros cometidos, es el que presta servicios de protección a la flota atunera que faena en el océano Índico para evitar secuestros de los piratas somalíes, acaba de adquirir la empresa gallega Prosenorsa, con sede en el concello coruñés de Oleiros.

Esta operación, cuya cuantía no quiso desvelar Segur, permitirá a esta compañía expandirse por todo el noroeste español y contar ya con tres delegaciones en la zona, en Galicia, Asturias y Cantabria, y alcanzar una plantilla de 1.500 profesionales de la seguridad privada. El grupo acaba de resultar adjudicataria del servicio de vigilancia del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, contratado por Aena.

El grupo comprador sí confirmó que Jaime Villares, fundador en el 2003 de Prosenorsa, continuará al frente de la empresa en Galicia con el cargo de director territorial noroeste.

La tercera de España

Segur es la tercera compañía de seguridad privada de España. Cuenta con más de seis mil trabajadores y sus ingresos ascendieron a 200 millones el año pasado. Por su parte, Prosenorsa facturó 10 millones y cuenta con medio millar de empleados.

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Ignacio Suárez García, nuevo consejero delegado de Grupo Segur para impulsar el crecimiento del grupo
Grupo Segur, compañía dedicada a la seguridad privada en España desde su creación en 1978, ha nombrado a Ignacio Suárez García nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado en un comunicado.
lainformacion.com | lunes, 23/06/14 - 14:57

Grupo Segur, compañía dedicada a la seguridad privada en España desde su creación en 1978, ha nombrado a Ignacio Suárez García nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado en un comunicado.

Ignacio Suárez ha desarrollado su carrera profesional en Televida, donde en 2010 fue nombrado director general y, posteriormente, consejero delegado de Tunstall Ibérica, tras la absorción de la compañía. Más tarde, fue designado consejero delegado del grupo para el Sur de Europa y Latinoamérica.

El nombramiento de Suárez García como consejero delegado de la empresa se enmarca dentro de la estrategia de la compañía que tiene como objetivo impulsar el crecimiento del grupo y fortalecer su posición en el sector de la seguridad privada.

Segur es la tercera empresa de seguridad privada en España y la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

(EuropaPress)


Ignacio Suárez García, nuevo consejero delegado de Grupo Segur para impulsar el crecimiento del grupo

cryber escribió:Ignacio Suárez García, nuevo consejero delegado de Grupo Segur para impulsar el crecimiento del grupo
Grupo Segur, compañía dedicada a la seguridad privada en España desde su creación en 1978, ha nombrado a Ignacio Suárez García nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado en un comunicado.
lainformacion.com | lunes, 23/06/14 - 14:57

Grupo Segur, compañía dedicada a la seguridad privada en España desde su creación en 1978, ha nombrado a Ignacio Suárez García nuevo consejero delegado de la compañía, según ha informado en un comunicado.

Ignacio Suárez ha desarrollado su carrera profesional en Televida, donde en 2010 fue nombrado director general y, posteriormente, consejero delegado de Tunstall Ibérica, tras la absorción de la compañía. Más tarde, fue designado consejero delegado del grupo para el Sur de Europa y Latinoamérica.

El nombramiento de Suárez García como consejero delegado de la empresa se enmarca dentro de la estrategia de la compañía que tiene como objetivo impulsar el crecimiento del grupo y fortalecer su posición en el sector de la seguridad privada.

Segur es la tercera empresa de seguridad privada en España y la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

(EuropaPress)


Ignacio Suárez García, nuevo consejero delegado de Grupo Segur para impulsar el crecimiento del grupo

Estarà supermegapreparado,pero el individuo no conoce la seguridad privada.¿No podian haber puesto a alguien de dentro? Y por cierto, a partir de agosto,Omdbus se harà cargo de los pesqueros...

Servicios de vigilancia y seguridad "sui géneris"
El ejemplo de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Tufo pestilente II
diariosigloxxi.com | José Luis Heras Celemín | jueves, 7 de agosto de 2014, 09:37

Las irregularidades en la Vigilancia y Seguridad de la Biblioteca de Catalunya, descubiertas en los litigios entre Segur Ibérica SA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción (ASPACOM) y la empresa Nix Universal S.L., tienen su origen en los Servicios de Vigilancia y Seguridad prestados por Segur Ibérica SA. Sobre ellos entienden, hasta el momento y entre otros, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona (Diligencias Previas 1473/2013-M) y el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia (Procedimiento Civil Ordinario número 679/2009).

Los servicios de vigilancia y seguridad, realizados desde el año 1993 por Segur Ibérica SA y por ello antes y durante el tiempo en el que el actual ministro de Defensa Pedro Morenés trabajó para esa empresa, fueron adjudicados tras unas licitaciones realizadas según las normas que regulan la Contratación Oficial. Como es obvio y es norma en toda contratación de Obras y Servicios que se hacen para el Estado, la licitación, la contratación y la prestación de los servicios han de hacerse cumpliendo las leyes españolas y vigilando el destino que se da a los caudales públicos.

Eso es lo que durante un tiempo se creyó que ocurría en los contratos de Servicios de Seguridad y Vigilancia que Segur Ibérica S.A. prestaba al Estado, entre ellos los firmados con la Generalitat de Cataluña. Para el caso concreto de la Biblioteca de Catalunya, para robustecer la creencia, existe además un certificado datado el día 23 de febrero de 2010, hecho a petición de un representante de la adjudicataria (Eric Cabezuelo Pey) y firmado por la Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca de Catalunya, doña Margarita Valverde Hernández, en el que se certifica “Que las facturas que ha pagado la Biblioteca de Catalunya, previamente han sido conformadas por el responsable de mantenimiento i de acuerdo con los servicios prestados según el contrato vigente”.

Sin embargo, como reconoce la señora Valverde en un certificado emitido el 23 de abril de 2014, cincuenta meses después de emitir el primero, “…la Biblioteca de Catalunya ha tenido acceso a documentación oficial del Ministerio del Interior acreditativa de que la empresa SEGUR IBÉRICA S.A. recurrió, para la prestación del servicio de seguridad, a vigilantes no habilitados”. O, lo que es lo mismo, la empresa no cumplió un contrato que obligaba a que el servicio se hiciera según la ley.

Y es que en los contratos de Organismos Públicos con empresas de seguridad es de aplicación lo que se establece en la legislación que se ocupa de regular la actividad: La Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Y el Real Decreto 2.364 por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada. En ambas normas, a grandes rasgos, se establecen las dos líneas maestras que regulan la actividad: Vigilancia y control de empresas y servicios, a través del Ministerio de Interior y de las fuerzas de seguridad. Y definición de la formación de las personas encargadas de prestar el servicio.

El control de la actividad por parte del Estado, que no es cuestión menor susceptible de dejarse a expensas de un empleado de una empresa de seguridad privada, tiene su origen en la Constitución vigente que, por una parte, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad (artículo 149) y, por otra, establece que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (artículo 104).

Los controles los define el Reglamento de Seguridad Privada. Concretamente, el artículo 138 establece que “Durante el primer trimestre de cada año, todas las empresas de seguridad remitirán a la Secretaría de Estado de Interior un informe explicativo de las actividades realizadas en el año anterior en el que constará”: El movimiento de altas y bajas del personal de seguridad. Relación de los servicios. Comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad en relación con la seguridad ciudadana. Y “La relación de auxilios, colaboraciones y entregas de detenidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

Por tratarse de la libertad y seguridad de las personas, era necesario definir la formación y preparación de los profesionales. Y se legisló que las labores de Seguridad fueran desempeñadas única y exclusivamente por “vigilantes habilitados” por el Ministerio del Interior. Así se establece en las ya citadas normas: Ley de Seguridad Privada (artículos 10.1, 10.2 y 12) y el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (artículo 52). Con ello, se “vigila” que los empleados tengan capacitación física y mental, se evita en la actividad a delincuentes con antecedentes penales, y se aparta del servicio a indeseables a los que en algún momento se les pueda entregar un arma.

Pero entre las anomalías en la Biblioteca de Catalunya sobre la habilitación de los empleados de seguridad que han prestado servicios hay alguna otra. La legislación también establece que las empresas de seguridad únicamente pueden emplear para prestar servicio de seguridad y vigilancia a sus propios empleados, estando vedado el empleo de personas de otras empresas no controladas por el Ministerio del Interior. Esto es lo que ha aparecido en las querellas y lo que, no sin acidez, se define en algún escrito presentado ante el juzgado como “trabajadores disfrazados de vigilantes”, a los que algún testigo define como “pakistaníes” a los que declara haber entregado un uniforme.

Los hechos que se describen, por otra parte, son tan variados que abarcan desde la (gravísima) declaración de un conductor “no habilitado como vigilante” que dice haber ido en un vehículo con explosivos, hasta el parte (picantón) de un Vigilante que prestaba servicios en la Biblioteca de Catalunya y que, habilitado o no (eso lo comprobará quien deba), anota en su Parte de Trabajo unas relaciones de vigilancia y expulsión de una prostituta que “desempeñaba su trabajo” en el recinto cultural catalán.

Las irregularidades y vigilancias “sui generis” hechas en la Biblioteca Nacional de Catalunya se han podido descubrir cuando uno de los litigantes conoció los datos que la empresa de Seguridad entregó al Ministerio del Interior en cumplimiento de la ley. Con ellos han aparecido: Las comprobaciones que la Biblioteca de Catalunya realizaba sobre unos servicios que se pagaban según los precios de contrato aunque hechos de forma distinta. La actuación de los Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, que ya ha producido una querella contra su Jefa (Margarida Gil i Domench). Los datos económicos sobre: El dinero pagado (que es importante), las horas facturadas y pagadas (que lo son a miles), las horas cobradas por trabajos no hechos según contrato (y supuestamente no hechas). Las penalizaciones, posibles, por incumplimiento supuesto de contrato. Los fraudes, cohechos y delitos (denunciados como cometidos). La responsabilidad de las personas implicadas (imputadas o no). Las penas a imponer (para compensar al Estado de la pérdida ocasionada) y…

Los “flecos” del caso, que deberán valorar y aclarar los órganos jurisdiccionales competentes y que, de momento, sólo constan como denunciados.

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cryber escribió:Servicios de vigilancia y seguridad "sui géneris"
El ejemplo de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Tufo pestilente II
diariosigloxxi.com | José Luis Heras Celemín | jueves, 7 de agosto de 2014, 09:37

Las irregularidades en la Vigilancia y Seguridad de la Biblioteca de Catalunya, descubiertas en los litigios entre Segur Ibérica SA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción (ASPACOM) y la empresa Nix Universal S.L., tienen su origen en los Servicios de Vigilancia y Seguridad prestados por Segur Ibérica SA. Sobre ellos entienden, hasta el momento y entre otros, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona (Diligencias Previas 1473/2013-M) y el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia (Procedimiento Civil Ordinario número 679/2009).

Los servicios de vigilancia y seguridad, realizados desde el año 1993 por Segur Ibérica SA y por ello antes y durante el tiempo en el que el actual ministro de Defensa Pedro Morenés trabajó para esa empresa, fueron adjudicados tras unas licitaciones realizadas según las normas que regulan la Contratación Oficial. Como es obvio y es norma en toda contratación de Obras y Servicios que se hacen para el Estado, la licitación, la contratación y la prestación de los servicios han de hacerse cumpliendo las leyes españolas y vigilando el destino que se da a los caudales públicos.

Eso es lo que durante un tiempo se creyó que ocurría en los contratos de Servicios de Seguridad y Vigilancia que Segur Ibérica S.A. prestaba al Estado, entre ellos los firmados con la Generalitat de Cataluña. Para el caso concreto de la Biblioteca de Catalunya, para robustecer la creencia, existe además un certificado datado el día 23 de febrero de 2010, hecho a petición de un representante de la adjudicataria (Eric Cabezuelo Pey) y firmado por la Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca de Catalunya, doña Margarita Valverde Hernández, en el que se certifica “Que las facturas que ha pagado la Biblioteca de Catalunya, previamente han sido conformadas por el responsable de mantenimiento i de acuerdo con los servicios prestados según el contrato vigente”.

Sin embargo, como reconoce la señora Valverde en un certificado emitido el 23 de abril de 2014, cincuenta meses después de emitir el primero, “…la Biblioteca de Catalunya ha tenido acceso a documentación oficial del Ministerio del Interior acreditativa de que la empresa SEGUR IBÉRICA S.A. recurrió, para la prestación del servicio de seguridad, a vigilantes no habilitados”. O, lo que es lo mismo, la empresa no cumplió un contrato que obligaba a que el servicio se hiciera según la ley.

Y es que en los contratos de Organismos Públicos con empresas de seguridad es de aplicación lo que se establece en la legislación que se ocupa de regular la actividad: La Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Y el Real Decreto 2.364 por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada. En ambas normas, a grandes rasgos, se establecen las dos líneas maestras que regulan la actividad: Vigilancia y control de empresas y servicios, a través del Ministerio de Interior y de las fuerzas de seguridad. Y definición de la formación de las personas encargadas de prestar el servicio.

El control de la actividad por parte del Estado, que no es cuestión menor susceptible de dejarse a expensas de un empleado de una empresa de seguridad privada, tiene su origen en la Constitución vigente que, por una parte, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad (artículo 149) y, por otra, establece que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (artículo 104).

Los controles los define el Reglamento de Seguridad Privada. Concretamente, el artículo 138 establece que “Durante el primer trimestre de cada año, todas las empresas de seguridad remitirán a la Secretaría de Estado de Interior un informe explicativo de las actividades realizadas en el año anterior en el que constará”: El movimiento de altas y bajas del personal de seguridad. Relación de los servicios. Comunicaciones a las Fuerzas de Seguridad en relación con la seguridad ciudadana. Y “La relación de auxilios, colaboraciones y entregas de detenidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

Por tratarse de la libertad y seguridad de las personas, era necesario definir la formación y preparación de los profesionales. Y se legisló que las labores de Seguridad fueran desempeñadas única y exclusivamente por “vigilantes habilitados” por el Ministerio del Interior. Así se establece en las ya citadas normas: Ley de Seguridad Privada (artículos 10.1, 10.2 y 12) y el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (artículo 52). Con ello, se “vigila” que los empleados tengan capacitación física y mental, se evita en la actividad a delincuentes con antecedentes penales, y se aparta del servicio a indeseables a los que en algún momento se les pueda entregar un arma.

Pero entre las anomalías en la Biblioteca de Catalunya sobre la habilitación de los empleados de seguridad que han prestado servicios hay alguna otra. La legislación también establece que las empresas de seguridad únicamente pueden emplear para prestar servicio de seguridad y vigilancia a sus propios empleados, estando vedado el empleo de personas de otras empresas no controladas por el Ministerio del Interior. Esto es lo que ha aparecido en las querellas y lo que, no sin acidez, se define en algún escrito presentado ante el juzgado como “trabajadores disfrazados de vigilantes”, a los que algún testigo define como “pakistaníes” a los que declara haber entregado un uniforme.

Los hechos que se describen, por otra parte, son tan variados que abarcan desde la (gravísima) declaración de un conductor “no habilitado como vigilante” que dice haber ido en un vehículo con explosivos, hasta el parte (picantón) de un Vigilante que prestaba servicios en la Biblioteca de Catalunya y que, habilitado o no (eso lo comprobará quien deba), anota en su Parte de Trabajo unas relaciones de vigilancia y expulsión de una prostituta que “desempeñaba su trabajo” en el recinto cultural catalán.

Las irregularidades y vigilancias “sui generis” hechas en la Biblioteca Nacional de Catalunya se han podido descubrir cuando uno de los litigantes conoció los datos que la empresa de Seguridad entregó al Ministerio del Interior en cumplimiento de la ley. Con ellos han aparecido: Las comprobaciones que la Biblioteca de Catalunya realizaba sobre unos servicios que se pagaban según los precios de contrato aunque hechos de forma distinta. La actuación de los Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, que ya ha producido una querella contra su Jefa (Margarida Gil i Domench). Los datos económicos sobre: El dinero pagado (que es importante), las horas facturadas y pagadas (que lo son a miles), las horas cobradas por trabajos no hechos según contrato (y supuestamente no hechas). Las penalizaciones, posibles, por incumplimiento supuesto de contrato. Los fraudes, cohechos y delitos (denunciados como cometidos). La responsabilidad de las personas implicadas (imputadas o no). Las penas a imponer (para compensar al Estado de la pérdida ocasionada) y…

Los “flecos” del caso, que deberán valorar y aclarar los órganos jurisdiccionales competentes y que, de momento, sólo constan como denunciados.

No entiendo como una empresa denunciada por estafa a nivel nacional por todas las grandes empresas contratadoras de seguridad RENFE, ADIF, EL CORTE INGLES, AENA ... donde se demostro que cobraban vigilantes sin ponerlos, continua funcionando, solo en indemnizaciones deberían haber cerrado.