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Le taponé la herida y presioné para que no perdiera más sangre
diariodemallorca.es | 24.05.2014 | 06:30

Emilio Sifre, un vigilante de seguridad, se encontraba ayer sentado en una terraza de la plaza de España, en compañía de unos amigos, cuando vio llegar a un joven pidiendo auxilio en la cervecería donde se encontraba. Acababa de ser apuñalado en el tórax. "Se levantó la camiseta y sangraba abundantemente", explicó. El vigilante no se lo pensó dos veces y pidió material para practicarle primeros auxilios: abundante papel y unos guantes. "Le taponé la herida y presioné para que no perdiera más sangre hasta la llegada de la ambulancia. De repente vi que entraba en shock y las pupilas se le iban cerrando. Se le cortaba la respiración y le masajeé", indicó. Las asistencias sanitarias relevaron luego al vigilante.


Emilio Sifre, vigilante de seguridad

Detenido en Bilbao tras rociar con gasolina una oficina de Lanbide y amenazar con prenderla fuego
El hombre había acudido a realizar una consulta sobre unas ayudas. Al no estar conforme con la respuesta, se ha dirigido a los trabajadores y "les ha dicho que abandonaran el local ya que lo iba a quemar"
elcorreo.com | EUROPA PRESS | bilbao | 23 mayo 201419:17

Un hombre de 45 años ha sido detenido este viernes en Bilbao acusado de rociar con gasolina una oficina de Lanbide y amenazar con prenderla fuego. El arrestado llevaba consigo una garrafa de cinco litros, de los que ha vertido unos tres por el local, y un mechero, según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se han registrado sobre las doce menos diez del mediodía en una oficina del servicio vasco de empleo ubicada en la calle Jaén de la capital vizcaína. Según ha explicado el sindicato LAB, el hombre había acudido a la oficina y, al no estar conforme con la respuesta que se le ha dado sobre unas ayudas, se ha dirigido a una dependencia en la que había varios trabajadores y "les ha dicho que abandonaran el local ya que lo iba a quemar".

Al parecer, después ha vertido gasolina en una gran parte del local, "salpicando a trabajadoras que salían", y cuando trataba de accionar el mechero, el guardia de seguridad y otro trabajador han impedido que incendiara la oficina. Finalmente, el guarda de seguridad le ha reducido en el suelo y ha telefoneado a la Ertzaintza, que ha acudido a la oficina y ha procedido a su detención.

Los trabajadores han permanecido fuera de la oficina una media hora, tras lo cual "Lanbide les ha ordenado volver a sus puestos de trabajo, ya que dos empleadas habían fregado el suelo", ha relatado el sindicato.

No obstante, los trabajadores se han negado a continuar prestando servicio público "con un olor a gasolina nauseabundo" ya que no consideraban garantizada su seguridad. Tras hablar el director de la oficina con la dirección del Servicio vasco de empleo, se ha decidido cerrar la oficina de empleo.

Situación "insostenible"

LAB ha denunciado que la situación de los empleados de Lanbide es "totalmente insostenible" con "estrés, amenazas, presiones de la patronal, de la ciudadanía". "La de las personas excluidas es aún peor", ha lamentado.

La central ha reiterado que los trabajadores de Lanbide no cuentan con medios ni personal "suficiente para hacer frente a la situación de emergencia económica". Del mismo modo, considera que el sistema de protección social actual "es totalmente insuficiente".

El sindicato ha recordado que "hace un año y tres meses una compañera de esa misma oficina fue amenazada con un arma de fuego". "Las empleadas públicas no tenemos responsabilidad alguna sobre la situación de las personas en situación de exclusión social. Aquellos que crearon la crisis y la están agravando no prestan servicio en una ventanilla de las oficinas de empleo atendiendo a la ciudadanía", ha planteado.

Finalmente, ha advertido de "los graves sucesos que ocurrirán" si el Gobierno y Lanbide continúan "por el camino que hasta ahora han transitado".

"No lo solucionarán con más seguridad privada, ni con un arco detector de metales, sino desarrollando los servicios públicos y las prestaciones del sistema de protección social para superar esta situación económica injusta e insoportable, así como enmendando todas las decisiones claramente erróneas y arbitrariedades adoptadas por Lanbide", ha asegurado.

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El Gobierno riojano homologa a 6 firmas de seguridad para vigilar sus edificios
La vigilancia de los organismos oficiales queda aglutinada bajo un único contrato para «buscar la mayor eficacia y ahorro en la gestión»
larioja.com | J.E. | LOGROÑO | 19 mayo 2014 | 23:25

La Consejería de Administración Pública y Hacienda ha homologado a seis empresas del sector de seguridad para que puedan ser adjudicatarias del servicio de vigilancia de edificios de la Administración General de la Comunidad de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entes integrantes del sector público de La Rioja. La homologación forma parte de un procedimiento iniciado por el Ejecutivo regional para centralizar también la contratación de este servicio.

Las compañías que acaban de ser homologadas son Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A; la UTE formada por CIS Compañía de Seguridad y Stanley Security España; Segur Ibérica; Seguritas Seguridad España; Garda Servicios de Seguridad y Alerta y Control.

De esta forma, estas seis empresas podrán optar a los contratos para la vigilancia de edificios de la Comunidad Autónoma que se irán adjudicando próximamente. Con el nuevo sistema de contratación, las consejerías del Ejecutivo regional deberán consultar al menos a tres de ellas para contratos inferiores a 134.000 euros y en el caso de que se supere esta cuantía deberán poder concurrir las seis. Entre las primeras adjudicaciones que se realizarán con arreglo a esta fórmula figuran la del Hospital Fundación de Calahorra y la de edificios del SERIS.

Según expuso ayer el Ejecutivo regional a través de una nota de prensa, gracias a este acuerdo se han establecido unos precios máximos por hora de servicio «para conseguir de este modo un mayor control del gasto».

La actuación, añadió el Gobierno regional, se enmarca dentro de la política de contratación centralizada que el Gobierno de La Rioja ha implantado en la Comunidad Autónoma al inicio de esta legislatura «para buscar la mayor eficacia y ahorros en la gestión y tramitación de los recursos».

Se han programado las IX jornadas de seguridad privada, que se desarrollarán los días 10 y 11 de junio del actual, en el salón de actos del centro policial de Betoño (Vitoria).interesados enviar email a vitoria.segpriv@policia.es

PROGRAMA
10-06-2014 (martes / tarde)

15.50 horas. Recogida de credenciales y presentación de las jornadas.
16.00 horas. Regulación normativa de la Seguridad Privada y actuación en infraestructuras críticas y grandes eventos. Comentarios a la nueva Ley de Seg. Privada
16.50 horas. Descanso
17.00 horas. La cooperación y colaboración en el ámbito de seguridad privada.
17.40 horas. Descanso.
18.00 horas. Delitos contra las personas. Protección del escenario del crimen.
18.50 horas. Descanso
19.00 horas. Intervención del vigilante de seguridad en lugares de grandes concentraciones de público.
19.50 horas. Descanso
20.00 horas. La intervención del vigilante de seguridad y la fase judicial. La identificación, detención y registro. Protección jurídica del vigilante de seguridad.
20.50 horas. Finalización de las jornadas.

PROGRAMA
11-06-2014 (miércoles / mañana)

08.50 horas. Recogida de credenciales y presentación de las jornadas
.
09.00 horas. Regulación normativa de la Seguridad Privada y actuación en infraestructuras críticas y grandes eventos. Comentarios a la nueva Ley de Seg. Privada
09.50 horas. Descanso
10.00 horas. La cooperación y colaboración en el ámbito de seguridad privada.
10.40 horas. Descanso
11.00 horas. Delitos contra las personas. Protección del escenario del crimen.
11.50 horas. Descanso
12.00 horas. Intervención del vigilante de seguridad en lugares de grandes concentraciones de público.
12.50 horas. Descanso
13.00 horas. La intervención del vigilante de seguridad y la fase judicial. La identificación, detención y registro. Protección jurídica del vigilante de seguridad.
13.50 horas. Finalización de las jornadas.
TEMARIO.-

1.-NORMATIVA REGULADORA

1.1. Legislación

• Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

• Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

• Órdenes 14 y 18 / 2011 de 1 de febrero, por las que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre empresas de seguridad y sobre el personal de seguridad privada.

• Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana.

1.2.-Especial responsabilidad de Jefes y Directores de Seguridad. Funciones de los servicios de protección. Marco legal.

1.3.-Distinciones

1.4.-Infracciones

1.5.-Pautas para una colaboración eficaz

1.6.-Canales de Comunicación

2.- NOCIONES DE DEFENSA PERSONAL.
2.1. Los delitos cometidos contra las personas.
Tipología delincuencial:
2.1.1. Robos con violencia o intimidación.
2.1.2. Lesiones.
2.1.3. Homicidios.
2.1.4. Contra la indemnidad sexual.
2.1.5. Coacciones.
2.2. Protección de la escena del crimen.
2.1.1. Medidas urgentes a adoptar.
2.1.2. Conductas a evitar.
2.1.3. Comunicaciones a FFCCS y colaboración.

3.- ACTUACIÓN OPERATIVA DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD.
3.1.- Modus operandi habituales: Características y medidas de seguridad.
3.2.- Delincuentes habituales: Características y medidas de seguridad.
3.3.- Intervención operativa: Recepción, comunicación, protocolo actuación.
3.4. Trámites posteriores.

4.- LA INTERVENCIÓN DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y LA FASE JUDICIAL.
4.1.- La intervención del vigilante de seguridad en el ámbito del Derecho. Posibilidades de actuación de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada.
4.2.- Protección jurídica del vigilante de seguridad.
4.3.- La detención, la identificación y el registro. Marco legal

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Despiden a un vigilante que insultó al dueño de un local en desahucio
laopiniondemurcia.es | EFE | 29.05.2014 | 10:26

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado que declaró procedente el despido de un vigilante de seguridad que durante el desahucio de un local de negocios insultó y amenazó a su propietario.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el trabajador despedido presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social de Murcia que declaró procedente el cese de la relación laboral porque los hechos eran constitutivos de una infracción muy grave.

El juez declaró probado que el incidente se produjo en agosto de 2012, cuando este empleado de la empresa se seguridad P., S.A. hizo comentarios despectivos contra el propietario del local, además de amenazarle "con tirarse a la yugular", cuando se procedía al desahucio de los inquilinos del mismo.

En la carta de despido, la empresa puso en su conocimiento que "usted ha quebrado los más elementales principios de profesionalidad, diligencia, confianza en su persona y buena fe contractual, amenazando al dueño de un local del edificio cuya vigilancia y custodia precisamente usted tiene encomendada".

La empresa señalaba también que esa actitud de su empleado "obligó a dicho propietario a abandonar sus actividades en el mismo, lo que supone un severo daño a nuestra imagen frente a nuestros clientes, hechos de máxima gravedad que merecen ser sancionados con la máxima sanción".

Al desestimar el recurso, la Sala de lo Social del TSJ indica que "los citados comportamientos son incompatibles con las funciones de un vigilante de seguridad, que son las de vigilar y proteger los biene muebles e inmuebles y proteger a las personas que puedan encontrarse en los mismos".

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La Guardia Civil de Melilla interviene 800 pastillas de un conocido fármaco estupefaciente
Se encontraban en el interior de un paquete recibido en Correos y remitido desde Puerto Llano (Puerto Real)
infomelilla.com | Sábado, 7 de Jun de 2014 a las 11:27:09 h.

La Guardia Civil ha intervenido en Melilla 800 pastillas de un fármaco encuadrado dentro la rama de los estimulantes, cuyo principio activo es el metifenidato.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación se ha llevado a cabo en las oficinas de Correos, durante la misión de resguardo fiscal que tiene como objetivo principal la supervisión y control de la facturación de mercancías y paquetería tanto a la llegada como en la salida de Melilla y evitar así que se cometan actos ilícitos, tanto en el ámbito administrativo como en el fiscal o penal.

Durante esta fiscalización, los vigilantes de seguridad privada encargados de la visualización previa con scanner de la paquetería, observaron géneros en el interior de un paquete facturado desde la localidad de Puerto Llano (Ciudad Real), que levantaron sospechas de contener géneros ilícitos, por lo que advirtieron de ello a la Guardia Civil que activó el protocolo establecido al efecto.

A continuación, y en presencia de la autoridad judicial, se procedió a la apertura del paquete comprobando que contenían en su interior ocho bolsitas con un total de 800 pastillas de un conocido medicamento estimulante cuyo principio activo es el “metifenidato”.

Este tipo de pastillas suele distribuirse en lugares de ocio entre jóvenes, donde se mezcla con alcohol potenciando así los efectos con su mezcla, lo que conlleva un riesgo añadido para su salud del que son desconocedores.

La Guardia Civil quiere hacer un llamamiento a los ciudadanos para informar de la peligrosidad de consumir algún tipo de fármacos fuera de los canales autorizados, ya que la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponde exclusivamente a las oficinas de farmacias, servicios de farmacia de los hospitales y de los Centros de Salud y deben ser prescritos por personal facultativo autorizado.

Por los hechos citados ha sido Imputada una persona de nacionalidad española, natural y residente en Melilla, destinatario del paquete, que ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de Tráfico de Drogas con medicamentos.


Pastillas intervenidas / Autor: Guardia Civil

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Gran trabajo atribuido a la guardia civil, aunque fue seguridad privada quien lo descubrió.

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Al contar la noticia la GC, primero ubican el lugar y el dispositivo e inmediatamente mencionan, sin dejar lugar a dudas, quien localiza la sustancia, los vigilantes de seguridad, para continuar con el desenlace.
Evidentemente el titular que más valoraría la labor de quienes localizan la sustancia sería "Vigilantes de Seguridad de Correos localizan 800 pastillas de un conocido fármaco estupefaciente". Pero eso es exigir mucho al periodista, al menos no corto una parte de la noticia.
Y un lector con un mínimo de comprensión lectora, al leer el artículo se da cuenta de quien realiza la parte fundamental de la intervención, que es localizar la sustancia. Y eso está bien explicado, creo yo.

Gc Edicion 175 Aniversario

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cryber escribió:Despiden a un vigilante que insultó al dueño de un local en desahucio
laopiniondemurcia.es | EFE | 29.05.2014 | 10:26

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado que declaró procedente el despido de un vigilante de seguridad que durante el desahucio de un local de negocios insultó y amenazó a su propietario.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el trabajador despedido presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social de Murcia que declaró procedente el cese de la relación laboral porque los hechos eran constitutivos de una infracción muy grave.

El juez declaró probado que el incidente se produjo en agosto de 2012, cuando este empleado de la empresa se seguridad P., S.A. hizo comentarios despectivos contra el propietario del local, además de amenazarle "con tirarse a la yugular", cuando se procedía al desahucio de los inquilinos del mismo.

En la carta de despido, la empresa puso en su conocimiento que "usted ha quebrado los más elementales principios de profesionalidad, diligencia, confianza en su persona y buena fe contractual, amenazando al dueño de un local del edificio cuya vigilancia y custodia precisamente usted tiene encomendada".

La empresa señalaba también que esa actitud de su empleado "obligó a dicho propietario a abandonar sus actividades en el mismo, lo que supone un severo daño a nuestra imagen frente a nuestros clientes, hechos de máxima gravedad que merecen ser sancionados con la máxima sanción".

Al desestimar el recurso, la Sala de lo Social del TSJ indica que "los citados comportamientos son incompatibles con las funciones de un vigilante de seguridad, que son las de vigilar y proteger los biene muebles e inmuebles y proteger a las personas que puedan encontrarse en los mismos".

Pero vamos a ver,hay que ser un poco bastante descerebrado para decir eso. En èsta nuestra profesion, a veces tenemos que ver ( y hacer) cosas que no nos agradan en absoluto,aunque sea doloroso para nuestra conciencia,como imagino que les pasarà a los compañeros de la Seguridad Publica.Vamos que con esa actitud,se ha despedido èl solito.

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El TC anula aspectos de ley vasca de seguridad al invadir competencia estatal
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos dos incisos de los artículos 49.1 y 55 de la ley del País Vasco de ordenación del sistema de seguridad pública al considerar que en algunos aspectos invade la competencia estatal.
lainformacion.com | viernes, 13/06/14 - 12:05 | (Agencia EFE)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos dos incisos de los artículos 49.1 y 55 de la ley del País Vasco de ordenación del sistema de seguridad pública al considerar que en algunos aspectos invade la competencia estatal.

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano el TC estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de España contra varios preceptos de la ley de seguridad pública de Euskadi y establece además cuál debe ser la interpretación del artículo 8.3.b de la norma para que sea conforme a la Constitución.

El TC hace un análisis ponderado de las competencias en liza para llegar a un punto intermedio entre el criterio de máximos defendido por la comunidad autónoma y el restrictivo de las primeras sentencias del tribunal referidas a esta materia, que limitaban el alcance de las competencias autonómicas a funciones de organización de la Policía y mantenimiento del orden público.

Partiendo de la base de que en materia de seguridad pública "al Estado le corresponden todas las potestades normativas y ejecutivas salvo las que se deriven de la creación de policías autonómicas", el TC reconoce que la competencia autonómica puede verse ampliada a materias que inciden en el ámbito de protección de personas y bienes cuando tengan carácter "inherente o complementario" a aquellas.

Sobre el artículo 8.3.b de la ley recurrida, que prevé la integración de un representante estatal en el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, el TC establece que su contenido es constitucional siempre y cuando se entienda que al Estado corresponde "la decisión última" respecto de la misma y de los términos en que deba producirse.

El TC declara inconstitucional el artículo 49.1, según el cual las poblaciones limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen más de 50.000 en conjunto podrán asociarse para la prestación de servicios policiales cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes.

La resolución explica que esta previsión excede de las competencias autonómicas porque, si bien la comunidad puede autorizar la asociación, solo al Estado corresponde determinar los requisitos que han de cumplir los acuerdos de la misma.

Tras un amplio reconocimiento de las competencias autonómicas en la materia, la sentencia declara inconstitucional el artículo 50, que atribuye al Gobierno vasco la capacidad de desarrollar los requisitos y condiciones exigibles al ejercicio por personas y empresas privadas de funciones de seguridad e investigación.

El tribunal señala que en el ámbito de la seguridad privada todas las potestades normativas corresponden al Estado.

A la misma conclusión por idéntica razón llega el TC respecto del primer párrafo del artículo 55, que atribuye al Gobierno vasco la ejecución de "la legislación del Estado y de la comunidad autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada".

El TC anula el inciso "y de la comunidad autónoma de Euskadi" por cuanto que "la potestad normativa en materia de seguridad privada corresponde en exclusiva al Estado".

Finalmente, el TC declara la constitucionalidad de otros dos apartados del artículo 55.

Entiende que "la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada" cuya competencia se atribuye al Gobierno vasco "son actuaciones materiales relacionadas con la seguridad de las personas y bienes y por ello inherentes o complementarias a las potestades de una Policía propia".

Para el TC también es conforme a la Constitución la competencia autonómica respecto de la autorización de los centros de formación de personal de seguridad privada cuando tengan su sede en el territorio de la comunidad autónoma.

Artículo 50. Regulación.
El Gobierno Vasco desarrollará reglamentariamente, en el marco definido por la legislación estatal sobre seguridad pública y privada y lo dispuesto en la presente ley, los requisitos y condiciones exigibles para el ejercicio por personas y empresas privadas de funciones de seguridad e investigación en Euskadi, así como las medidas de seguridad que deban adoptar las empresas o establecimientos con el fin de prevenir la comisión de actos delictivos.

Artículo 55. Seguridad privada.
Corresponde al Departamento competente en seguridad pública la ejecución de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada, para lo cual ejerce las siguientes atribuciones:
a) La autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Euskadi cuando su ámbito de actuación no supere el territorio de Euskadi.
b) La inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se presten en Euskadi.
c) La autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada.
d) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privada con la Ertzaintza y las Policías locales.