FORO POLICIA

Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

Hogueras con sidra escribió:Cierto, la GC no es el mejor ejemplo de cuadrante, aunque en las cárceles no suelen existir esos vaivenes, por motivos concretos de esos servicios.
En el CNP, el personal en servicios de 24 horas tiene el cuadrante fijo anual (o casi eterno), intocable salvo negociación entre el policía que presta servicio y el policía (de cualquier categoría) que maneja el cuadrante. El que se deja "manipular" es porque quiere.
Pero que lleves 3 meses con horas extras y te digan que te compensan el mes que viene con días libres cuando le apetezca al que hace el cuadrante, no hace ninguna gracia.
Y con un contrato de servicio por más de 12 meses no parece correcto.

La horas extras en seguridad privada casi no existen dependerá de la empresa o delegación y si hay bajas, permisos….En muchos servicios hay un cuadrante anual
Por otro lado muchos Guardias Civiles no quieren abandonar las cárceles ya que cuando sean trasladados a otros puestos no tendrán un “cuadrante” estable, pero cada destino…

Increibles precios

materialpolicial.com

Los guardias civiles y policías nacionales no quieren abandonar ese servicio porque están, muy, muy contentos en el mismo y porque saben que funciones similares en otros servicios no son prestadas de forma igual, ni siquiera parecida.
Y creo que no hace falta que diga más.
Y respecto a alguna empresa que tiene contrato en estas cárceles, es de poca vergüenza prometer a sus empleados que se les abonarán horas extras, allá por octubre, cuando se inicia servicio y el personal está muy justo y cuando llega la hora de pagar se dice que no, pero que sigan haciendo horas extras en diciembre, que en enero ya se les dará días libres o no. Evidentemente un cuadrante estable es imposible de tener en estas circunstancias.
Me parece que no es tan difícil contratar al personal necesario para un mínimo de 16 meses con el paro que hay en el sector. Y si hay bajas médicas o definitivas, tal vez se tendría que revisar la política empresarial o por lo menos agilizar la contratación.
Pero incluso un ignorante como yo sabe que si en diciembre no se pagan las horas extras de octubre y noviembre y además no se contrata a nadie para cubrir las bajas, el balance contable del año sale más beneficioso para la empresa.

intervencionpolicial.com

SEGURIDAD El proceso comenzó en mayo de 2013 y se amplió en octubre de 2014
Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros

Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican el plan del Gobierno

Denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras

El Ejecutivo alega que las incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución

GRÁFICO: La seguridad en los centros penitenciarios


En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.

"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".

A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.

En Europa

Reino Unido
Se convirtió en 1992 en el primer país de Europa con prisiones administradas por empresas consignadas por el Estado. En la actualidad 14 cárceles de Inglaterra y Gales -de un total de 132- son explotadas mediante contrato, según datos del sindicato ACAIP.

Francia
También ha delegado en 40 centros (36% de la población reclusa) el mantenimiento de las instalaciones, la provisión de comida y las actividades de reinserción. No obstante, la limpieza, la seguridad interna y externa, los controles administrativos y la asistencia judicial y médica siguen en manos del Gobierno.
Precedentes
En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios (interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia sanitaria especializada.
Contra estas incorporaciones, que desde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.

Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.

"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".

"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.

Sindicatos como CSI-F y SUP critican la poca transparencia del Gobierno
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.

No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".

Interior defiende la 'optimización en la gestión'

La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".

"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' mediante procedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.

"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la Administración Pública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".

En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014.

Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras que Ombuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibérica se hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).

Grado de formación y principio de autoridad

Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el "'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.

Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600 de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo", zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los vigilantes que a los funcionarios".

Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa" económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: un derroche escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.

Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que reclama al proceso "transparencia y legalidad". "No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello, habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro por centro".

ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste Figueroa.

Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo.

CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un civil".

'Duplicidad de funciones manifiestamente inútil'

Tomás Torrego (Secretario General SUP Segovia)
Desde el pasado 1 de octubre la empresa Securitas Seguridad España trabaja en la vigilancia perimetral en el centro penitenciario de Segovia-Torredondo, relevando a miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el desarrollo de algunas funciones.
"Tras estos meses de experiencia no ha supuesto ninguna mejora el servicio prestado en dicho centro, sino que además supone en algunos casos una duplicidad de funciones manifiestamente inútil", señala Torrego, quien subraya que en el puesto antes ocupado por un policía ahora hay un vigilante supervisado por un agente "debido a la sensibilidad" de dicho cometido.
Segovia-Torredondo es el único centro de Castilla y León bajo control del Cuerpo Nacional de Policía. En torno al 15% de la plantilla de la Comisaría local desarrolla funciones relacionadas con la seguridad del centro penitenciario, como recorridos, conducciones y custodios de los internos. Pese a la incorporación de los vigilantes "no ha habido una recuperación proporcional de efectivos", enfatiza Torrego.
El secretario general del SUP Segovia teme que en los próximos años la plantilla "pueda verse mermada drásticamente al no convocar la Dirección General de la Policía plazas vacantes si se utilizara la falsa regla de que un vigilante se hace cargo de la tarea de un policía en el centro penitenciario".

'Falta de transparencia y de respeto'

Agustín Clemente (Secretario General AUGC Albacete)
La vigilancia exterior de la prisión albaceteña de La Torrecica, como la del resto de centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, fue asignada a la empresa Ombuds. La llegada de personal externo ha provocado que el número de guardias civiles que prestan servicio haya pasado de cinco a tres.
Clemente se hace eco de un "malestar importante" en el Cuerpo y detecta "menosprecio" por parte del Ministerio del Interior. "Durante años hemos realizado este servicio, muchas veces en condiciones lamentables y sin ningún incentivo económico y ahora vemos cómo una empresa privada gana dinero. Por supuesto, a costa de sus trabajadores (21 vigilantes), que cobran una miseria por hacer aproximadamente 220 horas al mes, alrededor de 60 extra, para percibir un sueldo de 1.300 euros, quedando para la empresa una ganancia en torno a los 600-800".
"Y todo esto para reforzar y complementar un servicio que era el adecuado y eficaz; ésta era la respuesta cuando solicitábamos mejoras", denuncia la paradoja. El secretario general de AUGC Albacete muestra su preocupación por qué en la tercera fase del proceso de privatización el Cuerpo deje de prestar servicio en la prisión. "Vemos cómo se impone la falta de transparencia y de respeto. Mientras a nosotros se nos niega el pan y la sal, para otros sí que hay recursos", concluye.


http://www.elmundo.es/espana/2015/02/20 ... b457a.html

Oposiciones Cnp 2013

sector115.es

Las elecciones generales aparcan el plan de privatización de la seguridad de las prisiones.
Interior aún no ha decidido si dará paso a la tercera fase del proyecto, que iba a conllevar la salida de guardias civiles de los centros penitenciarios a partir del próximo octubre

La inminente celebración de las elecciones generales -que los últimos pronósticos sitúan a mediados de diciembre- llevará previsiblemente a que el Gobierno evite tomar decisiones que conlleven un coste electoral después de verano. Uno de los temas tabú que se dejarían de lado es el controvertido asunto de la privatización de la seguridad en las prisiones, que provocó -cuando se puso en marcha en 2012- un sonado abucheo al Ejecutivo por parte de la opinión pública, que lo interpretó como un primer paso para ir cediendo competencias de la Policía y la Guardia Civil a las empresas.

La tercera fase del plan de privatización de la seguridad de las prisiones tendría que entrar en vigor el próximo octubre, según los plazos inicialmente previstos por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio del Interior no es capaz de aclarar a estas alturas si cumplirá los tiempos, que ya sufrieron retrasos en las dos primeras fases. Por el momento, desde el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz explican que aún no está decidido si se pasará al tercer estadio antes de las elecciones generales y que, en caso de que se opte por no hacerlo, se prorrogaría el actual momento por tiempo indefinido.

En la práctica, es muy posible que el nuevo Gobierno que salga de las urnas, por lo tanto, se encuentre el plan inacabado y con posibilidades de volver a replantearlo, ya que por el momento no ha salido ningún guardia civil de los centros penitenciarios, como estaba previsto que ocurriera ya en 2015. De hecho, en varios consejos de la Guardia Civil -órgano de encuentro entre asociaciones profesionales y administración- celebrados en 2014 los representantes de la Dirección General y los de los sindicatos abordaron el tema de los nuevos destinos que ocuparían los agentes una vez que abandonasen su plaza en las prisiones. Ambas partes incluso llegaron a pactar que estos funcionarios serían recolocados en la misma ciudad en la que operaban para no alterar su vida familiar.

Por el momento, por lo tanto, el plan únicamente ha conllevado gastos y ningún ahorro, que es la finalidad con la que se puso en marcha, como destacó el 28 de junio de 2012 el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que era necesario tirar de seguridad privada en los centros penitenciarios ante la imposibilidad de asumir los costes del servicio con nuevas plazas de funcionarios. Según calculó entonces el sindicato Acaip, la medida conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.

Sin embargo, el mantenimiento de los guardias civiles y de los vigilantes de seguridad junto a los funcionarios de prisiones en los mismos centros, sin que nadie abandone sus puestos, ha engordado en la práctica el coste global destinado por el Ministerio del Interior a este servicio, y ha supuesto una de las cinco mentiras en torno a este proyecto. El Gobierno desembolsó 33 millones de euros a las empresas de seguridad que se hicieron cargo de la vigilancia perimetral de las prisiones españolas tras la puesta en marcha de la segunda fase del plan el pasado año.

El plan de privatización, por lo tanto, no cumplirá su función de ahorro, pero tampoco aquella para la que también fue concebido inicialmente. El Ejecutivo vendió el proyecto ante la opinión pública justo en el momento en el que ETA había abandonado la lucha armada y, de hecho, utilizó esta excusa para prometer a los escoltas que habían trabajado toda la vida protegiendo a personalidades amenazadas por la banda que pasarían a vigilar ahora los centros penitenciarios. Sin embargo, apenas un 10% de los vigilantes que se dedica a estos menesteres hoy ha sido antes guardaespaldas.

Los profesionales de la protección de personas se sienten defraudados por el Gobierno porque consideran que ha roto su promesa. De hecho, varios centenares se agruparon en torno a la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi para movilizarse contra el Ministerio del Interior y pedir un puesto de trabajo digno, lo que muestra el descontento de este sector con el desarrollo del plan de Interior.
http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... es_957708/

Tres vigilantes de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas.
Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad Temen que se repitan episodios más graves.

Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria.

Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias.

Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos.

En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica.

En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso.

Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país.

Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro.

La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente.

El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios.

En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos.

Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa".

El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.

http://www.huelvainformacion.es/article ... nazas.html

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El periodista comete el error de decir que los v.s de las prisiones proceden de los servicios de escolta del PV, una pena que no haya investigado un poco en internet, habría encontrado rápido este detalle, que sólo sirve para aumentar el número de palabras del artículo.
También está equivocado en que Ombuds prestara servicio en algunas de las prisiones que nombra, se ve que las fuentes consultadas son muy malas.
Yo conozco otro episodio muy grave de enfrentamiento entre vv.s de una prisión, con intento de asesinato en mi opinión, desconozco la calificación del fiscal, pero esperar a un compañero a la salida de su domicilio con un cuchillo y atacarle, merece esa calificación. El motivo de la disputa también fue laboral.
Por lo que me dicen mis amigos vv.s en prisiones, en muchas se están incumpliendo las promesas hechas en la contratación, con menos horas de arma que implica menos sueldo y con cuadrantes imposibles de compaginar con una familia a muchos kms. Nada nuevo en el sector.
el servicio en las cárceles es un muy tedioso, con muchas horas de poca actividad y con muchos trabajadores próximos, que generan muchas tensiones, incluso críticas a personal de las FFCCSE o de IIPP, que acaban en sanciones o castigos a los que desprecian e insultan a los demás.

JASAN12 escribió:Hombre cada servicio es un mundo, pero en varios servicios más de un guardia civil me dijo que me cambiaba el puesto y cargo a ojos cambiados por el cuadrante.
Un día pase a hacer una gestión por un cuartel de la Gc y llego el sargento y mando a un guardia llamar a un compañero que cambiaba de mañanas a tardes el guardia puso cara…. Y llamo al compañero….después el guardia cogió la goma de borrar y cambio el cuadrante hecho a lápiz….

Pues tampoco lo entiendo; sea cual sea la cadencia, las horas a final de mes tienen que ser las mismas. Antes sí distaba más entre plantillas: algunas hacían 160 y otras 144, pero ahora no llegamos ni a estas últimas. Si no me equivoco, un vigilante hace bastantes más para llegar a un sueldo razonable.

Hogueras con sidra escribió:Cierto, la GC no es el mejor ejemplo de cuadrante.

En los destinos con plantillas pequeñas, lógico; en plantillas grandes siempre ha existido cuadrante fijo.


Me parece perfecto lo que pretenden hacer. Varios VS supervisados por un funcionario, como ya ocurre en los filtros aeroportuarios, y la mayor de estos funcionarios a prestar servicio a la calle, donde hacen falta; porque como dice uno por ahí, las plantillas en zonas rurales de Guardia Civil dejan mucho que desear. En mi opinión, la cárcel debería ser un premio exclusivo para caimanes.

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De cuadrantes de la GC algo se por la rama familiar, y en algunos servicios de Madrid capital dejan mucho que desear, en mi opinión, pues no tienen cadencia fija y se dan 15 días antes, con un suplicio para cambiar el turno, por un sistema de papeletas con trámites interminables.
Evidentemente el sueldo de un v.s es mucho menor que el de un guardia civil, pero para cumplir su jornada mensual, algo más que la de la GC, suelen tener un cuadrante mucho más coherente y sano, en mi opinión. Mejor también que en el CNP, pues libran un fin de semana entero en 4 semanas (con 4 grupos y turnos de 8 horas), mientras que en el CNP, con 5 grupos y turnos de 8 horas de media, sólo se libra un fin de semana completo en 5 semanas, más un sábado y un domingo libres por separado. No parece muy buen cuadrante siendo más y menos horas. En la GC antes no había fines de semana libres fijos y ahora también varía, pero se ha mejorado.
Cierto es que con la última norma se ha mejorado algo, compensado con un libre las 6 noches o los 3 festivos, cosa que no ocurre en SP ni en el CNP, por tener criterios diferentes y forma de pagar distinta.
Pero lo suyo sería comparar el cuadrante de un policía nacional y de un guardia civil que estén a turnos, aunque las diferencias de criterio lo hacen complicado, pues se compensa la nocturnidad y festividad de forma distinta. Además de que en mi criterio el Africano del CNP o tripletes en la GC no es sano ni coherente y deja mucho que desear.
Pero si no me equivoco, antes de la nueva norma, un puesto con el personal a tripletes no llegaba a las horas, mientras que en el CNP sí y además tiene un complemento económico. Además de cuadrante fijo anual o para toda la vida.

Se supone que en las cárceles se va a retirar efectivos de la GC o CNP para ponerlos en otras labores exclusivas, pero esa fase aún no ha llegado y parece ser que se va a retrasar hasta después de las elecciones, por lo que el plan vuelve a tener dudas en sus razones para implantarse.

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Yo, por mi experiencia, en Madrid toda, salvo en uno de los cinco destinos en los que he estado, mi cuadrante ha sido anual. Sin embargo, ahora que hago menos horas que nunca -este mes 128, sin asuntos particulares, ni vacaciones- es cuando peor me parece, porque la cadencia es mucho más larga -a 6 semanas-. Pero el africano tampoco lo quería.
No quisiera desvirtuar el hilo. Me sigue pareciendo una idea fantástica; podían hacer lo mismo con el Parque Movil y la Dirección...

Navaja Tactica Rui

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Hogueras con sidra escribió:De cuadrantes de la GC algo se por la rama familiar, y en algunos servicios de Madrid capital dejan mucho que desear, en mi opinión, pues no tienen cadencia fija y se dan 15 días antes, con un suplicio para cambiar el turno, por un sistema de papeletas con trámites interminables.
Evidentemente el sueldo de un v.s es mucho menor que el de un guardia civil, pero para cumplir su jornada mensual, algo más que la de la GC, suelen tener un cuadrante mucho más coherente y sano, en mi opinión. Mejor también que en el CNP, pues libran un fin de semana entero en 4 semanas (con 4 grupos y turnos de 8 horas), mientras que en el CNP, con 5 grupos y turnos de 8 horas de media, sólo se libra un fin de semana completo en 5 semanas, más un sábado y un domingo libres por separado. No parece muy buen cuadrante siendo más y menos horas. En la GC antes no había fines de semana libres fijos y ahora también varía, pero se ha mejorado.
Cierto es que con la última norma se ha mejorado algo, compensado con un libre las 6 noches o los 3 festivos, cosa que no ocurre en SP ni en el CNP, por tener criterios diferentes y forma de pagar distinta.
Pero lo suyo sería comparar el cuadrante de un policía nacional y de un guardia civil que estén a turnos, aunque las diferencias de criterio lo hacen complicado, pues se compensa la nocturnidad y festividad de forma distinta. Además de que en mi criterio el Africano del CNP o tripletes en la GC no es sano ni coherente y deja mucho que desear.
Pero si no me equivoco, antes de la nueva norma, un puesto con el personal a tripletes no llegaba a las horas, mientras que en el CNP sí y además tiene un complemento económico. Además de cuadrante fijo anual o para toda la vida.

Se supone que en las cárceles se va a retirar efectivos de la GC o CNP para ponerlos en otras labores exclusivas, pero esa fase aún no ha llegado y parece ser que se va a retrasar hasta después de las elecciones, por lo que el plan vuelve a tener dudas en sus razones para implantarse.

Perdon por el off topic.
Aclararte dos cosas, antes la GC con tripletes llegaba de sobra a las horas porque los libres eran de 48 horas que no es lo mismo que dos dias, ademas que los tripletes eran combinados con otros servicios y no tenias porque librar despues del saliente.
Ahora los tripletes no se pueden hacer, libras dos dias a la semana siempre, un fin de por lo menos de cada tres, te dan el cuadrante "mensualmente" 7 dias antes de empezarlo y la modificacion de un libre o un servicio nombrado (- 72 horas antes de empezarlo) tiene compensacion economica.
Las horas mensuales se hacen las que correspondan a raiz de 37.5 por semana a lo que se descuenta mensualmente los dias compensados y los dias festivos.
Todos es igual en los puestos grandes salvo que pueden tener instaurado turnos con una cadencia fija mas larga (como dice el compañero de 6 semanas).