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Un conductor se acerca al parabrisas de su coche, recoge una nota amarilla que acaba de colocar un policía municipal de Brunete y delante de sus narices la rompe. «Da igual, denúnciame. Me la va a quitar Luis -jefe de Policía-». Al día siguiente, el mismo agente encuentra el vehículo del vecino estacionado en el mismo lugar no permitido... Y así, día tras día. «Aquí se vive en la impunidad más absoluta. Da igual las multas que pongas, los vecinos saben que el jefe de Policía se las va a quitar. El alcalde lo sabe desde hace meses y no hace nada. Lo permite, sin más», denuncia uno de ellos. La situación de dejación por parte de la Alcaldía es tal que más de la mitad de los agentes (16 de un total de 27) han secundado una denuncia del sindicato policial UPM ante la Fiscalía Anticorrupción. El municipio está gobernado por Borja Gutiérrez (PP). Los conservadores están al frente del Consistorio en minoría pero al final de la legislatura han encontrado el apoyo de una edil tránsfuga del PSOE que motivó su expulsión de la formación.

Gutiérrez ha saltado a los medios recientemente por su intento de compra de Isabel Cotrina, una concejala de UPyD. Pese a la contundencia de la grabación, el PP de Madrid respaldó a su regidor bajo la argumentación de que se trataba de una mera «negociación política», que «no hubo ofrecimiento personal alguno». El alcalde está denunciado en la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación e intento de soborno.

El regidor se comprometió, incluso, a no poner ninguna traba para esclarecer la verdad. La pasada semana el PP anunciaba en el Pleno que no habría comisión de investigación sobre el asunto, que este diario sacó a la luz el pasado 3 de julio. El motivo, que se trata de un asunto que está en los tribunales.

Los agentes apremian al regidor desde febrero de 2013 para que tome medidas

La denuncia de los agentes ante Anticorrupción se puso el pasado mes de mayo y se adjuntó con más de 30 multas que han puesto los funcionarios denunciantes, que calculan que sólo desde febrero del pasado año se habrán dejado de cobrar más de 300. Para entender esta forma de proceder del jefe de Policía de la localidad, Luis Toribio, hay que hacer un poco de memoria.

A raíz del escándalo del intento de compra de la edil, se conoció cómo el jefe de Policía y su número dos, la cabo Susana Corrales, han tenido un papel muy activo en la forma de proceder del equipo de gobierno con la oposición. Por ejemplo, al comienzo de la legislatura citaron a los dos concejales de UPyD en una cafetería para hablar sobre la necesidad de que apoyasen al PP para formar Gobierno. Fernando Castellano, el portavoz magenta, les dijo claramente que ellos no tenían por qué meterse en cuestiones políticas internas del municipio, que ese era un asunto que debían resolver ellos y el PP y no quiso tratar el asunto.

Cotrina denunció cómo la cabo le hizo llegar una y otra vez diferentes propuestas u ofertas desde la Alcaldía para que traicionase a su partido y diese su apoyo al PP. De hecho, la proximidad de la funcionaria con el alcalde y el PP es algo que ella no ha ocultado. Se han publicado imágenes de ella en el autobús electoral de los conservadores de la pasada campaña. Hasta el pasado mes de septiembre ha estado de baja y después de que los tribunales hayan imputado al jefe de Policía por el asunto de las multas, éste se ha dado de baja y su número 2 ha vuelto al trabajo. Los tribunales lo han imputado. Este diario se puso en contacto con el funcionario pero no hubo contestación.

Pese a las reiteradas denuncias de los agentes a la Alcaldía, Gutiérrez no ha hecho nada. Además, de las reuniones que la concejala de Seguridad Ciudadana y representantes de los agentes han mantenido con el regidor en su despacho, en la que todos ellos le apremiaban para que tomase medidas, este diario ha tenido acceso a escritos oficiales recogidos en el Registro del Consistorio dirigidos al alcalde ya de junio del pasado año. En ellos se hace constar el malestar y lo que está sucediendo. Asimismo, ante la inoperancia ya se le advertía al alcalde que de no hacer nada se pondrían los hechos en manos de la autoridad judicial.

«Ni usted ni nadie puede valorar el tiempo que la Alcaldía dedica a los asuntos»

Los agentes relatan cómo su jefe llegaba a la oficina con los boletines de denuncia en el bolsillo. «Los ponía sobre la mesa de su despacho y entrabas para preguntar cualquier cosa y los veías ahí, como si nada pasase», precisa uno de ellos. De hecho, lo acusan, además, de dejar su puesto en horas de trabajo.

Tan es así, que mandaban correos electrónicos a la Alcaldía con fotos de cómo se marchaba y abandonaba su puesto. Lejos de atajar la falta, el alcalde se revolvía contra el agente, como consta en un escrito de respuesta a uno de esos correos: «Ni usted ni nadie tiene la potestad de discernir o valorar el tiempo que debe Alcaldía dedicar a los asuntos, ni cómo afrontar su respuesta y por supuesto y en definitiva supeditar cualquier tipo de actuación a la valoración subjetiva por su parte, de la gravedad o no de unos hechos expuestos en un documento», aseguraba en un correo del 5 de septiembre del pasado año.

De todas las infracciones hay registro documental. Cuando un agente denuncia a alguien le entrega un escrito amarillo. Luego, en comisaría, registra la sanción en un libro. El policía se queda con una copia de la denuncia para la ratificación y entrega otra al jefe de Policía para su tramitación. En el escrito de denuncia se precisa que la ya la ex concejala de Seguridad pidió el 15 de febrero del pasado año al jefe de Policía un informe sobre la cuestión de las multas y que nunca llegó a entregárselo. Ella lo puso en conocimiento del alcalde «para que tomara las medidas oportunas». El regidor no ha hecho nada al respecto.

En noviembre del pasado año la concejala de Seguridad fue sustituida por otro edil. El nuevo responsable, acompañado de alcalde, mantuvo un encuentro con los agentes donde les comunicaron que la cosa iba a cambiar. Los policías expresaron abiertamente su desencanto. Los agentes ya han ido a declarar ante la fiscal que ha remitido el asunto a un juzgado de Móstoles. A partir del 17 de diciembre están citados más testigos para que traten de arrojar luz sobre este asunto.

UPM entiende que es «un flagrante caso de corrupción y amiguismo»

El alcalde volvió ayer a hacer caso omiso a los requerimientos telefónicos hechos por este diario para que explicase la situación. Ante la gravedad de los hechos no se descarta que los tribunales llamen al alcalde a declarar, de momento, en calidad de testigo para que cuente lo que sabe sobre esta cuestión y para que dé cuenta de su posible responsabilidad.

Por su parte, el coordinador regional de UPM, Antonio Martínez, denuncia el «grave daño al Servicio Público que prestan los agentes de Policía al conjunto de los ciudadanos, al Estado de Derecho y a las arcas del propio Ayuntamiento». A su entender, se trata de «un flagrante caso de corrupción y amiguismo que justifica la intervención del Derecho Penal». Finalmente, señala al alcalde de la localidad que tras haber sido informado por parte de dos de sus delegados, «de las prácticas corruptas del jefe de Policía, ha hecho oídos sordos, amparando con su silencio al funcionario».