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«Que alguien nos aclare en qué situación estamos»
«Que alguien nos aclare en qué situación estamos»
Ibán Vega, Ancor Hernández y Manuel Campos. / Juan Carlos Alonso 27/07/2017
Manuel deberá recibir ayuda para pagar el crédito que pidió para tratar a su hijo enfermo. Ancor tendrá que aparcar su proyecto familiar. Sus vidas han sido asaltadas por la incertidumbre después de que uno perdiera su trabajo y el otro no sepa si va a continuar en enero. Los agentes de movilidad reclaman que se clarifique su futuro laboral.Javier Darriba@DarribaJavier Las Palmas de Gran Canaria
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ETIQUETAS: MOVILIDAD - SEGURIDAD VIAL - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - SINDICATOS - AYUNTAMIENTOS - TRIBUNAL SUPREMO - TSJC
«Que alguien responsable nos aclare en qué situación estamos», señala Ancor Hernández, «porque nos tienen sin poder dormir, sin poder vivir». El origen de su pesadumbre hay que situarlo en el último pleno, cuando se conoció que en enero los agentes de movilidad podrían dejar de operar en la ciudad como consecuencia de que en ese momento acabará el plazo de tres años que la ley fija como máximo para mantenerse en situación de funcionario interino.

Pero no todos los agentes de movilidad están en la misma situación. De los 50 que entraron a formar parte del cuerpo, 40 están trabajando y el resto no. De esa decena, seis acaban de quedarse en el paro porque su contrato se extinguió el 28 de junio y no podrán ser reincorporados hasta diciembre; y cuatro están en lista de reserva. Por si fuera poco, siete tienen que entrar a trabajar, lo que obligará a otros siete que ahora están en servicio a irse al paro.

Para complicar más la situación, el futuro del cuerpo está completamente judicializado. Hay dos procesos en el Tribunal Supremo por la exigencia de un carné superior al que se pide a los policías locales, cuando están subordinados a éstos; hay otros tres litigios pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la rigurosidad del tribunal de oposición en el ejercicio de ortografía y la puntuación de criterios no incluidos en las bases; y un último en primera instancia sobre los carnés.

En este ecosistema, la posibilidad de que el cuerpo desaparezca ha puesto la espada de Damocles sobre el futuro de medio centenar de familias. Por eso, lo que piden es tiempo. Y se agarran a una posibilidad apuntada por CC OO que consiste en crear un programa de trabajo de carácter temporal, asociado a la MetroGuagua y la construcción de la pasarela Puerto-Ciudad, que les garantizaría un contrato de tres años (ampliable otro) en tareas de regulación del tráfico, bajo el amparo del Estatuto Básico del Empleado Público.

«Es una opción posible, solo depende de que exista voluntad política», explica Ibán Vega, otro agente de movilidad, quien pone de ejemplo al Cabildo de Gran Canaria por haber abierto una convocatoria de lista de reserva para programas de carácter temporal de un máximo de tres años.

La idea que manejan los integrantes del cuerpo es que se aplique este programa y en esos tres años se pueda aclarar la situación del colectivo.

En el último pleno, el grupo de gobierno se comprometió a estudiar esta posibilidad, pero los agentes no saben nada aún. Por eso, dan al Ayuntamiento el plazo de un mes para disipar sus dudas y decir si el cuerpo se mantiene o se desintegra. En caso contrario, los agentes se plantean iniciar una huelga que se organizaría en diciembre, un momento delicado para el tráfico, pero también para su futuro profesional, a un mes vista de la fecha de caducidad del cuerpo.

«Que alguien nos aclare en qué situación estamos»
La directora de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Eulalia Guerra de Paz, lanzó un mensaje de tranquilidad a los agentes de movilidad. «Nadie se va a quedar en la calle», explicó cuando este periódico le pidió su parecer sobre las inquietudes de estos profesionales, «estamos buscando solución para resolver lo que está mal hecho». Se refiere a las afirmaciones hechas en el pleno de junio, cuando la directora de Seguridad acusó al PP de originar la inestabilidad que sufren los agentes de movilidad en el momento en que creó el cuerpo y se refirió a las sentencias que lo despojan de funciones.

Guerra de Paz recordó que el grupo que terminó su trabajo en el mes de junio «no puede ser contratado hasta enero porque son los seis meses que manda la ley».

Respecto al cupo general, que tiene garantizada su continuidad hasta el mes de diciembre, la solución propuesta de crear un programa de carácter temporal por tres años no tiene una «aplicación simple, sino que tiene que estar bien fundamentada y por eso buscamos una solución definitiva que no pasa por despedir a nadie».








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