PL acusado de quedarse dinero de trileros
Publicado: Sab, 23 Mar 2019, 00:41Curso Acceso Guardia Civil |
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V. Malagón/G. Esteban | Palma | 22/03/2019 Valorar:
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Actuación de la Policía Local de Palma contra clanes de trileros en la Platja de Palma.
Actuación de la Policía Local de Palma contra clanes de trileros en la Platja de Palma.
11-08-2016 | A. Sepúlveda
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Un juzgado de Instrucción de Palma ha iniciado los trámites para que un jurado popular juzgue por malversación y falsedad a un policía local por quedarse dinero de los trileros del ‘clan de los Bustamante’. El agente, que ejercía como policía turístico en s’Arenal fue denunciado por los propios trileros en el año 2011. Sin embargo, la causa fue archivada en ese momento por falta de pruebas. Una grabación que apareció en torno a la causa de corrupción en la Policía Local provocó su apertura y ahora el trámite de inicio del procedimiento por jurado.
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Los Bustamante denunciaron que el policía, de forma habitual, requisaba el dinero que estaba en la mesa en el juego de ‘trile’, una actividad ilegal. En lugar de entregar esos fondos en el cuartel y dejar constancia de las incautaciones, se lo apropiaba y no se levantaban actas.
A falta de más pruebas de las declaraciones de los trileros el asunto quedó archivado. Sin embargo, durante la investigación de los ordenadores de varios agentes de la policía local apareció una grabación que, en ese momento no había aflorado. En ella hablan uno de los Bustamante y un comisario de la Policía Local al que se le dan todo tipo de detalles sobre cómo actuaba ese agente. «Se va, se coge 40 o 50 euricos y ya lo deja de trabajar, ya no le agobia tanto», dice el trilero. Además explica que les entrega actas sin rellenar a veces o que reflejan menos dinero del que se ha intervenido. Señala que a él, en una ocasión le quitó 150 euros pero sólo se reflejaron 50. Esa grabación llevó a la reapertura del caso y a su avance.
La defensa del policía investigado se opone a que sea juzgado. En un recurso presentado contra la incoación del jurado defiende que no existen evidencias nuevas que justifiquen la apertura del caso. También señala que la grabación era conocida cuando el juez instructor decretó el archivo por lo que se trata de una prueba ya valorada en su momento y que se descartó fuera suficiente para llevar el asunto ante un tribunal.
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