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La Guàrdia Urbana clama por el apoyo de Ada Colau
El Sapol, el sindicato mayoritario en el cuerpo, pide amparo a la alcaldesa ante “las presiones de la CUP” a los agentes de calle
La Guàrdia Urbana clama por el apoyo de Ada ColauVendedores ambulantes, ayer, en el vestíbulo de la estación de metro de plaza Catalunya (Àlex Garcia)
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ENRIQUE FIGUEREDO, Barcelona 27/01/2016 02:20 | Actualizado a 27/01/2016 09:17 Lea la versión en catalán
Las relaciones entre las plantillas de la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de Barcelona vuelven a estar enrarecidas. En esta ocasión, es una pugna a tres bandas porque hay otro protagonista: el grupo municipal de la CUP. El sindicato mayoritario en el cuerpo policial, el Sapol, reclama a la alcaldesa Ada Colau que salga en defensa de los agentes ante lo que definen como presiones injustificadas de los ediles cuperos tanto en órganos oficiales tales como comisiones municipales, como en acciones externas. “Queremos que la alcaldesa, que es la jefa de la Guardia Urbana, mande un mensaje claro y sin paliativos sobre la buena labor de los guardias urbanos”, proclama el secretario general del Sapol, Marcos González.

Aunque una reciente intervención del concejal Josep Garganter en una comisión denunciando presuntas prácticas injustas de algunos agentes o la aparición de la concejal María José Lecha en el complejo policial de la Zona Franca son el antecedente más inmediato de unas tiranteces, estas llevan mucho tiempo manifestándose. Parece que a propósito de las intervenciones por venta ambulante que realiza la Guardia Urbana en la calle y tras la aparición del sindicato mantero, las críticas de la CUP son cada vez más intensas. “Son antisistema y antipolicías. Arremeten contra nosotros por lo que sea y también lo hacen contra los Mossos”, se lamenta González, para quien hace falta un pronunciamiento claro de la alcaldesa. “Aunque el concejal Jaume Asens esté en la misma línea de pensamiento respecto a la Guardia Urbana que la CUP”, remata este sindicalista.

“Se dedican a poner en entredicho nuestro trabajo cuando no hay motivo. Nosotros tenemos que actuar siempre que se cometa un delito. No podemos dejar de pasar por ciertas calles porque a la CUP no le guste”, añade González, quien pide que intervengan los servicios jurídicos del Ayuntamiento si hubiera lugar ante determinadas afirmaciones “sin pruebas”, dice, de los cuperos.

El enfrentamiento entre la Guardia Urbana y un grupo político municipal es algo casi sin antecedentes en las últimas décadas en Barcelona. Y el gobierno de Colau no quiere que le pillen en medio. Fuentes municipales explicaron ayer a este diario que ambas partes “tienen libertad de expresión para opinar y valorar cuanto estimen oportuno”.

“Tanto la alcaldesa como el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, han manifestado en múltiples ocasiones su apoyo al trabajo de la Guardia Urbana y han destacado la importante dedicación del cuerpo ante el fenómeno de la venta ambulante”, señalaron las mismas fuentes. Así, el Ayuntamiento deja clara su postura y no se espera un pronunciamiento en respuesta a las demandas del Sapol.

Marcos González dijo que no tenía muchas esperanzas en que Colau se pronunciara. “Me da la sensación –comentó– de que la alcaldesa está por otros temas y no por la ciudad de Barcelona”.





http://www.lavanguardia.com/local/barce ... colau.html

La Guardia Urbana, en pie de guerra contra Colau

Una imagen de los vendedores de top manta en las calles de Barcelona.
Una imagen de los vendedores de top manta en las calles de Barcelona.
Los agentes piden a la alcaldesa que frene el "asedio" al que los somete la CUP y que apoye de forma "clara" su trabajo diario
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Leonor Mayor
Barcelona 25/01/2016 23:00 horas

La Guardia Urbana no se siente respaldada por su jefa, Ada Colau. Los agentes sienten que la alcaldesa no les defiende lo suficiente y denuncian también intromisiones en su trabajo por parte de la CUP.

La situación viene de lejos, pero se ha agravado este fin de semana a raíz de una operación realizada en la calle Puertaferrisa, según explica Marcos González, secretario general de Sapol, el sindicato mayoritario en el cuerpo de Policía Municipal.

Operación en Puertaferrisa

El sábado, un cabo y dos agentes requisaron a dos vendedores senegaleses relojes y camisetas falsificadas, respectivamente y les citaron para declarar el domingo en las dependencias de la Guardia Urbana de la Zona Franca.

Según González, la operación se llevó a cabo "sin forcejeos" y "sin ningún tipo de complicaciones". Por eso, los agentes se sorprendieron cuando los dos vendedores comparecieron acompañados de la concejal de la CUP María José Lecha y de un fotógrafo de La Directa.

"Asedio de la concejal de la CUP"

Lecha "haciendo valer su condición de concejal" y el fotógrafo quisieron estar presentes en la declaración, pero la Policía Municipal lo impidió "ya que la ley no lo permite". El sindicato de la Guardia Urbana considera que esta actuación de la CUP es "un asedio a los agentes que lo único que hacen es cumplir con su obligación".

Por eso, han pedido de forma oficial a Colau que "pare estos asedios". "También echamos en falta que el equipo de Gobierno municipal haga una declaración clara en apoyo al trabajo diario de los agentes de la Guardia Urbana", lamenta el sindicato.

Apoyo del PP

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, se suma al lamento de Sapol y recuerda a Colau que "ella es quien dirige la Policía ", por lo que debería dar "apoyo pleno al cuerpo".

Fernández recuerda también que Colau "asumió las competencias de la concejalía de Seguridad y que, en consecuencia, no hay un concejal específico" en Barcelona para esta materia.


fuente economiadigital.es

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La CUP condiciona su aval a los presupuestos de Colau a que suprima los antidisturbios
Es una de las 10 condiciones y se traduciría en eliminar de las cuentas la partida destinada a la unidad, lo que en la práctica la disolvería

El grupo municipal CUP Capgirem ha pedido al gobierno municipal de Barcelona que suprima la partida presupuestaria destinada a la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona, lo que en la práctica comportaría su disolución, como condición para aprobar las cuentas de Colau en el pleno.

Esta es una de las 10 propuestas que la CUP está presentando estos días como garantía de un "giro a la izquierda" en los presupuestos. De aceptarse el decálogo, la CUP apoyaría la aprobación definitiva de las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona de 2016, prevista para el pleno de este mes de abril. El escenario escogido por los anticapitalistas para dar a conocer esta propuesta ha sido la Rambla Santa Mónica de la capital catalana, justo delante de una comisaria de la Guardia Urbana.

La concejala Maria Rovira ha defendido que la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana "sirve para ejercer la represión hacia la respuesta contestataria y la gente organizada que conquista derechos en la calle", y ha puesto como ejemplo "los casos de las trabajadoras sexuales o los manteros organizados". También ha asegurado que esta unidad ha cometido excesos que "han sido encubiertos por gobiernos de PSC y CiU".

Rovira ha explicado que la supresión de la unidad antidisturbios supondría eliminar la partida número 132 del presupuesto de 2015, llamada "Seguridad y Orden Público" y ha subrayado que esta supresión no implica ningún gasto adicional para hacerse efectiva. También ha recordado que tanto Barcelona en Comú como la CUP prometieron la disolución de la Unidad Antidisturbios de la Guardia Urbana en la campaña electoral hace un año.

Colau refuerza el área de Asuntos Internos

La petición de la CUP llega sólo un día después del anuncio del gobierno de BComú de ampliar las funciones de la Unidad de Régimen Interior de la Guardia Urbana, conocida popularmente como Asuntos Internos, y adscribirla al Área de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de barcelona, bajo responsabilidad directa de Alcaldía.

Esta ampliación de funciones para pasar de un modelo esencialmente disciplinario a un modelo más amplio que incluya ética y buenas prácticas se plasma también en la modificación del nombre de la unidad, que pasa a denominarse Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI). El ayuntamiento ha señalado en una nota de prensa que “el cambio de dependencia funcional y de la denominación es uno de los cambios que se están llevando a cabo en el marco del programa de Garantías del Plan Director de la Guardia Urbana”, que está previsto tener en marcha completamente en mayo próximo.

Este programa de garantías tiene los objetivos de reforzar los mecanismos de garantías existentes para los ciudadanos y los agentes del cuerpo, así como reforzar la legitimidad social e incrementar la valoración y la confianza de la ciudadanía hacia el cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. Por eso la UDAI pondrá el énfasis en la prevención y las buenas prácticas, el ajuste al derecho ya la ética profesional y al mismo tiempo continuará investigando aquellas conductas contrarias al régimen disciplinario o al código deontológico policial, en las que puedan verse implicados miembros de la Guardia Urbana de Barcelona.

El mes de marzo pasado, las dependencias de la Unidad de Régimen Interior se trasladaron del edificio de la Jefatura de la Guardia Urbana en la calle Lleida al edificio del Área de Seguridad y Prevención situado en la plaza Carles Pi i Sunyer, con lo que consolida la adscripción de esta unidad a la Gerencia de Seguridad y Prevención.

Antidisturbios suspendidos. Qué asco me da la perrofla Colau.

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Barcelona se niega a defender en un juicio a un guardia urbano


Fuentes municipales sostienen que «hay pruebas suficientes contra el agente investigado» que demostrarían que cometió «irregularidades»

J.O.Barcelona
22/11/2016 17:04

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado el abogado defensor a un agente de la Guardia Urbana en un juicio en el que está acusado de una agresión a un ciclista. Aunque la Ley catalana de Policías Locales obliga al consistorio a «garantizar la necesaria defensa jurídica» a sus agentes, el policía acudió ayer a declarar con un abogado contratado de su propio bolsillo.

La supuesta agresión se produjo una mañana de hace cuatro meses en las inmedicaciones de la comisaría de la Guardia Urbana de Ciutat Vella, donde el agente está destinado. Según la versión del ciclista, el policía local le agredió tras detenerle al protagonizar un accidente de tráfico en la calle de la Unió. El relato que el agente hizo constar en el parte policial es inversamente contrario e incluso sostiene que el agredido en realidad fue él.

Ambas versiones están siendo valoradas desde ayer por un juzgado de Barcelona.ElAyuntamiento, sin embargo, considera que existen pruebas suficientes contra el policía como para perder el derecho reconocido a contar con uno de los abogados que el consistorio tiene contratados a través de un despacho externo.Una decisión que ha provocado un nuevo conflicto entre agentes de la Guardia Urbana y el Ayuntamiento, al que acusan de dejar desprotegidos a los policías.

El Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM), mayoritario entre las policías locales, acusa al Ayuntamiento de incumplir su obligación de dar cobertura legal a sus agentes.Segúnsu presidente, Juan Ávila, el gobierno de Ada Colau deja así en la «indefensión a policías que muchas veces son víctimas de denuncias falsas». Independientemente de las pruebas que pueda haber en este caso contra el policía, el sindicato argumenta que el Ayuntamiento debe asumir su defensa. ElSPPM exigió ayer explicaciones oficiales de la alcaldesa sobre la medida.

Fuentes municipales consultadas por este diario sostuvieron ayer que una vez consultado el sumario del caso «hay pruebas suficientes contra el agente investigado» que demostrarían que cometió «irregularidades». La gerencia de laGuardia Urbana cree que su policía actuó «fuera de la órbita» de su trabajo y queda fuera de su amparo legal.


http://www.elmundo.es/cataluna/2016/11/ ... b4666.html

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Colau ordena a su policía proteger a los okupas de desalojos extrajudiciales


VÍCTOR MONDELO
JAVIER OMS Barcelona
07/03/2017 03:02

El Gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau y el PSC, ha creado un protocolo dirigido a su policía local para proteger a los okupas de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de manera «extrajudicial». Aunque en el escrito no se menciona de forma específica, las nuevas órdenes van dirigidas a frenar a empresas como Desokupa, a la que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha llevado ante la Fiscalía.

Según el «procedimiento operativo 11/17» firmado por el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, y remitido a los mandos del cuerpo el pasado 28 de febrero, a partir de ahora serán las patrullas de la policía local barcelonesa, y no los servicios legales del Ayuntamiento, las encargadas de analizar la situación. En concreto, deberán «comprobar que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones».

Así, Colau ordena en la instrucción remitida a sus agentes que, una vez acreditado «in fraganti» que eso ocurre, deberán «evitar que la empresa o personas responsables puedan llegar a materializar su actuación, evitando cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras».

Según el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno de Barcelona traslada a sus policías la responsabilidad de acreditar sobre el terreno si el desalojo se ha intentado llevar a cabo «utilizando amenazas o coacciones» identificando a las personas implicadas y «escuchando sus versiones».

El nuevo protocolo supone un incremento en la ofensiva que el Ayuntamiento de Barcelona activó el año pasado contra empresas como Desokupa las cuales, gracias al limbo legal en torno a estas prácticas, han forzado el desalojo de decenas de viviendas en la capital catalana en apenas un año y medio de actividad. A finales de verano de 2016 la propia empresa calculaba que, sólo en Barcelona, habían logrado su objetivo en 30 ocasiones, en su mayoría en el distrito de Ciutat Vella y, de forma especial en el barrio del Raval. Aunque Barcelona es su principal mercado, los responsables de la empresa aseguran que también son contratados en otras ciudades españolas.

Sus métodos -consistentes en amedrentar a los okupas con la presencia de trabajadores corpulentos que montan guardia a las puertas de las fincas afectadas- generaron el año pasado una ola de denuncias y críticas. Tras publicarse que en la plantilla hay rostros relacionados con grupos de la ultraderecha o con antecedentes en movimientos paramiliatres de Europa del Este también el Ayuntamiento y el Parlament de Catalunya decidieron actuar. De momento, sin resoluciones judiciales en contra de la empresa.

A finales de año el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, anunció que habían llevado ante la Fiscalía cuatro de los desalojos realizados por miembros de Desokupa. El Parlament de Catalunya, a instancias del PSC, también aprobó en noviembre abrir una investigación sobre las actividades de la empresa.

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/ ... b4668.html

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Rebelión en la Guardia Urbana por la protección de Colau a los okupas

Rebelión en la Guardia Urbana de Barcelona por la orden de Ada Colau para empujar a los agentes a proteger a los okupas ante desalojos que se lleven a cabo de forma extrajudicial. El sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, ha exigido por carta a la alcaldesa de Barcelona que revise su instrucción al entender que traslada a las patrullas responsabilidades propias de un juez, por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio.

En una carta remitida a la primera edil de Barcelona, a la que este diario ha tenido acceso, el CSIF acusa a la alcaldesa de «policializar» cuestiones que entiende deben ser resueltas entre particulares y le recrimina que está comprometiendo «la seguridad jurídica de los agentes» al obligarlos a tomar parte en desalojos que no han sido dictados por un juzgado.

El procedimiento operativo 11/17, vigente desde el pasado 28 de febrero, obliga a los policías locales de Barcelona a «evitar cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras» si han podido acreditar «in fraganti» que las personas desalojadas «lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones».

La orden policial, que EL MUNDO reveló el pasado martes, pretende que los agentes sean capaces de acreditar si el desalojo se está llevando a cabo «utilizando amenazas o coacciones» simplemente «identificando» a las personas implicadas y «escuchando sus versiones».

«Si a mi mañana me llaman para aplicar este procedimiento, le diría al okupa que vaya a denunciar al juzgado si se siente coaccionado», sostiene Eugenio Zambrano, portavoz del CSIF en la Guardia Urbana de Barcelona y agente en activo del cuerpo. Zambrano considera que su forma de actuar no implicaría «desobediencia» porque la orden de Colau «no es clara, ni acorde a la ley». «Y, por tanto, no tengo por qué cumplirla», añade.

El portavoz del sindicato considera que «si las coacciones no van acompañadas de violencia, no son perseguibles de oficio por la policía». «Los jueces a veces no pueden resolver sobre este extremo y pretenden que nosotros tomemos la resolución en la vía pública», se lamenta Zambrano, quien también cuestiona que se pueda «identificar alegremente a la gente» pese a que se esté llevando a cabo un desalojo extrajudicial.

El representante del principal sindicato de la función pública acusa a Colau de «querer poner a disposición del movimiento okupa y en contra de los propietarios a su propia policía».

En su carta a Colau, el CSIF le propone que deje de recurrir a la policía local como «un recurso fácil» y un «instrumento que sustituya otras posibilidades de intervención de la Administración en la resolución de determinadas problemáticas en las que la Guardia Urbana debe de ser un agente de orden y complementariedad, no el principal actor, ni menos el único garante». Por ello, el sindicato insta al Ayuntamiento a utilizar servicios de mediación en conflictos entre particulares capitaneados por los servicios sociales del Consistorio.

Menos beligerante, pero también contrario a la instrucción se ha mostrado SAPOL, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, quien considera que «todos los miembros del cuerpo policial tienen muy clara la actuación ante las coacciones y amenazas en un desalojo» y añade que la orden de Colau «sólo es una muestra más del postureo del Gobierno de Barcelona».

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/13/58c593d0ca47415d488b45a6.html