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Se fuga tras forcejear con un guardia civil y pasar 664 kg de hachís por la Frontera

La Guardia Civil de Ceuta busca desde esta madrugada a un individuo que intentaba pasar en su coche 664kg de hachís por la frontera del Tarajal. El individuo forcejeó con el guardia civil que le pidió la documentación y escapó montándose en un coche que le esperaba en la rotonda

Durante la madrugada de este martes agentes de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil que prestan servicio de reconocimiento de los vehículos que acceden desde Marruecos por la frontera terrestre de “El Tarajal” sospecharon de un “Citroën C-4”, al observar distintos indicios indicativos de que pudiera portar oculto algún tipo de sustancia ilícita.

El agente solicitó la documentación personal y del vehículo y pidió al conductor, que era el único ocupante, que le acompañara hasta el interior de las dependencias de la Guardia Civil de “El Tarajal”. Durante su traslado y tras forcejear con el agente que lo acompañaba, el individuo se dio a la fuga, siendo inmediatamente perseguido.

Una persecución en vano, ya que el huido consiguió subirse a un coche que le estaba esperando en la rotonda de la Frontera. Los agentes comenzaron una nueva persecución sin que pudieran ser interceptados.

El Instituto Armado ha informado que “con los datos identificativos obtenidos durante la actuación policial, se está llevando a cabo por las distintas Unidades de esta Comandancia las gestiones pertinentes para la localización y detención de las personas relacionadas en el hecho”.

664Kg de resina de hachís en los dobles fondos
Una vez que se efectuó el desmantelamiento de los dobles fondos que llevaba el vehículo aprehendido, la Guardia Civil descubrió que las sospechas del agente eran ciertas, ocultos en el coche el individuo intentaba pasar a Ceuta 664kg de resina de hachís.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de esta Ciudad, quedando la sustancia intervenida depositada en el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno y los vehículos a disposición de dicha Autoridad Judicial.

https://elforodeceuta.es/fuga-forcejear ... -frontera/

Cartera porta placa CNP

fabricado en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

El pasado 8 de enero AUGC denunciaba públicamente el malestar generalizado de los interventores de armas y explosivos de la Guardia Civil al estar sometidos a unas nuevas “instrucciones” que regulan los horarios de apertura al público de las IAEs e implantación de cita previa sin contar con los medios humanos, técnicos y económicos suficientes.

Estos trabajadores denuncian que cada Comandancia o Compañía está interpretando a su parecer esta nueva instrucción y que está creando un perjuicio no solo al ciudadano sino también a la conciliación de la vida laboral, económica y personal de los agentes.

La falta de criterio unitario de esta instrucción sin contar con la situación actual de la plantilla o la carencia de medios técnicos y económicos deducen que se ha implementado una nueva norma a costa de perjudicar a estos especialistas, ya que se llega incluso a aumentar la jornada laboral en 40 horas semanales sin disponer de recursos económicos para compensar el exceso mensual de horas o la disposición de una dieta por realizar servicios partidos.

Otra de las cuestiones que producen motivos de queja es la utilización de personal de la especialidad para realizar otras funciones ajenas a la misma, como pueden ser servicios de presencia en acuartelamientos, escribientes o servicios en centros penitenciarios, unos servicios que nada tienen que ver con la función específica que tienen encomendada.

Ante esta situación AUGC registró con fecha 28 de enero ante el Presidente del Consejo de la Guardia Civil los siguientes problemas que los trabajadores de esta especialidad exponen:

Disparidad de criterios que se están dando de cara a su horario (en cada Comandancia ,incluso Compañía, son totalmente distintos)

El uso que se hace de algunos compañeros para servicios ajenos de la especialidad (escribiente Capitán, servicio en prisiones, etcétera).

Sobre lo expuesto AUGC solicita que se informe con datos oficiales sobre esta cuestión al objeto de elaborar una propuesta fundamentada de:

Instrucciones impartidas en cada Comandancia en cuanto al horario de las Intervenciones de armas.

Las Intervenciones de Armas donde su personal (o parte de él) realiza labores ajenas a la especialidad.

Desde AUGC seguiremos muy de cerca esta cuestión, trabajando para que los trabajadores de esta especialidad alcancen el reconocimiento a sus demandas.
https://www.augc.org/news/2020/1/29/

Recientemente informábamos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que estimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por AUGC contra la Orden General sobre protocolo de actuación para la adopción preventiva de medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles.

Desde AUGC se planteó la nulidad de pleno derecho de esta orden general a partir de tres motivos. En primer lugar, se reclamaba la falta de competencia del órgano autor de la misma, la Dirección General, debiendo emanar la regulación del Gobierno o del Ministerio del Interior, y no por medio de orden general del Director General.

En segundo término, se reclamaba que la orden general regulaba aspectos sustanciales de derechos fundamentales y profesionales de la Guardia Civil, adentrándose en situaciones que afectan al derecho a la salud o a la determinación de actitudes psicofísicas.

Por último, la tercera causa por la que AUGC denunciaba esta orden general era la falta en la misma del obligado dictamen del Consejo de Estado, al desarrollar aspectos esenciales de una Ley Orgánica, la del año 2007 que recoge Derechos y Deberes de los guardias civiles, careciendo además de informe jurídico alguno.

Pero en su sentencia, el TSJM no sólo daba la razón a AUGC en su demanda, sino que iba más allá y volvía a recordar una cuestión clave en las relaciones entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales, al incidir en la "relación" de éstas con la primera.

Así, la sentencia indicaba que "la Orden General impulsada por la Dirección General de la Guardia Civil" no se dirigía a "sus órganos jerárquicamente dependientes (...), pues, obviamente, no lo son las asociaciones profesionales; tampoco se dirige a esos órganos que dependen de tal Dirección General para impartirles unas directrices sobre cómo ordenar o gestionar las actividades de esas asociaciones como ya se ha dicho: más bien reglamenta el régimen de esas entidades en el ámbito de la Guardia Civil, concretando, es decir, desarrollando, las previsiones generales de la Ley Orgánica 11/2007".

Por ello, continúa la sentencia, "en cuanto al rango de la norma que se dicte en desarrollo del régimen de las asociaciones profesionales en el ámbito de la Guardia Civil y que regula la Ley Orgánica 11/2007, no cabe aceptar que dentro del sistema de fuentes referido al régimen de derechos de esas asociaciones profesionales tal desarrollo pueda hacerse mediante una orden general".

Duro varapalo, por tanto, para la Dirección General, a la que la justicia le recuerda claramente que las asociaciones no son sus subordinados, tan y como el generalato parece seguir creyendo en tantas situaciones.

No es, ni mucho menos, la primera vez que desde los tribunales se enmienda la visión que desde la Dirección General se tiene de las asociaciones. En este sentido, cabe recordar la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 por la que reconocía el derecho de AUGC a pertenecer a la red europea de sindicatos Confederación Europea de Policía (EuroCOP).

En su sentencia, los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo concluyeron que no se apreciaba "justificación suficiente" para negar la posibilidad de que AUGC se integre en el seno de EuroCOP, porque se puede afirmar que, tras analizar sus estatutos, "no opera realmente como un sindicato, ni lo pretende, sino que se caracteriza como una asociación profesional típica, pues carece de la estructura, medios y pautas de actuación propias de una asociación de naturaleza sindical".

Por otro lado, la sentencia también establecía que la característica principal de la Guardia Civil es constituir un cuerpo policial, con escasísimas misiones de carácter militar. Por lo tanto, pone en cuestión todo el diseño de su estatuto regulador, que conlleva la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, algo contra lo que se ha manifestado históricamente AUGC.

En este sentido, el pronunciamiento del Supremo supone un hito histórico, puesto que por primera vez en cuarenta años de nuestra Constitución se reflexionaba desde instancias jurídicas sobre la verdadera naturaleza de la Guardia Civil y abre la puerta a un cambio de interpretación respecto a la citada aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores de la institución.

En definitiva, nos encontramos una vez más ante la corrección por parte de la justicia de nuevos intento de abuso y recorte de derechos del poder ejecutivo contra los guardias civiles. Por fortuna, el trabajo de los servicios jurídicos de AUGC continúa frenando las tentativas contra los derechos de los trabajadores.
https://www.augc.org/news/2020/1/28

Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

La Guardia Civil pierde a pasos agigantados su carácter de policía del medio rural en España. Lo hace en silencio pero inexorablemente. A la pérdida de efectivos se suma la falta de incentivos para que los nuevos guardias pidan destinos rurales poco apetecibles para la mayoría. En Huelva, Burgos, La Rioja o Ibiza es difícil cubrir el cupo de agentes necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos en el medio rural.

La España vaciada o despoblada también ha llegado a la Guardia Civil. La asociación mayoritaria en el Cuerpo, la AUGC, ha alertado de la pérdida de efectivos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana en lugares como Burgos, La Rioja, Teruel, Huelva o Ibiza, sin ir más lejos. Las causas son diferentes en cada caso, aunque se da un denominador común en todos ellos: La falta de acuartelamientos en zonas rurales y de incentivos para pedir trasladados a ellos y la peligrosidad de algunos destinos.

Dentro de un par de meses se celebrará un nuevo juicio contra Igor el ruso por el asesinato de dos guardias civiles y un pastor en la provincia de Teruel. La pareja asesinada era una de las únicas tres patrullas que vigilan decenas de kilómetros cuadrados en la zona.
Cuartel abandonado de la Guardia Civil.

El caso de Teruel es extrapolable a muchas otras provincias. En 2011 se inauguraron dos nuevos cuarteles, en Calaceite e Hijar, pero de los 765 efectivos quedan 650 repartidos en 31 cuarteles, es decir 115 menos que hace nueve años. De ellos, 250 se dedican a patrullar en poblaciones y medios rurales en una de las provincias más extensas de la geografía española. Además, ninguno de esos puestos están abiertos las 24 horas, otros solo abren un día a la semana y la mayoría lo hace de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. El único que no cierra nunca es el de Teruel capital, porque corresponde al de la Comandancia de la provincia.

Caos en Huelva

En el otro extremo de la Península, en Huelva, la AUGC ha denunciado que se ha producido un "duro golpe para la seguridad ciudadana, que ha perdido nada menos que 45 guardias civiles en el último año". Este año llegaron 60 nuevos guardias pero se marcharon un centenar, que junto al movimiento interno de otros efectivos han dejado un déficit de 45 guardias menos.

"La situación es incluso más grave en determinadas unidades que han sufrido recortes en el número de efectivos, como ha ocurrido en el Puesto de Almonte, donde se marchan once guardias civiles y se incorpora solo uno. A pesar de los destinos publicados siguen existiendo muchas vacantes sin cubrir en la provincia, más de cien, pero incluso aunque se cubrieran todas ellas, sería necesario incrementar aún más el catálogo de esta provincia, como de hecho ha reconocido la propia Jefatura de la Guardia Civil en Huelva", dicen desde la AUGC.
La Guardia Civil vigila y evita robos en el campo.

En Huelva dan ejemplos claros de la inseguridad que esta medida acarrea: "El ejemplo lo tenemos días pasados, durante el robo producido en los establecimientos de El Rompido, cuando solo una patrulla cubría los Puesto de Lepe, Cartaya y El Rompido y además la pareja estaba formada por un guardia civil de Lepe y otro de El Rompido. Es evidente que, ante cualquier incidencia que ocurra, es imposible acudir a una llamada de emergencia, porque no hay más efectivos en la zona", añaden desde la Asociación.

Concurso de traslados

En La Rioja se la prometían felices con el nuevo concurso de traslados, pero tras hacer cuentas, la AUGC también descubrió que faltaban 67 guardias, ya que 74 dejarán la región al haber sido aprobado su traslado, junto a otros 17 que se encontraban en prácticas. El problema es que solo 24 agentes han solicitado destino en La Rioja, lo que deja el déficit señalado de 67 agentes.
Guardia Civil vigilando los cultivos.

Este problema afecta muy gravemente, por ejemplo, a Baleares, pero en concreto a la isla de Ibiza, donde no quiere ir nadie por el precio de alquiler de la vivienda y sin incentivos en la nómina para hacer frente a este gasto. Ibiza es el último destino pedido por los guardias que salen de la academia, eso ha provocado el actual déficit del 20 por ciento de la plantilla. Durante algunas noches la Guardia Civil sólo dispone de un coche patrulla para toda la isla. En los próximos días 48 agentes de Ibiza y 3 de Formentera abandonarán las Islas Baleares hacia sus nuevos destinos. El problema es que esos puestos no serán cubiertos. Un guardia destinado en Ibiza cobra un plus de 85 euros mensuales, mientras que si elige cualquier punto de Canarias cobraría un mínimo de 500 euros de complemento.

En Burgos la cosa no va mejor, a pesar de que a la provincia llegarán 69 efectivos, lo que sirve para paliar la salida de 55 agentes, y además para sumar 14 a la plantilla actual de 232 guardias civiles. El problema es que como los nuevos guardias tienen un mes para incorporarse, entre el 21 de enero y el 21 de febrero, la plantilla se queda con 43 efectivos menos durante un mes.

Según están las cosas la nueva directora de la Guardia Civil, María Gámez, tiene todavía un largo trecho que recorrer para que la Benemérita no pierda su carácter de cuerpo policial de la España rural.
https://elcierredigital.com/investigaci ... rural.html

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La proteccion ideal

materialpolicial.com

Denuncian amiguismo en los viajes con los Reyes a Mallorca en verano, turnos "maratonianos" que impiden la conciliación y "servicios nocturnos" que no permiten ni ir a hacer sus necesidades

Los guardias civiles que trabajan para Casa Real están incómodos en sus puestos de trabajo. Así lo han denunciado tres asociaciones conformadas por agentes del instituto armado, que han emitido una nota conjunta para quejarse por este extremo. Los representantes de los agentes protestan porque los compañeros que desempeñan su labor en Zarzuela están visiblemente molestos con decisiones que toma la superioridad que afectan a su vida familiar, a su bolsillo, a su salud mental y a su privacidad.

Aseguran que no tienen relevos para los "largos servicios nocturnos" y que esto imposibilita satisfacer sus "necesidades más básicas", que llevan a cabo turnos "maratonianos" que les impiden conciliar, que sufren "frecuentes modificaciones" de la planificación laboral que también perjudican su organización familiar, que tan solo descansan un día a la semana o que sus jefes deciden a dedo a quién mandan de comisión de servicio en verano a Mallorca a acompañar a la familia real en lugar de seguir los trámites establecidos con "criterios objetivos".

A través de un comunicado, las tres organizaciones con más afiliados del cuerpo en las distintas escalas —la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Asociación Española de Guardias Civiles y la Unión de Guardias Civiles— denuncian también que sus superiores utilizan cuadrantes "de papel y lápiz" para organizar sus horarios en lugar de volcarlos directamente en el programa informático, lo que a su juicio resta "seguridad jurídica" a los funcionarios, ya que hacerlo a mano elude la auditoría que automáticamente hace el sistema. Asimismo, revelan que mientras trabajan son "continuamente grabados en vídeo y en audio", lo que entienden que "supone una presión añadida" para ellos, que no añade nada a la seguridad y que a su parecer podría incluso "vulnerar la normativa de protección de datos e intimidad de los guardias civiles".

Consideran que el control que mantienen los máximos responsables de la Casa Real sobre ellos es de tal calibre que hasta les obligan a comunicar si han pedido cambio de destino o no, extremo que forma parte de su vida privada, ya que la aplicación informática a través de la que se hacen estas solicitudes está hecha "precisamente para garantizar la confidencialidad". Esto último "demuestra el control absoluto al que es sometido el personal y la invasión de la propia intimidad", censuran.

Estas actitudes por parte de los superiores jerárquicos de Zarzuela están degenerando, según valoran las tres asociaciones, "en un muy mal ambiente de trabajo". "Nadie puede quejarse por temor a las posibles represalias", aseguran. En concreto, denuncian que las protestas pueden provocar una bajada en el informe personal o incluso la expulsión de la unidad motivada por una supuesta pérdida de confianza.


A los guardias que trabajan para Casa Real, añaden las asociaciones, "incluso se les obliga a decir de puertas afuera que la unidad en la que trabajan es excelente" y cuenta con unas "condiciones de trabajo óptimas", una actitud que AUGC, ASESGC y UOGC califican de "paranoide". "Por desgracia, la realidad golpea fuertemente a los nuevos componentes de la unidad cuando llegan destinados, que no ven otra salida que contar los días que les quedan para abandonarla, ya que el curso de especialización que realizan conlleva una servidumbre que les imposibilita pedir otro destino", afirman las asociaciones, que piden una solución inmediata a estos "incumplimientos de la legalidad".

Las tres organizaciones aseguran que trataron de ponerse en contacto con el teniente coronel jefe de la Unidad de Seguridad de Zarzuela, pero que este rehusó recibirles. Recuerdan que todas las vacantes del departamento se cubren por el sistema de libre designación, que ser cesado por "pérdida de confianza" puede implicar que el funcionario se quede sin destino y que esta situación lleva aparejadas "graves consecuencias" en términos económicos, personales, profesionales e incluso familiares. Los agentes "ven lesionados frecuentemente sus derechos laborales, pero no se atreven a denunciar por miedo a ser cesados".
https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... a_2435040/

intervencionpolicial.com

Rescatan en Valverde a seis perros que cayeron a un pozo

El Consorcio de Bomberos ha realizado el rescate de 6 perros que desaparecieron durante una cacería el pasado domingo en el paraje conocido como Barranco de los Bueyes, en Valverde. En un reconocimiento de la zona se localizaron 3 pozos de mina rodeados de densa vegetación que los hacían inapreciables.

Con la colaboración de la Guardia Civil, la propiedad de la finca y mediante cámaras de visión térmica se localizó el pozo donde se encontraban los animales. Esta mañana se montó el dispositivo y se extrajeron con vida todos los perros.

https://www.google.com/amp/s/www.diario ... verde/amp/

Academia Acceso CNP

sector115.es

Prisión preventiva para el hombre que atracó a punta de cuchillo una gasolinera de Llanes

El ribadedense detenido por la Guardia Civil como autor de tres asaltos, uno de ellos a una gasolinera de San Roque del Acebal, en Llanes, ingresará en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, tal y como ha decretado la juez de Llanes tras solicitarlo el Ministerio Fiscal. El hombre declaró esta mañana en el juzgado llanisco y se le atribuyen en este momento tres delitos de robo con violencia e intimidación y un delito contra la seguridad vial por conducción sin tener permiso. De los tres delitos de robo con violencia e intimidación, uno se cometió en la estación de servicio de San Roque del Acebal (Llanes) y los otros dos en San Vicente de la Barquera (Santander).

La resolución judicial, tal como ha aclarado su abogada, Diana Antuña, será recurrido. F.N.V., de 24 años y vecino de Colombres, ha sido traslado al centro penitenciario de Villabona. A partir de ahora, el caso podría tramitarse con dos procedimientos distintos, uno en Cantabria y otro en Asturias, y cada comunidad juzgaría los hechos cometidos en su territorio.

Agentes de la Guardia Civil fueron quienes detuvieron al presunto autor del asalto a la gasolinera de Repsol en San Roque del Acebal (Llanes) perpetrado el pasado 13 de enero. F. N. V., que iba cubierto con un gorro de color negro, amedrentó al empleado de la gasolinera tras gritarle: "Dame todo lo que tengas o te rajo", al tiempo que le mostraba un cuchillo de grandes dimensiones. Logró llevarse 1.000 euros.
Al hombre se le atribuyen además otros dos asaltos cometidos en la vecina región de Cantabria en días pasados. En uno de los episodios, trató de asaltar otra gasolinera, pero el empleado logró zafarse. La Guardia Civil también le considera responsable del asalto a un supermercado de San Vicente de la Barquera, donde consiguió hacerse con la recaudación de la tienda, que ascendía a 680 euros. El vehículo utilizado para la comisión de los robos, fue localizado en la localidad de Torrelavega, en cuyo interior se localizó un spray de defensa personal y un gorro de lana. Además, los agentes localizaron el cuchillo utilizado, de más de 25 centímetros, en los arcenes de la carretera N-634.

El robo de la gasolinera de San Roque del Acebal se cometió en apenas cuarenta segundos, según indicó a LA NUEVA España el empleado del establecimiento que sufrió el asalto. El hombre parecía, no obstante, "poco profesional", ya que la braga se le caía, lo que permitía verle parte de la cara. La huida fue tan rápida que el coche del ladrón casi colisiona con otro vehículo que venía de frente, según contó a este periódico el empleado atracado.

El botín del robo, todo hay que decirlo, fue más bien escaso, ya que en la gasolinera se hacen varias retiradas de dinero al día y además los usuarios cada vez realizan más sus pagos con tarjeta de crédito, por lo que nunca hay mucho efectivo. Nada más cometerse el atraco, la Guardia Civil se puso a investigar para identificar y detener al autor. Le han bastado pocos días para dar con él.

https://www.google.com/amp/s/amp.lne.es ... 93543.html

Una vez más debemos dar cuenta de un caso de persecución y represalias contra un representante de AUGC. En este caso se trata de un miembro de la delegación de Cuenca, que atendiendo a la obigación de informar al mando sobre los asuntos del servicio, había dado cuenta de unas irregularidades cometidas por el sargento jefe de su unidad.

Como consecuencia de esta actuación se le abrió un expediente al representante de AUGC, aunque ahora finalmente la asesoría jurídica de la Zona de Castilla-La Mancha ha procedido a su archivo, "sin declaración de responsabilidad", ya que "tras el examen y análisis de los hechos reflejados en el parte disciplinario emitido por el encartado (...) se llega a la convicción o certeza de que los hechos y asertos reflejados en el mismo, no tratan de alterar, modificar la realidad o desvirtuarla".

Es decir, la asesoría jurídica de Zona considera que no existe infracción por parte del guardia civil, para el que se proponía una sanción de pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones.

El archivo de este caso pone fin por tanto a una situación de acoso contra este representante, pero no borra el calvario que ha sufrido como consecuencia de la persecución a la que le sometió este suboficial. Cabe citar que éste le abrió hasta tres expedientes disciplinarios, todos ellos archivados sin responsabilidad. Una situación que incluso provocó una baja psicológica del trabajador.
https://www.augc.org/news/2020/2/6/

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La Guardia Civil está pagando los errores del Ministerio del Interior con la vigilancia en las cárceles. Más efectivos de la Benemérita y también de la Policía Nacional han tenido que hacerse cargo de las vacantes que dejaron los trabajadores privados de Ombuds el pasado 31 de diciembre. La empresa de seguridad está en fase de liquidación y no ha podido continuar con el contrato de vigilancia que poseía en 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Una situación que se intentó solucionar desplazando a más agentes, pero que en realidad no se ha cumplido.

En un principio desde Interior anunciaron que las cerca de 500 plazas vacantes que dejaban los vigilantes de Ombuds se cubrirían con 240 agentes. Sin embargo, no se está llevando a cabo esta sustitución. Según fuentes de la Guardia Civil, tan solo se han enviado 50 agentes a las cárceles de Madrid, mientras que a Extremadura y Castilla-La Mancha no han destinado a nadie. Las prisiones madrileñas, manchegas y la extremeña de Cáceres son competencia de la Benemérita, mientras que la de Badajoz pertenece a la Policía. En el caso de esta última, y según confirman fuentes policiales, solo se han convocado 12 plazas para cubrir las bajas.
DESCUBIERTOS Y HORAS EXTRAS DE LA GUARDIA CIVIL

Este escenario genera un sinfín de problemas en las cárceles afectadas, ya que se están generando descubiertos importantes y los agentes destinados están asumiendo más trabajo del que les corresponde. Como consecuencia de este descontrol, a finales de enero comunicaron a los Guardia Civiles desde el Ministerio que les iban a ampliar las horas de servicio. La subida sería efectiva a partir de febrero, donde los profesionales afectados pasarían de 37,5 horas semanales a 40.

Esta noticia no gustó a una buena parte de los implicados, que mostraron su descontento a las autoridades. Ante este malestar, Interior reculó extraoficialmente, asegurando que no iba a subir las horas. No obstante, la realidad ha sido otra y desde febrero los agentes trabajan dos horas y media más. Una subida que les mantendrá más tiempo en su puesto laboral, pero que no quedará reflejada en su salario.

Ombuds
Quinientos vigilantes en vilo: nadie quiere las cárceles en las que opera Ombuds
Ninguna empresa se ha presentado a la licitación de los centros penitenciarios que dependen de Ombuds.

El coordinador del Área de Servicios de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Rafael Sánchez, considera que “se trata de una medida impuesta y discriminatoria” para los afectados. Según argumenta Sánchez, al personal que realiza funciones administrativas “se le paga el doble” de dinero que el que le van a retribuir a los agentes “por prestar el mismo número de horas”. Esta solución in extremis ya había ocurrido en previas ocasiones en algunos de estos centros penitenciarios para “cubrir los servicios de vigilancia y conducciones”.

Desde AUGC ya han anunciado que interpondrán “una queja ante la Dirección General”, porque consideran que no son necesarias esas horas extras y en caso de que así sea, deberían al menos retribuirlo igual que los compañeros encargados de cuestiones administrativas. A esta indeseada ampliación de horario se suma la promesa incumplida del ministerio de Fernando Grande-Marlaska de desplazar de otras comunidades casi 250 agentes, que finalmente han quedado reducidos a 50. Un número que provoca el sobre esfuerzo de estos profesionales, al igual que el de los funcionarios de prisiones, que se ven obligados a hacer tareas que ya no les correspondían.
EN CONTRA DE LA VIGILANCIA PRIVADA

Este conflicto laboral reabre una reivindicación histórica de la Guardia Civil. Antes del año 2013 la vigilancia exterior de los centros penitenciarios estaba exclusivamente en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ciertas tareas recaían en los funcionarios de prisiones. Sin embargo, a partir del citado año todo cambió. La Administración decidió que reducir la seguridad pública para darle competencias a los vigilantes privados. Y, según sostienen desde fuentes de la Guardia Civil, ahí comenzaron los problemas.

Esta medida no gustó a este cuerpo porque considera que ha complicado algunas situaciones y, además, supone un mayor gasto para el Estado. En estos más de 6 años que lleva en vigor la medida se han invertido, según afirman desde AUGC, “más de 200 millones en contratos de apoyo de seguridad en los 68 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, cuantía a la que se suman otros 64 millones de euros a partir de este mes de enero de 2020”.

Guardia Civil
La primera mujer al frente de la Guardia Civil, curtida en el rescate del niño Julen
María Gámez ha sido nombrada como la nueva directora de la Guardia Civil. Hasta ahora, María ocupaba el puesto de subdelegada del Gobierno en Málaga pero, ahora, hará historia ya que es la primera mujer al frente de la institución en 175 años de historia.Pero, ¿Por qué han escogido a María y cu...

El representante de AUGC, Rafael Sánchez, asegura que su relación con los vigilantes privados es excelente y no tienen quejas con su forma de trabajar. No obstante, resalta que tener relegado este servicio a un ente externo puede generar complicaciones como las actuales. Según sostiene Sánchez, se podrían evitar si se sustituyeran a “los vigilantes de seguridad privada por personal de FCSE en reserva y segunda actividad”, algo que, además “supondría un considerable ahorro para las arcas públicas”. Los cubiertos que se están haciendo de forma urgente, a su juicio, no son más que “parches” que solo se solucionarán cuando se devuelva todo el servicio a “la seguridad pública”.

Sánchez explica que, con la llegada de los vigilantes privados, ellos dejaron de controlar el área perimetral de las cárceles y les destinaron las conducciones en exclusiva. Es decir, ellos pasaron a encargarse de los traslados de los presos, que en cárceles como las de Madrid son muchos al día. El volumen de trabajo ha ido creciendo en estos años y ahora, que ya no están los vigilantes externos, no pueden realizar todos los servicios que se demandan. Algo semejante a lo que ha ocurrido con los funcionarios de prisiones, que dejaron de ocuparse del control de acceso y tras la salida de los vigilantes de Ombuds han tenido que reincorporarlo en sus funciones. Todos ellos denuncian que “están desbordados”.
EL CONFLICTO LABORAL DE OMBUDS

Al margen de las quejas por la incorporación de la vigilancia privada, la situación actual podría haberse solucionado si el Ministerio del Interior hubiera reaccionado a tiempo. Son varios los sindicatos que advirtieron a la Administración de la crisis que estaba viviendo Ombuds. El grupo de seguridad entró en concurso de acreedores este verano y dejó de pagar a sus empleados meses antes.

En ese momento, Interior podría hacer rescindido el contrato con Ombuds y haber adelantado el contrato público del servicio. Esto no ocurrió y la deuda a los trabajadores ha ido abultándose en este tiempo. En diciembre se conoció el resultado del concurso público y tan solo el lote 2, que era el único en manos de Ombuds, quedó desierto. Fuentes sindicales argumentan que esto se debe principalmente a que ningún grupo se atreve a presentar una oferta sabiendo que hay una deuda vigente.

El Ministerio sacó rápidamente otro concurso de urgencia, pero de encontrar un adjudicatario no será hasta marzo cuando se podrían reincorporar los vigilantes de Ombuds, que actualmente están en la calle. Sobre este nuevo concurso, según denuncian fuentes de la Guardia Civil, no se sabe nada. Mientras tanto los agentes desplazados de otras zonas de España siguen generando descubiertos en su lugar de procedencia y aún así no son suficientes para realizar todas las tareas que le corresponden.
https://www.moncloa.com/marlaska-horas- ... -carceles/