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Desarticulan en Melilla una red de tráfico de hachís en camiones

REDACCIÓN
10/01/2020 10:22

Melilla, 10 ene (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Melilla una rede de tráfico de hachís que ocultaba la droga en dobles fondos complejos de detectar en vehículos pesados para introducirla en la península.

En una nota, la Guardia Civil ha informado de que en esta operación, llamada Lirio, han sido detenidos e investigados tres individuos de nacionalidades española y marroquí por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Durante la investigación se han realizado dos registros domiciliarios simultáneos en Melilla en los que han sido intervenidos 311 kilos de hachís y dos vehículos pesados -un camión frigorífico y una furgoneta-, además de herramientas para la fabricación de dobles fondos en vehículos y una gran cantidad de teléfonos móviles.

La investigación se inició en octubre de 2019, a raíz de la detección de movimientos sospechosos de una persona a la que le constaban antecedentes por tráfico de drogas y que podría estar dedicándose al transporte de mercancías desde la península a Melilla en vehículos pesados.

Una vez descargada en Melilla la mercancía, esta red introducía los vehículos que habían llegado a la ciudad en una nave situada en un polígono industrial, lugar que utilizaba como infraestructura para practicar los dobles fondos donde introducía la droga y sellaba la estructura y restablecía su exterior para evitar cualquier indicio de manipulación.

Posteriormente, otros miembros de la organización, valiéndose de una supuesta actividad profesional como importador/exportador de mercancías, para la que se habían dado de alta como autónomos en fechas anteriores, llevaban el camión cargado al puerto de Melilla para embarcarlo en el barco rápido que une la ciudad con la península, destino final de la droga.

Otros componentes de la red acompañaban al vehículo cargado de droga durante todo el trayecto para dar seguridad al mismo y avisar de cualquier control policial que existiera.

La investigación se ha efectuado conjuntamente por agentes pertenecientes al EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la UDYCO de la Policía Nacional de Melilla, que han contado con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20200 ... iones.html

Una resolución de la Dirección Adjunta Operativa de la Zona de Castilla-La Mancha establece que la Administración se haga cargo de la indemnización de 2.200 euros a la que fue condenado un hombre por agredir a un guardia civil en Ciudad Real. El atacante, que propinó un cabezazo en la cara al agente, que tardó más de un mes de reponerse de las lesiones sufridas, fue declarado posteriormente insolvente.

Tal y como recoge el escrito de la resolución, "cuando el condenado al pago resulte insolvente, se habrá de tramitar el procedimiento de resarcimiento regulado en el capítulo II del Real Decreto 485/1980, y en el apartado segundo de la Orden General número 4 de 18 de febrero de 1998", por el cual "se regula el procedimiento a seguir en los expedientes para la declaración de responsabilidad administrativa y resarcimiento por daños a los bienes de los miembros del Instituto de la Guardia Civil".

De esta manera, será finalmente el Estado el que deba asumir la responsabilidad de la indemnización a este guardia civil.
https://www.augc.org/news/2020/1/10

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El pasado mes de octubre, representantes de AUGC se concentraban frente a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para protestar por el ingreso en una prisión militar de un guardia civil afiliado a nuestra organización, por una condena de siete meses y un día en aplicación del Código Penal Militar.

Tras la concentración se procedía a la entrega de un escrito ante esta institución en el que se pedía que ésta reclamase explicaciones al Ministerio de Defensa ante su falta de respuesta a la solicitud de indulto realizada por AUGC para este compañero, una petición que desde Defensa jamás tuvo contestación, actitud ante la que nuestra organización llegó a reclamar la dimisión de la Ministra.

Ahora el Defensor del Pueblo ha notificado a AUGC que desde Defensa se continúa dando la callada por respuesta ante este asunto, por lo que esta institución, "ante la tardanza en recibir la información que solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma".

Nos encontramos, por lo tanto, ante todo un desafío por parte de Defensa, no sólo a AUGC, sino incluso al Defensor del Pueblo. Una muestra de desprecio y arrogancia inadmisible en un Estado de derecho en el que se da la paradoja de que, mientras que un trabajador continúa cumpliendo condena en la cárcel por una simple infracción que ya fue castigada en aplicación del reglamento interno, el Ministerio elude incluso dar explicaciones a una institución que tiene como fin velar por el respeto de los derechos que el Título I de la Constitución de 1978 otorga al ciudadano.

Esperamos que el nuevo requerimiento del Defensor sea atendido desde Defensa como corresponde a la normalidad democrática, y que dé por tanto cumplidas explicaciones de la razón por la que negó respuesta a la solicitud de indulto que le hizo AUGC.
https://www.augc.org/news/2020/1/9/

En la tarde de ayer saltaba la noticia al conocerse que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituía de sus cargos al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella.

AUGC confía en que tras estas decisiones se inicie una nueva etapa en la que se alcance la plena homologación salarial y profesional de los guardias civiles con el resto de policías que operan en España. Los primeros retos del nuevo equipo pasan por cumplir íntegramente el acuerdo de equiparación salarial, alcanzar una jornada laboral digna y un nuevo reparto de la productividad.

Acaba así una etapa nefasta en la Dirección General de la Guardia Civil, en la que Azón ha demostrado no haber sido consciente de los graves retrocesos que bajo su gestión han sufrido los guardias civiles. De hecho, Félix Azón ha demostrado únicamente estar siempre del lado del Generalato y de su pulsión constante para apretar a los trabajadores y ningunear sus derechos y reivindicaciones laborales.

Pero Azón es ya historia, y ahora, a la espera de conocer el nombre de la persona que ocupe el cargo, es importante recordar que ésta deberá llegar acompañada de una reestructuración en el gabinete del Director General que conlleve la creación de un equipo que ayude en la toma de decisiones.

Esto implica que la figura del Director General esté convenientemente asesorada a la hora de mantener una interlocución adecuada con las asociaciones profesionales. El gran reto de la homologación no puede afrontarse desde el individualismo y la negación. Por ello resulta clave potenciar el Consejo de la Guardia Civil como un órgano verdaderamente democrático al servicio de la mejora de las vidas de los trabajadores del Cuerpo y del funcionamiento de la propia Guardia Civil.

Desde AUGC confiamos en que se abra una nueva etapa ilusionante, a lo que contribuye el nombramiento como nuevo secretario de Estado de Rafael Pérez, una persona de carácter dialogante que rompe por tanto con la tendencia anterior marcada por la arrogancia y la falta de empatía.
https://www.augc.org/news/2020/1/15/

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Tras confirmarse que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el visto bueno de Robles como ministra de Defensa, propondrá hoy al Consejo de Ministros, a la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, como nueva directora general de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) quiere expresar su esperanza ante la nueva etapa que se abre, pese a los retos que Gámez afronta al frente del cargo y que deben resolverse con celeridad.

Recientemente, representantes de la delegación en Málaga de AUGC ya han tenido ocasión de conocer a través de una reunión el talante dialogante y la capacidad profesional y política de la nueva Directora General, a la que desde aquí damos la bienvenida con el deseo de que reestablezca una línea positiva de integración y comunicación con las asociaciones profesionales, línea que se había quebrado durante el periodo anterior.

Porque resulta absolutamente necesario que se produzca un cambio de calado en la Dirección General de la Guardia Civil, y que éste llegue sin mayor dilación. El desprecio y acoso a los representantes legítimos de los trabajadores debe dar paso al respeto a su labor, tal y como corresponde en un Estado de derecho. Las naturales discrepancias no deben resolverse, como en la etapa precedente, desde la arrogancia y la amenaza, sino con conocimiento, diálogo y política.

No cometer los mismos errores que su predecesor es fundamental, y para ello la nueva Directora General deberá estar adecuadamente respaldada y aconsejada por un equipo que la asesore. Abordar los problemas de seguridad ciudadana en una agenda marcada por el desafío demográfico de la España vaciada, y corresponder a la problemática sociolaboral de los trabajadores de la Guardia Civil, así como los propios retos pendientes que afronta la institución, requiere contar con un gabinete mixto y preparado.

Retos como el de un nuevo despliegue territorial operativo de las unidades de la Guardia Civil, el establecimiento de una jornada laboral que facilite la conciliación; la adecuación de la productividad al esfuerzo de los agentes; o la culminación de la equiparación, tanto salarial como del resto de condiciones, de los guardias civiles con el resto de policías que trabajan en España. Asuntos eternamente pendientes por culpa de la permanente interinidad, desconocimiento y falta de compromiso sufridos durante la etapa anterior.

El dialogo es la herramienta clave para alcanzar éxitos que hagan mejorar la seguridad pública, y el propio funcionamiento interno de la Guardia Civil. Es la hora de alcanzar derechos sociales, profesionales y económicos que los guardias civiles, merecidamente, llevan demasiado tiempo esperando. AUGC mostrará toda su capacidad para que esto sea una realidad.

Por otra parte, el hecho de que María Gámez sea la primera mujer al frente de la Dirección General de la Guardia Civil resulta especialmente ilusionante de cara a avanzar de una vez por todas en la igualdad de género en una institución donde las compañeras apenas constituyen un 7% del colectivo, y donde aún sufren discriminación.
https://www.augc.org/news/2020/1/17/a

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Nuevo éxito de los servicios jurídicos de AUGC en defensa de sus afiliados, en este caso correspondiente a la delegación en Huelva.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una afiliada de AUGC representada y defendida por el letrado Juan Rodríguez. En la sentencia se estima que procede la aprobación del cuadrante de jornada y concreción horaria que reclamaba la demandante, para su cumplimiento con carácter fijo y anual, lo que la permitirá conciliar su vida profesional con la personal y familiar (cuidando de sus hijos menores tras la separación judicial del matrimonio).

Esta guardia civil había solicitado de la Comandancia una reducción de jornada y una concreción horaria en sus turnos de trabajo que le permitieran conciliar su vida familiar y laboral, no siéndole concedida dicha concreción. Después de elevar los correspondientes recursos a la Zona de Sevilla, la petición volvió a ser denegada, a pesar que existen bastantes precedentes sobre el derecho a esta concreción horaria para el cuidado de los hijos. Finalmente, y ante esta nueva negativa, se tuvo que recurrir a la vía judicial.

Todas las partes han estado conformes con la propuesta de una planificación de trabajo que permitiera conciliar las necesidades personales y familiares de la guardia civil y las de la propia unidad de forma anual y estable, para facilitar la planificación de la demandante con motivo del lo dispuesto en el convenio regular aprobado en sentencia de divorcio que afecta a la recurrente y a su ex conyugue, y desde el momento de la sentencia esta guardia civil verá adaptado su cuadrante a las necesidades del cuidado de sus hijos menores.
https://www.augc.org/news/2020/1/21/

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Una vez más, la justicia ha vuelto a corregir un abuso de la Dirección General de la Guardia Civil. Y una vez más, también, han tenido que ser los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) los que denunciaran ante los tribunales este abuso.

En este caso nos referimos a la Orden General sobre protocolo de actuación para la adopción preventiva de medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles.

Desde AUGC se planteó la nulidad de pleno derecho de esta orden general a partir de tres motivos. En primer lugar, se reclamaba la falta de competencia del órgano autor de la misma, la Dirección General, debiendo emanar la regulación del Gobierno o del Ministerio del Interior, y no por medio de orden general del Director General.

En segundo término, se reclamaba que la orden general regulaba aspectos sustanciales de derechos fundamentales y profesionales de la Guardia Civil, adentrándose en situaciones que afectan al derecho a la salud o a la determinación de actitudes psicofísicas.

Por último, la tercera causa por la que AUGC denunciaba esta orden general era la falta en la misma del obligado dictamen del Consejo de Estado, al desarrollar aspectos esenciales de una Ley Orgánica, la del año 2007 que recoge Derechos y Deberes de los guardias civiles, careciendo además de informe jurídico alguno.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la pertinencia de las causas aducidas por AUGC en su reclamación, y por ello ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por nuestra organización, de manera que la orden general “se anula en tanto que no resulta acorde a Derecho”.

Es muy importante destacar que la norma anulada pretendía incidir de manera negativa en el derecho fundamental al ejercicio del cargo de los guardias civiles sin perturbaciones ilegitimas al establecer como capacidad de la Guardia Civil, la adopción de medidas como:

- La retirada de armamento oficial y particular de personal afectado y la suspensión temporal de la licencia A para armas.

- La limitación para conducir vehículos, pilotar o ser miembro de tripulaciones de vuelo de aeronaves y manejar embarcaciones oficiales.

- La limitación para utilizar el equipamiento policial que se estime incompatible con su situación.

- La denegación de acceso a bases de datos o a determinada información.

-Por último, otra consecuencia de esta norma, ahora sin efecto gracias a la acción judicial de AUGC, incluía la entrega de la tarjeta de identidad profesional.

Todo ello, sin garantía alguna y mediante una norma contraria a derechos. Es decir, se pretendía afectar a los derechos fundamentales y profesionales de los guardias civiles a través de una norma nula de pleno derecho.

Nos encontramos por tanto ante un nuevo éxito judicial de AUGC, sin que por ello debamos lamentar otra vez que sea necesario el recurso a los tribunales contra medidas adoptadas arbitrariamente por la Dirección General y su lobby de altos mandos sin contar con las asociaciones profesionales. AUGC ya advirtió de la ilegalidad durante el proceso de tramitación estando como director Félix Azón, recientemente cesado, de la orden general, sin hacer caso alguno de tal advertencia por el anterior equipo de la Dirección General.

Resulta imprescindible y urgente que tanto desde este órgano como el propio generalato se interiorice que las asociaciones son una parte activa y fundamental en la toma de decisiones en la Guardia Civil, y que no se puede prescindir de ellas a la hora de aprobar normas que afectan a las docenas de miles de trabajadores que representan legítimamente.

Por ello, y ahora que se abre una nueva etapa en la Dirección General, con María Gámez al frente, volvemos a recordar la necesidad de que su figura cuente con el asesoramiento serio y adecuado que eviten volver a reproducir actitudes autoritarias y desconocedoras de la función y atribuciones que la ley otorga a las asociaciones profesionales.
https://www.augc.org/news/2020/1/21/

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AUGC toma la iniciativa en la defensa de los derechos de los guardias civiles para que se elimine el pago en costas procesales

El riesgo a la hora de buscar una solución en los tribunales ante una decisión arbitraria puede acarrear para el guardia civil perjudicado el abono de las costas, situación que genera indefensión y se convierte en un obstáculo para defender nuestros derechos.

El pago de las costas en caso de una sentencia desfavorable supone un freno a la hora de que los trabajadores decidan acudir a los tribunales. El pago de las costas en caso de una sentencia desfavorable supone un freno a la hora de que los trabajadores decidan acudir a los tribunales.

El riesgo a condena en costas es una losa, en muchos casos insalvable, que utiliza la Guardia Civil para denegar derechos, pues es conocedora de que cada diez denegaciones sólo una acudirá al contencioso-administrativo (si lo hace), por temor a ser condenados en costas.

La jurisdicción de lo Social, a la que acuden habitualmente los trabajadores, no deja lugar a dudas, no se abonan costas en primera instancia, e incluso, en el caso de demandas presentadas por los sindicatos (representantes de los trabajadores), tampoco abonan costas en los recursos que presenten.

Sin embargo, los guardias civiles y sus representantes, al amparo del ejercicio del derecho de las asociaciones profesionales, sufrimos una discriminación a la hora de litigar, pues debemos acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, en cuya regulación se establece la condena en costas a la parte perdedora del procedimiento.

Esto supone un verdadero freno en la defensa de los derechos de los guardias civiles, que además, y aquí tenemos otra negación en nuestros derechos como ciudadanos de uniforme, tenemos prohibida la reclamación colectiva, y por ello hemos de reivindicar nuestros derechos bajo petición individual. Por tanto, la quiebra de la plena efectividad del derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva es real porque estos comportamientos y la regulación actual, desincentiva a

los guardias civiles del uso de este derecho para buscar justicia ante posibles decisiones arbitrarias y perjudiciales para los intereses del afectado.

La Guardia Civil, conocedora de esta situación, en ocasiones deniega derechos laborales o sociales dejando como única salida al perjudicado la interposición de contencioso administrativo, porque la institución es plenamente conocedora de que gran parte de los guardias civiles no acudirán al juzgado.

Podemos citar, a modo de ejemplo, el caso conocido ante la denegación de uno o dos días de vacaciones, o un permiso urgente por necesidades familiares; en pocas ocasiones se acudirá a un juzgado arriesgándose a que se nos condene con 600 euros en costas, máxime cuando a lo largo de todo el territorio nacional, los juzgados de los contenciosos y los tribunales de justicia tienen sentencias con interpretaciones totalmente dispares y usando la interpretación realizada por un juzgado (no existe mala fe) se condena igualmente a costas.

Por ello, AUGC instará al Gobierno y al Congreso de los Diputados para que modifiquen la actual legislación, con el fin de que, los guardias civiles en defensa de nuestros derechos laborales, sociales y económicos, no tengamos que soportar el pago en costas ante la primera instancia.

https://www.augc.org/news/2020/1/21

Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com

Los cambios normalmente son buenos, pero si hablamos de la Guardia Civil personalmente siempre tengo mis reservas más que nada porque la historia ha demostrado que lo que se espera con ilusión y ganas normalmente ha resultado un fiasco de tres pares de narices. De esto algo sabemos los que desde hace ya muchos años pertenecemos a esta ilustre institución y a mí ya me pintan algunas canas. Claro que cada uno lo puede ver desde un prisma diferente, pero cuando coincidimos en ello miles de guardias civiles algo de razón habrá.

Mucha gente habla de la Guardia Civil con demasiada alegría, que no es malo, pero desde luego no con mucho conocimiento y mucho menos todavía a nivel interno. La cara bonita hacia el exterior (para la mayoría, que no para los chorizos ya sean de guante blanco, con navaja o pistola de gran calibre que es lo que prima hoy en día) es una imagen benefactora y no represora (que lo es por mandato legal y constitucional, si no los malos camparían a sus anchas más todavía) y por eso se la conoce y reconoce como Benemérita. Hasta ahí todo bien. El problema viene de puertas para adentro y, como bien dice el refranero español, en todas las casas cuecen habas, y en la mía, calderadas.

Después de 175 años de historia va a suceder algo único hasta la fecha en la institución: una mujer, María Gámez, andaluza y malagueña de pro, va a dirigir un cuerpo policial de naturaleza militar (yo todavía lo sigo poniendo en duda, pero hoy no entro en esa lid) fuertemente jerarquizado y mayoritariamente masculinizado (de casi 77.000 guardias civiles hoy en día, escasamente el 7% son mujeres). Antes hubo otros acontecimientos importantes también: en el año 1986 por primera vez en la historia es nombrado director general de la Guardia Civil un civil, un tal Roldán, designado igualmente por un Gobierno socialista, que resultó ser un ladronzuelo con labia y mano larga de ingrato recuerdo. La trayectoria en ese puesto directivo desde entonces ha sido la de nombrar personas civiles, a excepción de un general del Ejército del Aire que sobrevoló su despacho madrileño con más pena que gloria, como casi el resto por desgracia, con alguna excepción curiosamente designado por un partido de derechas, hasta llegar al actualmente cesado Félix Azón, que, este sí, ha resultado ser por méritos propios casi el peor director de todos los tiempos, y los ha habido francamente malos.

Es una desdicha que acompaña a los guardias civiles la de tener personas al frente sin ideas, sin ganas, pero con una empatía de tomo y lomo con la cúpula militarista que al final son los que mandan. Y eso se plasma en una gestión para los de abajo, para los guardias civiles que trabajan en la calle, los que patrullan las calles y carreteras, los que investigan sin descanso, los que guardan las costas y rescatan en las montañas, los que se sumergen en las peores aguas; en fin, quienes día a día velan por la seguridad de todos los ciudadanos, quienes ven constantemente que los altos mandos de la dirección general y el máximo responsable hacen caso omiso a las demandas y reclamaciones a través de los representantes de los guardias civiles en el Consejo de la Guardia Civil.

La mayoría de las demandas son derechos, algunos conquistados a base de muchos esfuerzos y a costa de muchas sanciones disciplinarias que han arrastrado no sólo al guardia civil, sino a sus familias a situaciones extraordinarias y sin sentido como destierros (ceses en los destinos).

Las cuestiones económicas tampoco son para tirar cohetes a pesar de haberse conseguido a través de las asociaciones profesionales un proceso de equiparación salarial que está por cumplirse en su totalidad. Pero, como decía al principio, todo lo que es novedoso y esto es lo máximo que se puede aspirar en la Guardia Civil es la llegada de una mujer, por lo que se sabe preparada, con conocimiento y sobre todo con ganas. Siendo subdelegada del Gobierno en Málaga ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la problemática tanto delincuencial como de los graves problemas sociolaborales que atraviesan los guardias civiles en su día a día gracias a reuniones con la asociación profesional AUGC, a la que pertenezco.

Por todo ello, los guardias civiles en general estamos ilusionados, pero no nos queremos parecer a los ilusos e incautos ciudadanos reflejados en la magnífica película 'Bienvenido Mr. Marshall', del gran Luis García Berlanga, quienes creían ver en el plan Marshall la realización de sus sueños. Esperemos que no pase de largo como en esa gran película el tren de las reformas necesarias para de una vez por todas la Guardia Civil enfile el siglo XXI y sea usted el faro que guíe a buen puerto la nave de los derechos para los guardias civiles y uno de ellos pasa irremediablemente por el derecho a la sindicación. No dude en arremangarse y preguntar a quienes saben de esto, que muchas veces están en las bases. Bienvenida, Mrs. Gámez.
https://www.augc.org/news/2020/1/24/htt ... 2020/1/24/

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La Guardia Civil acusa a Tous de rellenar sus joyas para “abaratar costes”

Tous incumple la ley al comercializar piezas de joyería rellenas de un material no metálico, asegura un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario de la investigación que tiene abierta contra la empresa la Audiencia Nacional por presunta estafa y publicidad engañosa. El informe afirma que “se intuye que la finalidad de esta práctica es abaratar costes” al mantener el peso y la apariencia de una pieza sólida.

Las pruebas realizadas ante notario por la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, que fue quien denunció el caso, permiten a la Guardia Civil de Córdoba sostener en su informe que Tous comercializa bajo la denominación de plata de primera ley piezas que “están en su interior rellenas de un material no metálico”. Una práctica que, según el análisis de la legislación que hacen los investigadores, no es legal. El relleno de piezas de metales preciosos solo se permite, añade el informe, “en tres casos que no se corresponden con los estudiados”: puede usarse para dar estabilidad solo a vasijas, candelabros o similares, pero “no para piezas de joyería”.

La Guardia Civil asegura también que el laboratorio encargado del contraste —la marca que se graba en los objetos hechos con metales preciosos como garantía de su pureza— debe “verificar la densidad y la ley” y señala que el laboratorio Applus Laboratories con el que trabaja Tous “debería haber detectado la presencia de un material no metálico”. Añade que la ley obliga a que la composición sea la misma en todas las partes del objeto, y concluye: “Estas piezas no deberían haber sido contrastadas nunca como de plata de primera ley”. Los investigadores creen que la empresa está “en connivencia” con el laboratorio.

José María Bosch, director general de Tous, reconoció este miércoles ante el juez que las piezas de plata con la forma del icónico osito de la marca están rellenas de un material similar al metacrilato, pero añadió que se trata de una técnica permitida por la ley, informaron fuentes jurídicas. “Estamos satisfechos de cómo ha transcurrido la comparecencia”, aseguró después Tous en un comunicado. La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros salió en defensa de la compañía catalana con otro comunicado en el que aseguró que la ley española permite la fabricación de objetos con metales preciosos con rellenos y que la tecnología que usa Tous es “común, normal y habitual en el sector”.

Esa técnica, llamada electroforming o electroformado, fue la protagonista del interrogatorio al que sometió la Fiscalía al responsable de Tous. “Los rellenos forman parte de la técnica del electroforming que permiten dotar a la joya de volumen y variar el diseño”, asegura por su parte el comunicado de la asociación de joyeros, en línea con lo declarado en sede judicial por el responsable de Tous. La asociación agrega que el uso de ese relleno no reduce la ley de aleación, es decir, que una joya de plata puede llevarlo y seguir siendo una joya de plata de primera ley.

Los dos colgantes de Tous que la asociación denunciante llevó al laboratorio Ecomep en diciembre de 2018 para que analizara su contenido de plata eran “de comercialización ilegal”, asegura el informe, que firmó su director, Fernando López Gómez, y al que accedió EL PAÍS. El documento concluye que las piezas “no se pueden contrastar” porque el reglamento de la Ley de Metales Preciosos lo impide cuando contienen un relleno metálico distinto de los que enumera la norma. López declaró ante la Guardia Civil y señaló que las piezas eran bisutería, no joyas, según publicó El Independiente.

La compañía ha presentado un recurso contra el auto del juez Santiago Pedraz en el que acordó las primeras diligencias y citó como investigados a los responsables de Tous y del laboratorio Applus. En él exige que se imponga fianza a la acusación popular y denuncia que la mueven intereses “espúreos”, según fuentes jurídicas.

“La técnica que usan no está regulada en la ley. Que digan que es chapado o que tiene un baño de oro o de plata, pero que no lo vendan a precio de oro y plata cuando no lo es”, señaló Magdalena Entrenas, la abogada de la asociación denunciante, tras la declaración. “Se niegan a entender que lo que tienen que vender es bisutería”, subrayó.

https://elpais.com/economia/2020/01/22/ ... 67478.html