FORO POLICIA

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Desde que se inició en 2013 el proceso privatizador de la seguridad pública penitenciaria, AUGC lleva años advirtiendo que más tarde o más temprano se producirían situaciones anómalas y preocupantes, como ya ha ocurrido anteriormente en los aeropuertos, y el tiempo nos da la razón. Desde hace unos días, la empresa de seguridad privada OMBUDS se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo.

Dicha empresa tiene adjudicado uno de los lotes del jugoso contrato para la seguridad privada en los centros penitenciarios, concretamente en las siete prisiones de Madrid, seis de Castilla la Mancha y la de Cáceres. Pero anteriormente OMBUDS llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados, que suponían el 78% del presupuesto total, a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. Ante la reclamación planteada por AUGC, el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

Lógicamente, el impago de nóminas y la incertidumbre por sus puestos de trabajo está generando una gran preocupación entre los empleados de OMBUDS, algunos de los cuales han sufrido bajas médicas en las últimas semanas, y la situación está dando lugar a que la mayor parte de estos trabajadores no estén realizando las horas extraordinarias que venían prestando anteriormente, lo que origina que en algunos de los centros penitenciarios afectados no se estén cubriendo todos los puestos de trabajo y consecuentemente se podría estar provocando un incumplimiento del contrato.

Pero además, esa reducción de las horas de trabajo para los vigilantes privados está teniendo consecuencias para los guardias civiles que prestan servicios en los centros penitenciarios, ya que como consecuencia de esta privatización de la seguridad pública ahora deben ser los guardias civiles quienes suplan a los vigilantes o les tengan que facilitar los relevos necesarios, teniendo que modificar algunos cometidos y servicios.

Es decir, que el Estado abona los servicios a una empresa de seguridad privada para cometidos de seguridad, pero son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones. Ocurre así algo similar a lo que se produjo en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados.

Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles,ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.

Esta situación viene a confirmarlos argumentos de AUGC, que lleva seis años reclamando que se anule el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios,que hasta la fecha ha supuesto el derroche innecesario de 210 millones de euros con el fin de aumentar los beneficios para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes favorecidos de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en OMBUDS.

El Gobierno debe tomar la iniciativa,ya que la solución pasa por la rescisión del contrato, como así parece haber ocurrido en empresas privadas que tenían concertados los servicios de seguridad privada con esta empresa, y realizar una nueva licitación.

AUGC va más allá y propone como una de las medidas que pondría fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore en virtud del acuerdo para la equiparación salarial,y sea destinado a esos cometidos que ahora acaparan las empresas de seguridad privada, lo cual sin duda supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas.
https://www.augc.org/news/2019/

Cartera porta placa CNP

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La delegación provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cáceres quiere hacer llegar a la opinión pública el intento improcedente por parte de la Guardia Civil de desahuciar a la viuda y madre de compañeros, de una de las viviendas del Patronato en la localidad de Cáceres.

La viuda y madre de guardias civiles, cambió su domicilio fiscal a un lugar distinto al de la vivienda del Patronato, tan solo a efectos de impuestos, dado que llevaba mucho tiempo residiendo en dicho inmueble. Esta circunstancia fue aprovechada por la Guardia Civil para presumir que con ello se incumplía la obligación de residencia, fijada en normas que datan del año 1966 sobre viviendas del Patronato.

Por parte de los servicios jurídicos AUGC-Cáceres, y a requerimiento de la viuda, se procedió a recurrir dicha medida ilegal presentando recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en contra este desahucio improcedente, quien estimó nuestras pretensiones, dictando sentencia favorable para nuestra organización.

Por parte de la Guardia Civil no se probó qué la viuda no residiese en dicha vivienda, incluso se presentó declaración jurada del Jefe de la Casa, cargo establecido por parte de la Institución, afirmando que esta persona residía en la vivienda, así como que había consumo de luz y agua, como así se demostró en los recibos presentados, además de notificaciones del médico de la Seguridad Social a la dirección de la misma.

A pesar de todo lo expuesto, y sin escrúpulo alguno, la Guardia Civil continuaba con el desalojo, obviando lo qué a todas luces sería una medida ilegal en toda regla, contra la viuda y madre de compañeros guardias civiles.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia estimando las alegaciones de los Servicios Jurídicos de AUGC-Cáceres, en el sentido de que “Corresponde al Consejo de Administración del Patronato apreciar la justificación de la causa alegada por el interesado, así como su falta de utilización como domicilio habitual y permanente por el titular del contrato”.

Continua la sentencia judicial en sus clarificadores argumentos: "Por un lado, nos encontramos con que no ha existido ningún tipo de comprobación por parte de la demandada sobre si la actora ocupaba efectivamente el domicilio o no, limitándose a comprobar el domicilio fiscal y estimando que con el mismo bastaba para la resolución del contrato. En cambio, la actora presentó múltiple pruebas documentales consistentes en facturas de diversos suministros que acreditan la ocupación de la vivienda. Es más, se encuentra empadronada en dicha vivienda y, lo más determinante, el Jefe de la Casa del Acuartelamiento del Cuerpo certificó que la actora reside habitualmente en la vivienda. A ello hay que añadir que la demandada decide sin amparo legal alguno equiparar las condiciones exigidas en las Normas del Patronato con el concepto de domicilio fiscal previsto en el artículo 48 LGT, norma que ni tan siquiera existía en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento. Así pues, no se exige en ningún momento que la actora permanezca 183 días como mínimo en el domicilio, ya que debe hacerlo cuatro meses de forma continuada o seis de forma discontinua, sin que haya existido comprobación alguna por parte de la Guardia Civil sobre si se cumple con este extremo o no. En conclusión y en atención a los argumentos anteriormente expuestos, debemos proceder a la estimación del recurso interpuesto y anular la resolución impugnada”.

Así pues, la Sala resolviendo la grave decisión y el empeño de dejar en la calle a la viuda y madre de guardia civil, cuando todo daba a entender la improcedencia de la actuación llevada a cabo por los responsables de la gestión de las viviendas del Patronato de la Guardia Civil, falló en el sentido de “ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales (...), contra la Resolución del Coronel Jefe del Servicio de la Guardia Civil. por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente, contra la Resolución del Coronel Jefe de dicho Servicio, por la que se desestiman las alegaciones presentadas contra la propuesta de rescisión del contrato de arrendamiento y, el desalojo de la vivienda de Cáceres, que se anula por no estar ajustada al Ordenamiento Jurídico, y todo ello con expresa condena en cuanto a las costas a la demandada”.
https://www.augc.org/news/2019/8/9/los- ... juridicos-

Los guardias civiles que garantizan la seguridad de las vacaciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de Las Marismillas, en Doñana (Huelva), han denunciado en las últimas horas la "falta de previsión" del operativo, que les obliga a turnos de 12 horas, entre la jornada de trabajo y el tiempo empleado en la ‘ida y vuelta’ a su alojamiento. Según fuentes policiales, el dispositivo se acordó "casi de un día para otro" y, en consecuencia, obligará a algunos agentes a acumular días sin descanso. "Hasta tres semanas sin parar, y sin ver a sus hijos", señalan fuentes conocedoras.

De la vigilancia de Sánchez y su familia en la finca de Doñana -residencia habitual de veraneo de los presidentes- se encargan, entre otros, los guardias civiles ‘de élite’: los llamados GRS o Grupos de Reserva y Seguridad.

Se trata de agentes altamente especializados, con gran prestigio en el Cuerpo y cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. Su misión principal, según explican fuentes de la Benemérita, es garantizar la seguridad pública, colaborando especialmente en protección civil, por ejemplo, en casos de catástrofes, control de multitudes o misiones de paz.

La protección de altas personalidades también está entre sus cometidos. Entre sus especialidades están, por ejemplo, el servicio de escolta, rescates complejos o persecución de vehículos en fuga. Situaciones de alto riesgo y que requieren de una enorme capacidad de atención, además de una excelente preparación física.

Su lema sintetiza perfectamente su modo de vida: ‘Res Trepidae’. Un ritmo trepidante con el que deben adaptarse a situaciones adversas, imprevisibles. También en este caso, en pleno agosto.

La asociación Jucil denunció este martes, en un comunicado, las dificultades de estos guardias civiles destinados a proteger al presidente socialista y su familia.

"Aun conociéndose con suficiente antelación la necesidad de prestar este servicio, no se ha previsto un alojamiento adecuado para los agentes comisionados", lamentaban en la nota. "Los componentes del Cuerpo se ven obligados a realizar unas 12 horas de jornada por cada turno debido a la distancia existente", añadieron los agentes. Una circunstancia que ya ocurrió el pasado diciembre, durante la estancia de Navidad de Sánchez en La Mareta (Lanzarote).

"La falta de previsión y de organización por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior es preocupante, no solo en el trato dado a los miembros del Cuerpo, que son utilizados como herramientas y no como servidores públicos garantes del Estado de Derecho, sino también más grave si cabe encontrándonos en alerta 4 antiterrorista", concluía el comunicado.
Sin días libres ni permisos

Esa falta de previsión ha obligado a algunos agentes a desplazarse a Huelva, procedentes de León y de Tenerife, prescindiendo de sus días libres y de permiso, el descanso obligado por ley. En ocasiones, eso se traduce incluso semanas "sin pasar por casa", explican fuentes conocedoras, "lo que afecta mucho a su estado anímico". "Aunque son unos profesionales y anteponen su sentido del deber incluso a su familia. Pero la realidad es que se acaban enlazando unas misiones con otras".

"Y esto lo sabe tanto Interior como la Dirección General y no ponen solución", añaden.
77 euros de dietas

Otro asunto que provoca malestar a los agentes son las dietas. Los agentes desplazados reciben 77,13 euros para alojamiento y manutención. Una cifra recogida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y que no ha sido actualizada en 17 años: 48,92 euros para dormir y 28,21 euros para todas las comidas del día.

El presidente en funciones llegó a Doñana el pasado viernes y permanecerá en la finca, previsiblemente, hasta el fin de semana, aprovechando el puente del 15 de agosto, según explican desde La Moncloa. La próxima semana, Sánchez retomará su agenda reuniéndose con organizaciones civiles y también con partidos. Con el PNV se verá, en Bilbao, en una fecha aún por determinar entre el día 19 y el 23.

Pese a que la llegada de Sánchez a Doñana no fue confirmada hasta el último momento, el Gobierno se había encargado de tener a punto el palacio.

Como informó OKDIARIO, el Ministerio para la Transición Ecológica -a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales- aprobó a comienzos de julio el encargo del ‘servicio de mantenimiento de las infraestructuras operativas del Palacio de Las Marismillas, con medios personales y materiales para su conservación y para el desarrollo de las actuaciones de apoyo en las visitas institucionales’, correspondiente a las anualidades de 2019 a 2023. El importe, para cuatro años, asciende a 1.624.384,13 euros para los próximos cuatro años, distribuidos de la siguiente manera: 191.557,81 euros en 2019; 433.510,40 en 2010; 430.542,68 en 2021 433.510,40 y 135.262,85 en 2022. Importes con cargo a los Presupuestos.
https://okdiario.com/espana/agentes-que ... ia-4468020

Al ser nombrado jefe de un cuartel, un mando militar revisa los servicios y encuentra un centinela junto a un banco. Diecisiete horas diarias, tres soldados a relevo. Nadie conocía la razón de ese servicio. Indagando supo que años atrás se pintó el banco y se colocó el centinela por uno o dos días, para que nadie se sentara. Primeras elecciones democráticas, 1977. Dispositivo policial extraordinario para impedir ataques de la extrema derecha, robo de urnas, etc. Transcurridos más de 40 años se mantiene el mismo dispositivo. Sindicato policial lo expone al DAO en 2008. Respuesta: si ocurre algo habiendo reducido policías él sería responsable, y manteniéndolo igual estaba protegido.

La Guardia Civil comenzó su despliegue territorial hace dos siglos. Sus agentes se desplazaban a pie, caballo o bicicleta. Se fueron construyendo cuarteles, hasta 1.967, repartidos por España. Dos siglos después, con vehículos para carreteras y caminos, helicópteros, drones y tecnologías de comunicación instantánea sigue el mismo despliegue. Hay cientos de cuarteles sin utilidad, protegidos por 7-11 guardias civiles que se turnan en la puerta, no patrullan y remiten a quienes van a denunciar a la comisaría o cuartel más cercano. Muchos permanecen cerrados noches, sábados y domingos. Miles de guardias civiles detraídos de su misión de proteger a la ciudadanía para autoprotección de cuarteles en ruina.

Si los 1.967 cuarteles se redujeran a los necesarios (300, 400, 500…), bien distribuidos por provincias con una distancia razonable de patrullaje, se ahorrarían personal y costes. Cerrar 1.400 cuarteles supondría sumar entre 10.000 y 16.000 guardias civiles para patrullar los muchos pueblos sin seguridad. Cerrar cuarteles sin operatividad, costosos, con necesidad de personal de autoprotección para crear nuevos, funcionales, con aparcamientos internos y sin viviendas. Edificios policiales. Del cuartel central en cada zona saldrían a diario las patrullas a los pueblos cercanos y zonas rurales asignadas (España vacía). Harían falta 7.000 coches cuyo movimiento reduciría considerablemente la criminalidad. ¿Por qué no se hace? Porque falta un acuerdo de Estado para que los alcaldes no hagan política con el cierre de un cuartel que no sirve para nada. Falta cambiar políticas basura por políticas de Estado.

También procederían cambios internos. La Guardia Civil puede seguir siendo militar. No se cuestiona por una amplia mayoría de ciudadanos, políticos, ni por muchos de sus miembros. Para aquellos que quieren ser policías civiles, habilitar el pase a la Policía Nacional respetando derechos adquiridos sería positivo por su experiencia. El salario deberá ser el mismo en ambos cuerpos, recibiendo complementos de zonas conflictivas (sumando Cataluña al País Vasco), grandes ciudades (Madrid), extra-peninsulares (Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares –además con plus superior por carestía-). El régimen disciplinario es anacrónico, crea más problemas que resuelve. Se deben ampliar derechos profesionales para que sus asociaciones puedan ser sindicales. Existen sindicatos de militares en ejércitos europeos. Revisar distribución territorial y competencial que se aplica desde la ley orgánica 2/86. Aeropuertos, varias instituciones del Estado, delitos… dos cuerpos prestando el mismo servicio en evidente competencia. Más seguridad, eficacia y eficiencia, (menos coste), para mejorar sus salarios.

Procedería reconocer los derechos vulnerados a guardias civiles demócratas expulsados hace 25 años con la ilegal “Operación Columna”. José Piñeiro, José Morata, Manuel Rosa y Manuel Linde (ya fallecido), defendían el derecho constitucional a asociarse. Actuaron conforme a la Constitución y aunque el Tribunal Constitucional les dio la razón llegó tarde. Cuando lo hizo ya estaban expulsados. Y así siguen. Los militares de UMD que actuaron antes de la Constitución (por tanto, ilegalmente) han sido reconocidos. Es una mancha en la Guardia Civil democrática que debe limpiarse.
https://okdiario.com/opinion/modelo-pol ... xi-4471462

Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

Otro éxito de los Servicios Jurídicos de AUGC. En este caso ha sido la delegación de Ciudad Real la que ha conseguido mediante sus recursos la anulación de un expediente por "falta de aptitudes profesionales" abierto contra un compañero destinado en un puesto de esta provincia con 38 años de servicio. Dicho expediente había sido impulsado por sus mandos inmediatos y ratificado por los mandos superiores por unas calificaciones negativas y arbitrarias de Ipeguci.

Por fortuna, el trabajo de AUGC ha permitido que ahora se estime "acordar la terminación del presente expediente en el sentido propuesto por el Director General de la Guardia Civil, acordando que no existe insuficiencia de facultades profesionales en el Guardia Civil". Dicha resolución también implica la resolución de los antecedentes en el historial profesional de este agente.

De nuevo nos encontramos con una defensa exitosa de los derechos de un afiliado por parte de los servicios jurídicos de nuestra asociación. En este sentido, son constantes y cada vez más frecuentes los casos en los que el trabajo de AUGC en los tribunales enmienda los abusos que sufren los guardias civiles ante la arbitrariedad de determinados mandos. Una situación verdaderamente insólita que revela la falta de transparencia y democracia que todavía anidan en el seno de la institución.
https://www.augc.org/news/2019/8/20

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materialpolicial.com

Los servicios jurídicos de AUGC Huelva logran anular la pérdida de destino de un guardia civil tras siete años de persecución

El agente ha sufrido un calvario después de ser acusado sin pruebas de un delito de violación de secreto y caer sobre él la maquinaria injusta de la Guardia Civil -Jefe de Puesto, Jefe de Compañía, Comandancia, Zona de Andalucía y Dirección General-, que participó en un acoso constante cuyas consecuencias se han podido minimizar gracias a los servicios jurídicos de AUGC, pese a que el daño ya está hecho y este guardia civil lleva sin trabajar varios años.

Nuevo éxito de los servicios jurídicos de AUGC en defensa de sus afiliados, en este caso correspondiente a la delegación en Huelva, que ha logrado en los tribunales la anulación de la suspensión de sus funciones y la pérdida de destino de un guardia civil destinado en un puesto de esta provincia.

La propuesta de sanción formulada desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva estaba basada en que el agente no podía ejercer sus funciones en el puesto de trabajo que ocupaba, obviando de forma torticera que este trabajador se encontraba de baja por enfermedad de larga duración y que, por tanto, no podía ejercer sus funciones debido a esta enfermedad.

Sin embargo, al omitir la Comandancia en su propuesta esta circunstancia, el guardia civil fue suspendido de funciones y con ello dejo de percibir una parte de sus retribuciones. Esta decisión fue recurrida por los servicios jurídicos de AUGC Huelva, siendo estimado el recurso y anulada dicha suspensión, con la correspondiente devolución al trabajador de la parte detraída de sus nóminas y los intereses legales correspondientes.

A pesar de ello la maquinaria de la Guardia Civil siguió adelante, y mediante una nueva propuesta se le privó del destino que ocupaba. Para ello se alegó que el agente había sido suspendido de funciones, volviéndose a obviar algo fundamental: que dicha suspensión había sido anulada por el Ministerio del Interior. Otra vez los servicios jurídicos de AUGC volvieron a recurrir ante los tribunales, que nuevamente fallaron a favor de su representado, anulando dicha pérdida de destino y ordenando la reincorporación del agente a su destino, además de la devolución de la parte de su nómina que le había sido descontada.

A día de hoy, ninguno de los responsables directos de la toma de estas decisiones ha sufrido consecuencia alguna por esta actuación.

Pero ésta no es la única decisión tomada por la Comandancia y por la Dirección General contra este guardia civil que luego ha sido anulada. El calvario comenzó en 2011, cuando este agente fue acusado de un delito de violación de secreto, por lo que le fue abierto un expediente disciplinario por falta muy grave.

Pese a que esta causa terminaría finalmente siendo archivada por el juzgado de Moguer, tras su imputación el trabajador fue cesado en el destino y suspendido de sus funciones por parte de la Dirección General, con los consiguientes perjuicios económicos, morales, familiares, personales.

Sin embargo al contrario de lo que la ley establece claramente, una vez que fue archivada la imputación no se le ofreció volver a su anterior destino, sino que fue destinado de forma forzosa, sin posibilidad de peticionar ni ejercer ningún tipo de acción, a la Comandancia de Gerona. Nuevamente los servicios jurídicos de AUGC Huelva recurrieron dicha decisión, y el TSJ de Madrid estimó su demanda, sentenciando que dicho guardia civil debía volver a su anterior destino en la Comandancia de Huelva.

Tras este fallo, la Guardia Civil cumple con la sentencia en parte y solo le concede el destino, pero no le abona parte de las nóminas que le descontaron, por lo que otra vez los servicios jurídicos de AUGC tienen que intervenir con los recursos legales correspondientes, que fueron estimados.

Ese mismo año, y como consecuencia de la pérdida de destino en Huelva, tambien le fue ordenado el desalojo del pabellón oficial que ocupaba, junto con sus muebles y enseres, que nunca le ha sido devuelto, a pesar que por dos veces han sido estimadas sus demandas.

Hasta para anular los antecedentes penales tuvo problemas este guardia civil, por lo que se tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Agencia de Protección de Datos para que la Guardia Civil, cumpliera con la legalidad y anulaser sus antecedentes policiales. Tambien dicho recurso fue presentado por los servicios jurídicos de AUGC Huelva.

Además, durante todo este proceso se le abrieron varios expedientes disciplinarios, unos fueron estimados y otros no, y fueron emitidos escritos donde se dejaba ver la opinión desfavorable que tenían los mandos de la Comandancia para que volviera a su anterior destino, sin que existiera legalmente ningún impedimento para ello. El empecinamiento de la Comandancia de Huelva para que este Guardia Civil no volviera a su destino no tiene ninguna explicación, salvo el hecho de que muchas de las decisiones que se han tomado sobre él han sido recurridas por AUGC y estimadas y esto pudiera no ser del agrado de la Comandancia de Huelva.

No acaban aquí los problemas de este guardia civil, ya que ahora va a ser el único que será sancionado dos veces por un mismo hecho, puesto que en 2018 fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo y nuevamente los servicios jurídicos de AUGC volvieron a recurrir dicha sanción, siendo ésta anulada.

Pues bien, en contra de toda lógica y del principio de no sancionar dos veces por los mismos hechos, la Zona de Andalucía ha vuelto a abrir el expediente que fue estimado en el recurso de alzada, por lo que si no se atienden las alegaciones presentadas este guardia civil será sancionado en contra de un principio constitucional y lo será por la misma autoridad que ya lo sancionó anteriormente.

Éste ha sido el calvario sufrido durante más de siete años por un guardia civil que fue acusado sin pruebas, y que a partir de esta acusación la maquinaria injusta de la Guardia Civil, de toda la cadena de mandos -Jefe de Puesto, Jefe de Compañía, Comandancia, Zona de Andalucía y Dirección General- participó en una toma de decisiones que gracias a los servicios jurídicos de AUGC se han podido evitar, aunque el daño ya está hecho y este guardia civil lleva sin trabajar varios años, con el evidente perjuicio para la ciudadanía, sin que aquellos que han tomado las decisiones incluso olvidando cuestiones fundamentales para la misma e incumpliendo las normas internas y la legislación hayan tenido ninguna responsabilidad.
https://www.augc.org/news/2019/8/20

intervencionpolicial.com

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron 566 efectivos en la provincia de Barcelona entre 2012, primer año de Gobierno del PP, y 2017, cuando se produjeron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y el referéndum ilegal del 17-O. Así se refleja en una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu fechada el pasado 31 de julio.

La portavoz del Grupo Popular en Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, presentó este jueves una proposición no de ley en la que “exige al Gobierno que envíe un refuerzo de policías y guardias civiles a Barcelona para hacer frente a la crisis de seguridad que vive la ciudad”. Entre otros argumentos, el PP se ha basado en un bulo según el cual las mayores empresas de paquetería del mundo (Amazon, MRW y Seur) se niegan a distribuir en ciertos barrios de Barcelona debido a la inseguridad.
Policía y Guardia Civil perdieron más de 500 efectivos en Barcelona con el PP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha negado este viernes que haya falsedades en la iniciativa sobre la seguridad en Barcelona presentada en el Congreso ya que esta "se basa en la denuncia que hacen los sindicatos de Policía y los propios agentes". "Nos acogemos a lo que reclaman los sindicatos policiales y también a las reclamaciones de buena parte de la sociedad barcelonesa que lo que quiere es que vuelva la seguridad a Barcelona", ha insistido Montesinos en declaraciones a la prensa en Santiago de Compostela.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado que el PP busque soluciones "simples", sino para "conocer las problemáticas de una forma seria y de futuro". En una entrevista en la Cadena Ser, ha apuntado que el PP da muestras de "ignorancia" en esta materia puesto que en la ciudad condal, la Policía ya cuenta con efectivos realizando labores de Policía Judicial.

Según los datos de la respuesta parlamentaria, la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona se redujo en un 16,4% en ese periodo (429 agentes) y la de la Guardia Civil en el 6.8% (137). Entre los dos cuerpos la reducción fue del 12,3%.

Aunque el citado periodo coincide con una drástica reducción de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debido a la crisis económica, la caída en Barcelona fue mucho más drástica que en el resto de España, donde la Policía Nacional perdió el 9,3% de su plantilla y la Guardia Civil el 5,1%; con una reducción entre ambas del 7,1%. Eso significa que el recorte en Barcelona fue siete puntos superior a la media en Policía Nacional, más de punto y medio en Guardia Civil y de cinco entre ambos cuerpos de seguridad del Estado.

Por el contrario, desde 2017 hasta ahora la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona se ha incrementado en un 18,1%, hasta casi recuperar la cifra anterior a la crisis (faltan 34 agentes para ello) y la de la Guardia Civil en un 5,7% (faltan 30 para igualar los efectivos de 2012).

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que recuperar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que perdieron en conjunto 12.000 agentes durante el mandato del PP, fue una de las prioridades del nuevo equipo. "Este refuerzo ha sido general en toda España, pero especialmente en las comunidades autónomas donde más se recortó, como Cataluña", agregan.

Además, subrayan las mismas fuentes, se han reforzado los mecanismos de coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, retomando las reuniones de la Junta de Seguridad de Cataluña y poniendo en marcha un comité de coordinación. Además, se ha integrado a la policía autonómica en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo (CITCO) y se han interconectado los sistemas de atención a las víctimas de violencia de género.
https://elpais.com/politica/2019/08/23/ ... 06076.html

Oposiciones Cnp 2013

sector115.es

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado este lunes la voz de alarma ante lo que califican como "preocupante" situación de la seguridad en el área metropolitana de Valladolid, fruto de la estructura "no operativa" del Cuerpo y la falta de actualización de la plantilla pese al incremento de la población registrado desde 1996 en dicha demarcación, cerca de un 144 por ciento, equivalente a 60.000 personas más. La reorganización territorial y funcional del Instituto Armado en toda España, donde cuenta con cerca de 2.000 puestos, más de una veintena de ellos en Valladolid, es lo que propugna la AUGC a través de la concentración de unidades con criterios de comarcalización y para que la atención al ciudadano pueda prestarse las 24 horas del día.

Es la postura que dicha asociación, a través de su portavoz nacional, Manuel Moya, ha expuesto este lunes en Valladolid acompañado de los responsables federal en Castilla y León y provincial, Egelmar de Francisco y José Manuel Martín, respectivamente, quienes, además, han anunciado posibles movilizaciones a pie de calle si no se materializa el acuerdo de equiparación salarial con la Policía Nacional firmado en marzo de 2018 con el anterior gobierno del PP y que el de Pedro Sánchez no está dispuesto a cumplir en algunos de sus apartados. Al llamamiento para el cumplimiento efectivo de esa equiparación se ha sumado, a mayores, la denuncia pública sobre la imposibilidad de prestar una seguridad eficaz actualmente a la población del área metropolitana de Valladolid, demarcación de la Benemérita cubierta por 90 agentes, debido al incremento de la población registrado en los últimos años, la escasez de plantilla y la falta de operatividad de la estructura organizativa del Cuerpo.

El responsable provincial, José Manuel Martín, pone como ejemplo la imposibilidad de garantizar esa seguridad con las actuales 24 unidades, de las que tan sólo están abiertas las 24 horas, y teniendo en cuenta que 15 de las mismas tienen diez o menos efectivos para dar servicio de atención y patrullas. El puesto que más tiene cuenta con 32 agentes y no es posible sacar patrullas los 365 días del año", denuncia Martín, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, pone como ejemplo de esa escasez de medios las dificultades de garantizar la seguridad ante fenómenos como el centro comercial abierto en Arroyo (Rio Shopping) por donde anualmente pasan 7 millones de personas, "y esa es demarcación de la Guardia Civil".

VIOLENCIA DE GÉNERO Y PRISIONES

Además de la actualización de plantillas y la concentración de unidades, AUGC ha planteado también la reconversión de aquellos agentes en situación de reserva--unos 10.000 en toda España--para que puedan hacer valer su experiencia en servicios de seguridad en los centros penitenciarios, función actualmente despeñada por 900 efectivos de personal privado, y de seguimiento del sistema VioGén en materia de violencia de género.

En este último sentido, Martín ha censurado que mientras en Valladolid 21 agentes de la Policía Nacional se encargan de esta materia (familia, mujer y menores) para una población de 310.449, en el caso de la Guardia Civil tan sólo tres funcionarios tienen a su cargo 200.402 personas. "Eso quiere decir que si el hijo de un vecino de Arroyo sufre un caso de bullyng, va a tener mucha menos atención que si viviese en Valladolid, a 50 metros", ha precisado el responsable provincial de AUGC. Para esta asociación, el problema no es tanto la escasez de plantilla, pues el catálogo está cubierto en un 88 por ciento--quedan 86 plazas por cubrir--sino el hecho de que la estructura actual "no es operativa", de ahí, insisten, en la necesaria concentración de unidades para reducir el número de jefes y poder sacar a la calle a patrullar a buena parte de compañeros que actualmente se limitan a funciones burocráticas.

Entre otras reivindicaciones, el portavoz nacional, Manuel Moya, demanda la reordenación del complemento de productividad, "puesto que de los 193 millones consignados en 2019 buena parte, 23 millones, se los reparten 3.700 mandos y el resto 70.000 agentes", y la regulación de la jornada laboral para que los guardias civiles puedan contar con turnos.

El responsable de AUGC en Valladolid, José Manuel Martín, ha aprovechado para solicitar también la supresión del Servicio de Protocolo en el edificio de la Presidencia de la Junta en Valladolid, que supone "inutilizar" a diez agentes a la semana para "leer un libro o dar los buenos días al presidente"; la creación del puesto de coordinador de servicios, la inclusión del Cuerpo en la Sala Conjunta de las policías nacional y municipal y recuperar los tres funcionarios cesados de la Unidad de Policía Judicial de Laguna, "que llevan en casa desde hace un año cobrando sin trabajar".
https://www.eldiadevalladolid.com/Notic ... Valladolid

En la mañana de hoy se ha celebrado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil la Comisión Permanente de Riesgos Laborales y aspectos relacionados, con la asistencia de un representante de AUGC.

En esta ocasión se han debatido dos propuestas que habían sido presentadas por nuestra asociación.

La primera de ellas planteaba los riesgos a los que se expone el trabajador en la destrucción de los chalecos antibalas. Un proceso en el cual un informe PSI (de cuya existencia nos informó la Administración, pese a que no nos dio acceso al mismo, a pesar de haberlo solicitado) indica que deben usarse guantes, mascarilla y gafas de protección.

Frente a esta indicación, el vocal de AUGC se ha quejado de que se habrían destruido chalecos sin usar dichos medios de protección, al no ser informados los trabajadores de los riesgos a los que estaban expuestos.

Asimismo, ha comunicado a la Administración que no entiende por qué los armeros han de desarrollar dicha tarea, dedicando tiempo a ella (que al fin y al cabo es un gasto), cuando existen empresas que pagan por recoger y destruir dichos chalecos para después aprovechar su materia prima para otros fines. En este caso, la Guardia Civil se ahorraría el tiempo de trabajo de los agentes y su desplazamiento a un punto limpio, y obtendría además un beneficio económico.

La segunda propuesta era la relativa a los gases que ha de soportar el personal de las instalaciones de la calle del Príncipe de Vergara, en Madrid. La Administración ha informado que el servicio de prevención propone un cambio en los sistemas de extracción de gases y exámenes de salud específicos para los trabajadores.

AUGC se quejó de la falta de acceso al informe de evaluación de los riesgos para conocer el responsable de ponerlos en práctica y el plazo para ello, recordando que, la responsabilidad de técnico de RRLL no termina con la evaluación, sino que es el responsable de velar para que se lleve a efecto.

Ante la respuesta de la Administración de que el servicio de prevención hace recomendaciones, se recordó que efectivamente, el servicio de PRO recomienda una serie de medidas, que el responsable puede aplicar u optar por otras, pero el responsable, tiene la obligación de eliminar los riesgos, siguiendo las recomendaciones del servicio de prevención u otras, pero no puede negarse a adoptar medidas que garanticen la salud de sus trabajadores.

Finalmente, por parte de uno de los responsables del servicio de psicología se expuso informe de la aplicación del protocolo de conductas anómalas que abarca desde agosto de 2018 a diciembre del mismo año, informando de que en marzo de 2020 se nos trasladará 2109 entero, para elaborar los informes por años completos.

Dado que el informe se nos entregó en medio de la reunión, no se ha estudiado por el momento, para poder aportar ideas, pero, dado el escaso margen temporal, no se podrán extraer demasiados datos y tendremos que esperar a ver cómo evoluciona.

Sí se insistió por parte de AUGC en eliminar del protocolo la retirada de la TIP. Como ya advertimos en los grupos de trabajo del protocolo, al mezclar la retirada (únicamente posible por estar inmerso en delito o infracción disciplinaria), con las bajas psicológicas, origina que se esté retirando la TIP sin causa legal alguna, privando a los agentes de un derecho (tenencia TIP) e incluso, el acceso a la gestión personal dentro de la intranet.

Por último, en ruegos y preguntas, AUGC pregunto sobre los riesgos de fuga de detenidos que se han detectado en vehículos Citroën. Nos dicen que ya están trabajando para subsanarlo.

Pedimos una campaña de vacunación del sarampión para aquellos compañeros que no estén en vacunados y no sufrieran la enfermedad. La DGGC ha tomado nota para ponerla en marcha.

Y se le preguntó si a la comisión se le va a dar algún impulso y dotarla de contendido, a lo que se nos animó a realizar propuesta de que tratar en la Comisión.
https://www.augc.org/news/2019/9/5/

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus

Hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, debe propiciar nuevamente que desde AUGC se recuerde el gran drama oculto que se padece en la Guardia Civil, y que venimos denunciando ante la Administración y la sociedad española desde hace muchos años: la elevada tasa de suicidios entre los trabajadores del Cuerpo, una tragedia que promedia una muerte cada 26 días, muy por encima de la media de la sociedad española y de otros cuerpos policiales.

Frente a esto, desde la Dirección General se ha optado tradicionalmente por negar el problema, quitarle importancia o, en cualquier caso, evitar afrontarlo con medidas concretas, tal y como reclama AUGC: externalización del servicio de atención psicológica, de manera que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando; dotación de armeros en todas las unidades; y garantía de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida laboral del guardia civil, entre otras medidas.

Lo contrario, como esas charlas que últimamente se ofrecen en las comandancias minimizando el problema, es perder el tiempo y prolongar el sufrimiento.

Y, mientras tanto, el goteo de compañeros que se quitan la vida continúa.
https://www.augc.org/news/2019/9/10/