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La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha conseguido, una vez más, frenar el excesivo rigor disciplinario que padecen los Guardias Civiles destinados en la provincia de Madrid. La Directora General, María Gámez, ha tenido que que dictar una resolución estimando el recurso de alzada interpuesto por los servicios jurídicos de la Delegación de Madrid. De este modo, queda anulada la sanción disciplinaria por falta grave que se le impuso a un agente destinado en Conducciones Especiales de la UPROSE, bajo el concepto de “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”.

La sanción de “pérdida de 15 días de haberes” fue impuesta por el General Jefe de la Guardia Civil en la Zona de Madrid, a instancias del teniente del Coronel de la UPROSE. Ante ello, el Suboficial, asesorado por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso el recurso de alzada ante la Directora General, quien le ha dado la razón.

Se da la circunstancia que los hechos que han originado la sanción están pendientes de resolución por el Tribunal Militar. No se entiende ese exceso de celo en aplicar la sanción sin tener en cuenta la cadena de mando y sin tener el consideración el artículo 4 de la Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Según este artículo, en caso de que nuestro compañero fuera absuelto por el Tribunal Militar se anularía la falta grave que se ha instruido:

“Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos. La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados.”

La Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver al afectado el dinero que le fue detraído de sus retribuciones, los intereses legales, y tendrá que eliminar la anotación negativa que figura en su hoja de servicios.
https://www.augc.org/actualidad/directo ... 6_102.html

intervencionpolicial.com

Muniouro escribió:La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha conseguido, una vez más, frenar el excesivo rigor disciplinario que padecen los Guardias Civiles destinados en la provincia de Madrid. La Directora General, María Gámez, ha tenido que que dictar una resolución estimando el recurso de alzada interpuesto por los servicios jurídicos de la Delegación de Madrid. De este modo, queda anulada la sanción disciplinaria por falta grave que se le impuso a un agente destinado en Conducciones Especiales de la UPROSE, bajo el concepto de “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”.

La sanción de “pérdida de 15 días de haberes” fue impuesta por el General Jefe de la Guardia Civil en la Zona de Madrid, a instancias del teniente del Coronel de la UPROSE. Ante ello, el Suboficial, asesorado por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso el recurso de alzada ante la Directora General, quien le ha dado la razón.

Se da la circunstancia que los hechos que han originado la sanción están pendientes de resolución por el Tribunal Militar. No se entiende ese exceso de celo en aplicar la sanción sin tener en cuenta la cadena de mando y sin tener el consideración el artículo 4 de la Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Según este artículo, en caso de que nuestro compañero fuera absuelto por el Tribunal Militar se anularía la falta grave que se ha instruido:

“Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos. La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados.”

La Dirección General de la Guardia Civil deberá devolver al afectado el dinero que le fue detraído de sus retribuciones, los intereses legales, y tendrá que eliminar la anotación negativa que figura en su hoja de servicios.
https://www.augc.org/actualidad/directo ... 6_102.html

Y qué se supone que hizo.

sector115.es

Hoy se ha celebrado un grupo de trabajo para modificar la Orden General de productividad aprobada el pasado año. Para ello, la Dirección General de la Guardia Civil adelantó un texto con los cambios que pretende hacer. Al margen de algunas Unidades muy concretas, la mejora de las prestaciones afecta, principalmente, a oficiales y suboficiales.

Lo primero que ha llamado la atención de la Asociación Unificada de Guardias Civiles es el impacto económico que supone la presente modificación de la Orden General: 229.732,48€ anuales. Pese a ello, según se nos trasladó por escrito, no afecta al resto de productividades estructurales, pues existe crédito para afrontar el gasto. Y esto no es lo más grave. Según se ha reconocido en el grupo de trabajo, además de que existe crédito para el pago suplementario de la modificación, en el caso de que Hacienda no autorice otra partida presupuestaria para afrontar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la productividad estructural -28 millones de euros adicionales-, se hará frente con el presupuesto de este año.

Esto es realmente grave: María Gámez faltó a la verdad en el año 2021 cuando se negó a subir el porcentaje de productividad ERG para compensar a los Guardias Civiles que trabajan operativamente. También cuando no quiso aumentar el importe de las horas nocturnas, festivas o de especial significación. Se escudó en que no se disponía de presupuesto suficiente para ello. Sin embargo, ahora parece que sí hay dinero para asumir los más de 200.000 euros de esta reforma y para hacer frente a los 28 millones que suponen los efectos de la sentencia del Supremo. Está claro que ocultó dinero y nos mintió a todos. La información que se nos ha proporcionado en el grupo de trabajo evidencia la nefasta gestión que está haciendo del dinero público.

Así, mientras que ha racaneado hasta límites insospechados los servicios extraordinarios, pagando menos por un servicio extraordinario (80 euros) que por las horas de exceso (8 horas de servicio por 12 euros la hora= 96 euros), para partidas presupuestarias destinadas a compensar situaciones extraordinarias y que deben ser justificadas tal y como establece la orden general de jornada y servicios (jornadas de 40 horas), ha destinado cantidades económicas considerables, convirtiendo lo excepcional en norma y pervirtiendo el sentido de las mismas.

Por ello, AUGC ha expresado su perplejidad por la falta de información, la ausencia de transparencia y por el manejo del dinero público a su antojo. En lugar de invertir ese dinero en dar un servicio al ciudadano, lo destinan al pago de sobresueldos. Todo ello, mientras se ningunea al personal operativo que realiza servicios nocturnos, festivos y servicios extraordinarios, que se enfrentan a todo tipo de riesgos y por ello perciben cantidades ridículas.

No podemos olvidar que se nos presenta ahora el dinero que la Guardia Civil pretende destinar a la subida y el abono de las consecuencias de la aludida sentencia del Tribunal Supremo sale de la productividad de objetivos de finales de año; la denominada “bufanda”.

Año tras año observamos que en el Cuerpo Nacional de Policía se cobran cantidades superiores que en la Guardia Civil, pero este año podríamos llegar a percibir cantidades irrisorias o, directamente, no percibir productividad por objetivos.

También resulta destacable que, en el momento en el que alguien propone algún cambio, la Administración contesta que “no se pretende hacer una modificación sustancial de la norma”. Quieren cambiar sólo lo que a ellos les interesa y las Asociaciones desconocemos si son cambios sustanciales o no porque, una vez más, nos faltan datos para poder trabajar. La falta de transparencia es más que patente además de un impedimento.

Desde AUGC consideramos que no podemos fiarnos de alguien que hace poco más de un año ha mentido alegando una falta de dinero que no existía. Consideramos que alguien que es incapaz de defender su postura con la verdad no puede seguir ni un minuto más al frente de la Dirección General. María Gámez es incapaz de defender su postura con la verdad. Si no quiere pagar a los agentes que dan servicio al ciudadano como les corresponde, que lo diga directamente, pero no busque justificaciones en una falta de dinero que se ha demostrado falsa.

Los Guardias Civiles siguen discriminados y mal pagados, y desde la DGGC no solo parece no importarles ni querer poner solución, sino que pretenden continuar agravando esta injusticia.
https://www.augc.org/actualidad/asociac ... 1_102.html

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra juzgará desde mañana hasta el viernes a un agente de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona por un delito de descubrimiento y revelación de secretos ya que está acusado de grabar a escondidas las conversaciones de sus compañeros de unidad de trabajo con la supuesta finalidad de utilizar esa información para temas disciplinarios.

La Fiscalía le pide dos años de prisión y una multa de 8.100 euros y las acusaciones particulares le reclaman entre 3 y 4 años de cárcel, además de la inhabilitación para seguir ejerciendo como guardia civiL El acusado se encuentra de baja y había trabajado anteriormente en las comandancias de Vitoria y Tafalla.

Las acusaciones sostienen que el procesado, que se dejó el teléfono móvil en modo grabación mientras él se ausentaba del despacho, estaba intentando obtener información que pudiera ser usada para posibles expedientes disciplinarios.

El escrito de la Fiscalía expone que desde el mes de marzo de 2018, el acusado trabajaba en la oficina de la Plana Mayor (la unidad administrativa) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, compartiendo instalaciones con sus compañeros, siendo todos ellos agentes del cuerpo de la Guardia Civil.
TELÉFONO EN MODO GRABADORA


Así, expone que sobre las 7.25 horas del 29 de marzo de 2019, cuando el acusado iniciaba su jornada laboral, activó en su teléfono móvil la aplicación de grabación de sonido y mantuvo dicha aplicación en funcionamiento durante toda su jornada laboral, hasta las 14.03 horas, dejando su teléfono encima de una de las mesas de la oficina.

Según el Ministerio Público, "de este modo el acusado, consciente y voluntariamente, con ánimo de descubrir secretos y vulnerar la intimidad de sus compañeros de oficina, grabó las conversaciones y manifestaciones de ambos, sin el consentimiento de los mismos, tanto mientras estuvo el acusado presente como en las dos ocasiones que abandonó la mencionada habitación.

El acusado salió de la oficina entre las 7.32 horas y las 7.36 horas y entre las 8.59 y las 9.49 horas, intervalos en que dejó su teléfono con la grabadora funcionando mientras sus compañeros permanecían trabajando.

Fue descubierto por una compañera que al pasar por la mesa del despacho comprobó que el teléfono del acusado tenía activa la aplicación de grabación mientras él no estaba presente en la oficina.
https://www.noticiasdenavarra.com/actua ... 53957.html

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La asociación Jucil, la ‘pata’ de Jusapol en la Guardia Civil, pierde a tres dirigentes. Tres de los seis vocales de Jucil en el Consejo de la Guardia Civil han renunciado al puesto. Al menos una de ellos se marcha de la asociación criticando a otros compañeros.

Como había pasado anteriormente con Jupol en el Consejo de la Policía, Jucil irrumpió con éxito en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, celebradas en octubre de 2021, convirtiéndose en la asociación más votada. Logró 6 de los 16 vocales de las asociaciones profesionales.

Ahora, ECD ha podido saber que tres vocales de Jucil han presentado su renuncia. La asociación ya ha puesto en marcha el proceso para sustituirles y nombrar en su lugar a tres nuevos vocales.

En el caso de una de las vocales que ha renunciado, ha enviado una carta a sus compañeros de la asociación, en la que les revela que el 5 de abril renunció a todos los cargos que ocupa en Jucil, y también renunció a la vocalía en el Consejo de la Guardia Civil, decisión que hace efectiva ahora a finales del mes de abril.

María Rosario Muñoz era también la subsecretaria jurídica nacional y la secretaria nacional de transparencia, dentro del organigrama interno de Jucil. En la carta remitida, Muñoz justifica su decisión: “He dado más de cuatro años de mi vida para ello, pero desde hace un tiempo no veo esa lucha en Jucil”.

Esta ya ex dirigente de Jucil critica que “en la actualidad se da más importancia a la asociación en sí como si fuera una marca, que a los guardias civiles que la componen, algo que sinceramente no veo bien”.

Muñoz se marcha de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil denunciando distintas situaciones que no han sido de su agrado. Habla de “lucha de egos en la cúpula”, de “codazos por salir en la foto”, de “mentiras para devaluar a otros con el fin de quitarlos de en medio”, y de “prestar más atención y recursos en saber las veces que salimos en prensa que en saber si los compañeros están bien atendidos”.

Incluso apunta que algunos dirigentes de Jucil, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la asociación, estarían vulnerando el código ético interno, al cogerse “días asociativos en días festivos o viernes cuando es algo que nos comprometimos especialmente en no hacer jamás”.

Desde Jucil aseguran que no es cierto que sus dirigentes estén incumpliendo sus normas internas sobre días asociativos. Apuntan que si gastan los días asociativos un viernes, es por motivos como que hayan una manifestación o una reunión en Madrid, que les obliga a viajar a la capital desde sus lugares de residencia. Pero desmienten esa acusación de estar aprovechándose de los días asociativas.

La autora de la carta asegura que entró en Jucil, y antes en Jusapol, “para ayudar en lo que pudiera de un proyecto en el que creía al 1000x100, pero cuando se deja de creer en algo, más vale dar un paso al lado”.

La dirección de Jucil recibió también las cartas de dimisión de Pedro Mata y de Pedro Ignacio Orenes, que además es el secretario provincial de Murcia. La asociación asegura que las dimisiones obedecen a decisiones personales.

En el caso de Orenes, en su carta de renuncia lamenta que “Jucil se está convirtiendo en otra asociación profesional más”, y además “los compañeros realmente jusapoleros”, se entiende que los que iniciaron la batalla por la equiparación salarial, “están dejando la asociación por no estar de acuerdo con los nuevos criterios de Jucil, donde es más importante un puesto en la asociación, una foto o una nota de prensa, que una buena manifestación por la equiparación”.

El Comité Ejecutivo Nacional de Jucil les agradece a los tres que han renunciado “el enorme y trascendente esfuerzo desarrollado a lo largo de estos años en los cargos en los que han llevado a cabo la tarea que desembocó en el mes de octubre del año pasado en convertir a esta asociación profesional, creada en 2018, en la entidad que logró el mayor número de apoyos y votos de los compañeros para que hoy sea la agrupación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil”.

Tras estas renuncias, Jucil ha decidido reestructurar su Comité Ejecutivo Nacional.

Jusapol nació para reclamar que a los policías nacionales y los guardias civiles se les equiparara el sueldo con los policías autonómicos. Esta asociación se posicionó contra el acuerdo de los sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos con el Ministerio del Interior, al considerar que no suponía una auténtica “equiparación salarial”.
https://www.elconfidencialdigital.com/a ... 87335.html

Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil “precisarán” de la utilización de un gorro cuando se vistan de uniforme durante el desempeño de sus funciones. De este modo justifica la Dirección General de la Guardia Civil la adquisición prevista de 5.065 prendas para la cabeza. El coste total estimado, con IVA incluido, es de 107.251,38 euros –alrededor de 20 euros cada uno.- Sin embargo, se trata de una uniformidad que, a día de hoy, ni está regulada ni hay previsión de que se vaya a hacer.

Tal y como indica el Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil en un informe para justificar el objeto del contrato, la Junta Permanente de Uniformidad se reunió el 29 de septiembre del pasado año. Los presentes aprobaron por unanimidad la modificación de la Orden General 12/2009 de uniformidad, de 28 de diciembre. De este modo, quedaría incluido el gorro de la licitación mediante una adaptación del módulo relativo a las prendas de la especialidad de Fiscal y Fronteras. La citada Junta no tiene competencia para establecer esta regulación y en el proyecto de Orden Ministerial que aprueba la uniformidad de la Guardia Civil no hay referencia sobre la citada prenda. Hace menos de un mes que este proyecto de Orden se encuentra en audiencia tras pasar por el Consejo de la Guardia Civil y el único gorro que reconoce es el cuartelero, portado con el uniforme del interior del acuartelamiento. La normativa que está en trámite de audiencia por el Ministerio del Interior tampoco hace referencia a la prenda licitada para la especialidad.

Por todo lo expuesto, cabe afirmar que hay una licitación abierta para la compra de unos gorros que no están regulados ni en el proyecto de Orden que recoge todas las prendas del Instituto Armado y que, a día de hoy, tampoco hay nada previsto para su regulación. Cuando la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil procedió a dar publicidad a la licitación el 22 de abril de este año, el día 23 la Asociación Unificada de Guardias Civiles descargó de la Intranet corporativa el proyecto de Orden General. La normativa no disponía de actualización alguna, por lo que, sin establecer legalmente nada sobre estos gorros del Servicio de Fiscal y Fronteras, se preparó y publicitó el anuncio de compra. Este gasto de dinero público podría conllevar consecuencias legales, ya que existe la pretensión de emplearlo en algo que no está regulado legalmente. Incluso a pesar de que el coste previsto es de más de 100.000 euros, la prenda se excluye de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la Guardia Civil.

Como se puede comprobar, a las 10:00 finaliza el plazo para que las empresas presenten las ofertas para la licitación. El anuncio, el pliego, la memoria y los acuerdos se colocaron en la plataforma el día 22 de abril, a excepción de un documento: El anexo técnico. Tres días más tarde, el 25 de abril y después de remitir un escrito sobre el asunto a la Directora General de la Guardia Civil, el anexo apareció en la Plataforma. Se añadió porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió a la Dirección que explicase cómo era posible que desde día 23 –al menos–, un día después de anunciarse la licitación, la tienda “Ángel Gabardós”, especializada en gorras y complementos y fabricante oficial de algunas prendas para la Guardia Civil, ya dispusiera en su web de un diseño del gorro del Servicio de Fiscal y Fronteras si no había nada establecido ni pública ni oficialmente.
captura pliegos
El anexo técnico, disponible para descargar al final del artículo, fue subido posteriormente. Una vez que AUGC preguntó a María Gámez cómo una empresa podía recoger las características de los gorros si no estaban descritas previamente en ningún lado.

Una vez revisados los cuatro modelos orientativos que acoge el anexo técnico publicado tras el escrito de AUGC, coinciden en su totalidad con los que tenía disponibles, al menos desde el día 23, la web de la tienda “Ángel Gabardós”. En los cuatro modelos –el de guardias y cabos, suboficiales, oficiales y oficiales generales-, la posición del símbolo oficial de la Guardia Civil está donde lo requiere el anexo que publicó a posteriori el Servicio de Abastecimiento de la Dirección. La empresa especializada también acertó, prácticamente al detalle y con precisión, con el ribete de los cuatro modelos. Tal y como aparece recogido en los diseños del anexo técnico publicitado tres días más tarde que el resto de documentos, los gorros de la web “Ángel Gabardós” tiene los colores requeridos. Incluso el sutás inferior de la prenda para Suboficial es rojo, tal y como se requería más tarde en el anexo. Del mismo modo, el de Oficial General tiene acertadamente una serreta bordada en hilo dorado.

Los mismos modelos, disponibles en la página web de la tienda, van acompañados de un sello que señala: “proveedor oficial de la Guardia Civil”. En la parte derecha se lee: “Somos fabricantes. Rechace imitaciones”. Son indicativos que aparecen en las demás prendas que fabrica la empresa, con la salvedad de que, en este caso, “Ángel Gabardós” todavía no es fabricante de los gorros de la especialidad del Servicio de Fiscal y Fronteras.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil el acta oficial de la reunión que tuvo la Junta Permanente de Uniformidad el 29 de septiembre 2021. Desde esa fecha estaría prevista la creación de la prenda, algo que es desconocido para las asociaciones integrantes y representantes de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil.

La creación y el coste de estos gorros suponen un gasto innecesario e injustificado cuando hay necesidad de cascos o chalecos antibalas, por poner sólo dos ejemplos. La Dirección General sabe que la propuesta no sería respaldada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y decidió omitirla del Consejo. Ahora, dicho gorro debe ser incluido en la Orden Ministerial de Uniformidad y someterlo a debate, tal y como requerimos por escrito a María Gámez. Mientras que no pase por el Consejo, la licitación debe paralizarse. Carece de sentido votar una norma sobre la inclusión de una prenda cuando ya se ha provisto de dinero público para su adquisición.

La Dirección General de la Guardia Civil debe aclarar, tal y como les requerimos por escrito, por qué la empresa “Ángel Gabardós” publica los cuatro modelos de gorros y reúnen una serie de características que no estaban descritas previamente en ningún lado. Que además de no constar en ninguna norma, incluso eran desconocidas para las asociaciones profesionales. María Gámez tiene que esclarecer si ha sido ella misma quien ha tomado la decisión y estaba al tanto de todo o, por el contrario, es una decisión desconocida y tomada por otra Autoridad. Es injustificable que no se destinen esos 107.251,38 euros en material que garantice la seguridad y la salud de los Guardias Civiles.
https://www.augc.org/actualidad/jefatur ... 8_102.html

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La falta de limpieza de las dependencias oficiales está poniendo en riesgo la salud de los Guardias Civiles. Hasta enero de este año, existía una licitación conjunta entre el Instituto Armado y el Cuerpo Nacional de Policía por estos servicios. En febrero comenzó a desarrollar esta labor una empresa que fue puntuada con un 80 % en el concurso y, desde entonces, son innumerables las quejas que estamos recibiendo: Los propios agentes están siendo destinados a limpiar las instalaciones oficiales porque, en ocasiones, ni tan siquiera se percibe el servicio que ha contratado la Administración. El tiempo que realizan labores de limpieza dejan de prestar el servicio destinado a la seguridad pública.

Dada la situación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha podido conocer que se está instruyendo una propuesta de apercibimiento y de imposición de penalidades por el incumplimiento parcial o defectuoso de los servicios de limpieza contratados. Se reclama por ello 9.798,51 y 11.151,41 euros. Y lo cierto es que la problemática tiene doble vertiente, ya no sólo es que se esté descuidando algo tan importante como la limpieza, sino que los compañeros carecen de formación e información para desempeñar una labor que excede totalmente de sus funciones. No disponen del material adecuado para dichas tareas y Riesgos laborales no ha evaluado la situación. Es increíble que estemos ante una licitación que paga la Administración y que sea la propia Guardia Civil quien desarrolle después el trabajo por el que ha pagado.

Esto ocurre porque el sistema de licitación favorece dichas prácticas al establecerse puntuaciones del 80 % de la valoración total. Es la oferta más económica, no la mejor. Y eso repercute en el servicio que se prestado, que luego resulta ser defectuoso o inexistente. La Dirección General de la Guardia Civil quiere mantener un despliegue de más de 2.000 cuarteles sin gastar lo necesario para su limpieza, poniendo en riesgo a los trabajadores.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha presentado un escrito solicitando que se nos facilite la información pertinente en la próxima Comisión de Riesgos Laborales. Además, se debe valorar y proceder posteriormente a compensar económicamente a los agentes que se están encargando de la limpieza de las instalaciones. Proponemos que dicha compensación se realice, a ser posible, con el dinero de las sanciones e impagos por falta de prestación del servicio y que se dirija a quienes han realizado esta labor que está fuera de cualquier función policial.
https://www.augc.org/actualidad/guardia ... 9_102.html

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En la Guardia Civil próximamente tendrá lugar una situación cuanto menos esperpéntica. Dentro de dos días se celebrará el acto por el 178 aniversario de la Fundación y los Guardias Civiles de la Escala de Cabos y Guardias, que son los condecorados, tendrán que llevar su propia medalla en el acto de entrega de las mismas. Es una exigencia que se les ha requerido y desconocemos si el resto del personal del Cuerpo, autoridades y civiles también tengan que hacerse cargo de sus propias insignias.

Además de esta circunstancia que acompaña al 178 aniversario, los servicios públicos se verán mermados por la dedicación de los agentes de la Guardia Civil a actos castrenses. El espíritu de sacrificio y el carácter peculiar que invoca la Dirección General cuando se denuncia la falta de personal no impide que se organicen fastos dos y tres veces al año.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles y su Delegación de La Coruña considera que no hay motivos de celebración: Se nos imponen turnos de segunda y en un número mínimo de unidades, la falta de personal provoca intervenciones de mayor riesgo, continuamos sin avanzar en la equiparación salarial, no termina de completarse el catálogo de puestos de trabajo para el personal en situación de reserva, no se nos dota del material necesario… Primero debe haber avances y después ya habrá tiempo para celebraciones.
https://www.augc.org/actualidad/falta-m ... 5_102.html

Gafas Polarizadas 5.11

militariapiel.es

El Defensor del Pueblo admite a trámite nuestra queja por la falta de regulación de los turnos de trabajo en la Guardia Civil
El Órgano Constitucional recibió el mes pasado un documento donde informábamos de la ausencia de turnos con cadencias fijas y los agravios desprendidos de una jornada laboral que no es digna de para los agentes del Cuerpo. La queja reúne los requisitos constitucionales, por lo que ha sido admitida e iniciarán las “actuaciones oportunas" ante la Dirección General de la Guardia Civil

por Redacción AUGC

La lucha por una jornada laboral digna dentro de la Guardia Civil continúa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en afiliación, es la única que está peleando por ello y en abril presentamos una queja al Defensor del Pueblo para denunciar la falta de regulación de los turnos de trabajo. Somos el único Cuerpo que no dispone de turnos configurados ni estables a pesar de que prestamos servicio cualquier día del año a cualquier hora. En este aspecto la Guardia Civil es como el resto de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la Dirección General de la Guardia Civil continúa con una jornada laboral con la que resulta imposible conciliar la vida profesional con la familiar y con la que el descanso efectivo es inviable.

Mientras que la Policía Nacional dispone del 6x6 ampliado recientemente hasta el 31 de octubre, los Guardias Civiles incluso seguimos con los denominados “dobletes”. Esta discriminación con otros Cuerpos se produce con el total beneplácito del Ministerio del Interior. Por estos motivos, porque afecta a la salud de los compañeros Guardias Civiles, a su conciliación laboral y familiar y daña este derecho reconocido legalmente, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja interpuesta.

El Órgano Constitucional encargado de velar por los derechos contemplados en la Carta Magna iniciará las “actuaciones oportunas” ante la Dirección General de la Guardia Civil. Esto implica que la queja remitida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles reúne los requisitos establecidos para su admisión: Cumple con lo establecido en el artículo 54 de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que es la reguladora del Defensor del Pueblo.

No podemos continuar con la prestación de servicio sin turnos, sin cadencias fijas, sin una limitación del número de servicios realizados seguidamente en horario nocturno o sin limitaciones sobre la cantidad de servicios a realizar entre descansos semanales. Confiamos en el Defensor del Pueblo para poder avanzar hasta conseguir una jornada laboral digna y que no cueste la salud, que permita conciliar y descansar de manera efectiva. Son cuestiones tan relevantes que están reconocidas constitucionalmente, pero a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior les importan poco o nada los trabajadores, sus derechos y su salud.
https://www.augc.org/actualidad/defenso ... 2_102.html

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La oferta pública de empleo que lanzará este año el Ministerio del Interior para el ingreso en la escala de cabos y guardias civiles es la más baja de los últimos seis años al convocarse tan sólo 1.736 plazas, 355 menos que en 2021. Ello ralentiza el objetivo de cubrir íntegramente las plantillas, que siguen arrastrando vacantes por los recortes que aplicó el Gobierno de Rajoy durante la última crisis económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de empleo en la Administración General del Estado para 2022. Se trata de 44.787 plazas (incluidas las 10.636 de estabilización), de las que 4.992 se reservan para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (2.906 para la Policía Nacional y 2.086 para la Guardia Civil). Desglosadas por modalidad, 4.342 son de ingreso libre y las 650 restantes para promoción interna.

En el caso del Instituto Armado, el número ofertado está muy por debajo de las expectativas de miles de opositores, que confiaban en que la convocatoria se aproximara al menos a la de 2021. En esta ocasión se ponen en liza 1.736 plazas (un 21 % menos) para ingreso directo en el Cuerpo, de las que se reservan una parte para los militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de antigüedad y los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

La cifra dista mucho de las 2.091 que componían la última oferta pública. Para encontrar una más baja hay que remontarse hasta 2016, cuando se convocaron 1.734. Desde entonces fue creciendo el número año tras año hasta que en 2020 comenzó a disminuir nuevamente. El número ha ido menguando sin solución de continuidad en cada convocatoria.



El número de plazas ofertado es menor pese a que la tasa de reposición para los cuerpos policiales -tanto del Estado, como autonómicos y locales- se sitúa en el 125 % frente al 115 % de años anteriores. Esa cota es superior a la de otros sectores considerados prioritarios como educación y sanidad (120 %) y está muy por encima de la tasa general (110 %).

En el caso de la Policía Nacional, como ha informado El Independiente, las plazas para el ingreso en la escala básica han aumentado un 10, 7 % hasta las 2.456. En este Cuerpo, la convocatoria incluirá adicionalmente 150 para el acceso directo a la escala ejecutiva, lo que comporta la convocatoria de 300 para su provisión por promoción interna.

Junto con las 1.671 plazas de acceso a la escala de cabos y guardias, la oferta pública de empleo en la Guardia Civil incluye 350 plazas de promoción interna. El desglose es el siguiente: 250 plazas para el acceso a la escala de suboficiales y 100 para ingresar en la de oficiales (80 mediante promoción interna y 20 mediante la modalidad de cambio de escala).
La AUGC dice que Interior «discrimina» a la Guardia Civil frente a la Policía

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este martes que el Ministerio del Interior «vuelve a discriminar» al Cuerpo en la oferta de empleo público que ha aprobado el Consejo de Ministros, al sumar la Policía Nacional casi el 60 % del total (2.906 frente a 2.086).

Para esta asociación profesional, la convocatoria «no suple las necesidades de personal en plantilla». «La oferta es insuficiente por la carencias del personal que sufrimos», declara el portavoz de la AUGC, Pedro Carmona. «La Guardia Civil está sufriendo este déficit, que hace que por ejemplo las unidades de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico o unidades de la España vaciada tengan dificultades enormes para gestionar el servicio y conciliar la vida profesional y familiar», añade.

Con todo, las vacantes se han ido reduciendo en los últimos años. Desde que Grande-Marlaska está en el cargo, el Ministerio del Interior ha convocado 10.156 plazas para entrar en la Guardia Civil, insuficientes aún para cubrir totalmente las necesidades. Esa falta de personal está provocando una acumulación desmesurada de los días de descanso, que, a fecha del pasado 14 de febrero, sumaban 233.097.

En una entrevista publicada el pasado mes de abril por la revista de seguridad Quórum, el Director Adjunto Operativo (DAO), Pablo Salas, defendió que el cambio «más inmediato» que se requiere en el Cuerpo es «revertir lo más rápidamente posible el déficit de efectivos» que aún se arrastra. «No podemos acostumbrarnos a estar siempre bajo mínimos, pues esto repercute directamente en la prestación del servicio», declaró.

En respuesta a una reciente pregunta del grupo de Ciudadanos en el Senado, el Gobierno ha cifrado en el 89,74 % el grado de cobertura de la plantilla de la Guardia Civil en situación de activo, con un 4,19 % de agentes en situación de baja de larga duración.
«Revertir proceso de reducción»

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha subrayado este martes el compromiso del Gobierno con la seguridad pública, después de que se hayan convocado ya 18.872 plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil desde 2019 a fin de «revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en anteriores legislaturas». Esa cifra incluye tanto las de ingreso libre como las de promoción interna.

De otro lado, la oferta pública de empleo aprobada este martes incluye la convocatoria de 1.084 nuevas plazas de funcionarios adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de las que 900 corresponde al cuerpo de ayudantes. El resto se distribuye en 60 plazas para el cuerpo superior de técnicos, 40 para la sanidad penitenciaria, 24 plazas de enfermería y otras 60 en el cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias.

En el ámbito de la Dirección General de Tráfico (DGT) saldrán 57 nuevas plazas. Concretamente, 50 serán para administrativos con la especialidad de Tráfico, cinco para técnicos superiores y dos para estadísticos.
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