FORO POLICIA

La delegación de Huelva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado el 22 de marzo de 2021 un escrito al General Jefe de la IV Zona de Andalucía, en el que comunica una serie de hechos, relacionados presuntamente, con la utilización para fines particulares de un vehículo oficial de la Guardia Civil, por parte de un Mando de la Comandancia de Huelva,

Según se ha tenido conocimiento, el vehículo presuntamente fue utilizado para trasladar a un familiar de este mando, aunque se desconoce cual fue el trayecto realizado.

La Delegación de Huelva de AUGC ha relatado los hechos de los que ha tenido conocimiento, a la Autoridad que tiene competencias y ha pedido la apertura de un procedimiento disciplinario, así mismo, ha señalado los posibles testigos de los presuntos hechos.

A la misma vez ha solicitado del Jefe de la Comandancia, que se obtengan las imágenes grabadas por las cámaras del Cuartel y guardadas por si pudieran aportarse como prueba.

Se da la circunstancia, de que este mando es el que más expedientes disciplinarios ha abierto a sus subordinados en toda la Comandancia, exigiendo ejemplaridad para ellos, incluso llegó a prohibir en varias ocasiones el traslado de guardias civiles de su Unidad en medios oficiales al servicio médico, e incluso el de un guardia civil que sufrió un accidente, al que tuvo que ir a recoger su propio padre, en lugar de ser trasladado en un vehículo oficial, mucho más rápido en aquellos momentos.

Las normas internas prohíben la utilización para fines particulares de los medios oficiales como no podía ser de otro modo.

AUGC Huelva, espera que al menos, se realice una información reservada, donde se investigue si presuntamente se ha utilizado el vehículo oficial para trasladar a un familiar, que se compruebe las grabaciones de las cámaras, y se tome declaración a los testigos, pero no confía en la aplicación del régimen disciplinario, que es utilizado solo para aplicarlo a los subordinados, se abren expedientes a los guardias, en cuanto se recibe un parte de cualquier mando, mientras que los partes que remite AUGC o los guardias civiles, son archivados casi en su totalidad, no aplicando la tan señalada frase de la Reales Ordenanzas de las F.A.S., y que es pregonada por algunos, "la justicia debe imperar en los ejércitos."
https://www.augc.org/actualidad/augc-hu ... 6_102.html

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AUGC denuncia la falta de vehículos y el mal estado de los existentes en la Guardia Civil de Andalucía

Según datos oficiales obtenidos por AUGC, el parque móvil de la Guardia Civil en Andalucía va disminuyendo progresivamente, pasando de 3.554 vehículos en 2018 a 3.488 en 2020, cuando lo lógico sería que estuviera creciendo, porque desde hace mucho tiempo la situación es deficitaria.

La Comandancia de Sevilla es la que más vehículos ha perdido en los dos últimos años, más de un 10% de la flota, mientras que en Jaén se ha reducido casi un 6%, en Granada un 5,4%, Almería el 3,5% y Cádiz cerca del 1%. Por otro lado, en Córdoba, Huelva y Málaga apenas ha aumentado un 1%.

Pero es que además ello va acompañado de un preocupante envejecimiento de la flota, de hecho más de la mitad de los vehículos que la Guardia Civil tiene en Andalucía superan los diez años de antigüedad, y casi un 5% exceden los veinte años.

Es la de Córdoba la Comandancia con el parque móvil más envejecido, porque casi el 64% de sus vehículos superan los diez años, seguida de Sevilla (57%), Almería (55%), Granada (53%), Jaén (51%), Málaga (50%), Cádiz (49%) y Huelva (42%).

Obviamente, el excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías. De hecho, el gasto en reparaciones y mantenimiento de los vehículos asignados a la Guardia Civil en se ha incrementado un 9% en 2020 respecto a 2019, pasando de 3.010.482 euros a 3.281.229.

El aumento más significativo en ese gasto se ha producido en la Comandancia de Jaén, casi un 39%, seguida de Almería con un 31%, Córdoba el 19%, Sevilla un 15%, Málaga el 10% y Huelva un 8%, mientras que solo se han reducido esos costes en Granada el 1% y en Cádiz un 15%.

Recientemente se han distribuido algunos vehículos nuevos, pero en número claramente insuficiente para paliar siquiera mínimamente las necesidades existentes en toda la comunidad autónoma. Se trata de un problema crónico desde hace muchos años, como AUGC viene denunciando reiteradamente.

Esta situación contrasta con la existente en la Policía Nacional, donde se opta por el sistema de ‘renting’, con un servicio de mantenimiento contratado y con una constante renovación de la flota, cada cuatro años o 200.000 kilómetros, lo que redunda en mayor seguridad.

Sin embargo, en la Guardia Civil de Andalucía solo el 3,5% de los vehículos se asignan por el sistema de ‘renting’, mientras que el 96,5% son propiedad de este Cuerpo, lo cual da lugar a que sean crónicos los graves problemas que padece dicho parque móvil.
https://www.augc.org/actualidad/parque- ... 7_102.html

Las primeras 150 pistolas de efectos eléctricos incapacitantes -conocidas como ‘Taser’- no llegarán hasta el próximo año a la Guardia Civil, que el pasado mes de diciembre declaró desierto un procedimiento de compra para incorporar este armamento al presentar la muestra de manera incompleta la única empresa que había presentado oferta y no ser legalmente subsanable dicha deficiencia.

La previsión la ha ofrecido este jueves la directora general, María Gámez, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para detallar las líneas de actuación en esta legislatura y dar explicaciones sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid o el papel desempeñado por el Cuerpo en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, entre otras cuestiones.

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil tendrá que tramitar un nuevo expediente de contratación a fin de que se pueda contar con las primeras 150 unidades «en el próximo año», según ha detallado Gámez. Ésta también ha asegurado que se va a «completar» la dotación de armas cortas a las unidades y se va a acometer la «renovación» de las armas largas que «no sean aptas para el servicio».

La Guardia Civil declaró en diciembre desierto el procedimiento para la compra de 150 pistolas eléctricas al presentar incompleta la muestra el único licitador

Como informó El Independiente, el Instituto Armado declaró desierto el pasado 9 de diciembre el procedimiento que había sacado a licitación dos meses antes para la adquisición de un mínimo de 150 dispositivos. Con cargo a 2021, el presupuesto ascendía a 454.929,75 euros (impuestos incluidos), lo que arrojaba un precio unitario de salida de 3.000 euros.

Esa decisión se adoptada después de que, el pasado 24 de noviembre, la mesa de contratación acordara por unanimidad excluir a la empresa Nidec SLU, lo que abocaba a resolver el procedimiento sin adjudicación. El motivo era que las muestras del único ofertante -el mismo que ganó el concurso convocado por la Policía Nacional- no incluían todos los elementos que se exigían en el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso, concretamente la funda para la pistola.

La Guardia Civil considera que los dispositivos de efectos eléctricos incapacitantes son «idóneos» tanto por «sus características técnicas» como por su «capacidad intimidatoria», lo que los convierte en un «elemento disuasorio muy importante». «Permitirá graduar el uso de la fuerza y utilizarlas como solución intermedia al arma de fuego para afrontar situaciones de riesgo elevado tanto para los agentes de la Guardia Civil como para terceras personas», se justificaba en el pliego.
El protocolo de actuación, en elaboración

Junto con las pistolas, el Instituto Armado solicitaba también el suministro de 2.100 cartuchos de diferentes tipos (450 para uso en condiciones de aproximación, 450 para entorno próximo, 600 para entrenamiento y 600 de munición inerte) y 150 videocámaras de grabación. Éstas se activan automáticamente al inicio de la intervención y pueden captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

En los próximos meses el Cuerpo tendrá que sacar una nueva licitación tras el fiasco del primer intento. Mientras tanto, la directora general de la Guardia Civil ha avanzado que en el Centro de Adiestramientos Especiales que el Cuerpo tiene en Logroño ya se está «elaborando un protocolo de actuación» y un programa de formación para su «futuro uso».

En su comparecencia parlamentaria, María Gámez ha ofrecido detalles de las actuaciones que se llevarán a cabo al amparo del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado que el Ministerio del Interior ejecutará hasta 2025. En el caso de la Guardia Civil, la inversión se cifra en 275 millones y se acometerán 42 intervenciones, tanto obras de nueva planta como trabajos de reformas en instalaciones ya existentes.

María Gámez cifra en 42 las actuaciones que se ejecutarán con cargo la Plan de Infraestructuras 2019-2025

Según ha avanzado la directora general, una veintena de proyectos «ya han arrancado» y, de ellos, la mitad se encuentra «muy cerca de la culminación de los trámites administrativos». Es la primera vez que se ofrecen detalles de este plan, del que se ha eludido informar tanto cuando se ha requerido a través del Portal de la Transparencia -con el argumento de que sólo se manejaban notas de «previsión de necesidades» cuya inclusión en los proyectos dependería de «una variedad de factores coyunturales y estructurales»- o cuando la oposición ha preguntado en el Parlamento: el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo lo reclamó el pasado 1 de mayo y, casi 11 meses después de la fecha límite de contestación, el Gobierno sigue sin remitirle el informe.

María Gámez ha avanzado que ya ha terminado la construcción de la pista de rodadura en Torrejón de Ardoz (Madrid) y que para junio de este año se prevé la terminación de la rehabilitación de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria. De cumplirse el calendario trazado, durante el segundo trimestre se licitarán las obras de la nueva Comandancia de Zaragoza (con una inversión de más de 21 millones), el puesto de Fuentesaúco (Zamora), el cuartel de Cambados (Pontevedra), los trabajos en la Academia de Baeza (Jaén) y la remodelación del Edificio 3 de la Dirección General.

En este contexto, la directora general ha dicho que se encuentran también «avanzados» los trámites administrativos necesarios para poder iniciar «próximamente» la construcción de acuartelamientos o sedes de unidades en Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Arganda del Rey, en Madrid; Ceuta; Santa Marta de Tormes (Salamanca); San Esteban de Gormaz (Soria); Utrillas (Teruel); Chipiona (Cádiz); Caudete (Albacete) y Muchamiel (Alicante). También se ha empezado a dar pasos con vistas a la futura rehabilitación de las comandancias de A Coruña y Vitoria, al tiempo que se mantiene la apuesta por la construcción de la de Toledo.

Igualmente, María Gámez ha detallado a los diputados que ya ha comenzado a ejecutarse las obras del nuevo cuartel de Mieres (Asturias) -con una inversión de 3,2 millones de euros- y se han adjudicado los trabajos de la segunda fase del polígono de experiencias para fuerzas especiales de la Guardia Civil en Logroño, consistentes en el cierre del perímetro del recinto y en la incorporación de otras medidas de seguridad.
https://www.elindependiente.com/espana/ ... las-taser/

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AUGC lleva meses denunciando la persecución que sufren sus representantes por parte de la Dirección General de la Guardia Civil y este caso lo demuestra a la perfección ya que el expediente se ha instruido y terminado con el único objetivo de sancionar a nuestro compañero.

En este caso, la víctima de estas represalias ha sido el Secretario General Federal de Castilla y León, Egelmar de Francisco. Sin embargo, una vez más, el trabajo de los servicios jurídicos de AUGC ha logrado corregir un abuso contra uno de sus representantes.

Y es que El Tribunal Militar Central ha emitido una sentencia por la que estima el recurso contencioso disciplinario militar ordinario interpuesto por nuestro compañero contra la resolución del Coronel Jefe Accidental de la Zona de Castilla y León de 22 de abril de 2019, por la que se le impuso una sanción de pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave de “cualquier petición o manifestación basada en aseveraciones falsas”, prevista en el apartado 21 del artículo 8 de la LORDGC; y contra la del Excmo. Sr. Director General de la Guardia Civil de 31 de julio de 2019, dictada de conformidad con el informe del asesor jurídico del anterior día 12 de julio, que la confirmó en alzada.

Ahora el Tribunal ha anulado ambas resoluciones por ser contrarias al principio de legalidad en su vertiente de tipicidad. Ya que las aseveraciones supuestamente falsas por las que se inició el expediente no lo eran y así, la sentencia declara que “No faltó, en definitiva, a la verdad el actor en su carta, por lo que mal puede haber cometido la falta grave de “cualquier petición o manifestación basada en aseveraciones falsas”, del artículo 8.21 de la LORDGC, por la que fue sancionado.”

Por eso impone la anulación de las resoluciones recurridas “por no ser los hechos constitutivos de falta disciplinaria”.

Los hechos juzgados tuvieron su origen cuando tras comenzarse unas obras de desmantelamiento de un techado que hacía las veces de garajes para los guardias civiles que residen en los pabellones de la Comandancia de Avila y observarse ciertas irregularidades en las mismas, las obras quedaron paralizadas varias semanas.

Como en anteriores reuniones con la Jefatura de Zona, se nos había indicado que cuando existiesen cuestiones de entidad en lugar de usar los medios de comunicación acudiésemos a la Jefatura de Zona desde la Federación de Castilla y León, así lo hicimos. Remitiendo una carta firmada por el Secretario General Federal. Carta que la Jefatura de Zona no acogió e investigó, sino que derivó a la jefatura de la Comandancia de Avila, la cual emitió por un lado una contestación genérica (que no aclaraba nada) al firmante y por otro un parte disciplinario sustentado en una literalidad extrema y descontestualizada de las palabras que se contenían en apenas un par de renglones.

Durante la instrucción del correspondiente expediente, no se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas ni se admitieron ciertos medios de prueba propuestos por el expedientado. Pruebas que sí ha admitido el TMC y que ha desembocado en la anulación de la falta grave, por inexistencia de la misma.

También en la sentencia se dejan acreditados ciertos hechos que confirman que las irregularidades que se observaron en la ejecución de las obras son ciertas. Irregularidades sobre las que ya se encuentran trabajando los servicios jurídicos de AUGC de cara a pedir la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar si procedieran.

Una vez más, queda evidenciado el afán represor de la Dirección General y de algunos altos mandos de la Guardia Civil contra AUGC. Manteniendo intencionada y artificialmente, como en este caso, sobre los representantes asociativos la dureza de un régimen disciplinario que moldean en pos de sus intereses, así como la firmeza y profesionalidad de los servicios jurídicos de nuestra asociación.
https://www.augc.org/actualidad/augc-av ... 5_102.html

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AUGC Almería denuncia las lamentables condiciones bajo las que los guardias civiles tienen que trabajar en la provincia, no teniendo medios ni personal para hacer frente a la avalancha de inmigrantes que llegan a nuestras costas. En la actualidad se está viviendo una pesadilla que ha dado el peor dato de la historia del levante con tres muertes en dos días en la playa de Garrucha, dos adultos y una niña inocente, el pasado martes.

Nada les devolverá su perdida, pero si se puede trabajar para que está situación atroz no se repita, dotando de más medios y personal a la Policía Judicial de la Guardia Civil para luchar contras estas mafias que carecen de escrúpulo alguno y al Servicio Marítimo y sus Unidades territoriales que son quienes realizan innumerables jornadas en rescates sin personal suficiente trabajando en la mayoría de ocasiones de noche y en peligrosas condiciones.

Desde AUGC Almeria damos la voz de alarma ante esta situación que vuelve a evidenciar que el modelo policial se encuentra obsoleto debido a la alarmante falta de efectivos, medios técnicos y protocolos de actuación. Llevamos demandando desde hace más de una decena de años, que este Modelo Policial está caduco y no da una respuesta eficaz con su estructura, sobre todo en lo que afecta a la Guardia Civil.
https://www.augc.org/actualidad/augc-al ... 1_102.html

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La flota de la Guardia Civil para las conducciones y traslados de presos y detenidos incluye furgones que acumulan hasta casi un millón de kilómetros y con una antigüedad de hasta 23 años, sin que el Ministerio del Interior haya acometido aún la renovación que asociaciones profesionales vienen reivindicando al menos desde hace tres años para evitar que se ponga en riesgo la integridad de los ocupantes.

De los 312 vehículos celulares (217 de hasta nueve plazas y 95 con una capacidad superior) que el Instituto Armado tenía a finales del pasado año, exactamente 52 (el 16,66 %) tenía más de 500.000 kilómetros. La cifra se eleva hasta los 94 (el 30 %) si se incluyen también los que presentaban un kilometraje superior a 400.000.

Así se detalla en la respuesta que el Gobierno ha ofrecido al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, que trataba de conocer tanto el número de vehículos con que cuenta la Guardia Civil para los traslados como los que reúnen las condiciones técnicas y de seguridad mínimas especificadas en la orden dictada por el Ministerio del Interior el 30 de noviembre de 2015. La contestación no ha atendido la segunda parte de

El vehículo con más kilómetros presta servicio en Madrid. Se trata de un furgón matriculado en 2003 y que el pasado 31 de diciembre había recorrido ya 942.130 kilómetros. De los 73 celulares adscritos a esta provincia, 22 tienen más de medio millón de kilómetros, entre ellos seis con más de 700.000 y 18 con más de 600.000. Sólo la capital cuenta con 54 juzgados de instrucción, seis en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, órganos a lo que se suman siete centros penitenciarios repartidos por la comunidad.

Hay otras 16 provincias en las que la Guardia Civil dispone de furgones con más de 500.000 kilómetros. Son los casos de A Coruña (uno), Alicante (tres), Barcelona (dos), Cádiz (cinco), Cantabria (uno), Granada (dos), León (uno), Lugo (dos), Málaga (tres), Salamanca (uno), Sevilla (uno), Toledo (uno), Valencia (tres), Zamora (uno) y Zaragoza (tres).
Siete vehículos con 23 años

En cuanto a la antigüedad, hay 51 vehículos que tienen al menos 20 años, entre ellos siete que se fabricaron hace 23 años. Éstos se utilizan actualmente en Salamanca (dos) y Alicante, Madrid, Murcia, Salamanca y Valencia, según detalla la relación proporcionada por el Ejecutivo al PP.

Por contra, el listado detalla la existencia de cuatro furgones en a Comunidad de Madrid fabricados en 2020, de ellos tres con «cero kilómetros» y uno con 100. Del año 2018 son otros cuatro, operativos en las provincias de Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia.

En la Plataforma de Contratación del Sector Público se detalla actualmente un anuncio de licitación para la compa de cuatro vehículos celulares de categoría M3 (para el transporte de 28 personas) y 50 M1 (para cuatro) transformados con destino a distintas unidades de la Guardia Civil para la conducción de detenidos, presos y penados. De este procedimiento tan sólo se especifica el presupuesto máximo (3,65 millones, impuestos excluidos) y que el periodo de presentación de ofertas expiraba el pasado 1 de febrero.



La anterior licitación salió en 2019, cuando el Cuerpo anunció su intención de adquirir 106 furgones (100 M1 y seis M3) por 6,36 millones de euros. Más de un año y medio después de que se cerrara supuestamente el plazo para formalizar propuestas (el 23 de septiembre de 2019), el procedimiento sigue apareciendo en «evaluación» en la plataforma.

Antes, en diciembre de 2015, la Guardia Civil había adjudicado a Unibus y Servicios SA por 675.288,9 euros (IVA incluido) un contrato para el suministro e instalación de los elementos necesarios para la transformación de 31 furgones Mercedes Sprinter 313/3665 CDI que ya tenía el Cuerpo en vehículos celulares. Esta empresa madrileña se impuso a Tecnove Security SL y Veblinter SA, que también pujaron por el encargo.

Cuando compareció el pasado 18 de marzo ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se refirió a la disposición de recursos materiales «adecuados» como un «elemento fundamental generador de valor público», entre los que citó la renovación de infraestructura tecnológica, el armamento y equipamiento policial, y el material móvil.
Dos nuevos prototipos

En este contexto, Gámez dijo que una de las compras innovadoras en las que está participando el Cuerpo consiste en la «construcción y validación de dos nuevos prototipos de furgón y autobús para el traslado de detenidos y presos. «Las mejoras están relacionadas con los materiales, el diseño, la sostenibilidad medioambiental y los sistemas tecnológicos para lo optimización de comunicaciones, rutas y seguridad. He de decir que para la Guardia Civil es tremendamente positivo participar por primera vez de estos proyectos, y por ser también parte de un ejemplo de colaboración público-privada en innovación», destacó.

Los datos evidencian que la flota de vehículos celulares ha ido envejeciendo progresivamente sin que se hayan consignado partidas presupuestarias generosas en los últimos años para acometer su renovación, como vienen exigiendo asociaciones profesionales. Es el caso de la AUGC, que hace tres años ya denunció que tan sólo el 20 % de los furgones de la categoría M1 (hasta nueve plazas) cumplían las especificaciones técnicas exigidas por el propio Ministerio del Interior.

En noviembre de 2015, en la etapa del popular Jorge Fernández Díaz, Interior dictó una orden para actualizar la instrucción que Juan Alberto Belloch había emitido en 1995 con las nuevas exigencias técnicas tanto europeas como españolas. Esas directrices establecían las condiciones de seguridad que como mínimo debían reunir los vehículos celulares utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el traslado de presos y detenidos que se adquirieran a partir de que la norma entrara en vigor (5 de diciembre de 2015).
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Con datos referidos a octubre de 2017, la Asociación Unificada de Guardias Civiles llamaba entonces la atención por el hecho de que superaran los 500.000 kilómetros una veintena de furgones (19 en Madrid y uno en Granada), cifra que ha aumentado un 160 % en tres años. «Estos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran por la seguridad de los agentes que realizan dichos cometidos, pero sobre todo por la seguridad de los presos y detenidos que son trasladados en los citados vehículos», criticó.

La Policía Nacional, por su parte, cuenta con una flota menos envejecida y menos desgastada. De los 280 vehículos celulares, tan sólo uno -operativo en Madrid- supera los 500.000 kilómetros y otros cuatro han recorrido más de 300.000. Éstos, en concreto, están adscritos a Madrid, Barcelona y dos a los organismos centrales. En cuanto a la antigüedad, si bien hay nueve del año 1998, el Cuerpo Nacional dispone de 59 (un 21 % del total) que fueron fabricados en 2019.
https://www.elindependiente.com/espana/ ... detenidos/

Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com

Ante un requerimiento de AUGC, el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha 31 de diciembre de 2020, sólo el 1% de los vehículos celulares que tiene asignados la Guardia Civil para las conducciones y traslados de presos y detenidos han sido fabricados tras la aprobación en 2015 de la norma que regula las especificaciones técnicas que deben reunir dichos vehículos. Ninguno de los 217 furgones de la categoría M1 (hasta nueve plazas) se ha construido después de esa fecha, y sólo cuatro de los 95 de la categoría M2-M3 (más de nueve plazas) se fabricaron en 2018.

Es incomprensible que, tras aprobar una norma tan relevante para la seguridad de los guardias civiles y sobre todo de las personas presas o detenidas, durante cinco años sólo se hayan asignado cuatro nuevos vehículos. Pero lo más indignante es que, durante ese mismo periodo de tiempo, se han adquirido 95 furgones para la Policía Nacional, que suponen el 34 % de su flota a fecha de 31 de diciembre pasado. Solo en 2019 se dotó de nada menos que 60 nuevos vehículos celulares a dicho Cuerpo, a pesar de que la Guardia Civil realiza anualmente un 20 % más de conducciones que la Policía Nacional.

Debe tenerse en cuenta que las especificaciones técnicas reguladas en la orden ministerial de 2015 se refieren a aspectos tan relevantes como cinturones de seguridad, materiales resistentes, climatización, renovación de aire, sistema de video-vigilancia, alumbrado interior, salida de socorro, extintores, etc.

De hecho, la gran mayoría de los vehículos celulares de la Guardia Civil carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos, y tienen asientos rudimentarios orientados lateralmente, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo la integridad física y la vida de los conducidos, sobre todo teniendo en cuenta que esos furgones recorren miles de kilómetros cada año, con largos y continuos desplazamientos.
Estado de los asientos delanteros de un furgón.
Estado de los asientos delanteros de un furgón.

Furgones viejos y en mal estado

La situación se agrava aún más a la vista de los datos facilitados por Interior respecto a antigüedad y kilometraje, porque los vehículos celulares de la Guardia Civil presentan una media de quince años de antigüedad, llegando 71 de ellos a los 20 años o más (22 % de la flota), e incluso ocho vehículos alcanzan los 23 años. Esta situación contrasta con los furgones de la Policía Nacional, que apenas superan el promedio de once años.

Además, al no haberse ido adquiriendo nuevos vehículos en la Guardia Civil, durante los últimos tres años se ha incrementado el envejecimiento de la flota, pasando de los doce años de media en 2017 a los quince actuales. Si atendemos a los datos desglosados por provincias, 36 de ellas igualan o superan la antigüedad media de quince años, estando a la cabeza Burgos, Lleida, Salamanca, Guadalajara, Guipuzcoa, Melilla y Zamora, estas cuatro últimas con una media de 20 años.

Por otro lado, mientras que en 2017 los furgones de la Guardia Civil presentaban un promedio de 250.000 kilómetros recorridos, en diciembre de 2020 esa media supera ya los 300.000 kilómetros, y casi un tercio de esos vehículos celulares acumulan más de 400.000, el 16 % tienen más de 500.000, superando varios los 800.000 e incluso alguno se aproxima al millón de kilómetros. Por el contrario, los furgones de la Policía Nacional apenas promedian 89.000 kilómetros, y sólo seis de sus 280 vehículos superan los 300.000.

En el ámbito de Guardia Civil, 21 provincias superan la media de 300.000 kilómetros, encabezadas por Alicante, Lugo, Zaragoza, A Coruña, Cantabria y Zamora, las dos últimas con promedios cercanos a los 500.000.

Obviamente, el excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías, incrementándose considerablemente el gasto en reparaciones y mantenimiento.

A la vista de unos datos tan reveladores y contundentes, cabe preguntarse por qué los sucesivos gobiernos y ministerios del Interior muestran un desprecio tan evidente hacia los guardias civiles que se encargan de las conducciones, generando un vergonzoso agravio respecto a los policías que desempeñan esos mismos cometidos, a pesar de que la Guardia Civil realiza muchos más traslados que la Policía Nacional.

Esos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran por la seguridad de los agentes que ejercen dichas funciones, pero sobre todo por la seguridad de los presos y detenidos que son trasladados en los citados vehículos.

Por todo ello, resulta indignante que en su comparecencia el pasado 18 de marzo ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presumiera de unos “recursos materiales adecuados” y de la “construcción y validación de dos nuevos prototipos de vehículo para el traslado de detenidos y presos”.
Asientos rudimentarios para presos y detenidos, sin cinturones de seguridad y orientados lateralmente.
Asientos rudimentarios para presos y detenidos, sin cinturones de seguridad y orientados lateralmente.

Durante las últimas semanas se están distribuyendo varios furgones nuevos, pero sólo para algunas provincias y en número claramente insuficiente para paliar siquiera mínimamente las necesidades existentes. Se trata de un problema crónico desde hace muchos años que AUGC viene denunciando reiteradamente.

Cabe destacar la falta de transparencia del ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska, que denegó la información solicitada, por lo que AUGC ha tenido que reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que ha dado la razón a esta asociación profesional y ha obligado a Interior a facilitarle los datos sobre vehículos celulares.
https://www.augc.org/actualidad/furgone ... 1_102.html

foropolicia.es

Es sabido que AUGC lleva años denunciando, ante los medios de comunicación y ante la propia Dirección General, las graves deficiencias en los vehículos oficiales, muchos de ellos auténticas tartanas con más de 400.000 kilómetros y en pésimas condiciones de mantenimiento. En este sentido, han sido numerosas las notas de prensa emitidas tanto desde las distintas delegaciones provinciales como en el ámbito nacional a este respecto.

Una situación que en más de una ocasión ha llegado a provocar graves riesgos tanto para los guardias civiles como para los propios ciudadanos.

Por fin parece que las reclamaciones de AUGC han sido oídas, y así se acaba de conocer que el Gobierno autoriza una inversión de 25 millones de euros para dotar a la Guardia Civil de 1.300 vehículos nuevos.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una inversión de 25,2 millones de euros, que se abonarán en cuatro anualidades, para incorporar 1.300 vehículos nuevos a la flota de la Guardia Civil a partir de junio de 2022. Tras la autorización del Consejo de Ministros, la Dirección General de la Guardia Civil iniciará la tramitación de un contrato de arrendamiento (renting) de 1.300 vehículos con una duración de cuatro años, que entrará en vigor el 1 de junio de 2022 y se abonará entre 2022 y 2026.

Desde AUGC celebramos esta noticia, si bien lamentamos que haya tenido que llegar tras años de denuncia, en los que los guardias civiles han debido y deben aún llevar a cabo su trabajo bajo condiciones lamentables.

Confiamos en que esta medida sirva para 'jubilar' definitivamente todos los vehículos viejos que aún se encuentran de servicio. En cualquier caso, mientras aún quede una de estas tartanas circulando, AUGC continuará denunciando la situación
https://www.augc.org/actualidad/denunci ... 7_102.html

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Fiestras se queja y la Guardia Civil investiga ahora a los agentes
El juez y tres personas más que estaban en la villa protestaron por la actuación y los agentes se exponen a una posible sanción disciplinaria

El juez (a la izquierda, sin mascarilla) y tres personas más en la noche del 18 de febrero. / C7
El juez (a la izquierda, sin mascarilla) y tres personas más en la noche del 18 de febrero. / C7
CANARIAS7
Arrecife.
Lunes, 19 abril 2021, 01:00
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El juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, que fue sorprendido en febrero de este año por agentes de la Guardia Civil cuando se encontraba con varias personas en una vivienda de Yaiza, pese a que la isla se encontraba entonces en nivel 4 de alerta por la pandemia y solo podían reunirse los convivientes, presentó una queja al instituto armado por la actuación de los agentes que acudieron al inmueble.

El resultado es una investigación interna de la Guardia Civil, que revisa ahora el papel de aquellos agentes. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, mandos de la Guardia Civil llevan varios días tomando declaración a los agentes actuantes.

Como se recordará, hasta la villa en la que se encontraban el juez y su pareja se desplazaron varios agentes tras recibir el aviso de personas de otros inmuebles sobre una fiesta en el interior. Al llegar se encontraron con una decena de personas, entre las que estaban el juez y su pareja. Ambos se presentaron ante los agentes en el exterior de la vivienda sin mascarillas, como se recoge en las imágenes de vídeo de la intervención, que se hicieron virales, y ante un comentario de uno de los guardias, que señala que con el nivel de alerta 4 no se podía celebrar una «fiesta» de aquellas características, el juez niega la mayor: «No es una fiesta», se le oye decir.

Fue en marzo de 2021 cuando se presentó la queja ante la Guardia Civil en el puesto de Teguise. La firmaron el juez Fiestras, Inés Melián Corujo, Fernando Becerra Robayna y Juan Antonio Martínez Pérez. El resultado es la apertura de una información reservada que puede derivar en una responsabilidad disciplinaria.

En el marco de la investigación hoy está prevista la toma de declaración a un teniente adjunto de la Guardia Civil. Con anterioridad lo hicieron varios agentes, que se acogieron, según las fuentes consultadas por este periódico, a su derecho a no declarar.

En cuanto a las actuaciones de los agentes por lo sucedido el 18 de febrero en la villa de Yaiza, fueron remitidas al Ayuntamiento, que es el competente para imponer, si así lo considera, una multa.

Ricardo Fiestras continúa desempeñando sus funciones en el juzgado y no consta actuación contra él por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ni por parte del Consejo General del Poder Judicial. Según fuentes consultadas por este periódico, desde ambas instancias se entiende que la actuación del magistrado aquel 18 de febrero fue a título particular y sin que influyera su condición de juez.

En los vídeos de la intervención de la Guardia Civil se corrobora que los agentes sabían que era juez y que él pidió a los guardias que se identificaron, cosa que hicieron.





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