FORO POLICIA

Los guardias civiles de Casas Viejas: las víctimas olvidadas de los trágicos sucesos

Los agentes, que defendieron heroicamente el cuartel, en el que se encontraban sus familiares, no recibieron en su momento el reconocimiento que se merecían

Hace justo noventa años, el 11 de enero de 1933, también un miércoles como hoy, comenzaban los trágicos sucesos de Casas Viejas, entonces una pequeña aldea enclavada en municipio gaditano de Medina Sidonia.

Lo allí acontecido terminó provocando la campaña abstencionista de los anarquistas en las elecciones generales del 19 de noviembre de ese mismo año, convocadas tras la caída de Manuel Azaña como presidente del gobierno republicano-socialista.

Son sobradamente conocidos, pues la producción historiográfica ha sido profusa en ello, los trágicos sucesos del cerco al casarón de “Seisdedos”, Francisco Cruz Gutiérrez, donde terminaron muriendo acribillados y carbonizados ocho de las personas que se encontraban en su interior, pudiendo escapar dos con vida. Previamente había resultado muerto por disparos de escopeta un guardia del Cuerpo de Seguridad y heridos tres componentes del mismo (antecedente histórico de la Policía Nacional), así como la matanza a tiros de una docena de campesinos cuando se encontraban detenidos y engrilletados, crimen por el cual resultaría condenado su responsable, el capitán Manuel Rojas Feigenspan, perteneciente al mencionado Cuerpo.

Aquellos fueron unos crímenes execrables, pero no fueron los únicos. El primero de todos los que se perpetraron tuvo por víctimas a guardias civiles, aunque ello apenas ha despertado interés en la historiografía.

Durante la Segunda República numerosas casas-cuarteles del benemérito Instituto fueron atacadas con armas de fuego y explosivos por aquellos que llamándose revolucionarios eran los que menos creían en un sistema democrático. La Guardia Civil, como Cuerpo de mayor número de efectivos y con más amplio despliegue territorial, era el principal garante del orden y la ley establecidos en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes constituyentes. Es por ello que, por los enemigos de España y su República, fue siempre un enemigo a batir.

En este caso concreto, cuando se cumplen noventa años de aquellos trágicos sucesos que convulsionaron a toda la sociedad de la época y que dieron lugar a sendos procedimientos penales, tanto por la jurisdicción ordinaria como por la militar, amén de una comisión parlamentaria, hay que destacar que comenzaron con el derramamiento de sangre de guardias civiles. La barbarie de lo posteriormente acaecido los relegó al olvido, pero su gesta y su heroísmo, nunca recompensados, merecen ser hoy recordados.

Tampoco suele explicarse que aquel conato revolucionario que se inició antes del alba de aquel 11 de enero de 1933, en el que por un grupo de campesinos se proclamó unilateralmente el comunismo libertario fue un acto ilegal y violento contra el ordenamiento constitucional vigente. Aunque eso tampoco ha interesado mucho.

En aquella modesta casa-cuartel se encontraba su plantilla al completo: el comandante de puesto, sargento Manuel García Álvarez, y tres guardias civiles llamados Román García Chuecos, Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez. También se encontraban varios de sus familiares.

No habían despuntado todavía los primeros rayos del sol cuando un grupo numeroso de revolucionarios, armados de escopetas, cercó el pequeño edificio, ubicado en la plaza de la localidad. Les instaron a rendirse y entregar las armas. El comunismo libertario había sido proclamado y nadie podía osar a oponerse. Y quien lo hiciera sería abatido a tiros de escopeta. Así era la revolución que quería implantarse por la fuerza de las armas.

Aquellos cuatro guardias civiles eran de condición humilde y clase sencilla, de esos que despectivamente algunos los definían como “desertores del arado”. Pero todos ellos poseían una firme vocación de servicio y un gran amor a la profesión, tal y como dejarían sobradamente acreditado.

Es por ello que cuando fueron intimados a rendirse y entregar sus armas, tenían muy claro, a pesar de estar en manifiesta inferioridad, que la Guardia Civil muere, pero no se rinde. Y así fue.

El asedio duró unas seis horas, hasta que llegaron los primeros refuerzos procedentes de Medina Sidonia. Los guardias civiles, parapetados tras los colchones amontonados en las ventanas de la planta superior se defendieron heroicamente con sus fusiles, economizando municiones en la medida de lo posible sin que se dejase de disparar sobre sobre ellos. Sus familiares, mujeres y menores de edad, ante las postas y plomos de escopeta que entraban por las ventanas y se incrustaban en las paredes, tuvieron que romper el tabique que limitaba con el edificio contiguo y refugiarse en él.

Cuando las fuerzas de auxilio los liberaron, mientras los revolucionarios huían en desbandada, yacían mortalmente heridos el sargento y el guardia Chuecos, quienes fallecerían días después como consecuencia de las graves heridas sufridas. Los otros dos guardias resultaron heridos leves.

Una semana después fueron todos ascendidos al empleo superior inmediato. En abril, su inspector general, el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, ordenó incoar expediente contradictorio para determinar si eran acreedores a la concesión a todos ellos de la cruz laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar que recompensa el valor heroico.

Transcurridos dos años de instrucción, fue elevado al Consejo Director de la Orden Militar de San Fernando, el cual acordó, en sesión celebrada el 18 de julio de 1935, proponer su anulación al ministro de la Guerra. La razón alegada fue un defecto de forma. El inspector general de la Guardia Civil no era competente para ordenar la instrucción del expediente, sino el general jefe de la 2ª División Orgánica (Sevilla).

El procedimiento volvió a iniciarse. El 21 de abril de 1936 el vocal ponente del Consejo Director mentado, vicealmirante José Núñez Quixano, tío bisabuelo de quien escribe estas líneas, tras estudiar el expediente informó favorablemente que procedía proponer al ministro de la Guerra, “la autorización para iniciar el juicio contradictorio”.

Nunca volvió a iniciarse, pues tres meses después comenzó nuestra fratricida Guerra Civil y aquellos cuatro guardias civiles quedaron sin recompensa, aunque fuese a título póstumo para dos de ellos.

https://www.larazon.es/espana/20230111/ ... j54ey.html

intervencionpolicial.com

un@ entre más escribió:Los guardias civiles de Casas Viejas: las víctimas olvidadas de los trágicos sucesos

Los agentes, que defendieron heroicamente el cuartel, en el que se encontraban sus familiares, no recibieron en su momento el reconocimiento que se merecían

Hace justo noventa años, el 11 de enero de 1933, también un miércoles como hoy, comenzaban los trágicos sucesos de Casas Viejas, entonces una pequeña aldea enclavada en municipio gaditano de Medina Sidonia.

Lo allí acontecido terminó provocando la campaña abstencionista de los anarquistas en las elecciones generales del 19 de noviembre de ese mismo año, convocadas tras la caída de Manuel Azaña como presidente del gobierno republicano-socialista.

Son sobradamente conocidos, pues la producción historiográfica ha sido profusa en ello, los trágicos sucesos del cerco al casarón de “Seisdedos”, Francisco Cruz Gutiérrez, donde terminaron muriendo acribillados y carbonizados ocho de las personas que se encontraban en su interior, pudiendo escapar dos con vida. Previamente había resultado muerto por disparos de escopeta un guardia del Cuerpo de Seguridad y heridos tres componentes del mismo (antecedente histórico de la Policía Nacional), así como la matanza a tiros de una docena de campesinos cuando se encontraban detenidos y engrilletados, crimen por el cual resultaría condenado su responsable, el capitán Manuel Rojas Feigenspan, perteneciente al mencionado Cuerpo.

Aquellos fueron unos crímenes execrables, pero no fueron los únicos. El primero de todos los que se perpetraron tuvo por víctimas a guardias civiles, aunque ello apenas ha despertado interés en la historiografía.

Durante la Segunda República numerosas casas-cuarteles del benemérito Instituto fueron atacadas con armas de fuego y explosivos por aquellos que llamándose revolucionarios eran los que menos creían en un sistema democrático. La Guardia Civil, como Cuerpo de mayor número de efectivos y con más amplio despliegue territorial, era el principal garante del orden y la ley establecidos en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes constituyentes. Es por ello que, por los enemigos de España y su República, fue siempre un enemigo a batir.

En este caso concreto, cuando se cumplen noventa años de aquellos trágicos sucesos que convulsionaron a toda la sociedad de la época y que dieron lugar a sendos procedimientos penales, tanto por la jurisdicción ordinaria como por la militar, amén de una comisión parlamentaria, hay que destacar que comenzaron con el derramamiento de sangre de guardias civiles. La barbarie de lo posteriormente acaecido los relegó al olvido, pero su gesta y su heroísmo, nunca recompensados, merecen ser hoy recordados.

Tampoco suele explicarse que aquel conato revolucionario que se inició antes del alba de aquel 11 de enero de 1933, en el que por un grupo de campesinos se proclamó unilateralmente el comunismo libertario fue un acto ilegal y violento contra el ordenamiento constitucional vigente. Aunque eso tampoco ha interesado mucho.

En aquella modesta casa-cuartel se encontraba su plantilla al completo: el comandante de puesto, sargento Manuel García Álvarez, y tres guardias civiles llamados Román García Chuecos, Pedro Salvo Pérez y Manuel García Rodríguez. También se encontraban varios de sus familiares.

No habían despuntado todavía los primeros rayos del sol cuando un grupo numeroso de revolucionarios, armados de escopetas, cercó el pequeño edificio, ubicado en la plaza de la localidad. Les instaron a rendirse y entregar las armas. El comunismo libertario había sido proclamado y nadie podía osar a oponerse. Y quien lo hiciera sería abatido a tiros de escopeta. Así era la revolución que quería implantarse por la fuerza de las armas.

Aquellos cuatro guardias civiles eran de condición humilde y clase sencilla, de esos que despectivamente algunos los definían como “desertores del arado”. Pero todos ellos poseían una firme vocación de servicio y un gran amor a la profesión, tal y como dejarían sobradamente acreditado.

Es por ello que cuando fueron intimados a rendirse y entregar sus armas, tenían muy claro, a pesar de estar en manifiesta inferioridad, que la Guardia Civil muere, pero no se rinde. Y así fue.

El asedio duró unas seis horas, hasta que llegaron los primeros refuerzos procedentes de Medina Sidonia. Los guardias civiles, parapetados tras los colchones amontonados en las ventanas de la planta superior se defendieron heroicamente con sus fusiles, economizando municiones en la medida de lo posible sin que se dejase de disparar sobre sobre ellos. Sus familiares, mujeres y menores de edad, ante las postas y plomos de escopeta que entraban por las ventanas y se incrustaban en las paredes, tuvieron que romper el tabique que limitaba con el edificio contiguo y refugiarse en él.

Cuando las fuerzas de auxilio los liberaron, mientras los revolucionarios huían en desbandada, yacían mortalmente heridos el sargento y el guardia Chuecos, quienes fallecerían días después como consecuencia de las graves heridas sufridas. Los otros dos guardias resultaron heridos leves.

Una semana después fueron todos ascendidos al empleo superior inmediato. En abril, su inspector general, el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería, ordenó incoar expediente contradictorio para determinar si eran acreedores a la concesión a todos ellos de la cruz laureada de San Fernando, la más alta condecoración militar que recompensa el valor heroico.

Transcurridos dos años de instrucción, fue elevado al Consejo Director de la Orden Militar de San Fernando, el cual acordó, en sesión celebrada el 18 de julio de 1935, proponer su anulación al ministro de la Guerra. La razón alegada fue un defecto de forma. El inspector general de la Guardia Civil no era competente para ordenar la instrucción del expediente, sino el general jefe de la 2ª División Orgánica (Sevilla).

El procedimiento volvió a iniciarse. El 21 de abril de 1936 el vocal ponente del Consejo Director mentado, vicealmirante José Núñez Quixano, tío bisabuelo de quien escribe estas líneas, tras estudiar el expediente informó favorablemente que procedía proponer al ministro de la Guerra, “la autorización para iniciar el juicio contradictorio”.

Nunca volvió a iniciarse, pues tres meses después comenzó nuestra fratricida Guerra Civil y aquellos cuatro guardias civiles quedaron sin recompensa, aunque fuese a título póstumo para dos de ellos.

https://www.larazon.es/espana/20230111/ ... j54ey.html

Como hoy en día, que hasta reciben la ayuda del propio gobierno.

Publicado: **Mié, 22 Feb 2023, 19:22**

Academia Acceso Cnp

sector115.es

#HistoriaD: Un atraco, hace 100 años

Javier Cancho narra en 'Más de uno' cómo sucedió el atraco a la sucursal del Banco de España en Gijón. Los periódicos de la época lo titularon como el atraco más grande jamás contado.

Así sonaba la vida hace 100 años en la calle Jovellanos de Gijón. Mientras el atraco transcurría, nadie fuera se percató de lo que estaba pasando.

Puertas adentro, en la sede del Banco de España, cinco hombres armados se apoderaron de un saco con monedas de plata; pero, como pesaba demasiado se centraron en los billetes. Tratando de evitar que se llevasen tanto dinero, el director de la sucursal, Luis Azcárate, forcejeó con uno de los asaltantes. Una bala le atravesó la cabeza. Azcárate moriría unas horas más tardes. Con el botín en sus manos, huyeron en un vehículo que les esperaba en la calle contigua.

En cuanto comenzó a funcionar el motor, el automóvil salió a gran velocidad, según los testigos. A gran velocidad, entendiéndola en las percepciones que había hace 100 años.

Huyeron en un coche de color gris, matrícula O-434. Durante la fuga se toparon con una guardia municipal al que se le encasquilló la pistola. El policía no pudo pegar ni un solo tiro. Los atracadores, en el coche, disparando sus pistolas, tomaron la dirección de Oviedo.

El diario EL COMERCIO calificó lo ocurrido como sensacional. Se escribió que fue un atraco audaz dentro del Banco de España. La cantidad era mareante: 565.525 pesetas. Tengan en cuenta que unos buenos zapatos, hace 100 años, costaban 40 pesetas, un menú en el selecto Club de Regatas no llegaba a ocho pesetas. Por un kilo de bonito se pagaban 3 pesetas. En 1923, el primer premio de la Lotería Nacional era de 10.000 pesetas al décimo. Lo sustraído, superaba -de largo- el medio millón.

Durante varios días permanecieron ocultos en una pensión. Pero, fueron descubiertos. Hubo huida entre las azoteas del centro de Oviedo. Y hubo tiroteo, un sargento de la Guardia Civil resultó herido. Uno de los atracadores murió, uno llamado Eusebio. El resto de la banda fue detenida. Eran Buenaventura Durruti, de León, apodado Boina; también de León, Gregorio Martínez Gazán, apodado Totó; Rafael Torres Escartín, de Huesca; Aurelio Fernández, apodado el asturiano; y el chófer García Vivancos. Todos eran anarquistas.

Buenaventura Durruti fue uno de los grandes líderes de la CNT. Su banda se hacía llamar Los Solidarios.

Podcast: https://www.ondacero.es/programas/mas-d ... fda44.html

Publicado: **Mar, 28 Feb 2023, 17:49**

Los últimos de la Guardia Civil en Filipinas y Cuba: la historia internacional de la Benemérita

La Guardia Civil llegó a tener desplegados en Cuba 5.280 efectivos ya en 1895, lo cuales fueron claves para enfrentarse ese año al levantamiento simultáneo de treinta y cinco localidades

La Guardia Civil fue proyectada a mediados del siglo XIX como un Instituto armado para el mantenimiento del orden público en España, donde la inestabilidad política y la mala digestión de la Guerra de Independencia había poblado los caminos de malhechores. Los agentes, que debían comportarse a la vez como soldados y como agentes del orden, desataron una cruzada contra la delincuencia y, en particular, contra el bandolerismo que se tradujo en un enorme éxito. Solo entre 1846 y 1847 el número de aprehensiones verificadas por el Cuerpo ascendió a 40.093 maleantes (término de la época que incluía un gran número de delitos) y en pocos años sacaron de circulación a los más famosos bandoleros.

Los resultados fueron tan positivos como para que, solo siete años después de su institucionalización en la Península, se estableciera también en Cuba y en otros territorios de ultramar esta élite policial para aumentar la seguridad y proteger a las instituciones de la monarquía liberal.

El capitán general José Gutiérrez de la Concha, amigo del Duque de Ahumada, designó al capitán Agustín Jiménez Bueno para poner en marcha el primer tercio cubano. En 1869 se creó un segundo tercio para la zona occidental, en 1870 un tercer tercio para la zona oriental y en 1872 un cuarto tercio para la zona central.

La Guardia Civil tenía desplegados en Cuba 5.280 efectivos ya en 1895, lo cuales fueron claves para enfrentarse ese año al levantamiento simultáneo de treinta y cinco localidades. Se calcula que un 80 por ciento de los 30.000 combatientes rebeldes eran antiguos esclavos de raza negra, que vieron en la insurrección una oportunidad de levantarse no solo contra los españoles peninsulares, sino contra los grandes terratenientes.

Los agentes debieron enfrentarse a una revuelta de eminente carácter rural y muy dispersa. En octubre de 1896, se produjo la defensa del puesto de Dolores, provincia de Cienfuegos, por parte de once guardias civiles que estaban bajo el mando de Cándido Santa Eulalia frenta a más de 300 insurrectos comandados por Moreno Rojas. Ante la solicitud de rendición de la guarnición, la respuesta de Santa Eulalia fue rotunda:

«Enterado de su atenta carta debo manifestar que soy muy español y sobre todo pertenezco a la Benemérita Guardia Civil… prefiero mil veces la muerte que yo serle traidor a mi patria… ¡Viva España! ¡Viva nuestro Rey! ¡Viva la Guardia Civil!... Aquí estamos dispuestos a morir, vengan cuando gusten a tomar el pueblo, para que se lleven su merecido…».

Un papel similar al que ejercieron en Cuba tuvo lugar en Filipinas, donde la Benemérita desembarcó entre 1871 y 1872. La Guardia Civil se estableció en algunas provincias del archipiélago filipino para llevar a cabo tareas de orden público. Integrada en gran parte por naturales del país, la unidad policial se repartió entre 222 oficiales y 1.856 guardias indígenas en seis distritos y una infinidad de puestos. Además, se creó posteriormente otra sección de la Benemérita, denominada Guardia Civil Veterana, que tenía a su cargo la conservación del orden en Manila y sus alrededores.

Las sucesivas rebeliones en territorio filipino colocaron a la Guardia Civil, que contaba con un gran respeto popular, en el epicentro de las luchas. En el famoso pueblo de Baler, donde se produjo el sitio de julio de 1898, la guarnición permanente consistía en un destacamento de la Guardia Civil con un cabo, «europeo», y cinco números filipinos, que ya habían sufrido los estragos de una rebelión previa. Entre los soldados que permanecerían en la iglesia de Baler luchando durante un año se contaba la presencia de un cabo y cuatro agentes.

Después de su salida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, la Guardia Civil aún tuvo presencia internacional tanto en el Protectorado español en África como posteriormente en Guinea Ecuatorial. Además, dentro de la División Azul enviada por la Dictadura franquista a Rusia (1942) hubo una sección de 52 guardias civiles que se dedicaron a regular el tráfico durante sus desplazamientos y campamentos, así como manteniendo el orden en el campamento español. Al irse prolongando la campaña, la unidad fue ampliando su número hasta los 320 hombres.

https://www.abc.es/archivo/abci-ultimos ... ticia.html

un@ entre más escribió:Asalto al Banco Central, el atraco que estuvo a punto de acabar con la Guardia Civil

Tres meses exactos después del golpe de Estado del 23-F, una decena de atracadores pusieron en vilo a toda España con el asalto al Banco Central de Barcelona. Casi 300 rehenes, armas de fuego, explosivos, y la exigencia de liberar al teniente coronel Antonio Tejero y otros tres responsables del golpe pusieron en jaque durante 48 horas al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Fueron 36 horas de secuestro que acabaron con la primera actuación de los GEOs en España. Y muchas preguntas sin responder.

Mar Padilla se sumerge ahora en la revisión de un asalto que llegó a poner en cuestión el futuro de la Guardia Civil. Fue Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Administración Territorial, quien en un momento del asalto verbaliza la posibilidad de disolver el cuerpo. «Lo explica el fiscal Alejandro del Toro en sus papeles, me lo confirmó el periodista Martí Gómez» explica Padilla. Quien lo contó fue el director de comunicación del Gobierno, Ignacio Aguirre, en un corrillo a los periodistas que se quedaron la madrugada del domingo en la Moncloa para ver qué pasaba.

Tres meses después del 23F había una gran desconfianza «porque había «una psicosis golpista que se intentó no transmitir a la población» pero estaba ahí. Y la desconfianza era especialmente acusada hacia la Guardia Civil. De hecho, «la psicosis era tan importante que fueron las propias fuerzas de seguridad las que dieron por sentado que dentro podría haber guardias civiles».

Implicación de la Guardia Civil

Los asaltantes en ningún momento dicen que son guardias civiles, la sorpresa viene cuando en una de las llamadas, un mando de la Guardia Civil cree reconocer en una de las voces de los asaltantes a Gil Sánchez Valiente, miembro de la benemérita implicado en el 23F, que salió llevándose un maletín. «Esa confusión se da como un hecho cierto casi desde el principio».

Dentro de la Guardia Civil, empezando por el director general del cuerpo, José Aramburu Topete, «eran conscientes de qué había pasado el 23F y podía volver a pasar» relata Padilla. Y el propio Calvo Sotelo abonó después la tesis de una conspiración de la extrema derecha para desestabilizar al Gobierno en su intervención ante el Congreso de los Diputados.

Finalmente, el secuestro concluyó la tarde del domingo 24 de mayo con la entrada de los GEO en el edificio del Banco Central, en la confluencia de la Plaza Cataluña con Las Ramblas. El millar de policías que llevaban más de 24 horas manteniendo el cerco al edificio tomado por los asaltantes fueron testigos de la salida de los rehenes y de los atracadores que intentaron camuflarse entre ellos.

Un encargo de la extrema derecha

No había guardias civiles entre ellos. Sólo un grupo de delincuentes habituales liderados por José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, o Número Uno para los rehenes a los que retuvo durante 36 horas en el Banco Central. Cuatro décadas después, José Juan sostiene que el asalto fue un encargo de la extrema derecha para sustraer del Banco Central documentación comprometida sobre el 23F.

Pero su compañero en el asalto, Mariano Bolívar, lo desmiente. «El Rubio es un fantástico. Le gusta demasiado la prensa. Viviría de esto si pudiera. Pero la historia política es un cuento. Lo que queríamos era llevarnos el dinero. Vamos, robar» relata a Padilla.

El Gobierno de Calvo Sotelo, humillado por un puñado de ladrones, no quiso explicarse más allá de lo obvio y enterró el asunto lo más rápido posible. Algo que no le resultó difícil en un momento en que ETA y el Grapo seguían actuando casi a diario.

«Pasaban tantas cosas en la transición, era un momento tan explosivo en todos los sentidos». Después del 23F llega el asalto al Banco Central «pero también sigue habiendo atentados terroristas, se preparan unas elecciones generales, y tienen claro que el asalto no les deja en buen lugar».

En todo caso, concluye, «está claro que, buscada o no, provocó una crisis, corta en el tiempo, pero importante en el momento porque veníamos de tres meses exactos del 23F. Llevábamos seis años de democracia después de 40 años de dictadura y una Guerra Civil muy cruenta».

Descontrol en la sala de control

El libro retrata también el descontrol en el puente de mando gubernamental a la hora de hacer frente al asalto. Un descontrol magistralmente recogido por los relatos posteriores del fiscal de guardia que lo vivió en primera persona, Alejandro del Toro. Su crónica de la lista de llamadas telefónicas al Banco Central durante las horas de secuestro recoge desde llamadas de las autoridades a entrevistas radiofónicas en directo, madres y esposas interesándose por sus familiares secuestrados e incluso un cliente del banco que reclamaba el presupuesto de un crédito para unas reformas.

«Las llamadas son grotescas. Es una escena entre Gila, Berlanga, entre la tragedia y lo cotidiano». Lo primero que piden los GEO cuando llegan a Barcelona, la tarde del sábado, es un negociador único y que se corten las comunicaciones con el Banco Central para dejar una sola línea de teléfono.

Pero sus peticiones son desestimadas por las autoridades presentes, que no son pocas. «Lo estuvieron sopesando pero les dio reparo por miedo a que les acusaran de poner cortapisas a la libertad de prensa. El resultado es que todas las líneas del banco estaban abiertas».

Esteban Pendás, mando de los GEO en esos momentos, señala como uno de los momentos más críticos la entrada en el banco del delegado del Gobierno, Juan José Rovira Tarazona, y el director de la Policía, José Luis Fernández Dopico, que ellos desaconsejaron. «Pecan de novatos, de inocentes, no había precedentes de cómo gestionar una crisis así en democracia» explica Padilla. Pero esa decisión demuestra, a la vez, que «era cierta la voluntad de hacer todo lo posible para liberar a los rehenes».

Una historia por contar

El asalto al Banco Central y la gestión que se hizo «es un momento tragicómico en que hacen un grupo dentro del grupo para seguir trabajando mientras hablan todos con todos» concluye la autora. También «un historion pendiente de que alguien lo investigara. Es una historia que entre los barceloneses, sobre todo de una cierta edad, sigue estando ahí, y es uno de los misterios de la transición».

En un tiempo de revisión crítica de la transición, llegó el momento de repasar también este capítulo. «Creo que fue un intento de robo en el que, en un momento, en esos contactos entre delincuentes, fuerzas de seguridad del Estado y elementos de la extrema derecha» que se daban, se produjo una convergencia de intereses. Las referencias de El Rubio a un tal «Luis Antonio» que sería el responsable del encargo, o las llamadas de un misterioso personaje que se autodenomina «Legionario Rojo» abonan esa tesis.

Aunque los historiadores especializados en la transición y la extrema derecha nunca encontraron nada, advierte Padilla. «Yo tampoco, pero es plausible que José Juan, con su historial, tuviera contactos con la extrema derecha como los tuvo con la extrema izquierda y el anarquismo y le ayudaran a armar este entramado».

https://www.elindependiente.com/espana/ ... dia-civil/

Publicado: **Mar, 07 Mar 2023, 07:57**

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Crónicas del ayer: el denominado Caso Roquetas

Juan Martínez Galdeano murió al sufrir un infarto de miocardio la tarde del 24 de julio de 2005 cuando estaba siendo reducido por un grupo de guardias civiles del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. a donde acudió a pedir auxilio voluntariamente después de verse implicado en un accidente de tráfico. Al ser informado de que se le iba a hacer la prueba de alcoholemia, el hombre reaccionó violentamente, siendo detenido y esposado de pies y manos. Cuando iba a ser conducido al exterior del cuartel se zafó de los agentes, y cuatro de ellos se abalanzaron sobre él para reducirlo entre ellos una agente femenina que sufrió fracturas de dedos, lesiones y una mordedura. La secuencia de las cámaras del circuito interno de televisión del cuartel de la Guardia Civil grabó la actuación de los guardias para reducir al detenido, pero veinticinco minutos quedaron fuera de visión de los hechos, cuando uno de los guardias se dio cuenta de las cámaras, arrastrando entonces al detenido fuera del ángulo de enfoque. Según la Guardia Civil, tras quedar desvanecido en el suelo Martínez Galdeano, hasta cuatro veces llamaron al centro de Salud y al 061 contestando que no había ambulancias. La UVI tardó en llegar 45 minutos desde que fueron avisados los servicios sanitarios por la Guardia Civil. Un agente fue a buscar a un médico con un coche oficial.

Horas después a las nueve de la noche del 24 de julio, dos guardias civiles de paisano se presentaron en el domicilio de la hermana de Martínez Galdeano en Cortijos de Marín donde le comunicaron su muerte por sufrir un infarto en el cuartel.

Un día más tarde, el abogado de la familia José Ramón Cantalejo, aseguraba que Martínez Galdeano. murió a consecuencia de la paliza propinada en el acuartelamiento, estando esposado de pies y manos, ya que la familia, cuando vio su cadáver desfigurado en un tanatorio de Almería a donde fue trasladado, interpuso de inmediato una denuncia contra la Guardia Civil por lesiones con resultado de muerte e infligir trato degradante.

Los nueve guardias civiles, entre ellos el teniente y un alumno, implicados en la agresión declararon que emplearon la violencia adecuada según las circunstancias. El teniente admitió haber utilizado para reducir al detenido una porra eléctrica y otra extensible, armas que no forman parte de la dotación de defensa del instituto armado.

El oficial fue fulminantemente cesado y sancionado con tres meses de suspensión por Interior, y posteriormente vio ampliada la sanción hasta seis meses por orden del Ministerio de Defensa. Los otros ocho agentes, entre ellos un alumno, fueron sancionados con seis meses. La primera autopsia del cadáver no estableció las causas exactas de la muerte de Martínez Galdeano, aunque si reflejaba que su fallecimiento estuvo relacionado con su detención. El letrado defensor de los agentes aseguró que el detenido estaba esposado de pies y manos para “evitar que se autolesionara y siguiese agrediendo a los agentes”. Comenzó el cruce de declaraciones y Cantalejo, abogado de la familia afirmó que hubo extralimitación de los guardias civiles y la muerte se debió a la paliza que le propinaron ya que el cadáver presentaba golpes en todos sus miembros.

La juez Estefanía López el 8 de agosto dejó en libertad con cargos al teniente y a los ocho agentes, pese a las peticiones de prisión preventiva del fiscal y la acusación particular.

El 11 de agosto el ministro Alonso en el Congreso destacó la inmediata actuación de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido relatando el contenido de las cintas de video grabadas por el circuito de seguridad del cuartel. El 16 de agosto, el abogado Cantalejo recurría el auto judicial de libertad para los nueve imputados y pidió prisión para el teniente y un cabo del acuartelamiento. Un día antes un hombre de 65 años sembró la alarma en las puertas de los juzgados de Roquetas al sacar una pistola de fogueo en un enfrentamiento entre amigos del muerto y familiares afines a la Guardia Civil.

El 21 la Audiencia Provincial acordó desestimar el recurso de apelación contra la libertad del teniente y el cabo imputados interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. El auto confirmó la decisión del Juzgado de Roquetas de Mar que desestimó la petición de prisión provisional contra dos de los nueve imputados en la muerte de Juan Martínez Galdeano.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/ ... o-roquetas

Publicado: **Mar, 07 Mar 2023, 21:41**

un@ entre más escribió:Los últimos de la Guardia Civil en Filipinas y Cuba: la historia internacional de la Benemérita

La Guardia Civil llegó a tener desplegados en Cuba 5.280 efectivos ya en 1895, lo cuales fueron claves para enfrentarse ese año al levantamiento simultáneo de treinta y cinco localidades

La Guardia Civil fue proyectada a mediados del siglo XIX como un Instituto armado para el mantenimiento del orden público en España, donde la inestabilidad política y la mala digestión de la Guerra de Independencia había poblado los caminos de malhechores. Los agentes, que debían comportarse a la vez como soldados y como agentes del orden, desataron una cruzada contra la delincuencia y, en particular, contra el bandolerismo que se tradujo en un enorme éxito. Solo entre 1846 y 1847 el número de aprehensiones verificadas por el Cuerpo ascendió a 40.093 maleantes (término de la época que incluía un gran número de delitos) y en pocos años sacaron de circulación a los más famosos bandoleros.

Los resultados fueron tan positivos como para que, solo siete años después de su institucionalización en la Península, se estableciera también en Cuba y en otros territorios de ultramar esta élite policial para aumentar la seguridad y proteger a las instituciones de la monarquía liberal.

El capitán general José Gutiérrez de la Concha, amigo del Duque de Ahumada, designó al capitán Agustín Jiménez Bueno para poner en marcha el primer tercio cubano. En 1869 se creó un segundo tercio para la zona occidental, en 1870 un tercer tercio para la zona oriental y en 1872 un cuarto tercio para la zona central.

La Guardia Civil tenía desplegados en Cuba 5.280 efectivos ya en 1895, lo cuales fueron claves para enfrentarse ese año al levantamiento simultáneo de treinta y cinco localidades. Se calcula que un 80 por ciento de los 30.000 combatientes rebeldes eran antiguos esclavos de raza negra, que vieron en la insurrección una oportunidad de levantarse no solo contra los españoles peninsulares, sino contra los grandes terratenientes.

Los agentes debieron enfrentarse a una revuelta de eminente carácter rural y muy dispersa. En octubre de 1896, se produjo la defensa del puesto de Dolores, provincia de Cienfuegos, por parte de once guardias civiles que estaban bajo el mando de Cándido Santa Eulalia frenta a más de 300 insurrectos comandados por Moreno Rojas. Ante la solicitud de rendición de la guarnición, la respuesta de Santa Eulalia fue rotunda:

«Enterado de su atenta carta debo manifestar que soy muy español y sobre todo pertenezco a la Benemérita Guardia Civil… prefiero mil veces la muerte que yo serle traidor a mi patria… ¡Viva España! ¡Viva nuestro Rey! ¡Viva la Guardia Civil!... Aquí estamos dispuestos a morir, vengan cuando gusten a tomar el pueblo, para que se lleven su merecido…».

Un papel similar al que ejercieron en Cuba tuvo lugar en Filipinas, donde la Benemérita desembarcó entre 1871 y 1872. La Guardia Civil se estableció en algunas provincias del archipiélago filipino para llevar a cabo tareas de orden público. Integrada en gran parte por naturales del país, la unidad policial se repartió entre 222 oficiales y 1.856 guardias indígenas en seis distritos y una infinidad de puestos. Además, se creó posteriormente otra sección de la Benemérita, denominada Guardia Civil Veterana, que tenía a su cargo la conservación del orden en Manila y sus alrededores.

Las sucesivas rebeliones en territorio filipino colocaron a la Guardia Civil, que contaba con un gran respeto popular, en el epicentro de las luchas. En el famoso pueblo de Baler, donde se produjo el sitio de julio de 1898, la guarnición permanente consistía en un destacamento de la Guardia Civil con un cabo, «europeo», y cinco números filipinos, que ya habían sufrido los estragos de una rebelión previa. Entre los soldados que permanecerían en la iglesia de Baler luchando durante un año se contaba la presencia de un cabo y cuatro agentes.

Después de su salida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, la Guardia Civil aún tuvo presencia internacional tanto en el Protectorado español en África como posteriormente en Guinea Ecuatorial. Además, dentro de la División Azul enviada por la Dictadura franquista a Rusia (1942) hubo una sección de 52 guardias civiles que se dedicaron a regular el tráfico durante sus desplazamientos y campamentos, así como manteniendo el orden en el campamento español. Al irse prolongando la campaña, la unidad fue ampliando su número hasta los 320 hombres.

https://www.abc.es/archivo/abci-ultimos ... ticia.html

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Publicado: **Lun, 27 Mar 2023, 19:21**

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Guerra Fría en Los Rodeos

Estados Unidos y la URSS analizaron con todo detalle lo ocurrido aquel domingo en Tenerife Norte

Tal día como hoy de hace 46 años, los teléfonos sonaron a discreción en la Casa Blanca y en el Kremlin. Estados Unidos envió a agentes de la CIA para recoger pistas sobre el terreno en el que chocaron los Jumbos, pero la KGB tampoco perdió detalle de lo que estaba ocurriendo en Tenerife Norte.

El independentista Antonio Cubillo estaba en el punto de mira de la CIA mucho antes de que sus agentes se presentaran en las primeras horas de la mañana del 28 de marzo de 1977 en el lugar en el que se cruzaron los Jumbos. En realidad, aterrizaron en Los Rodeos en un reactor militar –fue una de las pocas operaciones autorizadas– horas después del impacto entre los Boeing de KLM y Pan Am. Al rato se abrió un pequeño corredor de emergencia para la llegada de altos cargos e inspectores de catástrofes aéreas. Algunos realizaron ese tránsito a través de Gando y luego se embarcaron en la capital grancanaria con rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Aunque el informe de culpas no señala a Cubillo como pieza que influyó directamente en este suceso, todas las partes que intervinieron en la investigación advirtieron que si no se hubiera cerrado Gran Canaria por la acción y amenaza terrorista del Mpaiac la historia sería otra. Estados Unidos sabía de la existencia del abogado lagunero y la URSS esos años siempre dormía con un ojo puesto sobre su eterno rival en la Guerra Fría. Esta cansina contravigilancia fue lo que originó que estadounidenses y soviéticos descubrieran San Cristóbal de La Laguna el 27 de marzo de 1977.

Tres agentes de la CIA y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Madrid obtuvieron el sí del Gobierno del centrista Adolfo Suárez, presidente preconstitucional de España, para manejarse con libertad de movimientos por el perímetro por el que se esparcieron los restos de las aeronaves. Se alojaron en el hotel Mencey santacrucero, pero antes dieron órdenes para que se acotara la zona y ésta quedara bajo el control de la Guardia Civil: en las primeras horas de la tragedia los reporteros gráficos llegaron a estar a metros de las piezas en llamas y el descontrol con respecto a las personas [muchos voluntarios escucharon la noticia por las emisoras de radio y entraron en el campo de vuelo a través de un vallado roto con la intención de auxiliar] que transitaban por la zona cero obligó a marcar unos límites en los que sólo podían estar personal del aeropuerto, Cruz Roja, equipos policiales [Guardia Civil, Policía Armada y agentes municipales] y militares. No todos los restos se pudieron recuperar antes del anochecer del 27 de marzo [algunos no se identificaron porque se vieron afectados por unos altos niveles de quemaduras, casi chamuscados, o se trataba de miembros que habían sufrido algún tipo de amputación al entrar en contacto con los fuselajes] y los agentes de la CIA volvieron con las primeras luces del día a La Laguna. Sólo los soldados de Artillería permanecieron entre los herrajes rebuscando en una parcela aún humeante con los estadounidenses y los peritos de las aseguradoras.

Envalentonado por la visibilidad que halló su causa en menos de 24 horas, Cubillo no dudó en declara que «estamos en guerra». Esa frase podía significar poca cosa para los gobernantes españoles, pero en los oídos de naciones con callos en mil batallas casi se convirtió en una declaración belicosa. El desastre estaba aquí, pero en Madrid se multiplicaron los cables de condolencias –el de Jimmy Carter y la reina Margarita de Holanda tenían un sentido de pésame y ánimo a los familiares por las cientos de pérdidas humanas–, pero también llegaron los habituales comunicados de «yo no fui», remitidos por países con grandes servicios secretos que decidieron moverse [Marruecos, Argelia, Francia, Reino Unido, Israel] antes de que se empezara a clarificar que, por esta vez, el error humano estaba por delante de la propaganda del Mpaiac, que aún no había puesto la bomba en el monumento a Cervantes de Madrid o en la sede lagunera del Banco de Vizcaya, acto terrorista en el que murió el artificiero Rafael Valdenebro Sotelo, la única víctima mortal atribuida oficialmente al proyecto de Cubillo. Estas dos acciones se dataron en los meses que siguieron al accidente de los Jumbos, exactamente, en 1978.

También en el año en el que Argentina conquistó su primer Mundial, el de Mario Matador Kempes, el cerco a Antonio Cubillo en Argelia se estrechó. Estados Unidos, ya con el informe de culpas medianamente aclarado [el capitán holandés Van Zanten despegó sin autorización, los pilotos y la torre de control de Los Rodeos no emplearon el lenguaje adecuado, la tripulación de Pan Am se confundió de salida y la congestión aérea afectó a las operaciones], intentó meterle mano al tinerfeño, pero no lo logró gracias a las labores de contraespionaje de los argelinos, que sí que se vieron sorprendidos en un intento de asesinato fallido, encargado al sicario José Luis Espinosa Pardo por orden de los servicios secretos, que acabó con varias cuchilladas de gravedad, la posterior expulsión del canario del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (1979) y el abono de una indemnización de más de 150.000 euros al letrado lagunero como compensación del ataque.

El Tribunal Supremo señala a Antonio Cubillo

El Tribunal Supremo informó en enero de 2014 que no creía que llamar «terrorista» al abogado Antonio Cubillo (1930 / La Laguna - 2012 / Santa Cruz de Tenerife) vulneraba su derecho al honor y, además, concluyó que la explosión que se atribuyó el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) en la floristería del aeropuerto de Gando, que obligó a cerrar las instalaciones aeroportuarias y a desviar el tráfico aéreo a Tenerife Norte ante la posibilidad de que hubiera más artefactos, fue la causa que originó el choque de los Jumbos en Los Rodeos. Ese accidente se saldó con 583 fallecidos y 61 heridos. La sentencia emitida en el invierno de 2012 puntualiza que el término utilizado puede ser «grave» pero que no «se trata de meras insidias carentes del más mínimo fundamento». El Tribunal Supremo, pues, sólo ratificó una sentencia emitida en primera instancia por un juzgado –falló en contra de la petición de Cubillo para que se condenara al periodista Javier Chavanel por referirse a él en estos términos durante un programa en 2008– y, posteriormente, la confirmación de la Audiencia Provincial. El Supremo insiste en que es el propio Antonio Cubillo quien reconoció en varias ocasiones su pertenencia al Mpaiac. | J.D.

https://www.epe.es/es/canarias/20230327 ... s-85233020

Del bandolerismo a la Guerra Civil: la ley de fugas o el método de ejecución extrajudicial

Esta práctica consistía en disparar por la espalda a un detenido que en el momento de ser trasladado se intentara fugar

Una de las primeras autoridades que aplicó la ley de fugas fue el gobernador civil de Córdoba, Julián Zugasti Saénz, en 1870. El motivo era acabar con el bandolerismo existente en aquellas tierras. Aparte de la ley de fugas, Zugasti organizó una partida especial de Seguridad Pública, anuló la licencia de armas, prohibió el uso de puñales, navajas y facas, fotografió a los criminales y sospechosos, y creó somatenes.
¿En qué consistía la ley de fugas? Podemos decir que fue una medida de represión, de las fuerzas de orden público. Esta práctica consistía en disparar por la espalda a un detenido que en el momento de ser trasladado se intentara fugar. La mayoría de las veces la fuga no existía, pero sí el disparo. Con el tiempo la ley de fugas llegó a ser un método de ejecución extrajudicial. También se convirtió en la justificación para acabar con los líderes anarcosindicalistas.

La ley de fugas se aprobó el 20 de enero de 1921, siendo Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros. Se puede afirmar que esta ley fue aplicada con contundencia, entre 1921 a 1922, por el gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido. Los problemas con el sindicalismo se iniciaron en 1919, aunque los atentados y el pistolerismo se habían implantado en Barcelona con la llegada de Alejandro Lerroux, en 1901.

En aquel 1919 la empresa «La Canadiense» despidió a ocho trabajadores por pedir la igualdad en los salarios. Los trabajadores de aquella fábrica se solidarizaron con sus compañeros y organizaron una huelga general. La huelga de «La Canadiense», los problemas con el pistolerismo desde 1917, otros movimientos sociales y diferentes protestas obreras, fueron el detonante para que Martínez anido aplicara la ley de fugas. ¿Qué ocurrió durante aquellos años en Barcelona?

809 atentados sociales

Barcelona, durante este periodo, sufrió la máxima malignidad en atentados sociales. De 1917 a 1920 se contabilizaron 809 atentados sociales. En 1921 hubo 249. No sólo Barcelona sufrió el rigor de los sindicalistas, ciudades industriales como Terrassa, Sabadell, Reus, Mataró y Badalona, sufrieron la plaga sindicalista. Digamos que Barcelona durante 19121 sufrió una verdadera guerra civil. Murieron 18 personas, entre patronos, encargados y agentes de la autoridad; siendo heridas 38 personas. Entre los obreros la cifra se dispara a 82 muertos y 101 heridos. Asimismo hay que apuntar que fueron heridos 18 miembros del Sindicato Libre y 13 fueron muertos. De los 49 muertos y 21 heridos del Sindicato Rojo, la gran mayoría fueron muertos o heridos en colisiones con las fuerzas de la autoridad o en manos de sindicatos contrarios.

En 1921 apareció en Barcelona el atraco de los sindicalistas. El motivo era la escasez de dinero de esos sindicatos y la clausura de los Sindicatos Únicos. Por lo cual no se dudó en atracar a personas o comercios para recaudar fondos. El 23 de abril de 1922 fue baleado Juan Vidal y Ribas, hermano de Emilio, uno de los jefes del Somatén de Barcelona. Se le baleó en venganza contra su hermano. El 25 de abril fue asesinado un taxista. Le fue robado el coche, el cual lo utilizaron como coche bomba. La explosión tenía que producirse en el Paseo de Gracia de Barcelona, durante una concentración del Somatén. El coche no llegó a estallar. En mayo de 1922 explotó el taller donde se preparaban las bombas, situado en la calle Toledo, en el barrio de Sants de Barcelona. Causó cinco muertos y tres heridos.
Durante el año 1922 la criminalidad social desciende sensiblemente. En total hubo 68 atentados sociales. Las víctimas barcelonesas del año 1922 son: un patrón; dos agentes de la autoridad; ocho obreros; seis miembros del Sindicato Libre; y cinco de otros sindicatos. Resultaron heridas 46 personas. Uno de los hechos más destacados fue el llamado atraco del Pueblo Nuevo. Varios obreros armados hicieron parar el tren donde iba el pagador de la compañía de Ferrocarriles Catalanes.
Los atracadores se apoderaron de 250.000 pesetas y asesinaron a un obrero que opuso resistencia. Por lo que se refiere a los atracadores, un soldado disparó contra José Quero, antiguo miembro del Sindicato Único, muriendo como consecuencia de las heridas. El 19 de septiembre se intentó perpetrar un nuevo atraco. En esta ocasión contra la Caja de Ahorros situada en la calle Ciudad de Barcelona. El atraco quedó frustrado. El 24 de octubre se atentó contra Arsenio Martínez Anido, resultando este ileso pero, muriendo un agente de la policía y dos pistoleros.

El pistolerismo y la ley de fugas acabaron con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. De 1921 a 1922 las fuerzas del orden público represalió a cerca de 1.000 personas. De las cuales 267 fallecieron y 583 resultaron heridas. Estos datos son los que aportó Martínez Anido. Posiblemente fueran más las personas represaliadas. Hasta el momento presente no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de lo que ocurrió durante aquellos años. Alfonso Bueso, fundador de la CNT, sobre la ley de fugas escribió…

«Los guardias llevan conducidos a varios presos, a pie y de noche, de la cárcel al palacio de Justicia, o viceversa; cuando no hay posibles testigos, los guardias, que previamente han dejado adelantar a los presos, absortos en sus pensamientos, disparan a distancia sobre los conducidos, les matan y luego dan parte a sus superiores, alegando que las víctimas intentaban fugarse».

Aparte de la ley de fugas, también se puso en práctica lo que se conoció como deportaciones por carretera. Se ataba por parejas a cuarenta o cincuenta hombres. Los sacaban de la cárcel, de madrugada, y los ponían en una carretera, escoltados por varias parejas de la guardia civil a caballo. La noche las pasaban en las cárceles que encontraban por el camino, después de haber caminado durante todo el día. Al cabo de unos 15 o 20 días los dejaban abandonados en poblados muy pobres, despoblados y casi abandonados de las provincias de Teruel, Cuenca o Guadalajara. Allí estaban sin dinero, sin comida, sin trabajo, sin nada y con la obligación de presentarse cada día en el cuartel de la guardia civil más próximo.

https://www.eldebate.com/historia/20230 ... 03326.html

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La absorción del Cuerpo de Carabineros (LXVIII)

Finalizaba el capítulo anterior con el interrogatorio, mediante exhorto, del capitán de la Guardia Civil Perfecto Otero Batalla. Fue cumplimentado el 7 de mayo de 1955 en Zamora, ciudad en la que estaba destinado. Había sido uno de los 229 carabineros de infantería de nuevo ingreso destinados directa y excepcionalmente a la Comandancia de Algeciras, por orden circular de 11 enero de 1935, dimanante del Ministerio de Hacienda.

Lo extraordinario se debía no sólo al número tan elevado e inaudito de destinados de una sola vez al Campo de Gibraltar, sino también a la singularidad de tratarse de un “ingreso condicional” en el Cuerpo, supeditado a que posteriormente superasen las pruebas de acceso. El examen se efectuó con arreglo al programa oficial aprobado por orden circular de 28 de julio de 1930. Los que resultaron aprobados, la inmensa mayoría, fueron filiados en la Comandancia de Algeciras.

En la misma orden circular se publicaba también, y en las mismas condiciones, el ingreso nominal de 37 carabineros de infantería en la Comandancia de Baleares, de 22 en la Comandancia de Cádiz, de 2 en la Comandancia de Castellón, de 42 en la Comandancia de Estepona, de 22 en la Comandancia de Figueras, de 5 en la Comandancia de Huelva, de 89 en la Comandancia de Navarra y de 48 en la Comandancia de Tarragona, así como de otros 382 carabineros de infantería y 31 de mar, “pendientes de que se les designe y comunique oportunamente la comandancia de su destino, hasta cuyo momento no podrán ser examinados ni filiados”.

Quedaba por lo tanto perfectamente claro que el Campo de Gibraltar, con 229 carabineros, y su limítrofe malagueña de Estepona, con otros 42 carabineros, era el área geográfica nacional de mayor necesidad de personal de nuevo ingreso para reforzar las mermadas plantillas territoriales de ambas comandancias. Todo ello para perseguir el contrabando procedente de la colonia británica, al cual nunca le importó mucho el régimen o sistema político que existiera en España, pues dicha tipología delictiva se venía padeciendo desde que por el Tratado de Utrech (1713), se cedió el Peñón (ciudad, castillo, puerto, defensas y fortalezas) a la Corona de la Gran Bretaña.

Pero, ¿a qué se debía el “ingreso condicional” de 867 carabineros, pendiente de confirmar cuando aprobasen el examen de acceso? Lo habitual era que primero el personal aspirante realizase la prueba cuando se le convocase y posteriormente, se publicase la relación de aptos y sus correspondientes destinos. No al revés.

La respuesta a tan inaudita decisión tiene su origen en la orden del Ministerio de Hacienda, de 22 de marzo de 1933, siendo su titular Jaime Carner Romeu, que dejó en suspenso la admisión de instancias solicitando ingresar en el Cuerpo de Carabineros. El propósito era reducir drásticamente su plantilla por razones de austeridad presupuestaria al igual que se estaba realizando en otros ámbitos de la Administración estatal.

La justificación oficial que encabezó la mentada orden ministerial fue: “Hallándose en periodo de organización la plantilla orgánica del Instituto de Carabineros y existiendo en la actualidad más de 3.000 aspirantes a ingreso en dicho Instituto en clase de Carabineros de Infantería, con el fin de que no efectúen gastos innecesarios en la documentación que se les exige y en el reintegro de la misma, y muy especialmente para que no lleguen a concebir esperanzas sobre un deseo que no verán quizá realizado”.

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda acordó dejar en suspenso la admisión de las instancias de referencia y que se dejasen vistas y sin ulterior resolución cuantas se recibiesen a partir del 1º de mayo siguiente. Tal medida gubernativa pudo ser acertada respecto a conseguir la correspondiente disminución del gasto público, pero fue un craso error en materia de persecución del contrabando y la defraudación, pues es precisamente en los periodos de crisis o restricción económica, cuando más se debe fortalecer la vigilancia sobre los enemigos del fisco.

Lamentablemente se tardaría año y medio en reaccionar, cuando el perjuicio al Tesoro público estaba ya hecho. El 24 de noviembre de 1934 tuvo que dictarse otra orden circular desde el Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Manuel Marraco Marrón, desdiciéndose de la anteriormente citada. Concretamente se decía que, “comprobada la necesidad, no sólo de mantener íntegras las actuales plantillas del mencionado Instituto, sino reforzarlas en cuanto sea posible”, se resolvía que a partir de esa fecha volvían a admitirse nuevamente las instancias de referencia.

Inmediatamente, y tras ser dictada otra orden circular el 10 de diciembre siguiente, donde se aclaraban algunas dudas surgidas en materia de tramitación y documentación necesaria presentar por los aspirantes en función de su diversa procedencia, se llevó a cabo, apenas transcurrido un mes, ese “ingreso condicional” masivo de nuevos carabineros. Entre ellos se encontraba Perfecto Otero Batalla, siendo la primera prioridad del benemérito Instituto, reforzar el Campo de Gibraltar por las razones ya expuestas.

A este respecto, hay que significar que nunca existió una academia de formación de carabineros de nuevo ingreso, sino que éstos, al igual que entonces los de nuevo ingreso en la Guardia Civil, se incorporaban directamente a las comandancias de destino y a los puestos asignados dentro de las mismas. En éstos, se les enseñaba la profesión y se les inculcaba los trascendentales valores de “moralidad, lealtad, valor y disciplina”, tanto por los veteranos como por sus mandos más inmediatos. La única excepción de la época eran los colegios de carabineros jóvenes de El Escorial y de guardias civiles jóvenes en Valdemoro, cuyos alumnos eran huérfanos o hijos de los respectivos Cuerpos. El resto ingresaba directamente y comenzaba su formación en la primera unidad de destino.

Regresando a la causa núm. 47/1938, por el delito de rebelión militar contra el ex–capitán de Carabineros Manuel Lamadrid Rivas, resultó que el capitán de Infantería Leonardo Colinet Vega, destinado en el Regimiento Extremadura núm. 15, de guarnición en Algeciras, había remitido el 23 de abril de 1955 un escrito dirigido al juez militar instructor, comunicando que aceptaba la defensa del procesado.

A su vez, éste había tenido un contratiempo con la Guardia Civil en Cádiz, su ciudad de residencia en situación de libertad provisional. Fue debido a un malentendido exento de mala fe. Lamadrid tenía orden judicial de presentarse quincenalmente en el puesto de la Guardia Civil para acreditar que no había sustraído a la acción de la justicia. Sin embargo, en vez de hacerlo en el Puesto de La Alameda, situado en el casco histórico de la ciudad, que es el que se había ordenado por la autoridad judicial militar, el encartado lo hizo en el que estaba más cercano a su domicilio fijado en la barriada de Puntales. Tras ser aclarado el malentendido y apercibido Lamadrid de que efectuara las presentaciones en el acuartelamiento ordenado, el brigada Antonio Sánchez García, comandante de puesto de la Guardia Civil en Cádiz-capital, comunicaría el 16 de mayo siguiente la subsanación de la incidencia.

Concluida la instrucción de la causa, el comandante de Infantería Manuel Jordán Jordán, procedió el 31 de mayo a redactar sus conclusiones, que ocuparían siete folios manuscritos.

Continuará.

https://www.europasur.es/san_roque/Guar ... 23105.html

Publicado: **Mié, 17 May 2023, 19:17**

Navaja Tactica Rui

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'Caravana de la muerte': así evitó la Guardia Civil que ETA volase el rascacielos más icónico de Madrid

El 22 de diciembre de 1999, dos agentes de tráfico salvaron la vida de millares de personas cuando, tras la 'tregua-trampa' de la banda terrorista, interceptaron dos furgonetas que escondían 1.500 kilogramos de explosivo

El 11 de noviembre de 1999, ETA anunció a toda España la reanudación de sus actividades terroristas. El comunicado rompió en mil pedazos un alto el fuego iniciado apenas un año antes; un pacto de cartón piedra cuyo único objetivo era tomar aire después de haber recibido varios mandobles por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La banda regresó con fuerza; un mes después, allá por diciembre y con el cuchillo entre los dientes, orquestó un plan para hacer saltar por los aires uno de los edificios más icónicos de Madrid: la Torre Picasso, integrada en un complejo comercial y empresarial que ABC denominó como el 'pequeño Manhattan' de la capital.

La banda terrorista, de actualidad estos días después de que se haya confirmado que algunos de sus antiguos miembros se presentan a las elecciones por las listas de EH-Bildu, no se anduvo con medias tintas. Según desvela la Benemérita en el dossier 'Cómo la Guardia Civil derrotó a ETA', el atentado se planeó para el 22 de diciembre de ese mismo año mediante dos furgonetas llenas, respectivamente, con 950 y 738 kilogramos de explosivo. La mayor carga que había empleado el grupo en su historia desde que atacara dos cuarteles del cuerpo militarizado con 500 kilogramos. El sistema sería tan sencillo como desplazar esta 'caravana de la muerte' hasta Madrid bajo la más estricta discreción.

Por suerte, todo acabó en nada. Durante el camino hacia la capital, dos agentes de la Guardia Civil interceptaron el convoy a la altura de Zaragoza y detuvieron a uno de sus integrantes. Lo que no consiguieron fue desvelar el lugar que pretendían hacer estallar. Para descubrirlo hubo que esperar hasta el 2000; ese año, tras la detención del llamado Comando Madrid, la verdad salió a la luz. Así lo explicaba ABC:

«Conocer el destino que ETA tenía preparado para la llamada 'caravana de la muerte' era una asignatura pendiente para las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora, dos años después, se ha podido saber que el objetivo era la Torre Picasso, un edificio de 157 metros de altura, con 43 plantas y en el que trabajan unas 5.000 personas».

Desvelado

Pero vayamos por partes. La 'caravana de la muerte' inició su andadura en Francia. El 19 de diciembre, el grupo se trasladó hasta el sur del país para recoger las dos furgonetas cargadas hasta los topes de explosivo. Según desveló ABC, «cada una contenía 688 kilogramos de cloratita, 50 kilogramos de dinamita goma en 20 tubos, 300 gramos de amonita y 400 gramos de cordón detonante». Ambos temporizadores estaban programados para hacer explosión a las 19:56 horas, y no era al azar, sino porque «era la hora de máxima concurrencia de personas en este punto neurálgico de la capital de España». El día de autos sería el 22 de diciembre, en plena ebullición madrileña por la Navidad.

El sistema que se planteó había sido replicado hasta la sociedad por la banda terrorista. En primer lugar partiría un turismo que actuaría como 'coche lanzadera'; es decir, sería el encargado de adelantarse y avisar a sus colegas si veía algún peligro. A continuación, y a una distancia considerable, le seguirían las dos furgonetas. A la postre se supo que los etarras seleccionados para la tarea fueron José María Novoa Arróniz –militante de EH–, Igor Martínez de Osaba y Alicia Sáez de la Cuesta. Si arribaban a la ciudad, sabían que tenían muchas posibilidades de éxito, como bien explicaba ABC:

«En esas fechas los edificios como la Torre Picasso de Madrid estaban sometidos a medidas de vigilancia y protección mucho más blandas que en la actualidad. En esas circunstancias, la voladura del rascacielos no hubiera supuesto más dificultades que otros atentados».

El atentado arrancó según lo planeado. Tras recoger los tres vehículos, los etarras pusieron rumbo a la capital. La diosa Fortuna, no obstante, quiso que una pareja de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sospechara del convoy; la pesada carga de los vehículos, unido a que no llevaban los correspondientes distintivos de la tarjeta de transporte, les llevó a tomar cartas en el asunto. «Dieron alcance a la última de ellas deteniéndola en la salida de la localidad Contamina, Zaragoza. Y, tras un breve interrogatorio e inspección, descubrieron el enorme artefacto», explica la Guardia Civil en el mencionado dossier. Su par fue hallada una jornada después, abandonada, en un aparcamiento cercano. El único detenido fue Novoa; los otros dos lograron escapar.

Misterio

En su momento todo navegó en la incógnita. La Guardia Civil no pudo averiguar cuál era el verdadero objetivo de la 'caravana de la muerte' y se barajaron varios enclaves. «Fueron varios los puntos que se marcaron como destino: el campo de fútbol del Real Madrid, el del Atlético de Madrid, un puente de la M-30, el recinto ferial Juan Carlos I...», explicaba ABC. Novoa tan solo admitió que había recibido órdenes de conducir las furgonetas hasta el aparcamiento del Aeropuerto de Barajas para que fueran recogidas por los activistas del Comando Madrid, que eran los que conocían el lugar en el que estallarían las bombas.

La verdad se conoció en el 2000, cuando se interrogó a los miembros del mencionado comando. Y lo cierto es que la noticia revolucionó a la sociedad madrileña. Apenas una jornada después de que se desvelara el secreto, el departamento de seguridad de la Torre Picasso comenzó a recibir llamadas de clientes, trabajadores y familiares con evidentes muestras de preocupación por la amenaza terrorista y por las medidas que se habían tomado para evitar en lo posible un atentado de ETA.

El director general del rascacielos, por su parte, se limitó a subrayar que la «la torre es un símbolo y un elemento tan atractivo» como para que la hipótesis fuera factible, pero resaltó que les habría sido imposible acercarse al complejo.

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Publicado: **Lun, 24 Jul 2023, 20:44**

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Pamplona homenajea al guardia civil republicano que trató de frenar la sublevación de Mola y acabó fusilado

José Rodríguez-Medel se negó a secundar el levantamiento militar del general franquista Emilio Mola en Navarra y fue asesinado con seis disparos por la espalda en las inmediaciones de la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona

Julio de 1936. Mientras Pamplona celebraba las fiestas de San Fermín, el gobernador militar de la plaza, Emilio Mola, ultimaba los detalles de la sublevación militar que protagonizaría pocos días después tras el golpe de Estado de 1936 y que provocó que la capital navarra fuera una de las primeras ciudades en alinearse con el nuevo régimen junto con la vecina Vitoria, la primera institución conquistada en toda España. Para garantizar el éxito de la rebelión militar, Mola quiso contar con el apoyo de la Guardia Civil, pero se encontró con el rechazo del comandante del cuerpo en Pamplona, José Rodríguez-Medel, quien se mantuvo fiel al Gobierno legítimo de la República. Como consecuencia, el 18 de julio -mismo día del golpe de Estado- fue asesinado con seis disparos por la espalda en las inmediaciones de la comandancia, situada en la calle de Ansoleaga. Este martes se le ha rendido un homenaje en el 87 aniversario de su fusilamiento.

La Asociación de Familiares Fusilados de Navarra (AFFN36) ha colocado un “tropezón” en el número 16 de esta calle del Casco Viejo de Pamplona, donde los informes de la época señalan que fue asesinado. Se trata de una placa de latón con la que, siguiendo el proyecto 'stolperstein' para conmemorar a las personas asesinadas por los nazis, se busca rendir homenaje y recordar a los represaliados por el franquismo. Como la de José Rodríguez-Medel puesta este 18 de julio, AFFN36 ha colocado otras 240 en la comunidad foral para conmemorar a las víctimas de la dictadura.

Natural de Siruela (Badajoz), se reencontró en Pamplona con Emilio Mola, con quien había coincidido en la Academia de Infantería de Toledo. Era junio de 1936 y el Gobierno de Manuel Azaña trataba de frenar, con el nombramiento como comandante de la Guardia Civil de alguien de su confianza, un intento de sublevación militar que sospechaban que Mola estaba planeando con otros generales del Ejército. Mola se tomó el nombramiento como un obstáculo a sus intenciones golpistas y, de hecho, hizo llamar a su despacho a José Rodríguez-Medel para tantearle, dado que en sus planes contaba con la Guardia Civil para la rebelión.

El autor y general de división de la Guardia Civil Gonzalo Jar Couselo realizó una aproximación de aquella conversación a raíz de los relatos de otras personalidades próximas al general Mola como Iribarren, Arrarás o Maíz, su secretario personal:

—Mola: Quiero hablarle, no en plan [de] general, sino de compañero. He decidido sublevarme para salvar a España, contra un Gobierno que nos lleva a la ruina y al deshonor y le llamo para decírselo y para saber si Vd. está dispuesto a sumarse al movimiento que ha de estallar dentro de unas horas.

—Rodríguez-Medel: Yo no puedo secundar ese movimiento.

—Mola: Le advierto a Vd. que cuento con toda la guarnición y con toda la provincia.

—Rodríguez-Medel: Yo cuento con mi fuerza.

—Mola: ¿Cree Usted?

—Rodríguez-Medel: Sí señor.

—Mola: Lamento su decisión. Mire que va a ser muy duro tener que enfrentar mis tropas con la Guardia Civil.

—Rodríguez-Medel: La Guardia Civil seguirá al lado del Gobierno. Ahora y siempre defenderé al Gobierno de la República como poder constitucional. Esa es mi postura.

—Mola: Entonces ¿no le importa nada la salvación de España?... ¿Qué haría si se implantase, dentro de unos días, el comunismo en nuestra patria?

—Rodríguez-Medel: Cumpliría con mi deber.

—Mola: ¿Y cuál es su deber?

—Rodríguez-Medel: Obedecer las órdenes del poder constituido.

—Mola: Sí, pues aténgase a las consecuencias.

—Rodríguez-Medel: Supongo que no será una amenaza o una encerrona, mi general.

—Mola: Usted no me conoce. Para eso no le hubiera llamado. Puede irse bien tranquilo porque, por lo que a mí atañe, no tiene nada que temer, ni en su vida ni en su libertad. Adiós.

—Rodríguez-Medel: A sus órdenes, mi general.

A las pocas horas de ese encuentro, cuando se dirigía a formar las tropas para trasladarse a Tafalla, donde estaba planeado establecer una línea defensiva que aislara a Navarra por el sur para hacer frente a la sublevación militar, fue asesinado en las puertas de la comandancia de Pamplona con seis disparos efectuados con arma larga, de calibre 7 milímetros, que se corresponden con las armas que utilizaba el Ejército, por varios guardias sublevados que le esperaban a la salida. Es considerado por algunos historiadores como la primera víctima del golpe de Estado en la Península.

Se da la circunstancia además, de que su cuerpo fue trasladado, tras serle practicada la autopsia, al cementerio de Pamplona, donde fue enterrado en un panteón sin una inscripción que lo identificase. Un año después, tras morir al despegar del aeródromo de Vitoria, la base de la Legión Cóndor nazi en España, los restos de Emilio Mola fueron sepultados, hasta 1961 cuando fueron trasladados al mausoleo de Los Caídos de Pamplona, en un panteón situado enfrente al de José Rodríguez-Medel.

No fue Rodríguez-Medel el único integrante de la Guardia Civil leal al Gobierno legítimo. Un alavés de Llodio llamado Juan Ibarrola, también con alta graduación, encabezó una de las dos columnas del Ejército de Euzkadi -erróneamente simplificado como un cuerpo exclusivo de 'gudaris' o combatientes nacionalistas- en la que fue su única y fallida ofensiva contra el bando franquista, la conocida como batalla de Villarreal. Al mando de la segunda columna estuvo el teniente coronel del Cuerpo de Carabineros de la República, Juan Cueto, también alavés y nacido en la propia Legutio (denominación actual de Villarreal de Álava), a la luz de las investigaciones de Josu Aguirregabiria. Según Michael Alpert, Ibarrola siguió combatiendo con las fuerzas gubernamentales tras la caída de todo el territorio vasco y acabó en un campo de concentración. Fue condenado a muerte aunque le conmutaron la pena. Murió en su Llodio natal en 1976, pocos meses después de fallecido Franco.

Y Salvador Lapuente Arbeo, que contaba apenas 22 años, en 1936, era agente de la Comandancia de Bizkaia y estuvo destinado, entre otros, en el cuartel de Alonsotegi, una localidad entonces dentro del término municipal de Barakaldo y ahora independiente. Sus ideas eran firmemente republicanas y, como otros agentes gubernamentales de la provincia, se opuso al golpe de Estado. En agosto ya estaba en el frente, en Usurbil. Tras caer herido en la zona de Larrabetzua, que formaba parte de la defensa conocida como Cinturón de Hierro, fue apresado por los sublevados el 13 de junio de 1937, primer día de la batalla de Bilbao, que caería seis días después a manos de las tropas franquistas, auxiliadas por los nazis alemanes y los italianos fascistas. Trasladado a Valladolid porque las tropas conquistadoras eran las de la VII Región Militar, fue sometido a un consejo de guerra en el que otros compañeros le delataron como “rojo”. El tribunal lo condenó a muerte y fue fusilado el 9 de mayo de 1938. Ahora, 84 años después, sus restos han sido localizados en el cementerio vallisoletano de El Carmen.

https://www.eldiario.es/navarra/pamplon ... 87211.html

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