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Guerra Fría en Los Rodeos
Estados Unidos y la URSS analizaron con todo detalle lo ocurrido aquel domingo en Tenerife NorteTal día como hoy de hace 46 años, los teléfonos sonaron a discreción en la Casa Blanca y en el Kremlin. Estados Unidos envió a agentes de la CIA para recoger pistas sobre el terreno en el que chocaron los Jumbos, pero la KGB tampoco perdió detalle de lo que estaba ocurriendo en Tenerife Norte.El independentista Antonio Cubillo estaba en el punto de mira de la CIA mucho antes de que sus agentes se presentaran en las primeras horas de la mañana del 28 de marzo de 1977 en el lugar en el que se cruzaron los Jumbos. En realidad, aterrizaron en Los Rodeos en un reactor militar –fue una de las pocas operaciones autorizadas– horas después del impacto entre los Boeing de KLM y Pan Am. Al rato se abrió un pequeño corredor de emergencia para la llegada de altos cargos e inspectores de catástrofes aéreas. Algunos realizaron ese tránsito a través de Gando y luego se embarcaron en la capital grancanaria con rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Aunque el informe de culpas no señala a Cubillo como pieza que influyó directamente en este suceso, todas las partes que intervinieron en la investigación advirtieron que si no se hubiera cerrado Gran Canaria por la acción y amenaza terrorista del Mpaiac la historia sería otra. Estados Unidos sabía de la existencia del abogado lagunero y la URSS esos años siempre dormía con un ojo puesto sobre su eterno rival en la Guerra Fría. Esta cansina contravigilancia fue lo que originó que estadounidenses y soviéticos descubrieran San Cristóbal de La Laguna el 27 de marzo de 1977.
Tres agentes de la CIA y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Madrid obtuvieron el sí del Gobierno del centrista Adolfo Suárez, presidente preconstitucional de España, para manejarse con libertad de movimientos por el perímetro por el que se esparcieron los restos de las aeronaves. Se alojaron en el hotel Mencey santacrucero, pero antes dieron órdenes para que se acotara la zona y ésta quedara bajo el control de la Guardia Civil: en las primeras horas de la tragedia los reporteros gráficos llegaron a estar a metros de las piezas en llamas y el descontrol con respecto a las personas [muchos voluntarios escucharon la noticia por las emisoras de radio y entraron en el campo de vuelo a través de un vallado roto con la intención de auxiliar] que transitaban por la zona cero obligó a marcar unos límites en los que sólo podían estar personal del aeropuerto, Cruz Roja, equipos policiales [Guardia Civil, Policía Armada y agentes municipales] y militares. No todos los restos se pudieron recuperar antes del anochecer del 27 de marzo [algunos no se identificaron porque se vieron afectados por unos altos niveles de quemaduras, casi chamuscados, o se trataba de miembros que habían sufrido algún tipo de amputación al entrar en contacto con los fuselajes] y los agentes de la CIA volvieron con las primeras luces del día a La Laguna. Sólo los soldados de Artillería permanecieron entre los herrajes rebuscando en una parcela aún humeante con los estadounidenses y los peritos de las aseguradoras.
Envalentonado por la visibilidad que halló su causa en menos de 24 horas, Cubillo no dudó en declara que «estamos en guerra». Esa frase podía significar poca cosa para los gobernantes españoles, pero en los oídos de naciones con callos en mil batallas casi se convirtió en una declaración belicosa. El desastre estaba aquí, pero en Madrid se multiplicaron los cables de condolencias –el de Jimmy Carter y la reina Margarita de Holanda tenían un sentido de pésame y ánimo a los familiares por las cientos de pérdidas humanas–, pero también llegaron los habituales comunicados de «yo no fui», remitidos por países con grandes servicios secretos que decidieron moverse [Marruecos, Argelia, Francia, Reino Unido, Israel] antes de que se empezara a clarificar que, por esta vez, el error humano estaba por delante de la propaganda del Mpaiac, que aún no había puesto la bomba en el monumento a Cervantes de Madrid o en la sede lagunera del Banco de Vizcaya, acto terrorista en el que murió el artificiero Rafael Valdenebro Sotelo, la única víctima mortal atribuida oficialmente al proyecto de Cubillo. Estas dos acciones se dataron en los meses que siguieron al accidente de los Jumbos, exactamente, en 1978.
También en el año en el que Argentina conquistó su primer Mundial, el de Mario Matador Kempes, el cerco a Antonio Cubillo en Argelia se estrechó. Estados Unidos, ya con el informe de culpas medianamente aclarado [el capitán holandés Van Zanten despegó sin autorización, los pilotos y la torre de control de Los Rodeos no emplearon el lenguaje adecuado, la tripulación de Pan Am se confundió de salida y la congestión aérea afectó a las operaciones], intentó meterle mano al tinerfeño, pero no lo logró gracias a las labores de contraespionaje de los argelinos, que sí que se vieron sorprendidos en un intento de asesinato fallido, encargado al sicario José Luis Espinosa Pardo por orden de los servicios secretos, que acabó con varias cuchilladas de gravedad, la posterior expulsión del canario del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (1979) y el abono de una indemnización de más de 150.000 euros al letrado lagunero como compensación del ataque.
El Tribunal Supremo señala a Antonio Cubillo
El Tribunal Supremo informó en enero de 2014 que no creía que llamar «terrorista» al abogado Antonio Cubillo (1930 / La Laguna - 2012 / Santa Cruz de Tenerife) vulneraba su derecho al honor y, además, concluyó que la explosión que se atribuyó el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac) en la floristería del aeropuerto de Gando, que obligó a cerrar las instalaciones aeroportuarias y a desviar el tráfico aéreo a Tenerife Norte ante la posibilidad de que hubiera más artefactos, fue la causa que originó el choque de los Jumbos en Los Rodeos. Ese accidente se saldó con 583 fallecidos y 61 heridos. La sentencia emitida en el invierno de 2012 puntualiza que el término utilizado puede ser «grave» pero que no «se trata de meras insidias carentes del más mínimo fundamento». El Tribunal Supremo, pues, sólo ratificó una sentencia emitida en primera instancia por un juzgado –falló en contra de la petición de Cubillo para que se condenara al periodista Javier Chavanel por referirse a él en estos términos durante un programa en 2008– y, posteriormente, la confirmación de la Audiencia Provincial. El Supremo insiste en que es el propio Antonio Cubillo quien reconoció en varias ocasiones su pertenencia al Mpaiac. | J.D.https://www.epe.es/es/canarias/20230327 ... s-85233020Del bandolerismo a la Guerra Civil: la ley de fugas o el método de ejecución extrajudicial
Esta práctica consistía en disparar por la espalda a un detenido que en el momento de ser trasladado se intentara fugarUna de las primeras autoridades que aplicó la ley de fugas fue el gobernador civil de Córdoba, Julián Zugasti Saénz, en 1870. El motivo era acabar con el bandolerismo existente en aquellas tierras. Aparte de la ley de fugas, Zugasti organizó una partida especial de Seguridad Pública, anuló la licencia de armas, prohibió el uso de puñales, navajas y facas, fotografió a los criminales y sospechosos, y creó somatenes.
¿En qué consistía la ley de fugas? Podemos decir que fue una medida de represión, de las fuerzas de orden público. Esta práctica consistía en disparar por la espalda a un detenido que en el momento de ser trasladado se intentara fugar. La mayoría de las veces la fuga no existía, pero sí el disparo. Con el tiempo la ley de fugas llegó a ser un método de ejecución extrajudicial. También se convirtió en la justificación para acabar con los líderes anarcosindicalistas.
La ley de fugas se aprobó el 20 de enero de 1921, siendo Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros. Se puede afirmar que esta ley fue aplicada con contundencia, entre 1921 a 1922, por el gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido. Los problemas con el sindicalismo se iniciaron en 1919, aunque los atentados y el pistolerismo se habían implantado en Barcelona con la llegada de Alejandro Lerroux, en 1901.
En aquel 1919 la empresa «La Canadiense» despidió a ocho trabajadores por pedir la igualdad en los salarios. Los trabajadores de aquella fábrica se solidarizaron con sus compañeros y organizaron una huelga general. La huelga de «La Canadiense», los problemas con el pistolerismo desde 1917, otros movimientos sociales y diferentes protestas obreras, fueron el detonante para que Martínez anido aplicara la ley de fugas. ¿Qué ocurrió durante aquellos años en Barcelona?
809 atentados socialesBarcelona, durante este periodo, sufrió la máxima malignidad en atentados sociales. De 1917 a 1920 se contabilizaron 809 atentados sociales. En 1921 hubo 249. No sólo Barcelona sufrió el rigor de los sindicalistas, ciudades industriales como Terrassa, Sabadell, Reus, Mataró y Badalona, sufrieron la plaga sindicalista. Digamos que Barcelona durante 19121 sufrió una verdadera guerra civil. Murieron 18 personas, entre patronos, encargados y agentes de la autoridad; siendo heridas 38 personas. Entre los obreros la cifra se dispara a 82 muertos y 101 heridos. Asimismo hay que apuntar que fueron heridos 18 miembros del Sindicato Libre y 13 fueron muertos. De los 49 muertos y 21 heridos del Sindicato Rojo, la gran mayoría fueron muertos o heridos en colisiones con las fuerzas de la autoridad o en manos de sindicatos contrarios.
En 1921 apareció en Barcelona el atraco de los sindicalistas. El motivo era la escasez de dinero de esos sindicatos y la clausura de los Sindicatos Únicos. Por lo cual no se dudó en atracar a personas o comercios para recaudar fondos. El 23 de abril de 1922 fue baleado Juan Vidal y Ribas, hermano de Emilio, uno de los jefes del Somatén de Barcelona. Se le baleó en venganza contra su hermano. El 25 de abril fue asesinado un taxista. Le fue robado el coche, el cual lo utilizaron como coche bomba. La explosión tenía que producirse en el Paseo de Gracia de Barcelona, durante una concentración del Somatén. El coche no llegó a estallar. En mayo de 1922 explotó el taller donde se preparaban las bombas, situado en la calle Toledo, en el barrio de Sants de Barcelona. Causó cinco muertos y tres heridos.
Durante el año 1922 la criminalidad social desciende sensiblemente. En total hubo 68 atentados sociales. Las víctimas barcelonesas del año 1922 son: un patrón; dos agentes de la autoridad; ocho obreros; seis miembros del Sindicato Libre; y cinco de otros sindicatos. Resultaron heridas 46 personas. Uno de los hechos más destacados fue el llamado atraco del Pueblo Nuevo. Varios obreros armados hicieron parar el tren donde iba el pagador de la compañía de Ferrocarriles Catalanes.
Los atracadores se apoderaron de 250.000 pesetas y asesinaron a un obrero que opuso resistencia. Por lo que se refiere a los atracadores, un soldado disparó contra José Quero, antiguo miembro del Sindicato Único, muriendo como consecuencia de las heridas. El 19 de septiembre se intentó perpetrar un nuevo atraco. En esta ocasión contra la Caja de Ahorros situada en la calle Ciudad de Barcelona. El atraco quedó frustrado. El 24 de octubre se atentó contra Arsenio Martínez Anido, resultando este ileso pero, muriendo un agente de la policía y dos pistoleros.
El pistolerismo y la ley de fugas acabaron con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. De 1921 a 1922 las fuerzas del orden público represalió a cerca de 1.000 personas. De las cuales 267 fallecieron y 583 resultaron heridas. Estos datos son los que aportó Martínez Anido. Posiblemente fueran más las personas represaliadas. Hasta el momento presente no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de lo que ocurrió durante aquellos años. Alfonso Bueso, fundador de la CNT, sobre la ley de fugas escribió…
«Los guardias llevan conducidos a varios presos, a pie y de noche, de la cárcel al palacio de Justicia, o viceversa; cuando no hay posibles testigos, los guardias, que previamente han dejado adelantar a los presos, absortos en sus pensamientos, disparan a distancia sobre los conducidos, les matan y luego dan parte a sus superiores, alegando que las víctimas intentaban fugarse».Aparte de la ley de fugas, también se puso en práctica lo que se conoció como deportaciones por carretera. Se ataba por parejas a cuarenta o cincuenta hombres. Los sacaban de la cárcel, de madrugada, y los ponían en una carretera, escoltados por varias parejas de la guardia civil a caballo. La noche las pasaban en las cárceles que encontraban por el camino, después de haber caminado durante todo el día. Al cabo de unos 15 o 20 días los dejaban abandonados en poblados muy pobres, despoblados y casi abandonados de las provincias de Teruel, Cuenca o Guadalajara. Allí estaban sin dinero, sin comida, sin trabajo, sin nada y con la obligación de presentarse cada día en el cuartel de la guardia civil más próximo.
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