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Por qué lo llaman equiparación salarial cuando quieren decir crisis de la Guardia Civil

Esto es un compromiso del ministro, del Gobierno y del propio presidente. Evidentemente, esto no se lleva al Consejo de Ministros en un día, esto necesita el proceso con los ministerios de Política Territorial, Hacienda… para materializarlo», respondió este martes el ministro Grande-Marlaska cuando los periodistas le preguntaron si el desbloqueo del tercer pago de la equiparación salarial se había improvisado para aplacar el malestar generado en la Guardia Civil con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.


Ese mismo día por la mañana, el Servicio de Comunicación de la Presidencia del Gobierno anunció que al término de la reunión semanal comparecerían ante los medios no sólo la portavoz (María Jesús Montero) y la ministra de Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto), sino también el titular de Interior para informar de los puntos acordados en la sesión. Todo ocurría la misma mañana en que se conoció que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, había presentado su dimisión irrevocable en desacuerdo con la decisión de apartar a Pérez de los Cobos del puesto que ocupaba desde marzo de 2018.

Una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en esa sesión fue habilitar el pago de los 247 millones a los policías nacionales y guardias civiles con los que se completará el desembolso económico comprometido por el Gobierno de Rajoy en marzo de 2008 para recortar la brecha salarial con los Mossos y la Ertzaintza. Fuera del ámbito del Gobierno, nadie conocía que se iba a habilitar el abono de esa cantidad, lo que alimenta la tesis de que se precipitó para acallar las críticas ante la crisis generada en el Instituto Armado.

¿Se improvisó para sofocar el malestar por la destitución de Pérez de los Cobos? La oposición y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil no dudan de que ésta fue la verdadera decisión por la que el bipartito acordó desbloquear el pago de los 247 millones que faltan por desembolsar para completar los 807 millones comprometidos. Esta lectura es rechazada categóricamente desde Interior. «Me remito a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves, donde ustedes podrán ver la indicación y referencia a esta circunstancia. Somos muy cautos y hasta que no se aprueba no decimos nada al respecto», defendió Marlaska para justificar el sigilo con que se había llevado esta cuestión. En la referencia de dicha sesión, a la que ha tenido acceso El Independiente, figura como segundo punto en el orden del día el ‘real decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social para paliar los efectos de la covid-19’. La disposición adicional primera de esta norma excluye de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público «las medidas necesarias para la aplicación del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil» el 12 de marzo de 2018. «¿Urgencia cuando deberíamos estar cobrando desde enero?», se ha preguntado retóricamente la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc). «El honor no se compra», ha advertido la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc).
¿No estaba supeditado a los «acuerdos de reconstrucción social y económica»? Ésa fue la explicación que ofreció el ministro del Interior el pasado 23 de abril durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar las medidas que su departamento había puesto en marcha para gestionar la crisis sanitaria derivada de la covid-19. El diputado del grupo confederal de Unidas Podemos Enrique Fernando Santiago Romero le había instado al ministro a aclarar «rápidamente el falso rumor» sobre un hipotético problema para pagar el último tramo de la equiparación salarial y, en su turno de réplica, Grande-Marlaska vinculó el abono de los 247 millones y las convocatorias de plazas previstas para ingresar en la Policía Nacional y la Guardia Civil a los acuerdos que las fuerzas políticas adopten para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que deje la pandemia.
¿Cuándo se tendría que haber pagado? El tramo cuyo desbloqueo ha acordado esta semana el Consejo de Ministros es el correspondiente a 2020, por lo que se podría haber pagado desde el 1 de enero. Antes de que estallara la crisis sanitaria, Interior aseguraba que los 247 millones se abonarían bien por que el Gobierno hubiera sido capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 o bien aprobando un real decreto ley. El bipartito PSOE-Unidas Podemos ha renunciado ya a negociar unas cuentas para este año, con lo que esa vía se tuvo que descartar y activar la del decreto-ley.
¿En qué nómina se abonará? Esa pregunta no tiene aún respuesta por Interior. Grande-Marlaska anunció el martes que se pagará «en los próximos meses», sin mayor precisión. En cualquier caso, tendrá efecto retroactivo desde el primero de enero. La asociación Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil ha pedido ya la convocatoria extraordinaria de un pleno del Consejo para abordar, entre otras cuestiones, el proceso de ejecución del abono del tercer tramo. Si los representantes de los agentes reúnen los apoyos necesarios para que la reunión se desarrolle, seguro que la fecha para el desembolso será una de las preguntas que formularán al representante de Interior que asista (ministro, secretario de Estado o directora general).
¿Qué escollo hay que resolver antes? Uno no menor: cómo se reparten los 247 millones entre policías y guardias civiles. Para ello, habrá de convocarse en primer lugar la mesa técnica en cada Cuerpo para fijar un criterio y, posteriormente, la mesa general de seguimiento del acuerdo de equiparación en la que se ratifiquen las cantidades a distribuir. Las diferencias son insalvables. Invocando la conclusión del informe de auditoría encargado por el Ministerio, los guardias civiles exigirán que se aplique el reparto de 2018: 59 % para ellos y el 41 % restante para los policías nacionales. Éstos, sin embargo, defenderán que es más justo mantener los porcentajes de reparto del pasado año -57,28 %-42,72 %- atendiendo a los efectivos de cada Cuerpo. La diferencia se traduce en varios millones de euros.

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La crisis de Marlaska con la Guardia Civil crece tras la salida de Santafé

El teniente general valenciano, número 3 de la Benemérita, se enfrentó al Ministerio del Interior en plena purga

Lejos de amainar, la tormenta que desató la destitución del número uno de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, lleva camino de convertirse en la mayor crisis de la institución en la democracia. La cúpula de la Benemérita ha quedado desmantelada con la salida ayer del número tres del Cuerpo, el valenciano Fernando Santafé, teniente general y jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, horas después de que presentara su dimisión el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, al negarse a rubricar el cese del coronel.

Lejos de amainar, la tormenta que desató la destitución del número uno de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, lleva camino de convertirse en la mayor crisis de la institución en la democracia. La cúpula de la Benemérita ha quedado desmantelada con la salida ayer del número tres del Cuerpo, el valenciano Fernando Santafé, teniente general y jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, horas después de que presentara su dimisión el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, al negarse a rubricar el cese del coronel.


En el foco del conflicto está el informe que expertos de la Comandancia de Madrid, a instancias de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, remitieron al juzgado de instrucción número 51 de Madrid que investiga la denuncia de un particular por presunta prevaricación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la celebración de actos multitudinarios, como la manifestación del 8-M, cuando ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios».

Al filtrarse la existencia de este informe crítico con la gestión del Gobierno de la pandemia, sobre el que la jueza exigió absoluta reserva a los agentes, se sucedieron los movimientos del ministerio para conocer el alcance del mismo. Según publicó ayer 'ABC', hasta tres mandos llamaron en la tarde del domingo a Pérez de los Cobos para obtener información. Fueron el general José Antonio Berrocal, jefe de zona de Madrid, el teniente general Santafé y la directora general de la Benemérita, María Gámez, quien, según la misma publicación, tras la negativa del coronel a facilitar información al desconocer el contenido de los informes le comunicó que estaba destituido.

Al malestar que produjo en los cuarteles el cese fulmiante de Pérez de los Cobos y la consecuente dimisión de Ceña se sumó la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de nombrar como sustituto del DAO al general Pablo Salas, número siete en el escalafón del instituto armado y no a su sucesor 'natural', el número tres, el teniente general Santafé. De ahí que en el mismo Consejo de Ministros en el que se nombró al jefe de Información nuevo número 2 de la Guardia Civil se acordara también su ascenso a teniente general.

Este salto en el escalafón natural de la institución tampoco hacía justicia con el máximo perjudicado, el hasta ayer jefe del Mando de Operaciones, Fernando Santafé, que era quien por rango estaba llamado a suceder a Ceña, que tenía previsto colgar el uniforme el 2 de junio. Pero el ministro Marlaska no contaba con él en su «remodelación» de equipos. Esta decisión no agradó al teniente general, quien la rechazó «poniendo las cabras en el corral», según fuentes militares.

Santafé será propuesto para ocupar un nuevo destino en la Dirección del Centro Universitario de la Guardia Civil. «Mientras se produce este nombramiento el teniente general estará encuadrado administrativamente en el ministerio, en una plaza acorde a su categoría», señaló Interior en un comunicado. Según indicaron, el cambio de destino de Santafé «se ha precipitado» aunque estaba previsto.

Su puesto, tal como informó el ministerio, lo asumirá el general de División Félix Blázquez. Era hasta ahora Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.
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Muniouro escribió:Estas luchas entre políticos (sí, el generalato es político) nos queda muy lejos y ni nos va ni nos viene.
Luchas así ha habido desde hace años pero no nos enterábamos porque no había la tensión política actual ni fueron utilizadas para tirarse los trastos etre las dos partes del PP$OE (al fin son lo mismo)
El alboroto actual está fomentado por los partidos, en la GC no veo que nadie se lleve las manos a la cabeza, y tal como está formada la GC estamos a costumbradso a funcionar sin jefes (Hay Puestos Principales donde tenía que mandarlo un oficial y está de Comandante de Puesto un Guardia)
Al fin y al cabo, mucho ruido pero pocas nueces, a los de infantería cada cual con su ideología nos la, trae al pairo la lucha entre una casta que nos resulta distinta y distante.-