Nadie buscó a Marta Calvo durante los primeros cuatro días
Publicado: Sab, 28 Dic 2019, 13:58Durante cuatro largos días, los que van desde el sábado día 9 de noviembre, por la noche, hasta el miércoles, 13 por la tarde, nadie se ocupó de empezar a buscar a Marta Calvo, tal y como informa 'Levante-EMV'. Ni siquiera de entrevistarse con la madre o ponerse en contacto con ella. Y ello a pesar de que escuchando a la progenitora y viendo el contenido de la denuncia interpuesta por esta el día 9, la de Marta era, a todas luces, una desaparición de muy alto riesgo, con suficientes indicios de que algo grave podía haberle ocurrido a la joven de 25 años de Estivella.
La controvertida gestión policial inicial en este caso ha provocado importantes tensiones entre los mandos provinciales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han tenido que dar respuestas y tratar de justificar esa inacción de los primeros días hasta en tres reuniones convocadas por la Delegación del Gobierno.
De hecho, aún está bajo revisión la investigación interna puesta en marcha por la Delegación del Gobierno a instancias de la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar de averiguar de quién es la responsabilidad, que apunta a la cúpula de la Comandancia de la Guardia Civil de València, según todas las fuentes consultadas por Levante-EMV conocedoras de los informes elaborados por ambos cuerpos a petición de sus superiores, así como de los datos que contiene el atestado policial entregado a la jueza de Alzira que investiga el homicidio de Marta Calvo.
La joven desapareció en la madrugada del 7 de noviembre. La madre la buscó durante el 7, el 8 y el 9, llegando incluso a entrevistarse durante unos segundos con el presunto asesino de su hija sin saberlo. El sábado, 9 de noviembre, decidió formalizar la denuncia y lo hizo entre las 21.06 y las 21.30 horas de ese día, según consta en el atestado. El agente que la atendió cumplió con el protocolo de personas desaparecidas y a las 21.50 horas ya había enviado todos los correos electrónicos que genera una denuncia de ese tipo y que de manera automática deben poner en marcha la correspondiente investigación.
Primer envío de correos
El policía envió correos a todas las comisarías de la Policía Nacional y a los mandos de la Jefatura Superior de Policía de València, esto es, el máximo órgano de ese cuerpo en la Comunitat Valenciana. Pero también al cuerpo competente en este caso, la Guardia Civil, ya que el posible delito -desaparición aún en ese momento- se había producido en Manuel, demarcación del instituto armado.
En el caso de la Guardia Civil, el agente envió un primer correo con la denuncia adjunta como documento PDF a la central operativa de servicio (COS), la sala que gestiona durante 24 horas al día cualquier hecho dentro de la demarcación de ese cuerpo. Pero el correo fue devuelto como rechazado, así que el policía llamó telefónicamente al COS para explicarles la situación. Le facilitaron una nueva dirección de correo y envió un segundo mail con el PDF de la denuncia.
Los operadores del COS también aplicaron el protocolo correctamente: una vez comprobada la población, en este caso, Manuel, reenviaron el correo electrónico al cuartel al que pertenece ese municipio, el de Villanueva de Castellón, pero también a la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de València, así como a los mandos del máximo órgano del instituto armado en la provincia de València.
En ambos casos, esa acción debería haber puesto en marcha, de manera inmediata, la apertura de una investigación por parte de la Comandancia. Pero no fue así. Ni esa noche del sábado, ni el domingo.
Asignado a un equipo local
El lunes por la mañana, un responsable de Policía Judicial de la Comandancia se puso en contacto con la comisaría de Abastos, según los informes aportados, para preguntar por la desaparición. Desde la comisaría se le envió de nuevo la denuncia. La Comandancia decidió entonces asignar el caso al equipo de Policía Judicial de Sueca, que se ocupa de los delitos menores en una tercera parte del territorio de la Ribera, y no al grupo de Homicidios, el especializado en la investigación no solo de muertes violentas, sino también de todas las desapariciones -los jefes de Homicidios de ambos cuerpos son los delegados provinciales de todas las desapariciones, sean o no de alto riesgo, y quienes se ocupan de gestionar la base de desaparecidos y de restos humanos (PDYRH)-.
El martes por la tarde, la madre de Marta, desesperada ante la falta de noticias de su hija y la ausencia de llamada alguna por parte de las fuerzas de seguridad, telefoneó al cuartel de Villanueva de Castellón para pedir explicaciones sobre qué se sabía de Marta y qué se había hecho por encontrarla (para entonces, ella ya había vuelto por segunda vez a Manuel, acompañada por un hombre, porque desconfiaba del individuo que le había negado conocer a Marta, esto es, de Jorge Ignacio P. J., en la tarde del día 8).
En ese cuartel, el de Villanueva, no supieron darle razones y la redirigieron al de Sueca, sede del equipo de Policía Judicial. A pesar de la angustia de la madre, no fue citada hasta la tarde del día siguiente, miércoles 13, para que compareciese por primera vez ante el cuerpo que había asumido la investigación.
Lo hizo a las cinco de la tarde y explicó, de nuevo, que su hija nunca se ausentaba tanto tiempo, que su documentación la había dejado en su casa, que el teléfono estaba apagado desde las doce de la mañana del día 7, que el tipo con el que había quedado había negado siquiera haberla visto jamás, que estaba extremadamente preocupada y convencida de que le habían hecho algo... Básicamente, aunque ampliado, lo que ya recogía el texto de la denuncia presentada cuatro días antes.
Según el atestado, los agentes de Policía Judicial de Sueca llamaron por teléfono a la comisaría de Abastos, donde confirmaron, de nuevo, la existencia de la denuncia y se la reenviaron otra vez tras advertirles de que ese correo ya había sido enviado el 9 por la noche al COS con la denuncia adjuntada.
La primera visita a la casa
Aún así, no fue hasta dos días después, el día 15, cuando acudieron los primeros guardias civiles a la casa de Manuel donde se le había perdido el rastro a Marta, que para entonces ya llevaba nueve días muerta y su presunto asesino, dos días huido -abandonó la casa de Manuel y el piso de l'Olleria el 13, según los posicionamientos de los móviles obtenidos a partir de la petición del grupo de Homicidios de València y de la UCO-.
Fue a partir de la semana siguiente cuando la Comandancia decidió que la desaparición de Marta Calvo debía ser investigada por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València, que hasta ese momento había estado explotando dos casos: la desarticulación de una trama dedicada a la prostitución de mujeres tratadas con ocho detenidos (el martes, día 12) y el arresto de tres hermanos por el asesinato de un anciano en Albal (el domingo, día 17).
El miércoles, día 20, acudieron agentes de Homicidios y, por primera vez, uno de los perros adiestrados en la búsqueda de personas. La impecable limpieza de la casa de Manuel alertó a los investigadores, que precintaron la vivienda y solicitaron la colaboración de la UCO y del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil. En esa misma semana, antes de la llegada de los agentes desde Madrid, los investigadores de Homicidios ya habían localizado en un taller del Puig el Volkswagen ranchera del presunto asesino: estaba en manos de un conocido suyo a quien le había encargado desguazarlo para eliminar cualquier huella de su delito.
Cruce de informes
De no haberse producido la inexplicable demora a la hora de empezar a investigar la desaparición de Marta y de comenzar su búsqueda, es muy probable que sus restos estarían ya recuperados y entregados a la familia, y su presunto asesino, Jorge Ignacio P. J., no habría huido y tenido 21 días para deshacerse de pruebas y trazar una estrategia de defensa antes de entregarse.
Precisamente por esa razón, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, comenzó a pedir explicaciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en cuanto supo lo que había ocurrido.
En la primera, la Guardia Civil sostuvo que no habían iniciado la investigación antes porque la Policía Nacional no les había traspasado la investigación, mientras que este cuerpo defendió que sí se había informado en tiempo y forma al instituto armado, competente en el caso porque la última ubicación de la víctima era Manuel, municipio que está dentro de la demarcación territorial de la Guardia Civil.
Pero no era así exactamente. Fue en la segunda reunión, unos días después, donde la Policía Nacional aportó la sucesión de correos enviados la noche del 9, así como los días 11 y 13, que probaban el traspaso del caso desde el inicio. El mando que representaba a la Comandancia mostró su propio informe, donde aparecían otros datos, y trató de imputar a la Policía Nacional la responsabilidad de la demora alegando que no habían seguido el protocolo de desaparecidos. La respuesta no se hizo esperar y el subdelegado del Gobierno tuvo que poner orden.
Aún habría una tercera reunión, en la que de nuevo hubo un enfrentamiento verbal entre los mandos. Actualmente continúan investigando por separado un caso, el de Jorge Ignacio P. J., que necesariamente confluirá en un solo procedimiento judicial, por cuanto, mientras se producían esas reuniones, los investigadores de los respectivos cuerpos reunían suficientes datos como para probar la vinculación del sospechoso con la muerte de tres mujeres -las de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas- y la posible intoxicación y agresión sexual a otras tres, al menos.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad ... as-7788929
La controvertida gestión policial inicial en este caso ha provocado importantes tensiones entre los mandos provinciales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han tenido que dar respuestas y tratar de justificar esa inacción de los primeros días hasta en tres reuniones convocadas por la Delegación del Gobierno.
De hecho, aún está bajo revisión la investigación interna puesta en marcha por la Delegación del Gobierno a instancias de la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar de averiguar de quién es la responsabilidad, que apunta a la cúpula de la Comandancia de la Guardia Civil de València, según todas las fuentes consultadas por Levante-EMV conocedoras de los informes elaborados por ambos cuerpos a petición de sus superiores, así como de los datos que contiene el atestado policial entregado a la jueza de Alzira que investiga el homicidio de Marta Calvo.
La joven desapareció en la madrugada del 7 de noviembre. La madre la buscó durante el 7, el 8 y el 9, llegando incluso a entrevistarse durante unos segundos con el presunto asesino de su hija sin saberlo. El sábado, 9 de noviembre, decidió formalizar la denuncia y lo hizo entre las 21.06 y las 21.30 horas de ese día, según consta en el atestado. El agente que la atendió cumplió con el protocolo de personas desaparecidas y a las 21.50 horas ya había enviado todos los correos electrónicos que genera una denuncia de ese tipo y que de manera automática deben poner en marcha la correspondiente investigación.
Primer envío de correos
El policía envió correos a todas las comisarías de la Policía Nacional y a los mandos de la Jefatura Superior de Policía de València, esto es, el máximo órgano de ese cuerpo en la Comunitat Valenciana. Pero también al cuerpo competente en este caso, la Guardia Civil, ya que el posible delito -desaparición aún en ese momento- se había producido en Manuel, demarcación del instituto armado.
En el caso de la Guardia Civil, el agente envió un primer correo con la denuncia adjunta como documento PDF a la central operativa de servicio (COS), la sala que gestiona durante 24 horas al día cualquier hecho dentro de la demarcación de ese cuerpo. Pero el correo fue devuelto como rechazado, así que el policía llamó telefónicamente al COS para explicarles la situación. Le facilitaron una nueva dirección de correo y envió un segundo mail con el PDF de la denuncia.
Los operadores del COS también aplicaron el protocolo correctamente: una vez comprobada la población, en este caso, Manuel, reenviaron el correo electrónico al cuartel al que pertenece ese municipio, el de Villanueva de Castellón, pero también a la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de València, así como a los mandos del máximo órgano del instituto armado en la provincia de València.
En ambos casos, esa acción debería haber puesto en marcha, de manera inmediata, la apertura de una investigación por parte de la Comandancia. Pero no fue así. Ni esa noche del sábado, ni el domingo.
Asignado a un equipo local
El lunes por la mañana, un responsable de Policía Judicial de la Comandancia se puso en contacto con la comisaría de Abastos, según los informes aportados, para preguntar por la desaparición. Desde la comisaría se le envió de nuevo la denuncia. La Comandancia decidió entonces asignar el caso al equipo de Policía Judicial de Sueca, que se ocupa de los delitos menores en una tercera parte del territorio de la Ribera, y no al grupo de Homicidios, el especializado en la investigación no solo de muertes violentas, sino también de todas las desapariciones -los jefes de Homicidios de ambos cuerpos son los delegados provinciales de todas las desapariciones, sean o no de alto riesgo, y quienes se ocupan de gestionar la base de desaparecidos y de restos humanos (PDYRH)-.
El martes por la tarde, la madre de Marta, desesperada ante la falta de noticias de su hija y la ausencia de llamada alguna por parte de las fuerzas de seguridad, telefoneó al cuartel de Villanueva de Castellón para pedir explicaciones sobre qué se sabía de Marta y qué se había hecho por encontrarla (para entonces, ella ya había vuelto por segunda vez a Manuel, acompañada por un hombre, porque desconfiaba del individuo que le había negado conocer a Marta, esto es, de Jorge Ignacio P. J., en la tarde del día 8).
En ese cuartel, el de Villanueva, no supieron darle razones y la redirigieron al de Sueca, sede del equipo de Policía Judicial. A pesar de la angustia de la madre, no fue citada hasta la tarde del día siguiente, miércoles 13, para que compareciese por primera vez ante el cuerpo que había asumido la investigación.
Lo hizo a las cinco de la tarde y explicó, de nuevo, que su hija nunca se ausentaba tanto tiempo, que su documentación la había dejado en su casa, que el teléfono estaba apagado desde las doce de la mañana del día 7, que el tipo con el que había quedado había negado siquiera haberla visto jamás, que estaba extremadamente preocupada y convencida de que le habían hecho algo... Básicamente, aunque ampliado, lo que ya recogía el texto de la denuncia presentada cuatro días antes.
Según el atestado, los agentes de Policía Judicial de Sueca llamaron por teléfono a la comisaría de Abastos, donde confirmaron, de nuevo, la existencia de la denuncia y se la reenviaron otra vez tras advertirles de que ese correo ya había sido enviado el 9 por la noche al COS con la denuncia adjuntada.
La primera visita a la casa
Aún así, no fue hasta dos días después, el día 15, cuando acudieron los primeros guardias civiles a la casa de Manuel donde se le había perdido el rastro a Marta, que para entonces ya llevaba nueve días muerta y su presunto asesino, dos días huido -abandonó la casa de Manuel y el piso de l'Olleria el 13, según los posicionamientos de los móviles obtenidos a partir de la petición del grupo de Homicidios de València y de la UCO-.
Fue a partir de la semana siguiente cuando la Comandancia decidió que la desaparición de Marta Calvo debía ser investigada por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València, que hasta ese momento había estado explotando dos casos: la desarticulación de una trama dedicada a la prostitución de mujeres tratadas con ocho detenidos (el martes, día 12) y el arresto de tres hermanos por el asesinato de un anciano en Albal (el domingo, día 17).
El miércoles, día 20, acudieron agentes de Homicidios y, por primera vez, uno de los perros adiestrados en la búsqueda de personas. La impecable limpieza de la casa de Manuel alertó a los investigadores, que precintaron la vivienda y solicitaron la colaboración de la UCO y del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil. En esa misma semana, antes de la llegada de los agentes desde Madrid, los investigadores de Homicidios ya habían localizado en un taller del Puig el Volkswagen ranchera del presunto asesino: estaba en manos de un conocido suyo a quien le había encargado desguazarlo para eliminar cualquier huella de su delito.
Cruce de informes
De no haberse producido la inexplicable demora a la hora de empezar a investigar la desaparición de Marta y de comenzar su búsqueda, es muy probable que sus restos estarían ya recuperados y entregados a la familia, y su presunto asesino, Jorge Ignacio P. J., no habría huido y tenido 21 días para deshacerse de pruebas y trazar una estrategia de defensa antes de entregarse.
Precisamente por esa razón, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, comenzó a pedir explicaciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en cuanto supo lo que había ocurrido.
En la primera, la Guardia Civil sostuvo que no habían iniciado la investigación antes porque la Policía Nacional no les había traspasado la investigación, mientras que este cuerpo defendió que sí se había informado en tiempo y forma al instituto armado, competente en el caso porque la última ubicación de la víctima era Manuel, municipio que está dentro de la demarcación territorial de la Guardia Civil.
Pero no era así exactamente. Fue en la segunda reunión, unos días después, donde la Policía Nacional aportó la sucesión de correos enviados la noche del 9, así como los días 11 y 13, que probaban el traspaso del caso desde el inicio. El mando que representaba a la Comandancia mostró su propio informe, donde aparecían otros datos, y trató de imputar a la Policía Nacional la responsabilidad de la demora alegando que no habían seguido el protocolo de desaparecidos. La respuesta no se hizo esperar y el subdelegado del Gobierno tuvo que poner orden.
Aún habría una tercera reunión, en la que de nuevo hubo un enfrentamiento verbal entre los mandos. Actualmente continúan investigando por separado un caso, el de Jorge Ignacio P. J., que necesariamente confluirá en un solo procedimiento judicial, por cuanto, mientras se producían esas reuniones, los investigadores de los respectivos cuerpos reunían suficientes datos como para probar la vinculación del sospechoso con la muerte de tres mujeres -las de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas- y la posible intoxicación y agresión sexual a otras tres, al menos.
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