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Alarma entre la Policía porque la UDEF ha dejado de investigar la corrupción política

La Unidad Central de Delincuencia Económica ha desaparecido de los juzgados desde la llegada de un afín al PSOE

Publicado: 25/03/2024 • 03:30

«¿Qué c*** es eso de la UDEF?», la famosa frase de Jordi Pujol vuelve a ser recordada estos días por numerosos agentes de la policía y funcionarios de la Audiencia Nacional. Y es que esta unidad de élite, encargada de investigar la corrupción en España, ha desaparecido en los juzgados desde la llegada de Fernando Alonso a su cúpula. Un hombre afín al partido socialista que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en el puesto a mediados de 2022 con un objetivo claro: impedir que se indagara sobre los casos que afecten al PSOE, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Y, a tenor de su ausencia de actuaciones, parece que lo ha conseguido.

Lejos quedan los tiempos en los que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) era un referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Los agentes de esta unidad estuvieron al frente de macrocausas como la Operación Malaya, la trama Gürtel; el caso Pujol; el caso PDVSA sobre la investigación abierta a la petrolera venezolana, el caso Idental, el caso Carreteras que afectó al Gobierno de Miguel Revilla, el caso Neurona sobre la corrupción en Podemos, el caso Viu Europa vinculado a Juan Carlos Monedero y, más recientemente, el caso Tito Berni o la compra de votos por correo en Melilla.

Desaparece la UDEF
Sin embargo, en los últimos meses la UDEF ha desaparecido del mapa. No está llevando ni una de las grandes y, por ende, mediáticas causas de corrupción como la trama Koldo, que investiga la adjudicación de contratos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia; el caso Negreira, sobre los pagos del FC Barcelona al ex número dos de los árbitros; el caso Rubiales, en el que se investigan los contratos de la Real Federación Española de Fútbol; o la operación Soule, en la que se investiga al expresidente de la Federación de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo, Gorka Villar. Es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien está investigando estas causas y trabajando a destajo.

Fuentes policiales y judiciales señalan que el responsable de la casi desaparición de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción es Fernando Alonso. «Casi ni le conocemos en la Audiencia Nacional ni en la Fiscalía Anticorrupción», señalan fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. Y es que, añaden, «la tierra es para quien se la trabaja y la Guardia Civil lo hace».

Un dato revelador, que se suma al descenso de casos asumidos por la UDEF, es la reducción de los agentes que trabajaban en esta unidad. La unidad ha reducido su personal en un 50% y es que ha habido una fuga de agentes que han solicitado el traslado a otros destinos donde pueden «sentirse más realizados», aseguran a este periódico.

Alonso llegó a la UDEF hace un año y medio para ocupar la vacante que dejó libre Fernando Moré. Contó con la ayuda de Marlaska que le promocionó a la categoría de comisario principal, para que pudiera ocupar el puesto de jefe de la unidad.

«Alonso carece de la experiencia necesaria para dirigir una unidad tan especializada como la UDEF», señalan fuentes solventes. Añaden que «nunca ha desempeñado puestos en delincuencia económica ni en ninguna otra rama de la policía judicial». De hecho, antes de desembarcar en el complejo policial de Canillas, provenía de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Pero eso era justo lo que estaba buscando Marlaska: colocar al menos capacitado para el cargo y reducir al mínimo la productividad de esta unidad.

La falta de formación del jefe de la UDEF en materia de anticorrupción no es novedosa para los mandos policiales. Las mismas fuentes advierten que Marlaska le nombró en contra del criterio del comisario general de la Policía Judicial, Rafael Pérez, y del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González. Estos mandos, explican a este periódico, «conocían la evidente falta de capacitación de Fernando Alonso para el puesto, pero les fue definitivamente impuesto por Marlaska».

https://theobjective.com/espana/tribuna ... _AE8LLxO94

Bávaro escribió:MINISTERIO DEL INTERIOR
Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del PSOE

El comisario nombrado por el ministro ha vetado cualquier investigación sobre la trama del 'Tito Berni'

TERESA GÓMEZ
17/07/2023 06:45 ACTUALIZADO: 17/07/2023 06:45

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el ministro colocó al frente de esta unidad de élite, encargada de investigar la corrupción, a Fernando Alonso, un comisario afín al PSOE, con un único objetivo: impedir que se indagara sobre los casos que afecten al PSOE. «Y lo ha conseguido», recalcan a este periódico.

Atrás quedan los tiempos en los que Pedro Sánchez, adalid de la lucha contra la corrupción, aprovechaba la sentencia de la operación Gürtel para orquestar una moción de censura que lo llevó a la postre a la Presidencia del Gobierno de España. Durante su mandato, lejos de reforzar los equipos que investigan la corrupción de políticos, Sánchez los ha neutralizado. Según fuentes sindicales de la Policía Nacional conocedoras de la situación, Marlaska ha reducido al 50% el personal de la UDEF.

El plan lanzado desde el Gobierno culminó tras la jubilación de Fernando Moré, el anterior jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a quien Marlaska nunca se atrevió a destituir para no repetir un caso como el del coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien purgó de manera ilegal tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo, o el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el caso de Moré, como estaba cercana su jubilación, el ministro del Interior decidió esperar pacientemente a que el puesto quedara libre. Y, hace justo un año, la vacante al frente de esta unidad antiblanqueo fue ocupada por el desconocido Fernando Alonso, a quien Marlaska promocionó a la categoría de comisario principal, para que pudiera ocupar el puesto de jefe de la UDEF.

Fuentes judiciales y fiscales aseguran a OKDIARIO que «Alonso carece de la experiencia necesaria para dirigir una unidad tan especializada como la UDEF». Añaden que «nunca ha desempeñado puestos en delincuencia económica ni en ninguna otra rama de la policía judicial». De hecho, antes de desembarcar en el complejo policial de Canillas, provenía de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Pero eso era justo lo que estaba buscando Marlaska: colocar al menos capacitado para el cargo y reducir al mínimo la productividad de esta unidad.

Destruir la UDEF
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que un año después de que Alonso fuese nombrado al frente de la UDEF, dos organismos obligados a trabajar mano a mano, «ni siquiera le conocen» porque no se ha preocupado nunca por los asuntos que llegan a la Fiscalía Especial contra la corrupción y criminalidad organizada, con la que Alonso debería estar en comunicación de manera asidua.

La falta de formación del jefe de la UDEF en materia de anticorrupción no es novedosa para los mandos policiales. Las mismas fuentes advierten que Marlaska le nombró en contra del criterio del comisario general de la Policía Judicial, Rafael Pérez, y del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González. Estos mandos, explican a este periódico, «conocían la evidente falta de capacitación de Fernando Alonso para el puesto, pero les fue definitivamente impuesto por Marlaska».

Fernando Alonso tenía una misión clara: impedir investigar la corrupción del bloque de Gobierno. Y la ha consumado. Además de reducir el número de agentes de la UDEF a la mitad, ha impedido sistemáticamente la participación de los investigadores más cualificados en casos como el del Tito Berni o en el del escándalo de la compra de votos en Melilla por los socios de gobierno del PSOE, por citar sólo dos de los más recientes.

Los jueces y fiscales consultados por este periódico no entienden por qué el primero lo está investigando el equipo de ciberdelincuencia de Tenerife o por qué la corrupción de compra de votos de Melilla lo investiga la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco), que se dedica a luchar contra el tráfico de drogas, cuando ambas causas –por los delitos que se han cometido– deberían estar siendo investigadas en la UDEF.

La misión del jefe de la UDEF es coordinar las investigaciones de corrupción, sea cual sea el territorio en el que se produzcan, asignar los mejores investigadores y aportar el apoyo técnico necesario. Sin embargo, fuentes de la unidad antiblanqueo de la Policía Nacional en Tenerife y Melilla aseguran que, lamentablemente, «no esperan que se les haga partícipe de las pesquisas cuando una simple llamada de su jefe bastaría, puesto que los compañeros de las otras unidades están desbordados y los jueces requieren de apoyos con los que sacar adelante estas investigaciones complejas».


https://okdiario.com/investigacion/marl ... e-11256303

CNP Modelo Squad

gafaspolicia.com

Marlaska rechaza revisar los protocolos de la Guardia Civil para que pueda disparar a las narcolanchas

Los guardias civiles se rigen por un protocolo de 1983 para evaluar si pueden o no disparar

La Guardia Civil reclama un nuevo protocolo interno para poder saber cuándo están autorizados a utilizar su arma sin temor a terminar envueltos en un proceso sancionador. Una situación que han vivido de cerca, por ejemplo, los agentes que fueron atacados por una narcolancha en Barbate el pasado mes de febrero, con el resultado de dos guardias asesinados. Sin embargo, no se esperan cambios al respecto: el Ministerio del Interior descarta modificar esta normativa, que data de hace más de 40 años y que seguirá vigente como hasta ahora.

«¡Disparad, disparar, disparad c***, van a por nosotros!», es una de las frases que recoge el vídeo captado por la cámara GoPro que llevaba uno de los agentes de la Guardia Civil atacados por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado mes de febrero. Esa llamada de auxilio pone de manifiesto uno de los principales dilemas a los que se enfrentan los agentes de Guardia Civil -y también de otros cuerpos- en su día a día: las dudas de los funcionarios a utilizar su arma reglamentaria para hacer frente a una agresión manifiesta. Una agresión cuya intensidad es muy complejo analizar en pocos segundos y determinar una respuesta acorde en términos de fuerza. De esa decisión, en cuestión de segundos, usar o no el arma, puede depender toda una carrera profesional.

La Guardia Civil ha sido la última en volver a solicitar la revisión de esa norma, a raíz de esos sucesos de Barbate. Ha sido la plataforma profesional JUCIL quien lo ha planteado, a las puertas del juzgado de la localidad gaditana, donde el caso ha entrado en punto muerto tras revelarse que los detenidos no son los verdaderos autores del doble asesinato. Esa reivindicación, sin embargo, no ha calado: fuentes del Ministerio del Interior confirman a OKDIARIO que «no hay ninguna previsión de cambiar el protocolo de actuación».

Para ello, dicen, Interior y la Dirección General deberían crear un grupo de trabajo que analice el protocolo actual, se propongan enmiendas y finalmente se aprueben. «Ni es una prioridad ni parece que lo será en los próximos meses». De esta forma, el protocolo que guía a los agentes de Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre cuándo pueden y cuando no disparar seguirá siendo el vigente, que data de 1983.

Además de órdenes precisas sobre cuándo pueden y cuando no usar su arma, en la Guardia Civil recuerdan que muchas veces las patrullas del servicio marítimo van sin armas cuando «deberían tener a su disposición arma larga en ciertas misiones». Cabe recordar que la orden que se dio a los agentes aquel 9 de febrero en Barbate: «Meteos al agua y que os vean». No había intención de ser coercitivos ni de buscar detenciones, sino simplemente disuadir a las narcolanchas.

Según la asociación que propone los cambios, esta actualización de la regulación permitiría prevenir «futuros crímenes» ya no sólo en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, sino también en las calles y en cualquier entorno de actuación. Cabe recordar que en 2023 se duplicaron con respecto a 2022 las agresiones con arma blanca o punzante contra agentes de la Guardia Civil.
Guardia Civil: profesión de riesgo

Por otra parte, Grande-Marlaska prometió convocar una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Civil para tratar las reclamaciones de los agentes del cuerpo sobre varios asuntos que les afectan directamente. Uno de los principales, la negativa hasta el momento del Gobierno de Pedro Sánchez de considerar la suya una profesión de riesgo, a pesar de un 2024 negro para la Guardia Civil en el que ya han fallecido 5 agentes.

Sin embargo, a día de hoy el ministro aún no ha convocado a los guardias civiles ni hay previsión alguna de que vaya a hacerlo. El PSOE votó en contra de ello en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. No es asunto menor, ya que además de afectar a su seguridad, también lo hace a su jubilación.

Ni en Europa, ni en Madrid, ni en el Campo de Gibraltar. La profesión de Guardia Civil -tampoco la de Policía- no se considera de riesgo a pesar de las cifras de fallecimientos en acto de servicio y el aumento de las agresiones contra agentes. En 2023, respecto a 2022, los ataques con cuchillos o armas blancas contra guardias civiles y policías se duplicaron. Pero ninguno de esos datos ha sido suficiente para que el Gobierno convoque esa mesa de negociación que le reclaman los agentes a Grande-Marlaska.

Así, desde las organizaciones que representan a los guardias civiles muestran su «preocupación y descontento con la falta de acción por parte del ministro del Interior, Grande-Marlaska, en relación al reconocimiento de los guardias civiles como trabajadores de riesgo», señalan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Otras alternativas

Cabe recordar, como publicó OKDIARIO, que los agentes que se la juegan en el mar contra el narcotráfico podrían tener a su disposición un sistema electrónico que permite inutilizar los motores de las planeadoras -y otros vehículos- a distancias de hasta 150 metros. Montado sobre un helicóptero o una patrullera, este sistema podría ser definitivo para decantar la balanza hacia las fuerzas del orden en detrimento de los narcos. El Ministerio del Interior no se ha planteado ni se plantea adquirirlos.

Uno de esos sistemas, conocido en la Guardia Civil, es el SafeStop. Un dispositivo embarcado que fabrica la firma británica de material de seguridad Teledyne e2v. En esencia, es un emisor de reducido tamaño de radiofrecuencias (RF) que es capaz de «inutiliza los vehículos, deteniéndolos de forma inmediata e involuntaria, sin causar daños colaterales», según describe el fabricante en la ficha técnica del producto.

En esencia, el dispositivo es capaz de emitir esa radiofrecuencia afectando al funcionamiento de su motor y provocando su apagado. Para ello, los motores deben tener cierto componente electrónico, como los que tienen los potentes fuerabordas que equipan las narcolanchas.

https://okdiario.com/espana/marlaska-re ... s-12822763

foropolicia.es

JUCIL denuncia la "diabólica" transformación de SEPRONA que planea Interior

La asociación profesional de la Guardia Civil considera que es una "reestructuración encubierta" que puede implicar la desaparición de más de 100 patrullas.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado a través de un comunicado la "reestructuración encubierta" que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior sobre el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que tilda de "diabólica" y prevé puede implicar la desaparición de más de 100 patrullas.

Para tratar de frenar esta transformación, JUCIL ha elevado un escrito al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el que reclama la elaboración de un plan de restructuración de SEPRONA alternativo, según anuncia en su comunicado. Más concretamente, pide un plan "acorde a las necesidades medioambientales reales, transparente y que contemple la situación de todos los componentes afectados, de forma que se dé la posibilidad de acceder, de forma preferente, a las nuevas vacantes del SEPRONA que surjan dentro de su comandancia y que se tenga en cuenta, además, la conciliación familiar y su desarrollo personal".

Genera serias preocupaciones y resultará en una menor operatividad

En su carta, firmada por el secretario nacional de Formación y Especialidades y miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de JUCIL, David González Sequera, la asociación expresa las "serias preocupaciones" de muchos integrantes de SEPRONA con respecto a los "cambios encubiertos, pero claramente evidentes que se aplican sobre este servicio".

JUCIL comparte sus preocupaciones y califica los cambios como "altamente perjudiciales" para su labor y para su calidad de vida. Uno de los aspectos que considera más alarmantes es el perjuicio que da por sentado sufrirán los integrantes de SEPRONA debido a la sobrecarga de trabajo que va a provocar el bloqueo de plazas vacantes en las patrullas funcionales.

Y es que, según explica JUCIL, el método elegido para la reestructuración es esperar a que se produzcan vacantes en las unidades que se pretenden suprimir, para después anunciarlas en otras unidades, obligando a los agentes afectados a permanecer en su unidad actual sin el personal suficiente o a pedir cualquier otro destino no deseado. Ese será el momento que "la Administración aprovechará para cerrar esa unidad y publicar nuevas vacantes del SEPRONA, que por lógica no podrán pedir estos compañeros, por estar sujetos a plazos de mínima permanencia en sus nuevos destinos, con la consiguiente pérdida de personal formado y con experiencia, lo que redundará sin duda en una menor operatividad de la especialidad", apunta González Sequera.

Cambia el enfoque de SEPRONA a un servicio puramente punitivo

La asociación también critica que la transformación ideada por Interior pretende modificar el enfoque de SEPRONA, que realiza una labor preventiva, coercitiva y punitiva por todo el territorio nacional y pasaría a ser "un medio casi de forma exclusiva punitivo", lo que advierte no solo afectaría su labor diaria, sino que también impactaría negativamente en la protección del medio ambiente.

"La sola existencia de la patrulla en el ámbito territorial asegura un altísimo grado de cumplimiento de la normativa ambiental, algo irrenunciable a la especialidad y que, con esta reorganización notará sin duda el medio rural y su realidad medioambiental, y la protección de flora y fauna, así como el correcto trato a los animales", avisa David Sequera, quien también ha remarcado que SEPRONA es una de las especialidades que más rédito proporciona a la Benemérita ante la opinión publica y los organismos internacionales.

Una transformación escasa de transparencia que representa "un ataque a la esencia misma del servicio"
Además, manifiesta su inquietud por "la falta de transparencia y claridad de este proceso", lo cual alimenta la "extraordinaria incertidumbre" que se respira entre todos los guardias civiles afectados.

"Parece evidente que desde la Administración se ha iniciado una reorganización del SEPRONA en la que se oculta de manera deliberada a los componentes de las unidades afectadas el proceso de desmantelamiento", afirma el secretario de Formación y Especialidades de JUCIL. Así, se "condena" a los componentes a "aguantar estoicamente en esas unidades, de por sí muy sobrecargadas de trabajo y a las que, por carecer de personal suficiente, se les castiga irremediablemente a soportar una carga de trabajo suplementaria, si no quieren perder su destino y, por ende, su vida personal y profesional", agrega.

A modo de conclusión y en nombre de todo JUCIL, González Sequera, insiste en su oposición a esta reestructuración de SEPRONA asegurando que representa "un ataque a la esencia misma de nuestro servicio, rompiendo un modelo de éxito contrastado por otro eminentemente penal, que todavía tiene que demostrar eficacia y resultados". Por ello, la asociación insta a reconsiderar este plan de transformación y a que se trabaje de forma conjunta "para encontrar soluciones que beneficien a todos los implicados".

https://www.escudodigital.com/interior/ ... 1_102.html