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Muniouro escribió:La DGGC y tú, en vuestra línea, "ladran, luego cabalgamos".-
Eso en el panorama actual político se estila mucho. Como no soy el maestro del llanto y/o la antorcha humana, debo de ser aprogecero, verdad? Las críticas constructivas y, si no es mucho pedir, acordes a la realidad, por favor. Soy yo el único que alimenta el hilo del despliegue territorial y otros de índole problemática interna, por si no te habías dado cuenta.
Te recomiendo encarecidamente que prosperes, horizontal, verticalmente o ambas. Que veas otros sitios y no te estanques. Terminarás quemándote a tí y a todos los ingratos que te rodeen. La Guardia Civil no es sólo el puesto; aunque cueste mucho dejar el pabellón del que tanto nos quejamos y/o salir de la zona de confort, no?
Saludos, compañer@.
La Guardia Civil desafía a Defensa y pide eliminar las plazas que se reservan a militares
Asociaciones profesionales piden rebajar el cupo militar a la mitad para potenciar la entrada de más mujeres a través del acceso libre en las oposicionesevolución en la Guardia Civil contra los cupos en las oposiciones al Cuerpo. Si el pasado mes de diciembre la mayoría de asociaciones profesionales con representación en el Consejo del Instituto Armado se posicionaron en contra de la reserva de hasta un 40% de plazas a mujeres, ahora lo hacen contra las que se guardan cada año para miembros del Ejército. Se trata de otro 40% para militares de Tropa y Marinería, para los que su carrera, de no alcanzar la condición de soldado permanente, suele concluir a los 45 años.
El Gobierno, entonces bajo el mando de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la reserva de estas plazas en 2006 a través de la Ley de Tropa y Marinería. El punto 20.1 establece que el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar «se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas y puestos de carácter laboral de la Administración».
Uno de ellos, la Guardia Civil, que en los procesos selectivos debe destinar «al menos un 40% del total de plazas para aquellos y aquellas soldados que cuenten con un mínimo de cinco de años de servicio en las Fuerzas Armadas», señala la norma.
«No tienen ningún sentido»Pese a que para la mayoría de los ciudadanos tal vez este cupo ha pasado desapercibido, los guardias civiles llevan años intentando reducir las plazas que se reservan para militares. Más ahora, cuando se pretende potenciar el acceso de más féminas en el Instituto Armado. En las oposiciones de 2022 al Cuerpo, por ejemplo, se guardaron 669 plazas de 1.671 a miembros del Ejército.
«Llevamos años, no solo ahora, pidiendo en los grupos de trabajo del Consejo de la Guardia Civil que se reduzcan a la mitad las plazas para el Ejército. Entendemos que con el cupo intentan dar salida a estos profesionales con 45 años, pero no tiene ningún sentido reservar tantas plazas. Menos ahora cuando se intenta potenciar la presencia de mujeres. De los que entran por acceso libre, ellas son las que mejores notas suelen obtener, pero muchas se quedan fuera porque no hay plazas suficientes», revelan a THE OBJECTIVE altos mandos de la Benemérita.
Lo que proponen, indican las mismas fuentes, es que la reserva de plazas se reduzca un 100%, es decir, que pase a un 20%. De este modo, continúan, «habrá más plazas para quienes se se presentan por el acceso libre, que cada vez son más mujeres». «Esta sí es una buena solución para que entren más funcionarias a la Guardia Civil, y no poniéndoselo más fácil en las oposiciones, como se pretende con el cupo», explican.
División con el cupoEl cupo de hasta el 40% de plazas que el Ministerio del Interior quiere reservar para mujeres en las futuras oposiciones de la Guardia Civil hasta 2030 no solo ha creado división en el seno del Cuerpo, sino también entre las propias agentes. Por un lado, están las que defienden la necesidad de dar la vuelta a un sistema «masculino» y «viciado» en el que la mujer sigue encontrándose con importantes problemas para trabajar, ascender y recibir condecoraciones. Por otro, las que sostienen que la igualdad en el acceso debe primar frente a todo lo demás.
En diciembre, el Consejo de la Guardia Civil, con la mayoría de asociaciones profesionales en contra, aprobó el cambio en la Ley de Personal para su posterior tramitación parlamentaria. Se trata de una cláusula por la que las mujeres tendrán preferencia sobre los candidatos siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%.De este modo, el Ministerio del Interior pretende apuntalar una igualdad «real y efectiva» en un Cuerpo en el que las mujeres no llegan ni al 9% de la plantilla, y que tiene aun mayor déficit en la escala de mandos.
«Nos deja por debajo del resto»¿Es la medida adecuada para conseguirlo? ¿Es efectiva? Una parte de las agentes difiere. En conversación con este periódico, aseguran que ponérselo más fácil a la mujer no es el camino correcto. «No le ayuda en ningún caso, sino que deja su actuación como guardia civil por debajo de la del resto», critican. «Nosotras no queremos que nos regalen nada, tampoco que nos pongan zancadillas, simplemente queremos ser uno más», señala otra funcionaria.
También temen que el cupo lleve a la Guardia Civil a quienes quieran cubrir una cuota, y no a los más preparados. «Nuestro trabajo demanda ser las personas más preparadas», apuntan. Si bien no defienden la reserva de plazas, estas agentes admiten que la proporción de mujeres en el Instituto Armado es muy baja frente a otros cuerpos policiales.
Por este motivo, este grupo de guardias civiles plantea otras medidas que, a su juicio, sí serían más efectivas. Su reflexión versa en que las condiciones laborales que, en muchas ocasiones, plantea la Guardia Civil son las que realmente alejan a la mujer del Cuerpo. «Hay muchos puestos en poblaciones pequeñas y eso complica la conciliación; lo mismo ocurre con los turnos, conocemos nuestros horarios con un mes de antelación. Se necesitan más cambios en estos aspectos para incentivar el acceso, y no otros», coinciden.
El cupo «masculino» de DefensaDesde una perspectiva completamente distinta, otras agentes defienden a ultranza el cupo femenino. Una medida «necesaria», apuntan, para dar la vuelta a un «sistema masculino» y que, pese a los cambios de los últimos años, «sigue viciado». La prueba está, argumentan, en el diagnóstico de situación que la Guardia Civil publicó en 2019. Un informe que muestra cómo pese al aumento de mujeres en la plantilla, siguen estando peor valoradas.
Las entrevistadas coinciden en que se sigue evaluando a las agentes «desde el prisma masculino». «Es un sistema, en teoría, muy equitativo, pero en la práctica, nos evalúan como si fuésemos hombres. No existe otra conciencia. Uno de los ítems, por ejemplo, es la autoridad. ¿Cómo valoras eso? ¿Que haya distancias? ¿Que no haya apenas relación? Siempre salimos mal paradas, cuanto más arriba peor valoradas. Estos informes personales están luego vinculados a destinos, ascensos, a hacer cursos… », denuncian. Estas funcionarias creen que una mayor presencia de la mujer daría la vuelta a ese modelo.
En la misma línea que las asociaciones profesionales, estas funcionarias, además, muestran su estupefacción con que se critique la reserva de hasta el 40% de vacantes para mujeres, cuando existe desde hace años un «cupo masculino» en los procesos selectivos. «Nadie se atreve a criticar el 40% de plazas que se reserva cada año para militares. Teniendo en cuenta que solo hay un 10% de mujeres en el Ejército, es una cuota prácticamente para hombres», denuncian.
https://theobjective.com/espana/2023-02 ... militares/Ernesto Vilariño (Jucil): «La Administración pretende que la Guardia Civil sea una policía ‘low cost'»«La Administración pretende que la Guardia Civil sea una policía ‘low cost'». Así lo denuncia Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita.
«Estamos dando un servicio a la sociedad igual que un policía autonómico, pero cobrando 600 euros menos, con menos material y cada vez con menos competencias», explica.
La principal reivindicación de esta asociación es la equiparación salarial «en todos los sentidos, tanto en activo como en jubilación».
Vilariño tiene 31 de años de servicio en la Guardia Civil. Entró en el Cuerpo en 1992.
En la actualidad presta servicio en el destacamento de Tráfico de San Vicente de la Barquera (Cantabria).
Es secretario general de Jucil desde finales de 2019. La asociación se ha convirtió en la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil en octubre de 2021, al conseguir seis de los 16 vocales en sus primeras elecciones al órgano de interlocución entre las asociaciones y la Dirección General.
¿Qué es lo que preocupa a Jucil y cuáles son sus reivindicaciones?
Nosotros nacimos del movimiento Jusapol con la reivindicación de una deuda histórica que tienen todos los gobiernos con nosotros de equipararnos con policías autonómicos desde hace 30 años.
A pesar de la subida salarial que se ha producido en estos dos últimos tres años, seguimos teniendo actualmente una diferencia respecto a los policías autonómicos de entre 600 y 700 euros.
Pero es que esto se agrava en el caso de las pensiones. Para empezar, nos jubilamos con 65 años, no como ellos que, además, tienen reconocida la prejubilación con todos los derechos. Se van a su casa sin perder poder adquisitivo.
En cambio, un policía nacional o un guardia civil pierde en la pensión entre los 800 o 1.000 euros respecto al sueldo en activo, dependiendo de los destinos.
La equiparación es algo que nos corresponde.
«Los policías nacionales y guardias civiles perdemos entre 800 y 1.000 euros al jubilarnos respecto al sueldo en activo, dependiendo del destino»
Policía Nacional y Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas por los españoles. Sin embargo, son las instituciones peor tratadas, por todos los gobiernos, no solo por este.
La administración pretende que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean policías ‘low cost’.
Estamos dando un servicio a la sociedad, igual que un policía autonómico cobrando 600 euros menos, con menos material y cada vez con menos competencias. Se nos está sacando de Cataluña y de algunas Comunidades Autónomas, en el caso de los compañeros de Tráfico en Navarra.
¿Han conseguido arrancar algún compromiso a este Ejecutivo sobre el tema de la equiparación?
Lo que ha hecho es llevar a efecto un acuerdo firmado en 2018 por asociaciones y sindicatos, en el que nosotros no estábamos presentes porque Jucil y Jupol no estábamos aún formados como asociación ni como sindicato. Por tanto, no le pudimos arrancar nada porque no estábamos entonces.
Este Ejecutivo lo único que ha hecho ha sido llevar a cabo ese acuerdo.
¿Y eso económicamente cuánto ha supuesto?
Unos 500 o 600 euros, más o menos, pero aún así las diferencias salariales con Mossos d’Esquadra y Ertzaintza siguen siendo las mismas que hace tres años. Estamos igual.
La reivindicación sigue en pie, porque entendemos que no han cumplido ni unos ni otros.
¿Qué otras reivindicaciones hacen?
Principalmente, jubilarnos en las mismas condiciones que policías autonómicos y locales: con la misma edad que ellos y, además, sin perder poder adquisitivo.
Como decía, perdemos entre 800 y 1.000 euros, dependiendo del destino.
Ponga un par de ejemplos.
En el caso de la Guardia Civil, un componente que esté en la agrupación de tráfico pierde 900 euros de activo a jubilado. Es una barbaridad, es muchísimo dinero.
Un compañero que esté en Seguridad Ciudadana pierde 800 euros.
«Policía Nacional y Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas por los españoles. Sin embargo, las peor tratadas por todos los gobiernos»
Con esta pérdida de poder adquisitivo de 800 o 1.000 euros de trabajar a no trabajar, lo que han conseguido es que la reserva activa, a la que podemos pasar con 56 o 58 años, la han eliminado.
Porque un compañero que esté destinado en cualquier puesto de Seguridad Ciudadana, que está ganando entre 2.100-2.200 euros, en reserva, se vaya a su casa ganando 1.500 o 1.600 euros… La diferencia de dinero es de 600 a 700 euros, por lo que no se van.
Esa es nuestra principal reivindicación: la equiparación salarial en todos los sentidos, tanto en activo como en jubilación.
Cambiando de asunto, de la Ley de Seguridad Ciudadana llevan tiempo advirtiendo de las consecuencias perniciosas, que a su juicio, conllevan las modificaciones que se pretenden realizar…
Efectivamente, la Ley de Seguridad Ciudadana nos preocupa mucho.
Jucil entregó al ministro del Interior, a la Secretaría de Estado, a todos los grupos parlamentarios y a la Dirección General de la Guardia Civil un informe que hicimos con la Universidad San Pablo CEU de qué es lo que nos preocupaba de esta reforma.
Hay reformas que no tienen calado, pero esta en concreto entendemos que ata de pies y manos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
«La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ata de pies y manos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad»
Aunque somos los más afectados por esta modificación de la Ley, porque es la herramienta de trabajo por la que la Policía y la Guardia Civil hace frente a la delincuencia, ¿quién va a pagar al final los platos rotos de todo esto? La sociedad.
Nos quitan una herramienta de trabajo que es importante con la que los agentes hacemos que esta sociedad sea más segura, dentro de la delincuencia que hay ahora, que es más complicada que la de hace 10 años.
¿Y esto a qué cree que se debe?
Las cuestiones políticas no las sé. Policialmente, lo que puedo decir es que esa reforma es un atraso, un mal paso para la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para que un Estado funcione, tiene que tener tres pilares básicos: Uno es la Educación, otro es la Justicia, y otro, la Seguridad. Pero sobre todo la Seguridad. Si no hay Seguridad, no hay Justicia. Si no hay Justicia, no hay Educación.
¿Por qué de aprobarse esa reforma se les va a atar de pies y manos?
Nos preocupa que se elimine el tener que comunicar una manifestación.
Una manifestación, por muy pacífica que sea, necesita un dispositivo de seguridad. Para hacer ese dispositivo, necesitamos saber asistentes, el trayecto, si va a tener paradas o no y cuánta gente de seguridad debe llevar.
«En el momento en el que se elimina la necesidad de comunicar una manifestación, se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía»
El manifestarse es un derecho fundamental, pero también lo es la libertad de movimiento. Si tú vas a cortar una calle, una carretera nacional o una autovía y no lo tienes que comunicar, no se puede tener un dispositivo de seguridad que garantice un poco de seguridad a la ciudadanía.
Esta es una de las cosas que me parecen más sangrantes, porque está poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Con una manifestación pacífica no hay ningún problema, pero como sea de las que acaban con quema de contenedores, cortes de carreteras, agresiones, cargas policiales…
¿Qué están haciendo? Dando vía libre para que cada uno haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sin comunicarlo a nadie.
Una vez que se producen los altercados, ¿quiénes son los que van a poner orden? Policía y Guardia Civil. Imaginemos un partido de fútbol de alto riesgo en el que no hubiera Policía.
¿Qué más asuntos les preocupan?
Varios. Por ejemplo, la aplicación del Código Penal Militar, una normativa arcaica, anacrónica.
Es una ley accesoria al Código Penal. Se nos debería aplicar solo cuando estemos en misiones militares, pero no en funciones policiales.
¿Y qué reclama frente a esto?
Que no se nos aplique en nuestras funciones policiales, que son las que hacemos en el 95% de nuestras actuaciones, y mucho menos en el ámbito privado.
Hay compañeros que están entrando en prisión militar por enfrentamientos con jefes o con otros agentes en la vida privada. Hay un Código Penal que tiene una ley, tenemos un régimen disciplinario que castiga estas conductas, pero se nos está aplicando el Código Penal Militar, en nuestra vida privada.
¿Cómo le explico yo a mi hija que voy a la cárcel por decirle a un jefe una palabra que él considera malsonante o que considera un insulto, cuando hay gente que no está entrando en prisión por atracar un supermercado, por ejemplo?
¿Cómo están de plantilla?
No hay personal suficiente para cubrir las necesidades a día de hoy. Actualmente, estoy recorriendo varias comandancias y en todas hay el mismo problema: la falta de personal.
Estamos planteando una reorganización de la Guardia Civil.
Cada año se saca convocatoria, pero la tasa de reposición que tenemos ahora, que está en torno al 110%, es insuficiente, porque los compañeros se van jubilando.
¿Pocos y con plantillas envejecidas?
Sí. Yo tengo 50 años, dentro de 6 años podría acceder a la reserva; pero hay compañeros que tienen 56 o 57, que en un periodo de 10 años se van a ir; y ya hay gente que se está yendo porque ya ha llegado a los 65 años y se retira.
Las promociones que se hacen son insuficientes. Aunque hagan promociones de 3.000 o 4.000 agentes, si se van 5.000 vas teniendo una merma anual de entre 400 o 500 compañeros. A lo largo de los años estamos hablando de 5.000 personas.
Si eso lo plasmas en las unidades, hay algunas que no pueden abrir por falta de personal, lo que denominamos «las unidades fantasmas, los puestos fantasmas», o puestos que abren a un día o dos a la semana o solo por las mañanas o por las tardes.
A eso hay que sumarle también que ahora se están creando los equipos de Viogen, -«los equipos @», de investigación, lo cual nos parece excelente, pero esos puestos tienen que ser unidades operativas. Es decir, que tengan sus vacantes, que sean vacantes propias. No que se mermen las unidades de Seguridad Ciudadana.
¿Qué es lo que ocurre? Que se está quitando gente de puestos que son necesarios y no pueden dar el servicio a la sociedad como deberían hacerlo. Segundo, al hacer esta merma, tenemos que cerrar puestos.
¿Y ustedes qué plantean?
Lo que nosotros proponemos a la Dirección General, que ya nos ha dicho en varias ocasiones que no, es una reorganización territorial. Es decir, el cierre de unidades.
Mejor una unidad con 200 efectivos que 10 puestos con 20 y que no puedan abrir. Mejor uno grande.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, flanqueado por Aaron Rivero, secretario general de Jupol (a la izquierda) y Miguel Borra, presidente de CSIF, sindicato con el que estas organizaciones surgidas de Jusapol acordaron un frente común «ante el deterioro de las condiciones laborales de policías, guardias civiles y del conjunto de los empleados públicos». En la imagen, en una concentración el pasado 25 de mayo, en Madrid, frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
¿Cómo están de medios y vestuario actualmente?
Tenemos coches muy antiguos, con una barbaridad de kilómetros.
Luego está el tema de los vehículos eléctricos, las motos, con una autonomía media de unas cuantas horas. Esa autonomía que nos están dando los fabricantes es sin la utilización de luces, de calefacción, y hay que recordar que nuestros vehículos llevan aparatos especiales que tiran de electricidad, como las emisoras, los puentes, las sirenas… No son adecuados para un trabajo policial.
En cuanto al vestuario, la queja es la lentitud con la que llega a las unidades. Reclamamos que las prendas que uno solicita se suministren de forma más rápida. Si se te raja la suela de las botas, necesitas recambio, no puedes hacer servicios de nieve con zapatitos, por ejemplo…
En el campo de Gibraltar, Cataluña, País Vasco, Navarra y Ceuta y Melilla tienen una situación peculiar, por el hostigamiento de algunos a los agentes, el narcotráfico o los saltos a la valla. ¿Cuál es la solución?
Al ministro del Interior le hemos pedido ya en varias ocasiones que en Cataluña y el Campo de Gibraltar se reconozca como Zona de Especial Singularidad y a los compañeros destinados ahí se les dé un plus económico.
En Cataluña, por la situación social que todos conocemos, son comandancias de paso. La gente está uno o dos años y se va. ¿Esto qué implica? Que no es una plantilla estable.
Segundo, que van compañeros jóvenes, recién salidos de la Academia, y que cuando pueden, se van. No tienes una plantilla estable, con la experiencia necesaria para atender al ciudadano.
Se les debería de dar una partida económica, de plus interno para incentivar el permanecer tanto en Cataluña como en el Campo de Gibraltar.
Por otra parte, los saltos a la valla son cada vez más frecuentes y más violentos, y se saldan con compañeros heridos. En este caso, solicitamos la creación de una unidad específica, tanto en formación como en material, para vigilar estos asaltos.
No puede ser que esos asaltos sean de una violencia inusitada, que los compañeros no puedan actuar porque se les criminaliza y estén sufriendo agresiones graves. A un compañero le dieron con un gancho en el cuello y no falleció de milagro, a otros les rompen los cascos…
También reclamamos que los agentes, además de reconocérseles el delito de atentado a la autoridad cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP), también estén amparados ellos y sus familias cuando ocurra fuera del acto de servicio, como delito de odio.
¿Qué plantea contra el problema social de los suicidios de los agentes? Entre Policía Nacional y Guardia Civil, en 2022 se suicidaron 22 agentes.
La tasa de suicidios en la Guardia Civil es muy superior a la que hay de media en la sociedad española. Hay unos planes, pero está visto que no tienen el resultado que se desea.
Hemos solicitado armeros individuales, ya en dos ocasiones, para que los compañeros una vez terminen el servicio depositen su arma en ellos y no se la puedan llevar a su casa. También hemos pedido que se externalicen los servicios psicológicos.
«Reclamamos armeros y que se externalicen los servicios psicológicos para combatir los suicidios»
Acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, desgraciadamente, sigue estando estigmatizado. Pero aparte de eso, cuando uno se enfrenta ante una entrevista psicológica es frente un compañero, en este caso, que tiene graduación, como puede ser un capitán, un comandante, un teniente, un sargento…. Si el problema que uno tenga de base, el que sea, se ve agravado porque el jefe de su unidad no le da el apoyo que necesite-… Entendemos que una manera de combatir esto sería externalizar el servicio.
Así, que un agente, cuando tenga un problema, no tenga que hablar con un jefe, que precisamente puede ser uno de los orígenes de la problemática que tenga.
¿Y qué dice de la Ley de Personal? El 40% de las plazas de acceso a la Guardia Civil tienen que ser de género femenino…
Independientemente de que la nota de corte sea un 8, si ese 40% no se cubre por mujeres, un opositor que saque de media un 10 no entraría, sino una mujer que haya sacado menos.
«Nos parece una discriminación que el 40% de las plazas de acceso a la Guardia Civil tienen que ser de género femenino… Es una ley inconstitucional»
Debe ser en base a mérito y capacidad, como dice el Estatuto del Empleado Público. La Constitución señala que ninguna persona puede ser discriminada por raza, ideología o sexo. En este caso, creemos que hay una discriminación, y que esta ley es anticonstitucional.
Como ha sido aprobada, no podemos recurrirla, eso lo puede hacer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, las Comunidades Autónomas o 50 senadores o diputados. Lo que sí vamos a hacer es recurrir todas las convocatorias que se acojan a esta ley. Además, vamos a dar el asesoramiento legal a todo aquel opositor que se vea agraviado.
¿Qué temas llevan en su asesoría jurídica?
La ley de personal; el abono de los descansos, que se acumulan y no se están disfrutando; también damos amparo a los opositores que se vean agravados; también tenemos en los tribunales el código de conducta, que invade la vida privada de los agentes, que también creemos que es anticonstitucional.
Tenemos mínimo un despacho de abogados por provincia. Además, el Comité Ejecutivo Nacional tiene tres abogados -un penalista y dos administrativos en derecho militar-. La cobertura jurídica que tienen nuestros asociados es muy buena, muy extensa. Tienen un seguro de haberes que cubre hasta 2.500 al mes, en el caso de pérdida de haberes, ofrecemos también un seguro de accidente gratuito…
¿Algún llamamiento a la ciudadanía?
Nosotros nos debemos a la ciudadanía y tenemos que defender el Estado de Derecho.
Se nos están atando de pies y manos con una ley de Seguridad Ciudadana que no es razonable, y se está maltratando a las dos instituciones mejor valoradas por los ciudadanos.
Queremos que la ciudadanía sea consciente de lo que están haciendo con su Policía Nacional y su Guardia Civil.
Los ciudadanos tendrían que empezar a hacerse preguntas: ¿Por qué hacen estas modificaciones? ¿Quién es el beneficiado? Tienen que empezar a pedir responsabilidades al Gobierno por lo que están haciendo con ambos Cuerpos.
Nosotros seguiremos sirviendo al ciudadano con las herramientas que nos den, con la dedicación y vocación que hemos tenido siempre.
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Publicado: Jue, 09 Feb 2023, 11:41
