FORO POLICIA

Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

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«Este cuartel es una ruina». Esta frase la pronuncian a diario cientos de agentes de la Guardia Civil por todo el país. A pesar de que el Gobierno asegura que va a invertir cientos de millones de euros en un plan de mejora de las infraestructuras, los sindicatos del cuerpo se quejan de que el estado actual de muchos edificios es de precariedad absoluta.

Grietas, desconchones, tejados de materiales tóxicos, falta de intimidad en los vestuarios femeninos… la lista de defectos es inmensa. «La situación general actual es de abandono. Ocurre en más de un tercio de los 2.000 cuarteles que aproximadamente existen en el territorio español», lamenta en declaraciones a OKDIARIO José Manuel Manrique, portavoz de Profesionales Guardias Civiles (PGC).

Este representante de los guardias civiles subraya que los desperfectos en las instalaciones «conlleva a la renuncia sistemática de las plazas por parte de los posibles agentes adjudicatarios». En los casos de miembros del Cuerpo que sí entran a trabajar en estos cuarteles se enfrentan a «algunos jefes que estrangulan la normativa para tener subyugado al adjudicatario, dificultando la conciliación familiar».

Preguntado por las razones que explican ese nivel de deterioro en las dependencias, Manrique lamenta: «Abandono, pasotismo, falta de preocupación e inversión por parte de la Administración».

Llegados a este punto comenta que se debería «regular, con claridad, una normativa de uso y disfrute de los pabellones oficiales». Cree que se han de extremar los controles, aspectos como «la recogida y entrega del inventario del cuartel», que «se comuniquen los defectos existentes a tramitar oportunamente para su subsanación por la administración responsable» y que «no se declaren las dependencias como inhabitables de forma automática para poder despreocuparse de esa vivienda».

Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también muestran su pesar con esta situación. Hablamos con un representante sindical de la Comunidad Valenciana. Explica que en municipios como Benissa (10.000 habitantes) «no hay vestuarios para compañeras, no hay taquillas para todos, lo coches están fuera sin seguridad». Todo ello ha llevado a que se plantee el cierre total de la unidad.

Del mismo modo, en Jacarilla hay «goteras en el vestuario, en los archivos y en los pabellones (las viviendas de los guardias)». La AUGC reseña que «ha habido ya varias roturas en las tuberías de las viviendas causando elevadas facturas a los agentes a causa de las derramas de agua, provocadas por la antigüedad del acuartelamiento y su falta de mantenimiento». Este cuartel es de 1920, el interior del techo es de paja. «Está todo con humedades», lamentan.

En Gata de Gorgos, el cuartel está situado en «una calle cuesta bajo y sin salida, no existe rampa para minusválidos», denuncia en el mismo sentido. También apuntan a una escalera de caracol de madera para bajar a los vestuarios, que «cruje cada vez más y en cualquier momento puede pasar una desgracia». «Este tipo de escaleras están prohibidas por la legislación de riesgos laborales», recuerda. En este edificio tampoco existe vestuario de mujeres, «sólo unas taquillas que dividen dos espacios con una tela roja».

Del mismo modo, en la conocida ciudad turística de Denia hay «deficiencias en el techo, sobre todo en el aseo de los vestuarios». También esta precariedad generalizada está en el destacamento de Tráfico de Torrevieja con un techo de amianto, un material cancerígeno. «Tras varias denuncias al respecto continuamos igual. El destacamento de Tráfico de Alicante también tiene unos vestuarios «demenciales». «Son una ratonera», lamentan.

«Existen varios cuarteles que aún no disponen de sistema seguridad de videovigilancia. Otros aún siguen sin rampa para minusválidos, sin vestuarios o aseos femeninos como tales, se sigue incumpliendo diversa normativa en prevención de riesgos laborales, no se dispone ni tan siquiera de algo tan elemental como sillas ergonómicas para las labores de oficina», relata el portavoz de la AUGC. Este agente explica que lo ha denunciado «en varias ocasiones y hasta en Inspección de Trabajo» y sólo se encuentra con la críticas de sus superiores.

También en Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, o en Ferrol, en La Coruña, la situación es crítica como se puede ver en las fotografías que publica OKDIARIO. Las dependencias amenazan colapso, los escombros se apoderan de los cuarteles de la Guardia Civil.

Desperfectos en el cuartel de Villasana de Mena.

«En definitiva hay una gran falta de personal y medios en las instalaciones y esto además de dificultar o poner en riesgo la seguridad de los agentes, también está siendo percibido de mala forma por los ciudadanos y más teniendo en cuenta esta zona costera con gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros», zanja.

A pesar del abandono de los cuarteles, llama la atención que el Ministerio del Interior no lleva una contabilidad de cuánto ha invertido ya en los últimos años para poner fin a estas carencias graves. Así lo indica el departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska en una respuesta oficial a OKDIARIO requerido por la Ley de Transparencia.
https://okdiario.com/espana/goteras-ami ... er-8222667

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La proteccion ideal

materialpolicial.com

Juan (nombre ficticio por miedo a represalias) es guardia civil. Acaba de empezar su jornada laboral en el cuartel en el que está destinado en Campo de Gibraltar, una comarca de Cádiz a la que pertenece la Bahía de Algeciras, la puerta de entrada de la droga del sur por su singularidad y su cercanía a Marruecos. Es jueves a media tarde y el grupo de élite lleva desde las ocho de la mañana en una macrooperación contra el tráfico de drogas. "Es una de las tantas" que, dice, hay "día sí y día también". Las cifras impactan: 150 agentes desplegados en seis puntos de una de las barriadas de la zona. El objetivo es el clan del Titi, un histórico del narcotráfico campogibraltareño que ya había sufrido otras operaciones, pero seguía funcionando. "En dos horas me toca patrullar, así que imagínate lo que me toca", sentencia.
Agentes de la Guardia Civil en la Línea de la Concepción (Cádiz), en la macrorredada en diversas comarcas andaluzas, especialmente en el Campo de Gibraltar, contra una red internacional de tráfico de hachís liderada por el clan de Los Castaña. Agentes de la Guardia Civil en la Línea de la Concepción (Cádiz), en la macrorredada en diversas comarcas andaluzas, especialmente en el Campo de Gibraltar, contra una red internacional de tráfico de hachís liderada por el clan de Los Castaña.EFE

Hay desidia en sus palabras. Ese "imagínate lo que me toca" esconde, según cita después en conversación con 20minutos, todo tipo de agresiones: desde insultos hasta golpes. "Nos tiran piedras, nos hacen emboscadas, con pistolas de paintball nos disparan tornillos... Estamos vendidos", expresa.

Y es que, los guardias civiles allí destinados son pocos y, según denuncia, están mal protegidos. Esto provoca que incluso les lleguen a localizar y les agredan cuando están fuera de servicio. Es una de los motivos por los que él, por ejemplo, vive fuera de la Línea de la Concepción aunque esté destinado allí. Todo ello provoca un desgaste en los agentes que hace que casi ninguno quiera seguir en Campo de Gibraltar. "Mis compañeros están deseando volver al norte y yo me lo he planteado", continúa. Cuenta que cualquiera de sus anteriores destinos ha sido mejor porque la Bahía de Gibraltar es su "peor destino".

Mis compañeros están deseando volver al norte y yo me lo he planteado



La cuestión es el por qué de la peligrosidad en la zona. Según Agustín Leal, portavoz de Jucil, cada año los narcotraficantes tienen "más recursos" y es "más difícil luchar contra ellos" si la legislación no se va adecuando. Además, van añadiendo trucos y ampliando su arsenal. Sus coches, por ejemplo, están blindados. "Si ven un control, pasan por encima. Lo llaman 'chapa contra chapa'", resume.

Esta situación la corrobora Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En conversación con este diario, recuerda que llevan "años" denunciando esto. "La gente no quiere que se les destine allí", resume. Por ello, desde ambas asociaciones han pedido al Gobierno que declare Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, una figura jurídica que esconde mejores retribuciones y más seguridad para los agentes y que ya se aplica en otros territorios de la península. Es el caso del País Vasco.
Agentes de la Guardia Civil en una de las operaciones en Campo de Gibraltar. Agentes de la Guardia Civil en una de las operaciones en Campo de Gibraltar.EUROPA PRESS
Promesa pendiente del Gobierno

La cuestión no es nueva para el Gobierno. Es más, es una promesa que han estado cerca de llevar a cabo, aunque siempre se ha quedado en papel mojado. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en verano que su departamento estudiaba la propuesta. Lo comunicó el 7 de junio, cuando se cumplían cuatro años de la muerte de Víctor Sánchez, un agente de 46 años que falleció en una persecución a una moto de contrabando.

En octubre, fue la directora de la Guardia Civil, María Gámez, la que afirmó que el Ministerio estaba "estudiando" la aplicación de "beneficios o incentivos" para los agentes destinados en Campo de Gibraltar, así como la dotación de más medios. En cambio, fuentes ministeriales consultadas por este diario señalan que siguen sin tomar una decisión al respecto.
Datos sobre delincuencia y paro en Campo de Gibraltar. Datos sobre delincuencia y paro en Campo de Gibraltar.Henar de Pedro
Las operaciones antidroga aumentan un 53%

Con todo, cierto es que pese a que no se ha declarado la Zona de Especial Singularidad, el Ejecutivo sí ha llevado a cabo varios planes para mitigar la criminalidad. Primero, con el ministro José Ignacio Zoido, del PP, se reforzó la seguridad en la comarca y, con la llegada de los socialistas en 2018, se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Nada más tomar posesión de su cargo, el ministro Marlaska acometió este dispositivo para intensificar la seguridad en el Campo con un presupuesto de más de siete millones de euros. En 2020, las actuaciones se ampliaron a los municipios de Cádiz, Huelva y Málaga y, a finales del mes de julio, el Ejecutivo decidió que estuviera vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Todo ello se acompañó de la compra de diverso material policial, tal y como informó 20minutos.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio, entre julio de 2020 y mayo de 2021 las operaciones policiales aumentaron un 51% respecto al año anterior: se realizaron 4.745. Las operaciones que más crecieron fueron las destinadas a la lucha contra el narcotráfico, que subieron un 53%. Las dirigidas a combatir el blanqueo de capitales lo hicieron un 42%. En el mismo período se intervinieron 457,9 toneladas de droga, un 1% más que el año anterior: casi el 92% del material intervenido fue el hachís, seguido de la cocaína (cerca de un 5%) y de la marihuana (3,5%).
Un problema social


Con todo, asociaciones de vecinos de la zona llevan años pidiendo no solo más incentivos para la policía, sino para el resto de funcionarios de la zona y, sobre todo, un plan para atajar el problema de raíz. Y es que, la gran penetración del narcotráfico en Campo de Gibraltar no se entiende sin, por ejemplo, mirar las cifras del paro. En los cuatro municipios que rodean la Bahía de Algeciras no baja del 25%. En Los Barrios es del 25,46% y en La Línea de la Concepción roza el 35%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En Algeciras es del 29% y en San Roque, del 27%. En Madrid es del 10% y en Barcelona, del 7%.
Archivo - El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una foto de archivo. El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una foto de archivo.AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

Es por ello que el principal impulsor de la petición de más medidas sociales es el alcalde de La Línea, Juan Franco. "Tenemos un problema social de fondo muy grave. Pueden mandarnos a la Legión, seguir aprehendiendo droga y deteniendo a gente, pero Marruecos está a 20 kilómetros, el 10 por ciento de su PIB viene de la producción de hachís y la droga tiene que entrar por algún lado. Pasa por aquí para distribuirla al resto del territorio nacional y europeo. Mientras haya un sustrato de población que no tiene recursos, con unos niveles de formación bajísimos y que no encuentra alternativa laboral, no habrá solución", señaló en declaraciones a la prensa recogidas por el diario ABC después del último estallido social en La Línea, que ocurrió en mayo.

Entonces, fallecieron dos hombres de 51 y 19 años en el mar, cuando presuntamente acometían una operación de trasvase de combustible para narcolanchas. La aparición de audios en las redes sociales en los que se culpaba a los agentes de la Policía y de la Guardia Civil fueron el detonante de una oleada de violencia que nadie quiere volver a vivir.
https://www.20minutos.es/noticia/492110 ... gibraltar/

intervencionpolicial.com

Los 13 millones en droga del narco que ‘cazó’ la Guardia Civil

El Instituto Armado en Ceuta intervino más de 7 toneladas de hachís en 2021, en el transcurso de varias intervenciones y con Tarajal cerrado. Además decomisaron más de 150.000 pastillas desembarcadas

La Guardia Civil intervino el pasado año más de 7 toneladas de hachís en distintas actuaciones contra el narco. Más de siete toneladas en tiempo de pandemia y con la frontera que separa Ceuta de Marruecos clausurada, lo que se ha traducido en un menor trasiego de vehículos cargados de droga rumbo a la Península. Si traducimos esos kilos en dinero, el daño en pérdidas que se ha hecho a los encargados de alimentar el negocio del narcotráfico se valora en unos 13 millones de euros. Las actuaciones del Instituto Armado marchan en esos dos caminos: desarrollar el mayor número de decomisos y liderar investigaciones contra el blanqueo de capitales para poner contra las cuerdas a los narcos.

En este recién abandonado 2021, un repaso a la hemeroteca de El Faro de Ceuta deja buena muestra de las intervenciones destacadas. La más importante fue sin duda la llevada a cabo el 20 de abril, cuando componentes del Servicio Marítimo pudieron recuperar 1.100 kilos tras una complicada persecución a una narcolancha. No hubo detenciones, pero sí se pudo intervenir buena parte del cargamento abortando la ruta del Estrecho que habían emprendido. En otra narcolancha, y contando con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Benemérita se hizo con 560 kilos de esta misma droga el 30 de abril, solo unos días más tarde.

Pases en dobles fondos de turismos, fardos introducidos a nado por los llamados motores humanos o pequeñas cantidades en cargas de narcodrones completan la hilera de aprehensiones. Pero sin duda, la más llamativa de todas ha sido la llevada a cabo el pasado 16 de junio, cuando los agentes encontraron hasta 230 kilos de hachís en boyarines de una red de deriva. Y su hallazgo fue de lo más casual, cuando los ocupantes de una embarcación pesquera requirieron de la presencia de los guardias civiles ya que su red se había quedado enredada en la hélice del motor.

Algunos de los boyarines se habían abierto, dejando ver que contenían algo. Cuando los agentes los inspeccionaron se dieron cuenta que ese ‘algo’ era hachís. Nunca antes se había encontrado de esta forma. Y eso que el ingenio, cuando se trata de delinquir, se agudiza hasta el punto de haberse pasado droga dentro de pañales de bebé, entre aceitunas ‘camufladas’ con todo tipo de especies, embadurnadas de colonia o dentro de juguetes.

El cierre de la frontera, ejecutado en marzo de 2020, llevó a que se bloqueara una de las vías de traslado de drogas que hasta la fecha había funcionado mecida en el descontrol de no saber ni lo que entraba a Ceuta ni lo que salía a Marruecos. Así, la ciudad autónoma recibía kilos y kilos introducidos en coches o cargados por las miles de personas que cruzaban el paso a pie, suministrando los alijos repartidos en diferentes zonas.

La vía marítima se fortaleció con la salida de embarcaciones cargadas hasta los topes o mediante fórmulas que antes no se habían visto tanto como el empleo de los motores humanos. Con este término se identificó a los argelinos que, antaño, guiaban a los subsaharianos que no sabían nadar en su pase a Ceuta. Ahora lo que funciona es una persona que ejerce de motor para trasladar no a inmigrantes, sino fardos. Ha habido casos en los que se ha usado un propulsor real para lograr más velocidad.

Pero lo que verdaderamente ha sido destacado este año es otro tipo de delito contra la salud pública que no tiene al hachís de protagonista, sino a las pastillas. Y en esto sí que se ha batido récord en comparación con otros años, ya que en 2021 la Benemérita intervino más de 150.000 comprimidos de Rivotril, Trankimazin o Alprazolam.

Unas cifras nunca antes vistas que tienen una explicación. Son desembarcadas en Ceuta procedentes de la Península para alimentar el mercado de consumo en Marruecos, trasladándolas mediante narcodrones y alcanzando un precio que convierte su trasiego en rentable para la preparación del karkubi.

Cada vez son más los servicios llevados a cabo que se saldan con este tipo de comercio, algo que la propia Guardia Civil ya ha reflejado en sus informes internos, de los que se hizo eco este periódico.

El servicio más curioso: el hallazgo de más de 200 kilos de hachís en boyarines

Fue el 16 de junio cuando el Servicio Marítimo actuó para auxiliar a una embarcación cuya red de deriva había quedado atrapada en la hélice. Lo que no podían pensar es qué encontrarían en los boyarines de la red: hachís que alcanzó un peso de 230 kilos.

La pesadilla del verano, el empleo de embarcaciones náuticas

Fue el 13 de febrero cuando se detuvo a dos personas a bordo de una moto de agua, en donde ocultaban hasta 240 kilos de hachís. La Guardia Civil alertó del trasiego de todo tipo de embarcaciones que estaban siendo empleadas para ocultar la droga aprovechándose durante los meses de verano para echar mano de la mayor cantidad de personas en el mar. En esta ocasión tras una revisión exhaustiva se pudo dar con la cantidad de droga repartida en distintos paquetes que había sido escondida.

Decomisos que dan pie a posteriores investigaciones

Las intervenciones que se saldan con el decomiso de drogas dan pie a posteriores investigaciones para dar un paso más e ir hasta el fondo de los negocios que se esconden tras el tráfico de estupefacientes. En operaciones lideradas por el Instituto Armado se ha podido dar con la infraestructura que sostiene el negocio del hachís que genera importantes beneficios y permite otro delito paralelo, el del blanqueo de capitales para introducir en el circuito de lo legal lo que no tiene un origen lícito.

https://elfarodeceuta.es/millones-droga ... dia-civil/

un@ entre más escribió:Aeronaves, coches de lujo, joyas: la Guardia Civil golpea al narco donde más le duele

En estos tres años, las cantidades interceptadas a las redes del narcotráfico desmanteladas por OCON-SUR han sido similares a las incautadas en 2021, con lo que llegan a sumar cerca de 900 millones en total

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado.

La lucha policial para destapar estos fondos está dando sus frutos y golpeando a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de un total de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas del narcotráfico del Estrecho.

Unos 100 millones corresponden a propiedades inmobiliarias; otros 100 a aeronaves, vehículos en su mayoría de lujo, joyas, relojes y otros bienes de gran valor; alrededor de 50 millones han sido intervenidos en efectivo y los restantes 10 estaban depositados en cuentas corrientes o corresponden a propiedades a nombre de empresas.

Todo ello ha sido intervenido en las 160 actuaciones que la Guardia Civil ha desarrollado este año en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Almería, además de en la ciudad de Ceuta, en el marco del Plan Carteia que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2018 para luchar contra las mafias del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

Aquel plan buscaba, además de implementar los medios materiales y humanos para impedir la entrada de alijos de droga en las costas andaluzas, principalmente en Cádiz, atacar al narcotráfico donde más le duele, en sus inmensos beneficios.

"Lo importante es que de la cárcel salgan con una mano delante y otra detrás, no con una cantidad importante de dinero esperándoles y con la que pueden sentir que ha merecido la pena pasar tres años en prisión y seguir", dice a EFE un agente del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR) de la Guardia Civil, impulsado dentro del Plan Carteia.

Cerca de 900 millones de euros

En estos tres años, las cantidades interceptadas a las redes del narcotráfico desmanteladas por OCON-SUR han sido similares a las incautadas en 2021, con lo que llegan a sumar cerca de 900 millones de euros en total, sólo por la Guardia Civil, sin contar lo que ha destapado la Policía Nacional o la Agencia Tributaria.

"No puedo imaginar qué porcentaje suponen esas cantidades intervenidas del total de dinero que han obtenido los narcotraficantes. Si hemos cogido eso, qué no se nos habrá escapado", apuntan fuentes de la Fiscalía Antidroga.

Para muestra puede servir un botón: a los narcos más conocidos de La Línea de La Concepción, Francisco y Antonio Tejón, líderes del clan de "Los Castaña", se les calcula un patrimonio de 30 millones de euros, pero apenas se les han intervenido tres millones.

Las operaciones contra el narco realizadas este año confirman que las redes han diversificado y sofisticado sus métodos para blanquear el dinero negro, a través de sociedades mercantiles interpuestas, paraísos fiscales e incluso la inversión en criptomonedas.

"Se buscan asesores nacionales e internacionales para diversificar sus inversiones y dificultar el rastro del dinero", explica la fuente de OCON-SUR, que subraya que la "globalización" también ha llegado a estas redes criminales que ya "no entienden de fronteras".

"Ingeniarías" de lavado de dinero
Estas "ingenierías" de lavado de dinero conviven con los métodos tradicionales como la compra de décimos de lotería premiados, la creación de negocios "tapadera" o la compra de inmuebles y bienes, sin que se hayan abandonado métodos tan rudimentarios como esconder los billetes en una tubería enterrada en un jardín o debajo de la cama.

De hecho, el pasado mes de junio la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación Jumilla, en la que fueron intervenidos 1.600 kilos de cocaína que habían entrado en España a través del puerto de Algeciras; 28 personas fueron detenidas y se intervinieron 16,5 millones de euros, la mayor cantidad de dinero en efectivo incautada en España en los últimos diez años.

Al menos cinco de esos millones se encontraron bajo el canapé de una cama en una de las muchas viviendas que se registraron.

Árbol genealógico del dinero negro

Las investigaciones contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico se extienden a familiares y personas de confianza, que habitualmente prestan sus nombres para ser titulares de los negocios más dispares o chocantes, como lo fue que una mujer de 62 años, madre de uno de los hombres de confianza de "El Doro", un narco de Sanlúcar de Barrameda detenido este mes, se convirtiera, sin ninguna experiencia, en promotora de un concierto de Nicky Jam en la localidad.

De hecho algunos han tomado precauciones curiosas, como el narco que tenía muchos de sus bienes a nombre de sus padres, muy mayores, y preparó el testamento de sus progenitories para asegurarse de que sus posesiones volvieran a él y no fueran repartidas entre sus hermanos.

Las argucias continúan mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía Antidroga tratan de agilizar las investigaciones para descubrirlas y castigar el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyas penas pueden llegar a los seis años de prisión, cuatro más que si el delito se cometiera con fondos que no procedieran del negocio de la droga

El dinero del narco

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, se encarga, además de a auxiliar a los jueces y fiscales en la localización de patrimonio de las organizaciones criminales, de gestionar el dinero en efectivo y los bienes que les son intervenidos y que sirven, una vez subastados o vendidos, para financiar el Plan Nacional sobre Drogas.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, dedicada a la lucha contra las drogodependencias en el Campo de Gibraltar, se muestra satisfecho de que en estos últimos años se persiga más en profundidad los beneficios del narcotráfico: "Ahí es donde más daño se le hace, porque quien se dedica a esto lo hace por dinero" y se congratula de que se haya empezado a erradicar "la ostentación" con la que los narcos hacían gala de su situación económica.

Ahora hay que disimular más, porque esta misma ostentación es la que ha llevado a muchos narcos a caer en las investigaciones policiales y judiciales.

Mena se queja, sin embargo, de lo "muy poco" que revierten el dinero y los bienes intervenidos al narco en el Campo de Gibraltar, la zona en la que más se sufre esta lacra.

"Todo lo que se interviene pasa a nutrir el llamado fondo del decomiso del Plan Nacional sobre Drogas. El 50 por ciento se destina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nos parece correcto. El resto se destina a financiar programas de prevención y tratamiento de adicciones de ayuntamientos y organizaciones sociales". El año pasado este fondo repartió 30 millones de euros para ayuntamientos y ONG.

Solo Algeciras puede optar a los fondos

Pero sólo se pueden acoger a estos fondos municipios capitales de provincia y mayores de 100.000 habitantes, con lo que en el Campo de Gibraltar el único que puede acceder es el de Algeciras. La Línea, una ciudad tan estigmatizada por el narco, no puede. Y las únicas ONG que pueden concursar tiene que tener un carácter nacional.

"Las organizaciones que luchamos aquí desde hace más de 30 años, que estamos dando la cara, haciendo programas para que el narco no tiente a los jóvenes no tenemos acceso a esos fondos. Nos parece una falta de sensibilidad y pedimos que esto se revierta y haya una discriminación positiva. Moralmente sería muy importante aquí que la gente sintiera que el dinero del narco no se lo quedan los narcos", dice Mena.

https://www.vozpopuli.com/espana/narcot ... rogas.html

Academia Acceso CNP

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La Guardia Civil tiene sin cubrir 10.000 plazas en todo el país. Pese a la reciente convocatoria de oposiciones del Instituto Armado, en septiembre del pasado, en la que se ofertaban 2.091 puestos, los datos que manejan los sindicatos del Cuerpo revelan que todavía faltan miles de agentes en los cuarteles y las comandancias de la Benemérita, en concreto casi un 14% más. «La falta de efectivos conlleva una deficitaria atención en el auxilio al ciudadano y en la prevención de todo tipo de delitos. La seguridad no es primordial para este Gobierno», denuncia el portavoz de Jucil, Agustín Leal, en conversación con THE OBJECTIVE.

Según las estadísticas a las que ha tenido acceso este periódico, la Comunidad de Madrid (2.479) es la región que cuenta con mayor déficit de guardias civiles, en concreto casi una cuarta parte de puestos libres. Le sigue Andalucía, con 1.265 plazas vacantes, y Cataluña y País Vasco, con 886 y 681, respectivamente.

Estas dos comunidades autónomas, no obstante, sufren desde hace años una falta sostenida de agentes, habida cuenta del malestar por parte de la sociedad hacia la Guardia Civil. Una tesitura que ha llevado tanto a guardias como a policías a abandonar dichas regiones. «Nadie quiere ahora trabajar aquí. Al final quienes vienen son los que tienen como primer destino Cataluña o País Vasco, y después se marchan», cuenta un agente, afincando en Barcelona desde hace años.

Para evitar esta sangría de agentes, las asociaciones profesionales de guardias civiles han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio del Interior que reconozca estas comunidades como zona especial de singularidad e incentivar, de este modo, la llegada de más funcionarios. También en Cádiz, con un déficit de 208 agentes; y «donde es necesario implementar medidas de refuerzo especiales y compensar el sobreesfuerzo al que están sometidos los agentes con un plus retributivo por la especial penosidad y peligrosidad del servicio», según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Guerra contra Marlaska

Esta organización, precisamente, declaró la guerra hace unas semanas al Ministerio del Interior, anunciando el fin de las relaciones institucionales con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hasta que no se revirtieran todos los agravios de la Benemérita con con Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral. De hecho, la AUGC dio incluso plantón a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el último pleno del Consejo de la Benemérita.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que cuenta con más de 25.000 afiliados, razona su actitud beligerante con una larga lista de motivos: los pluses que a diferencia de los guardias civiles, sí cobran los policías nacionales y autonómicos; la falta turnos de trabajo y también de refuerzos especiales en algunas comunidades autónomas. «Nosotros también tenemos derecho a tener estas condiciones laborales y económicas», criticaba el portavoz de esta asociación profesional, Pedro Carmona, en conversación con THE OBJECTIVE.

Los guardias civiles se refieren, por ejemplo, al plus de turnicidad, que compensa el trabajo en horario de servicio de mañana, tarde y noche de los agentes de la Policía Nacional, y supone 120 euros más en la nómina de los agentes de la Policía Nacional. Y, sobre todo, al incentivo por territorialidad, que perciben los policías desde 1995, y que el Gobierno ha rechazado en los últimos días para los guardias, después de que Coalición Canaria presentase una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado instando a que se abonara este extra en la nómina. En el caso de Madrid capital o Baleares, el complemento es de 190 y 151 euros, respectivamente.

Los guardias son claros: «La ruptura de relaciones instituciones se mantendrá hasta que el Gobierno no ponga fin a los agravios que padecemos en el Cuerpo aprobando y aplicando de manera urgente las mismas medidas de las que ya disponen los miembros de la Policía Nacional». En total, los agentes demandan entre 200 y 300 euros más en sus nóminas, sin tener en cuenta la cuantía extra que demandan para destinos como Cádiz o Cataluña.
https://theobjective.com/espana/2022-01 ... ir-espana/

La Guardia Civil desarticula una banda que utilizaba helicópteros para transportar hachís desde Marruecos

La droga tenía como destino Francia a donde era llevada posteriormente en camiones, camuflada entre la carga legal

La Guardia Civil, con la colaboración de la OFAST (Office anti-stupéfiants) de la policía francesa y la coordinación de Europol, ha banda, compuesta por ciudadanos franceses, adquiría la droga en Marruecos y Andalucía y posteriormente la transportaba hasta Francia mediante su ocultación entre la carga legal de camiones de gran tonelaje o mediante el método GO FAST, utilizando vehículos con placas de matrícula falsa.

La Operación se inició en 2020, cuando la Guardia Civil y la OFAST, detectaron la actividad de la organización francesa en el sur de España. A raíz de la investigación, se descubrió la presencia sus varios miembros que utilizaban numerosos vehículos y la entrada ilícita sin plan de vuelo de un helicóptero en las costas andaluzas que procedía de Marruecos, siendo posteriormente identificado un miembro de la organización que transportaba envoltorios de fardos de hachís.

A través del seguimiento de los vehículos detectados y los miembros de la organización radicados en la provincia de Málaga, la Guardia Civil localizó a uno de ellos que utilizaba documentos de identidad falsos. Los agentes comprobaron que varias personas realizaban actividades sospechosas y tomaban numerosas medidas de seguridad en sus desplazamientos en vehículo.

Tras varios días de vigilancia, se detectó que utilizaban un camión con matrícula francesa, por lo que fue interceptado en Narbona; al inspeccionar la carga encontraron en su interior 419 kilogramos de hachís; el conductor fue detenido.

Por su parte, la Guardia Civil consiguió la aprehensión de otros 327 kilogramos de hachís en Baza (Granada) en el interior de un vehículo con placas dobladas. Los agentes detectaron, asimismo, otra operativa de narcotráfico y lograron la aprehensión de 860 kilogramos de hachís en Chauchina (Granada), que ocultaban entre la carga legal de un camión que había salido de otra nave industrial controlada por la organización. También se les incautaron 112 kilogramos de marihuana en Port Bou (Gerona) en otro vehículo utilizado.

Días después, la Guardia Civil detectó un alijo de drogas realizado con un helicóptero en Torremolinos (Málaga), donde fueron aprehendidos 211 kilogramos de hachís. La aeronave que los transportaba había viajado sin plan de vuelo establecido hasta Marruecos. En Marbella, los investigadores también detectaron un transporte de drogas a bordo de un turismo con placas de matrícula falsa, que tras visitar una vivienda de la localidad, partió en dirección a Málaga.

Se organizó un dispositivo policial con agentes uniformados para detener al vehículo sospechoso y al darle el alto, eludió el control, intentando atropellar a uno de los agentes, que consiguió hacer uso de los medios de bloqueo pinchando una rueda del vehículo. A pesar de ello, y de que circula solo con la llanta en una de las ruedas, alcanzó una velocidad superior a 180 kilómetros por hora, y embistió a uno de los vehículos policiales.

Finalmente, tras una colisión lateral, se consiguió detener al conductor: en el interior del vehículo se hallaron 329 kilogramos de hachís, en seis fardos y numerosos paquetes. En la casa de la que salió este vehículo, fueron incautados otros ocho fardos más de hachís que alcanzaron un peso de 266 kilogramos. Fueron detenidas tres personas.

Otro de los delitos esclarecidos es el blanqueo de capitales, ya que la organización investigada utilizaba el dinero proveniente del tráfico de drogas para financiar la logística necesaria, entre ella los medios de transporte incautados, y ocultaba su verdadero origen mediante el uso de empresas ficticias. .

Una vez identificados el resto de los miembros de la banda, se realizaron siete entradas y registros en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería y Castellón. Se intervienieron tres helicópteros, cuatro armas de fuego, abundante munición, chalecos antibalas, y dispositivos electrónicos que utilizaban para evitar la acción policial.

En la operación se han detenido a 11 personas, una de ellas por la Policía francesa. Hay otras nueve personas pendientes de arrestar en suelo galo con órdenes europeas de detención y se ha conseguido incautar más de 2,4 toneladas de hachís y 112 kilogramos de marihuana.

https://www.larazon.es/espana/20220109/ ... ygw2m.html








Intervención marítima y aérea de la Guardia Civil para interceptar un cargamento de hachís en Tenerife

Los “narcos” trataron de huir, lanzaron parte de la droga al mar y fueron, finalmente, detenidos

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se ha incautado de un total de 46 fardos que contenían 1.640 kg de sustancia estupefaciente-hachís. Tras la información recibida a través de la colaboración ciudadana, en la que se alertaba de una posible embarcación sospechosa y que se encontraba muy cerca de la costa de la isla de Tenerife, la Guardia Civil activó a diversas unidades del Cuerpo: Unidad de Helicópteros de la Zona de Canarias(UHEL), Servicio Marítimo Provincial, Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), que con el apoyo de una embarcación de la Dirección Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA), consiguieron interceptar una embarcación tipo Zodiac a unas 15 millas de la isla.

Con el objetivo de localizar la embarcación sospechosa, el helicóptero de la Benemérita sobrevoló de inmediato toda la zona y una vez que la pudo avistar desde el aire, se coordinó con las embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial y del GEAS para dirigir desde el aire su trayectoria hacia la embarcación sospechosa y conseguir así interceptarla.

Tras varios intentos de huida por parte de los ocupantes de la embarcación, y una vez que se vieron rodeados, comenzaron a tirar al mar varios de los fardos de hachís que transportaban.

Finalmente, los agentes de la Guardia Civil del Servicio Marítimo y del GEAS, consiguieron interceptarlos y proceder a la detención de los tres ocupantes, dos hombres de 32 y 36 años y un menor de 16 años, los tres de nacionalidad marroquí, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Una vez puestos en custodia, se pudieron localizar y recoger del mar los fardos que habían sido expulsados al mar por los acusados. La aprehensión concluyó con 46 fardos que contenían un total de 1.640,26 kg de sustancia estupefaciente “hachís”.

https://www.larazon.es/espana/20220108/ ... ki7ya.html

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus

Dos patrullas de guardias civiles por turno -con dos agentes cada una de ellas- cubren actualmente todo el norte de Gran Canaria. La noche del pasado día 3 de enero, solo hubo una patrulla de guardia para toda la isla de Lanzarote. Son algunos ejemplos de la falta de personal que sufre este cuerpo en el archipiélago y que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califica de «muy grave» porque afecta a la seguridad de la ciudadanía, pero también a la de los propios agentes «que se ven solos ante una posible situación de riesgo».

En la comunidad autónoma hay actualmente en torno a 3.400 guardias civiles, una cifra que, según la Asociación, se queda muy lejos de las necesidades que tienen para prestar su servicio en condiciones óptimas. En este sentido, destacan que requerirían al menos 500 efectivos más en la provincia de Las Palmas y la misma cifra, quizá algo menos, en la de Santa Cruz de Tenerife. Este déficit lo sufren todas las especialidades y servicios, aunque el de seguridad ciudadana es «el más visible porque es el que perciben la población», indican fuentes de la AUGC. Esta falta de personal, agregan desde esta organización, provoca que en Gran Canaria, «la mitad de los cuarteles estén cerrados en algunos turnos», además de apuntar la situación de grave riesgo que corren los cuatro agentes que están operativos porque ante una situación peligrosa «no tienen apoyo o tardarían mucho tiempo en llegar porque se encuentran en el otro lado de la isla».

Explica la AUGC que, cuando el Ministerio de Interior hace un catálogo de policías, lo hace en función de la población residente, una ratio que en Canarias no es válido porque deben atender a los turistas o abordar fenómenos como la inmigración, para lo que no cuentan con los medios adecuados.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles destaca igualmente que es preciso dar más eficacia a los medios existentes y para eso es preciso revisar y actualizar el despliegue territorial de este cuerpo en Canarias. Apunta al respecto que hay zonas en los que se ubican cuarteles a cinco minutos de distancia unos de otros, mientras existen otras áreas quedan totalmente desasistidas. En el norte de Gran Canaria, indican, hay siete cuarteles cuando con tres serían suficientes. El problema, insisten, es de estructura y distribución territorial porque «no sobra nada, pero es necesario una reubicación». Para ello, proponen contar con cuarteles «bien dotados» de medios humanos y materiales por mancomunidades. De esta forma, «se daría una respuesta eficiente a toda una zona».

En cuanto al estado de las instalaciones , la AUGC apunta como ejemplo que en Teror, los vestuarios del cuartel están clausurados y los guardias deben cambiarse en una oficina, mientas que las mujeres agentes en San Bartolomé lo hacen en un cuarto destinado a los sistemas de conexión «y está todo lleno de cables» y en la comandancia en Las Palmas de Gran Canaria se encuentran ubicados en un sótano sin ventilación. La prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil «no existe», apunta la AUGC.
Reivindicaciones

Las reivindicaciones de AUGC a nivel nacional para 2022 son las mismas que llevan demandando desde hace años sin que el Ministerio de Interior las atienda y que tienen que ver con sus condiciones sociolaborales. Esta circunstancia evidencia, a su juicio, «que los guardias civiles siguen siendo policías de segunda».

En este sentido, la AUGC denuncia que este cuerpo continúa sin turnos de trabajo para poder conciliar su vida profesional y familiar, además de que carecen de complementos como el de territorialidad, nocturnidad o festividad. Asimismo, hacen hincapié en que al cabo del año, realizan de media 150 horas más de trabajo respecto al resto de cuerpos policiales.

Reclaman igualmente que se dé cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial firmado con el Gobierno en 2018, puesto que todavía no se ha hecho efectiva la cláusula que obligaba a Interior a impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que no se produzcan disfunciones salariales entre las policías que realicen las mismas funciones. Desde AUGC reclaman una mejor gestión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar el fenómeno de la migración en las zonas fronterizas como Canarias, Murcia, Almería, Ceuta y Melilla donde los guardias civiles actúan como «escudos humanos» con medios insuficientes.
https://www.canarias7.es/politica/augc- ... 46-nt.html

AUGC tramitó y facilitó al personal destinado en unidades de protección y seguridad que se encargan de la conducción y custodia de internos de centros penitenciarios, una propuesta al Consejo de la Guardia Civil reclamando que se les dote de los medios técnicos y equipos de protección individual adecuados.

La respuesta de la dirección general a través del Consejo es cuando menos sorprendente, si no directamente una falsedad, al asegurar que “las unidades del Cuerpo que prestan servicios de protección y seguridad disponen de material adecuado para dichos servicios, cumpliendo su función satisfactoriamente”. Nada más lejos de la realidad, porque lo cierto es que la mayoría de esas unidades carecen de los medios materiales necesarios para desempeñar esas funciones con la mayor seguridad posible.

En la propuesta de AUGC se concretan distintos medios y equipos que deben dotarse al personal que realiza conducciones de presos, respecto a los cuales se ofrece información en la contestación del Consejo en un intento de justificar que las unidades disponen de esos medios, cuando la realidad es muy distinta, como AUGC ha podido averiguar a través de su amplia red de vocales distribuida por todo el país.



Grilletes rígidos, más adecuados para esos cometidos que los grilletes de bisagra simple. La dirección general informa que “actualmente se tienen distribuidos entre las diferentes unidades un total de 3.580 grilletes de alta seguridad”, pero AUGC ha detectado que la mitad de las unidades dedicadas a las conducciones no disponen de esos grilletes.



Cinturones de anclaje, que ofrecen mayor seguridad para trasladar y custodiar internos violentos, fuguistas o con patologías psicológicas. En la respuesta del Consejo se comunica que “se han distribuido 195 unidades” y que “se está pendiente de recibir 71 unidades más”, pero lo cierto es que más de la mitad de las unidades carecen de este material.



Spray defensivo en formato gel, el que debe usarse en espacios interiores como los vehículos celulares y los edificios. Contesta la dirección general que “en 2018 se adquirieron 1.000 unidades que fueron distribuidas entre las unidades, ante su próxima caducidad se han distribuido recientemente 500 aerosoles de este tipo”. Sin embargo, AUGC ha comprobado que más de la mitad de las unidades no disponen de dichas herramientas.



Defensas extensibles de longitud reducida, que son las indicadas para su uso en espacios limitados como los vehículos celulares, centros de custodia, y dependencias médicas o judiciales. Informa el Consejo que “en el año 2018 se adquirieron y distribuyeron 200 unidades”, pero la realidad es que solo una de cada diez unidades dispone de ese tipo de defensas.



Escudos de dimensiones reducidas con los mismos fines que las defensas. Se expone en la respuesta que “en el año 2017 se adquirieron y distribuyeron 200 de estos escudos”, por lo que la situación es similar a la de las defensas.



Chalecos de protección de dotación individual, comunica la dirección general que “con el fin de completar la cantidad suficiente de chalecos antibalas para que puedan ser dotados de manera individual, se ha tramitado un expediente trienal (2021-2022-2023) para la adquisición de más de 25.000 chalecos antibala del modelo Seguridad Ciudadana”. Pero lo que AUGC ha podido confirmar es que en el noventa por ciento de esas unidades los chalecos existentes son de uso compartido, con lo que ello conlleva en materia de salud e higiene laboral, y además carecen de la maniobrabilidad, funcionalidad y comodidad necesarias en espacios reducidos como los vehículos celulares y las dependencias de custodia.



A la vista de esta respuesta, no parece que a la dirección general de la Guardia Civil le preocupe mucho la seguridad de quienes realizan las conducciones de presos, a pesar de que su propio servicio de prevención avisa de los riesgos asociados a esas funciones, identificando como factores de riesgo la “falta o insuficiencia de equipos de trabajo policial y de protección individual necesarios para desarrollar la tarea”, y proponiendo al respecto la “dotación de los equipos de trabajo policial y de protección individual necesarios”.

Pero en la respuesta facilitada por el Consejo de la Guardia Civil no solo es incierto que esas unidades “disponen de material adecuado para dichos servicios”, sino que además se afirma que “en cuanto a la formación e información sobre la utilización del material indicado con anterioridad, ésta se realiza en las Jornadas Patio”. Nada más lejos de la realidad, puesto que en esas acciones formativas se imparten conocimientos genéricos útiles para las unidades de seguridad ciudadana, pero que poco o nada tienen que ver con los cometidos específicos que desempeña el personal de Protección y Seguridad, y más concretamente con las conducciones de presos.

Ante la indignante contestación de la dirección general, AUGC va a seguir insistiendo incansablemente, acudiendo a las vías necesarias para que estos trabajadores puedan prestar sus servicios y desempeñar sus cometidos profesionales de modo que se garantice su salud y seguridad.

Aunque el generalato de la Guardia Civil siempre ha menospreciado a quienes forman parte de los servicios y unidades de Protección y Seguridad, sin impartirles formación específica, sin dotarles de un manual de prevención propio, y negándose a reconocerles como especialistas, AUGC les da la relevancia que merecen y desde hace una década cuenta con un coordinador nacional y una red de vocales en todas las provincias y unidades de ese tipo, lo que permite detectar rápidamente la problemática que les afecta en unos cometidos tan específicos y adoptar las medidas necesarias.
https://www.augc.org/actualidad/direcci ... 0_102.html

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desenfunda.com

Siete detenidos y 800 kilos de hachís intervenidos en una operación contra el narcotráfico en Almería

Fuentes de la investigación han explicado que se han efectuado ocho registros en diversos puntos de los municipios de Vícar, Adra, El Ejido y Berja, lo que ha permitido además la incautación de tres embarcaciones semirrígidas rápidas y recreativas empleadas, según los primeros indicios, para el traslado del estupefacientes desde Marruecos hasta las costas almerienses.

Los agentes se han hecho así como 35.000 euros en efectivo, toda vez que ha intervenido abundante documentación, material electrónico y medios empleados para las comunicaciones a través de una operación que se encuentra bajo secreto de sumario.

Durante la jornada se han llevado a cabo varios registros en naves, locales de ocio y en viviendas. Así, los agentes han inspeccionado un club de ocio nocturno situado en una zona de naves industriales de El Ejido, donde los agentes han intervenido diverso material. También se ha llevado a cabo la inspección de un cortijo ubicado en el término municipal de Berja protegido por una zona de invernaderos.

El operativo, que no descarta aún nuevas detenciones, está integrado por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil, OCON-Sur, Grupo de Acción Rápida (GAR) y Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que se han desplegado por todo el Poniente almeriense desde las 6,00 horas.

https://www.niusdiario.es/espana/andalu ... 70277.html

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uspsuministros.com

La asociación de guardias civiles afirma que trabajar en Baleares «se ha convertido en un infierno»
Dice que el "bajísimo" plus de insularidad provoca una escasez de agentes y el aumento de la delincuencia
La mayoría de agentes parten a otras comunidades cuando cumplen el año obligatorio de estancia en las Islas



La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) afirma que para los agentes Baleares «se ha convertido en una comunidad de paso y un destino a evitar» debido a un plus de insularidad que es bajísimo y totalmente insuficiente. Dice la asociación que «lamentablemente la mayoría de los guardias civiles cuando cumplen el año obligado de permanencia en Baleares parten en otros lugares de la geografía española» porque un puesto de trabajo en las Islas «puede llegar a convertirse en un auténtico infierno».

La asociación de guardias civiles exige «que se dé carácter preferente a los agentes destinados en Baleares como una medida para conseguir que los nuevos guardias civiles destinados en las Islas permanezcan en la Comunidad durante al menos tres años».

AUGC explica que ante el bajísimo plus de insularidad, «los agentes llegan de forma forzosa, o en su primer destino en prácticas» y añade que esta situación deriva en «una grave falta de personal» que se prolonga «desde hace más de una década», y «conlleva que las funciones que la Institución tiene encomendadas se vean mermadas».

Denuncia también que la escasez de agentes «implica un incremento de la criminalidad y una sensación de inseguridad que perciben tanto residentes como visitantes», y repercute en un «incremento de la carga de trabajo que deben soportar los funcionarios aquí destinados».

Ante esta situación, AUGC propone dar carácter preferente a los agentes destinados en Baleares. Se trata de un derecho que se consolida tras varios años de servicio de los agentes en una Comunidad Autónoma y que les permite tener preferencia en un futuro para regresar a sus comunidades de origen o al destino que ellos elijan.

Según AUGC, con este derecho se conseguiría que los nuevos agentes destinados a las islas permaneciesen al menos tres años, en vez de uno, «e incluso conseguir que opten en ese tiempo por asentarse definitivamente en Baleares».

La asociación ha argumentado que este cambio no supondría gasto alguno para el Estado «y en cambio sería un gran beneficio para la Comunidad Autónoma». Así, AUGC Baleares ha iniciado una campaña para que las islas «vuelvan a ser un destino atractivo para los agentes y más seguras para todos sus habitantes».

El plus de insularidad para los guardias civiles que trabajan en Baleares ronda los 80 euros al mes cuando en Canarias supera los 350 euros.
https://okdiario.com/baleares/asociacio ... no-8417006

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militariapiel.es

Periódicamente en la Guardia Civil debemos volver a lamentar la condena a prisión de un trabajador del Cuerpo en aplicación del arbitrario Código Penal Militar. En este caso, la víctima de esta práctica abusiva sería un compañero destinado en Murcia, al que le solicitan un año de cárcel en un penal militar a causa de un desencuentro laboral con un superior. Nada menos que un año de su vida entre rejas por un desacuerdo dentro del ámbito de las funciones estrictamente profesionales, sin mediar siquiera incidente verbal alguno, que fue creciendo como bola de nieve hasta llegar a una última instancia que lo calificó como instancia muy grave merecedora nada menos que del citado año de prisión.

Este mando directo dio parte de él por falta leve, que los sucesivos mandos convirtieron en una posible falta grave, hasta llegar a la Dirección General, que la consideró muy grave y la derivó a la Fiscalía Militar. Ahora dicha Fiscalía solicita un año de prisión para el guardia civil.

Como se recordará, AUGC lleva años trabajando para que el Código Penal Militar no sea de aplicación a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales. Recordemos que la Guardia Civil es un cuerpo policial, y por tanto nuestras misiones suponen prácticamente el 99% de nuestro trabajo diario.

Nuestra asociación insiste en la necesidad de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, tal y como se estableció en 2007. La reforma de 2016 supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles y en el avance del Cuerpo hacia su modernización. Hasta este año, únicamente se le podía aplicar el Código Penal Militar a los trabajadores del Cuerpo en situaciones de estado de sitio, durante conflicto armado, en misiones militares en el extranjero o mientras se encuentren integrados en unidades de las Fuerzas Armadas.

Precisamente, dirigentes de AUGC mantuvieron el pasado viernes, día 14, una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde esta organización le reclamó entre otras cuestiones la necesidad de modificar la aplicación del Código Penal Militar "para que no se emplee como herramienta laboral represora.

En junio de 2020, AUGC solicitaba por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil los datos del número de miembros de la Guardia Civil que habían sido condenados por delitos en el Código Penal Militar desde 2010 hasta la fecha, desglosados por años, provincias, escalas/empleos y tipo de delitos.

La respuesta recibida confirmaba plenamente la impresión de que el Código Penal Militar se emplea como herramienta laboral represora de los trabajadores. Los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde 2010 hasta 2019 (no hay datos de 2020), un total de 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que únicamente cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales.

El motivo principal de estas condenas ratifica igualmente el uso que se le da al Código Penal Militar en la Guardia Civil, ya que en casi la mitad de los casos (28, respecto a 60), el 'delito' cometido por el trabajador fue el de "Insulto a Superior".

En una carta remitida al hilo de esta cuestión en septiembre del pasado 2021 a los grupos parlamentarios, AUGC les recuerda que, "en la actualidad se producen casos significativamente graves que suponen que un guardia civil sea sometido a un procedimiento penal militar en aplicación del Código Penal Militar y eventualmente pueda ser condenado a pena de privación de libertad, por hechos que pueden ser objeto de reproche meramente disciplinario, realizados en el desempeño de sus funciones de carácter policial. Es significativo que la aplicación del Código Penal Militar se extienda, incompresiblemente, a hechos que se producen cuanto un guardia civil no está de servicio, en su vida particular y en ámbitos privados".

Llegados a este punto, AUGC alude en su escrito al hecho de que "la modernización del estatuto del guardia civil pasa por la reforma del apartado 5, del artículo 1 del actual Código Penal Militar y que para ello es preciso una ley de carácter orgánico. Además, esta reforma contribuiría a la normalización de servidores públicos, para que los y las guardias civiles seamos ciudadanos con plenos derechos y redundaría en la mejora del servicio público que prestamos en el ámbito de la seguridad".

Finalmente, AUGC insta a los grupos parlamentarios a que presenten una proposición de Ley Orgánica por medio de la cual se resuelva definitivamente esta cuestión, retrotrayéndonos a la situación anterior, donde ya habíamos logrado una situación de plena normalidad.
https://www.augc.org/actualidad/otro-gu ... 0_102.html