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Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y para su ‘número dos’ por espiar a Bárcenas
La fiscalía acusa a los exmiembros del Gobierno de Rajoy de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y más de 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; para el que fuera su número dos, Francisco Martínez, y para el entonces jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino, como presuntos cabecillas de la Operación Kitchen, el operativo policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. Los acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para el también comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Fiscalía eleva su petición La Operación Kitchen fue un dispositivo parapolicial sin ningún tipo de control judicial gestado por el propio Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, para espiar a Luis Bárcenas y su entorno. Según la Audiencia Nacional, el entonces ministro “instó” presuntamente en 2013 a poner en marcha esta trama, que “coordinó” su número dos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y en la que participaron el comisario Eugenio Pino, entonces jefe de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, y otra media docena de comisarios e inspectores.
El juez Manuel García-Castellón concluyó que el objetivo de la trama era arrebatar al responsable de finanzas del PP la documentación comprometedora que pudiera guardar sobre altos cargos del partido, que entonces se encontraba cercado por el caso Gürtel y la investigación sobre su caja b tras haber publicado EL PAÍS los llamados papeles de Bárcenas con la contabilidad b de la formación y cuando el extesorero se disponía a tirar de la manta contra su propio partido.
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Mientras, Luis Bárcenas ya ha solicitado que se imponga una pena de 41 años de cárcel a casi todos los implicados, incluido a Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, y los comisarios Eugenio Pino y José Manuel Villarejo. En su escrito de acusación subraya que los implicados “orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información” que guardaban el extesorero, su esposa (Rosalía Iglesias) y su hijo (Guillermo Bárcenas), y que podía afectar al PP. Por entonces, EL PAÍS ya había publicado los papeles de Bárcenas, y el exdirigente popular había comenzado a tirar de la manta en el caso Gürtel.
La familia Bárcenas —que pide también a la Audiencia Nacional que los implicados los indemnicen con 1,2 millones de euros (un tercio para el extesorero, otro para su mujer y otro para el hijo)— incluyen en el operativo ilegal el asalto que sufrieron en su vivienda en octubre de 2013, cuando un hombre disfrazado de cura entró en su casa y secuestró a Rosalía Iglesias y Guillermo Bárcenas pistola en mano mientras, según dijo, trataba de hacerse con unos documentos guardados en un pendrive que servirían para derrocar al entonces Gobierno de Mariano Rajoy.
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Por su lado, el PSOE, personado como acusación popular, pretende sentar al PP en el banquillo, ya que considera que este partido se benefició de la operación parapolicial de espionaje ilegal como partícipe a título lucrativo. Los socialistas reclaman 47 años de prisión para el exministro, al tiempo que señalan a Mariano Rajoy como máximo responsable de la trama.
El PSOE pide que se impongan más de 30 años de cárcel al resto de procesados: a Francisco Martínez, mano derecha de Fernández Díaz y ex secretario de Estado de Seguridad; a Eugenio Pino, jefe de la Policía con Rajoy; a otros siete comisarios e inspectores jefe (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez, Andrés Gómez Gordo y José Ángel Fuentes Gago); y al exconductor de Bárcenas, Sergio Ríos.
El PSOE han pedido que testifiquen, entre otros, Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y del partido; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de la formación y exministra de Defensa; y Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior.