FORO POLICIA

Quim Torra cierra un hospital levantado por la Guardia Civil

La cruzada provocadora de Quim Torra en plena crisis sanitaria por el coronavirus​ no se detiene. La Generalitat ha descartado este martes abrir un hospital de campaña montado por la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, alegando que "no cumple con las necesidades que tiene hoy el sistema de salud del municipio", según declaraciones de la consejera de Salud, Alba Vergés. Lo mismo pasó la semana pasada cuando se negó a activar otro hospital de campaña levantado por la Unidad Militar de Emergencias, en Sabadell.

"Es importante trabajar las cosas bien y, sobre todo, según las necesidades del sistema de salud", ha defendido la consejera del Govern de Torra. Esta ha sido su respuesta a la petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que pidió a la Generalitat agilizar la apertura del hospital o de lo contrario reclamaría la intervención del Gobierno. La AUGC acusó a la Generalitat de mostrar "una actitud incívica que no es acorde a la situación de emergencia que estamos viviendo".

Este hospital fue levantado en colaboración con efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, el Grupo de Reserva y Seguridad y la ONG Médicos sin Fronteras, con la ayuda y el material cedido por el Instituto Armado, informó Europa Press. "Se trata de apoyar entre todos y salir hacia delante, y de nuevo es la comunidad autónoma de Cataluña la que demuestra una insolidaridad sin precedentes", dijo este martes por la tarde el portavoz de AUGC, Juan Fernández, respecto de la actitud demostrada por el Ejecutivo catalán.

El hospital tiene 140 camas medicalizadas y se ha instalado en el polideportivo de Sant Andreu, pero lleva dos semanas vacío y sin pacientes ante la negativa del Govern de Torra. El hospital de Sabadell, que también fue objeto de una polémica, se tuvo que desmontar para volver a instalar con mamparas separadoras y otras necesidades, por requisito del departamento de Salud.

El Govern pide trabajar "juntos"

Alba Vergés ha defendido que se construyan "juntos" nuevos espacios para antender a pacientes de coronavirus, y no "al revés", como considera que ha hecho la Guardia Civil en Sant Andreu. La Generalitat ha sido el principal obstáculo de la puesta en marcha de este espacio, pues el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca (PSC), lo puso hace días a disposición de Salud, que desde entonces se ha negado a hacer uso del mismo.

El departamento de Salud ha agradecido "la disponibilidad de los municipios del Bajo Llobregat Norte que han puesto los recursos a disposición del Servicio Catalán de la Salud" y ha asegurado que estos recursos se activarán en caso de que sea necesario. "Si la disponibilidad de camas no puede hacer frente a la demanda, se activarán los recursos específicos como los hoteles salud o los hospitales temporales en el momento adecuado", ha añadido en un comunicado.

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Acusan a la Guardia Civil de vetar el catalán con la excusa del coronavirus

Un agente de la Guardia Civil habría discriminado lingüísticamente al presidente de la Obra Cultural Balear (OBC), Josep de Luis, utilizando como excusa el coronavirus.

Así lo informa la misma entidad, que afirma que ayer viernes, De Luis fue discriminado en razón de lengua al llevar una denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Inca (Mallorca). Según ha difundido la entidad, al presentar la documentación escrita en catalán, "el agente que lo ha recibido le ha requerido a volver a llevarla traducida al castellano".

De Luis se negó porque el catalán es lengua oficial el las Balears y el agente de la policía militarizada ha asegurado entonces que en este caso, se tendría que enviar a Palma para que fuera traducida. En esta situación, el presidente de la OCB ha aceptado la condición pero ha pedido "una copia sellada" que acredite que el documento se había presentado aquel día.

En este momento, según la OCB, el policía "ha variado el argumento" y ha puesto como excusa el estado de alarma por el coronavirus asegurando que en aquella situación tendría que hacer venir un traductor desde Palma hasta Inca. La respuesta de De Luis ha sido que por su parte tenía suficiente con entregar la documentación con un comprobante con sello y fecha.

"¿Usted cree que tengo obligación de cogerle este documento en catalán"?, ha preguntado en este momento el guardia civil, situación a la cual el presidente de OCB ha respondido que tenía "la obligación de hacerlo" y ha tomado nota de su número de identificación. Acto seguido, el agente ha llamado a un sargento que, este sí, ha recibido sin problemas el escrito en catalán y ha pedido disculpas por los hechos.

La OCB agradece el gesto del sargento porque ha cumplido con la ley y ha animado a la ciudadanía a "mantener actitudes firmes ante estos tipos de ataques o discriminaciones".

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"Un agente de la Guardia Civil habría discriminado lingüísticamente al presidente de la Obra Cultural Balear (OBC), Josep de Luis, utilizando como excusa el coronavirus."

No sé si reír ó llorar... Discriminación lingüística llevan soportando los castellano hablantes en Cataluña, Baleares y otros lugares de España y desde hace muchos años, y nadie les defiende ni reclama sus derechos.

Lo de" policía militarizada" es otra joya del panfleto en cuestión.

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brabo escribió:"Un agente de la Guardia Civil habría discriminado lingüísticamente al presidente de la Obra Cultural Balear (OBC), Josep de Luis, utilizando como excusa el coronavirus."

No sé si reír ó llorar... Discriminación lingüística llevan soportando los castellano hablantes en Cataluña, Baleares y otros lugares de España y desde hace muchos años, y nadie les defiende ni reclama sus derechos.

Lo de" policía militarizada" es otra joya del panfleto en cuestión.

El que insulta y menosprecia de esa manera a la Guardia Civil, incluso calificando a los Agentes entre buenos y malos no sabe lo que está haciendo ni el alcance de sus hechos. El que quiera entender que entienda.

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Estampida de la Policía en Cataluña: 800 agentes piden el traslado

Los sindicatos denuncian el clima “social y político” en la autonomía y piden incentivos salariales para atraer y retener efectivos

Cataluña se ha convertido en una plaza poco atractiva para la Policía Nacional tanto por el clima social y político como por las circunstancias económicas. La hostilidad del independentismo con el cuerpo policial durante los últimos años y el alto coste de la vida han empujado a hasta 800 agentes a pedir otro destino este año, la cifra más alta de los últimos años, según ha explicado a este diario el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Cataluña, Luis Mansilla.



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Gc Edicion 175 Aniversario

gafaspolicia.com

Los Mossos asumen la vulnerabilidad de la Brimo con las nuevas protestas

Investigados medio centenar de policías por las manifestaciones de octubre

MAYKA NAVARRO, SABADELL 30/06/2020 09:22 | Actualizado a 30/06/2020 12:36

El secretario general del sindicato de los Mossos d’Esquadra Sapfepol, Pere García, releía ayer las 33 páginas de la auditoría hecha por la propia policia catalana sobre cómo se gestionó el orden público durante las protestas por la sentencia del procés en octubre del año pasado y verbalizó lo que piensan muchos de sus compañeros. “Esto no iba de caza de brujas contra los antidisturbios de la brigada móvil. Se trataba de analizar con calma y sin ruido todo lo que hicimos aquellos días para llegar a la misma conclusión que hace años reivindicamos los sindicatos y es que nuestro modelo de orden público está sobrepasado y es vulnerable a las nuevas formas de protestas violentas”.

Pero ¿todo el mundo esperaba lo mismo? Seguramente no. Durante la jornada de ayer celebrada en el auditorio del complejo policial de Egara, en Sabadell, se insistió al conseller Miquel Buch, al director de la Policía, Pere Ferrer, y al comisario jefe Eduard Sallent si quizás no habían generado ellos mismos unas grandes expectativas cuando el primero se comprometió ante el Parlament a elaborar la auditoría más importante hecha en la historia de los Mossos y ejercer autocrítica.

Los juzgados investigan 17 actuaciones policiales y un agente ha sido suspendido de empleo y sueldo

La auditoria más importante ha sido, porque nunca hasta ahora se habían analizado con precisión quirúrgica miles de horas de grabación ni entrevistado a un centenar de policías. Un trabajo elaborado por la división de asuntos internos (DAS), una división bastante desconocida y que se encarga de analizar la calidad de los servicios policiales. Medio centenar de mossos han sido investigados por 34 actuaciones policiales. De éstas, 17 están judicializadas, por tanto, la DAS no interviene. De las otras 17, la propia DAS ha considerado que nueve tenían que ser valoradas por asuntos internos que ya ha archivado dos, ha finalizado una con una suspensión de empleo y sueldo al agente, y mantiene seis abiertas sin medidas cautelares.

Buch, Ferrer y Sallent insistieron en que la auditoría formaba parte de un plan de mejora independiente de unos procesos sancionadores internos que hubieran tenido el mismo recorrido con o sin el examen al que se ha sometido al cuerpo. Y pese a la insistencia de los medios de comunicación, del propio Síndic de Greugues, Rafael Ribó, durante su intervención de clausura del acto, que pedía el detalle de las investigaciones, declinaron identificar los expedientes con algunas de las actuaciones policiales que se hicieron virales en las redes sociales durante las protestas.

Interior quiso dar relevancia a la presentación invitando a representantes sindicales de Mossos y asociaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, SOS Racisme o Iridia, especialmente críticos con la actuación de los antidisturbios y que llevan años denunciando un corporativismo de facto que evita la sanción administrativa de las malas praxis.

“El principal reto en orden público siempre es conseguir el equilibrio entre el ejercicio de los derechos y la neutralización de los comportamientos que alteran la convivencia”, indica uno de los párrafos del apartado de conclusiones del informe.

Buena parte de la auditoría evidenció que la policía estuvo superada durante una semana en la que se vivieron situaciones críticas. Por eso, indican la necesidad de incrementar el número de antidisturbios y dotarles de nuevo material que les permita durante los momentos más violentos de una protesta, recuperar la posición sin tener que recurrir, como en octubre, al uso exclusivo de la defensa, la porra, y el lanzamiento de un foam que no lograba mover las primeras líneas de manifestantes.

https://www.lavanguardia.com/politica/2 ... roces.html

foropolicia.es

El Sindicato SAP reclama corregir las deficiencias detectadas en la auditoría

REDACCIÓN 30/06/2020 15:37

Barcelona, 30 jun (EFE).- El Sindicato Autónomo de Policía (SAP) ha reclamado este martes que el Govern "elabore un plan y un presupuesto" para corregir aquellas deficiencias del cuerpo que ha puesto de manifiesto la auditoría interna de Interior sobre la gestión de los disturbios del pasado mes de octubre.

"La auditoría más grande de la historia del cuerpo de Mossos d'Esquadra ha servido para hacer evidente que los efectivos tuvieron que hacer frente a una situación extremadamente complicada con una falta absoluta de medios y con unas grandes deficiencias en material", resume el texto del SAP.

El análisis que hace el sindicato respecto a las controversias y acusaciones que en los últimos tiempos han rodeado al cuerpo de Mossos d'Esquadra en la gestión del orden público se centra en dos factores: la falta de efectivos y la falta formación.

En cuanto a la escasez de efectivos, el sindicato reivindica que se destinen más agentes a las tareas de orden público; y en lo que respecta a la falta de formación especializada por parte de los agentes de la ARRO y la BRIMO, el sindicato echa la culpa a la "sobrecarga de trabajo" a la que han sido sometidos, que ha impedido que participaran en programas formativos.

Por último, el texto del sindicato también hace una referencia a una petición que de un tiempo a esta parte viene siendo habitual en los sindicatos policiales: la posibilidad de que todos los agentes antidisturbios lleven cámaras de grabación unipersonal para poder defenderse de falsas denuncias. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20200 ... toria.html

Cartera Mossos D`esquadra

Realizada en piel

enpieldeubrique.com

Un juez imputa a los guardias civiles que registraron la casa de un CDR detenido

Jordi Ros denunció haber sido víctima de coacciones y vejaciones, entre otras irregularidades durante la inspección del domicilio

EFE, BARCELONA 29/09/2020 19:09 | Actualizado a 29/09/2020 19:16

Un juez de Sabadell (Barcelona) citará como investigados a los guardias civiles que registraron los domicilios de la familia de Jordi Ros, uno de los CDR que fueron detenidos acusados de terrorismo por orden de la Audiencia Nacional, por dos delitos contra los derechos individuales.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha acordado admitir a trámite la querella presentada por Ros, en libertad bajo fianza y al que la Audiencia Nacional sigue investigando acusado de formar parte de una facción radicalizada de CDR que supuestamente planeaba sabotajes con explosivos como respuesta a la sentencia del procés.

El juez se ha declarado competente solo para investigar lo sucedido en Sabadel

En su querella, Ros denunció haber sido víctima de coacciones y vejaciones, entre otras irregularidades, por parte de los guardias civiles que lo detuvieron, tanto en los registros de los domicilios de su familia en Sabadell como mientras permaneció posteriormente bajo custodia policial en los cuarteles de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid).

El juez, que se ha declarado competente solo para investigar lo sucedido en Sabadell, ha pedido a la Guardia Civil que identifique a los agentes y oficiales que el 23 de septiembre del año pasado participaron en las entradas y registros de tres viviendas de familia Ros y la participación que cada uno de ellos tuvo.

Para el instructor, de la querella se desprenden indicios que podrían encajar en dos de los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las libertades individuales: por un lado, el de obstaculizar el derecho a la asistencia de abogado a un delito o preso o no informarle de sus derechos y, por el otro, cometer vejaciones injustas o daños innecesarios en el registro de los efectos de una persona.

El querellante deberá además aportar al juzgado documentación que acredite los desperfectos que los agentes pudieron causar

Por ese motivo, el juez ha pedido al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le remita testimonio de la solicitud de la Guardia Civil para practicar los registros en los domicilios de Sabadell citados, así como el auto que ordenó las entradas del día 23 de septiembre de 2019.

También ha acordado tomar declaración a la letrada de la administración de justicia que redactó el acta de los registros y estuvo presente en los mismos y requerir al Colegio de Abogados de Sabadell que le informe si el día 23 de septiembre se le comunicó la detención de Jordi Ros y se le designó un abogado.

Además, el juez interrogará como testigos al propio Jordi Ros y, si el forense establece que está en condiciones para hacerlo, al hermano del detenido, que según la querella fue intimidado por los agentes durante el registro a sabiendas de que sufre un trastorno mental.

En ese sentido, el auto encarga a un médico forense que examine al hermano de Ros para valorar los perjuicios psíquicos que pueda haber sufrido a consecuencia de los registros practicados por la Guardia Civil.

El querellante deberá además aportar al juzgado documentación que acredite los desperfectos que los agentes pudieron causar en los tres domicilios inspeccionados.

https://www.lavanguardia.com/politica/2 ... adell.html

Quince detenidos en Barcelona y uno en Girona en las manifestaciones de CDR

REDACCIÓN 02/10/2020 00:02 | Actualizado a 02/10/2020 00:12

Barcelona, 1 oct. (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a quince personas por desórdenes públicos al final de la manifestación convocada por los CDR en el centro de Barcelona, en la que se han producido incidentes, con barricadas, vehículos dañados y quema de contenedores, mientras que en otra manifestación en Girona ha habido un detenido.


Según han explicado a Efe fuentes de los Mossos, dos de los detenidos en Barcelona han lanzado barras de hierro contra furgonetas de los antidisturbios, mientras que otro detenido había arrojado botellas de vidrio contra la línea policial.

Posteriormente, a lo largo de la noche, los Mossos han ido confirmando la detención de hasta un total de 15 personas por desórdenes públicos en Barcelona.

Los incidentes se han producido al final de la movilización de los CDR, que arrancó sobre las 20.00 horas en la plaza Sant Jaume, donde centenares de personas se concentraron para exigir a los partidos independentistas que cumplan el "mandato del 1-O" y hagan efectiva la independencia de Cataluña.

Convocada en el tercer aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, la concentración se ha desarrollado frente al Palacio de la Generalitat, con un fuerte dispositivo de los Mossos d'Esquadra, y en ella los manifestantes desplegaron carteles con fotografías de los diputados de JxCat, ERC y la CUP y el mensaje "Me han escogido para obedecer el mandato popular".

Los manifestantes se dirigieron hacia Vía Laietana y se concentraron ante la sede de la Jefatura de Policía, donde hubo momentos de tensión y lanzamiento de objetos contra la línea policial y el edificio.

Pequeños grupos de manifestantes se dirigieron luego hacia la zona de la plaza Catalunya, Rambla Catalunya y Ronda Sant Pere, donde pusieron barricadas y quemaron contenedores y los agentes de los Mossos intervenieron para dispersar a los CDR.

Mientras tanto, en Girona, la manifestación convocada por los CDR ha terminado con un detenido, tras la quema de contenedores y el lanzamiento de pirotecnia contra la policía que protegía la Subdelegación del Gobierno. EFE

https://www.lavanguardia.com/politica/2 ... e-cdr.html

Catalunya
De detenida por terrorista a absuelta: los dos años de laberinto judicial de la CDR Tamara Carrasco

La activista de Viladecans reclamará una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio

6 de octubre de 2020 22:34h

Una investigación por terrorismo y rebelión iniciada de modo "poco serio". El reproche a la Guardia Civil lo ha dejado escrito la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona en su sentencia que ha absuelto a la activista de los CDR Tamara Carrasco este martes. El fallo cierra un capítulo que ha llevado a esta joven de Viladecans por los calabozos de la Audiencia Nacional primero y después, a un confinamiento en su municipio mientras los jueces no se ponían de acuerdo sobre quién debía quedarse su caso. Un laberinto judicial del que Carrasco ha salido exculpada.

El indicio contra Carrasco tanto en su detención en abril de 2018 como en el de su juicio más de dos años después era un audio de Whatsapp. En la grabación, Carrasco comunicaba distintos cortes de carretera ya convocados y otras protestas de los CDR que no llegaron a producirse. Suficiente para que la Audiencia Nacional la arrestara por terrorismo y rebelión; irrelevante a nivel penal para la jueza que la ha absuelto. En todos estos meses la investigación no halló ni un solo indicio, más que el citado audio, de su supuesto papel de "coordinación" de los CDR alegado por la Fiscalía y descartado de plano por la jueza.

La detención de Carrasco se produjo en un contexto de alerta máxima en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las protestas de los CDR, que cortaron carreteras o abrieron barreras de peajes en contra de la prisión provisional de los exconsellers del Govern en otoño de 2017 y el arresto de Carles Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. Las protestas de estos grupos habían sido rápidamente calificadas de "kale borroka" por parte del PP. La Fiscalía, en un comunicado inusual, anunció que investigaba por rebelión los "actos vandálicos" de los CDR, equiparándolos con la situación vivida en el País Vasco.

Una semana después del anuncio de la Fiscalía, la Guardia Civil arrestaba a Carrasco. Las fotos de su detención coparon las portadas de los principales periódicos. El Ministerio Público llegó a pedir prisión provisional para la activista, pero el juez la descartó. También rechazó los delitos de terrorismo y rebelión por los que había acordado su detención unos días antes y rebajó la causa a unos desórdenes públicos.

Pese a descartar los delitos más graves, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tardó siete meses en remitir la causa a los juzgados catalanes, los competentes para investigar los desórdenes. Durante todo este tiempo, Carrasco no pudo salir de su municipio, Viladecans, salvo para ir a trabajar, pese a que raramente los jueces toman medidas cautelares tan excepcionales antes de un juicio por desórdenes. El juez tampoco permitió a Carrasco visitar a su madre cuando ésta se rompió una pierna porque "la actividad" de los CDR no había "cesado".

El confinamiento impuesto a Carrasco se alargó otros seis meses. La razón fueron las discrepancias entre los juzgados catalanes sobre quién debía investigar a Carrasco. Un juzgado de Barcelona y otro de Gavà se iban pasando la causa, lo que impedía a la defensa de Carrasco pedir el levantamiento de la medida cautelar. No fue hasta que la Audiencia de Barcelona determinó que la causa se quedara en la capital catalana cuando la jueza puso fin al "desproporcionado" confinamiento.

A la hora de concretar las acusaciones, la Fiscalía mantuvo el audio como la única prueba de cargo de que Carrasco había cometido un delito de incitación a los desórdenes públicos por el que le reclamó siete meses de prisión. Solo incitación, habida cuenta de que no pudo situar a Carrasco en ninguna de las protestas anunciadas en el audio de Whatsapp.

En su sentencia de este martes, la jueza es meridiana: ni el audio de Carrasco incita a ningún delito ni tampoco lo son las protestas anunciadas en la grabación contra la detención de Carles Puigdemont, en las que los CDR cortaron la AP-2, la AP-7 o rodearon la estación de Sants. Afea además la magistrada a la Guardia Civil que no concretara la fuente desde la que obtuvo el audio de Carrrasco. Lo máximo que llegó a apuntar en el juicio el investigador del Instituto Armado fue que la grabación "corría por Whatsapp".

Petición de indemnización

La defensa de Carrasco, que ejerce el penalista Benet Salellas, ha indicado a elDiario.es que la intención de la activista es reclamar una indemnización al Estado por los dos días que pasó detenida y los 13 meses en los que no pudo salir de su municipio. "La sentencia remarca que los actos que Tamara Carrasco explicó en el audio y que los CDR hicieron eran legales y que no hay conducta delictiva alguna a reprochar", asevera Salellas.

La causa de Carrasco también tuvo una derivada internacional. El juez había ordenado detener además de a Tamara a Adrià Carrasco, otro joven barcelonés. Sin embargo el joven consiguió escapar de su arresto. "El caso es un montaje político, policial y judicial", ha declarado Adrià Carrasco a la agencia ACN este martes desde Bruselas, ciudad en la que reside desde hace más de dos años. Sobre él no pesa ninguna petición de extradición, pero sí una orden de detención vigente en España.

Al margen de que la Fiscalía pueda recurrir la sentencia absolutoria de este martes, la actividad de los CDR ha seguido a lo largo de estos años bajo el punto de mira de la Audiencia Nacional. La Fiscalía del tribunal especial y la Guardia Civil investigaron en secreto durante varios meses estas asambleas en una macroinvestigación que derivó en otra orden de detención contra CDR en vísperas a la sentencia del procés. La acusación de terrorismo ha sido cuestionada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso que sigue bajo investigación junto a otras piezas todavía bajo secreto.

https://www.eldiario.es/catalunya/deten ... 73052.html