En mi opinión si se inicia la privatización del servicio hay que llevarlo hasta el final, dejando el mínimo de guardias civiles y policías nacionales, no pagando SP de más.
Y que la GC no respete los derechos de sus miembros no es cuestión para dejar a medias el proyecto y seguir pagando el sobrecoste, para eso que no hubieran empezado el plan o que lo retiren. Así ningún guardia civil sería traslado desde su merecido puesto de trabajo en la prisíón.