Desde hace algunas semanas un concreto medio de comunicación viene informando de que se va a producir un incremento de salario para los miembros de la Guardia Civil, noticia que desmienten cada vez que se produce desde Interior y las direcciones generales tanto de la Guardia Civil como de la Policía.
El último desmentido es tan sospechoso que hace pensar que, efectivamente, existen actuaciones encaminadas a mejorar el salario de los miembros de dicha institución. Y es sospechoso porque que a estas alturas vengan con un desmentido señalando que el sueldo base y trienios es idéntico en policía y guardia civil hace suponer que la mejora salarial se va a producir por incrementos en el mínimo del complemento específico singular y en productividad, ya sea estructural o funcional.
Siempre que hay un incremento salarial en un cuerpo de seguridad es inevitable que los que forman parte de otros pregunten "¿qué hay de lo mio?", porque se ha "vendido" tanto y tan reiteradamente que la Guardia Civil es el Cuerpo de seguridad cuyos miembros están peor pagados, que siendo una verdad a medias puede convertirse en la peor de las mentiras.
Comparar hoy el salario de un policía y un guardia civil debe hacerse en el mismo lugar territorial, especialidad y categoría profesional, y aun así puede haber cosas no comparables porque la estructura y cometidos de ambos Cuerpos son distintas.
Procede entonces para ser justos establecer el coste medio de un miembro de cada Cuerpo, sumando las retribuciones de todas las escalas y obteniendo la media salarial del colectivo, y resulta que el policía más barato para la administración, y con diferencia, el que menos coste origina es un miembro del Cuerpo Nacional de Policía.
Porque que el 35% de miembros de la Guardia Civil dispongan de vivienda o pabellón (es verdad que la mayoría son mandos, desde subinspectores hasta generales) cuesta unos cuánto cientos de millones de euros anuales al erario público que son una retribución "en especie" que hay quien no tiene en cuenta, pero que aplicado al caso concreto de un miembro de la Guardia Civil o de la Policía significa que mientras uno dedica el 30% de su sueldo por término medio a proveerse de vivienda, en propiedad o alquiler, el otro dispone de esa misma cuantía para adquirir su vivienda, que puede alquilar mientras reside unos años en la vivienda o pabellón adjudicado y pagado con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Bienvenida sea esa mejora económica en el concepto que se produzca, pero no dejará de ser un parche y de incrementar el desequilibrio, la desigualdad y la injusticia entre los miembros de la Guardia Civil y con los del Cuerpo Nacional de Policía, porque ese incremento se producirá igual para quien dispone de vivienda que para quien no la tiene. AUGC y SUP, organizaciones mayoritarias de ambos cuerpos, en el modelo policial que presentaron a principios de 2013 y en el marco de distintos acuerdos que alcanzaron, abordaban también este asunto retributivo proponiendo un plus para todos los miembros de la Policía y la Guardia Civil que no dispusieran de pabellón o vivienda, pudiendo los que lo tengan renunciar a los mismos para percibir la cantidad estipulada.
Que un Estado tenga el número de policías que tiene el nuestro (el segundo de la UE por detrás de Italia), descoordinados y con inmensas zonas rurales y costeras sin protección debería llevar a modificar el modelo y a establecer competencias y funciones de todos y cada uno de ellos, homologando de paso sus retribuciones. Hay policías locales ricos, con sueldos que doblan el de policías autonómicas o del Estado, y policías locales pobres; hay policías autonómicas que cobran más que las del Estado, con menos movilidad, por no entrar en otras materias; y hay unidades adscritas a CCAA cuyos miembros, por colocarse en el brazo la bandera de la comunidad ya tienen un plus económico superior al que cobran quienes están en cualquier unidad dependiente de Policía y Guardia Civil en esa misma comunidad. Por no hablar ya de los pluses por estar en determinadas unidades centrales en Madrid en protección de organismos de la estructura del Estado (Casa Real, Presidencia del Gobierno, Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial...)
En esta situación, todo lo que se le ocurre al Ministerio es plantear una ley de Personal restrictiva, que recorta derechos a los policías, infumable desde cualquier punto de vista, eliminando uno de los avances más importantes alcanzados (año 2011) como la "jubilación a la carta", por el que cada policía decidía, a partir de una determinada edad, si pasaba a segunda actividad o seguía en situación de Activo, proponiéndose ahora la expulsión forzosa a partir de 58, 60, 62 y 64 años, según se pertenezca a las escalas básica, de subinspección, ejecutiva o superior, respectivamente. Por no hablar de una norma de divisas que contribuirá a hacer más confusa la relación interna, o mantener la política de identificaciones masivas, con riesgo para los policías y atentando contra los derechos civiles de la ciudadanía, al provocar millones de identificaciones innecesarias e irregulares; o rebajar el salario en bajas incluso por lesiones en acto de servicio, que después, tras el oportuno expediente, se abonan, pero con grave problema para el compañero/a que vive solo de su salario y que puede tener verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. No va nadie al supermercado diciendo "este mes me han pagado menos porque me han dado una puñalada en una intervención, pero no se preocupe que en dos meses me devuelven el dinero que me han robado y le pago".
Si esto sigue así, si ese incremento a los guardias civiles se produce (merecido lo tienen) pero con el criterio generalista de mejorar a todos sin hacer justicia, posiblemente nos veamos ante la estampa de policías con pancartas frente a las casas cuartel o pabellones de los miembros del Cuerpo hermano, y daremos otra imagen para la historia de este nuestro país, más madrastra que madre con sus hijos decentes y muy comprensivo con los corruptos, que parecen tener todos los resortes del poder.
José Manuel Sánchez Fornet
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