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Así lo denunció hoy el responsable de Prisiones de CSIF de Castilla y León, Fermín Pinto, quien encabezó la concentración de funcionarios convocada por ambas formaciones en Valladolid delante de la Delegación del Gobierno, en una protesta de carácter nacional.
Pinto explicó al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, minutos antes de iniciarse la concentración, que "existe una falta total de medios humanos y materiales en las cárceles de Castilla y León", lo que pone en "grave peligro la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos".
Según los datos de CSIF, en las prisiones de Castilla y León hay un 23 por ciento de plazas vacantes, lo que equivale a 716 sin ocupar -una cuarta parte del total existente en todo el país-. A eso se suma que en la Comunidad el 70 por ciento de las plazas de médicos está sin cubrir (en España es de un 58 por cinto).
De hecho, según ha apuntado, solo están cubiertas 36 de las 56 totales, cuando la realidad de los centros es que hay un 30 por ciento de reclusos con problemas psiquiátricos. "Sin médicos suficientes para que les pauten la medicación o para que dictamine el aislamiento de un recluso agresor, sin plazas reconocidas de psiquiatras y con tan solo dos psiquiátricos penitenciaros, la situación es insostenible", expuso Pinto, quien añadió que ya son 18 años "sin cumplir la Ley de Cohesión Sanitaria y sin que se haya aprobado una ley de Función Pública Penitenciaria comprometida hace tres años".
Mientras, prosiguió, "el Gobierno no hace su trabajo, los trabajadores siguen sufriendo la lacra de las agresiones y haciendo el trabajo sin medios humanos ni materiales", reprochó.
Más de 4.000 incidentes
"Esta falta de medios" ha propiciado, informó CSIF, que se produjeran en la Comunidad durante el año 2021 más de 4.120 incidentes carcelarios -35 muy graves y 570 graves-, y que en lo que va de año 26 funcionarios de prisiones hayan sufrido alguna lesión, diez con baja laboral. "Es una barbaridad", señaló el responsable de CSIF, para quien la razón está en un "gravísimo problema de clasificación interior".
Además, Pinto puso de relieve que en la Comunidad la edad media de los trabajadores de prisiones alcanza los 54 años, dos más que en el promedio del país, y que las ofertas de empleo público no cubren ni siquiera las jubilaciones que se producen.
Por ello, CSIF reclamó que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad y que reciban un mayor reconocimiento, "a la misma altura del que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando participan en operaciones de incautación de sustancias".
A modo de ejemplo, detalló que los trabajadores de prisiones han incautado 86 armas de fabricación casera (pinchos carcelarios) durante los cinco primeros meses del año 2022. Además, han detectado 112 móviles entre enero y mayo y se han frustrado dos intentos de fuga en la prisión de Valladolid, el último hace unos días, "solo gracias al magnífico trabajo de los funcionarios".
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