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Funcionarios de prisiones de Castilla y León secundaron hoy la concentración, convocada por CSIF y ACAIP-UGT, por el "abandono" que sufren por parte de un Gobierno "que no está haciendo su trabajo". Aseguraron que se sienten "desamparados y abandonados" y esgrimieron que "a los internos les sale gratis agredir a un funcionario".

Así lo denunció hoy el responsable de Prisiones de CSIF de Castilla y León, Fermín Pinto, quien encabezó la concentración de funcionarios convocada por ambas formaciones en Valladolid delante de la Delegación del Gobierno, en una protesta de carácter nacional.

Pinto explicó al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, minutos antes de iniciarse la concentración, que "existe una falta total de medios humanos y materiales en las cárceles de Castilla y León", lo que pone en "grave peligro la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos".

Según los datos de CSIF, en las prisiones de Castilla y León hay un 23 por ciento de plazas vacantes, lo que equivale a 716 sin ocupar -una cuarta parte del total existente en todo el país-. A eso se suma que en la Comunidad el 70 por ciento de las plazas de médicos está sin cubrir (en España es de un 58 por cinto).

De hecho, según ha apuntado, solo están cubiertas 36 de las 56 totales, cuando la realidad de los centros es que hay un 30 por ciento de reclusos con problemas psiquiátricos. "Sin médicos suficientes para que les pauten la medicación o para que dictamine el aislamiento de un recluso agresor, sin plazas reconocidas de psiquiatras y con tan solo dos psiquiátricos penitenciaros, la situación es insostenible", expuso Pinto, quien añadió que ya son 18 años "sin cumplir la Ley de Cohesión Sanitaria y sin que se haya aprobado una ley de Función Pública Penitenciaria comprometida hace tres años".

Mientras, prosiguió, "el Gobierno no hace su trabajo, los trabajadores siguen sufriendo la lacra de las agresiones y haciendo el trabajo sin medios humanos ni materiales", reprochó.

Más de 4.000 incidentes

"Esta falta de medios" ha propiciado, informó CSIF, que se produjeran en la Comunidad durante el año 2021 más de 4.120 incidentes carcelarios -35 muy graves y 570 graves-, y que en lo que va de año 26 funcionarios de prisiones hayan sufrido alguna lesión, diez con baja laboral. "Es una barbaridad", señaló el responsable de CSIF, para quien la razón está en un "gravísimo problema de clasificación interior".

Además, Pinto puso de relieve que en la Comunidad la edad media de los trabajadores de prisiones alcanza los 54 años, dos más que en el promedio del país, y que las ofertas de empleo público no cubren ni siquiera las jubilaciones que se producen.

Por ello, CSIF reclamó que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad y que reciban un mayor reconocimiento, "a la misma altura del que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando participan en operaciones de incautación de sustancias".

A modo de ejemplo, detalló que los trabajadores de prisiones han incautado 86 armas de fabricación casera (pinchos carcelarios) durante los cinco primeros meses del año 2022. Además, han detectado 112 móviles entre enero y mayo y se han frustrado dos intentos de fuga en la prisión de Valladolid, el último hace unos días, "solo gracias al magnífico trabajo de los funcionarios".
https://www.eldiadevalladolid.com/Notic ... r-abandono

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Los funcionarios de prisiones están hartos y amenazan con un otoño caliente de movilizaciones ante Instituciones Penitenciarias. Durante los últimos cinco años han sufrido, según la estadística oficial, 840 agresiones de presos en las cárceles españolas y el año 2022 no ha terminado todavía. En concreto, los funcionarios denuncian una agresión cada 36 horas si extendemos el dato a la media de los últimos cinco años. Todo ello según datos oficiales recogidos en una respuesta del Gobierno a una pregunta de dos diputados del Grupo Popular el pasado 7 de junio.

Pero solo durante el último mes de julio las prisiones han sido especialmente violentas, con 15 funcionarios lesionados por agresiones de internos y otros 3 intoxicados por un incendio provocado por los presos. El dato es alarmante, pero Instituciones Penitenciarias no se decide a activar de manera efectiva el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA), un documento impuesto en su día por la Secretaría de Estado de la Función Pública que no se aplica correctamente en la actualidad. Esto deja a los funcionarios sin posibilidades de actuación en muchos casos e indefensos ante los internos más peligrosos.

Jorge Vilas, responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF, explica que «el problema es que cuando hay una agresión de un interno luego no sufren las consecuencias de sus actos y al final estamos liberando a personas que no están preparadas para insertarse en la sociedad». Como ejemplo José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, pone el caso de una de las últimas agresiones «en Murcia II, donde el compañero que casi le seccionan la yugular tuvo que ser trasladado al hospital mientras que el interno que había agredido estuvo 21 días en la misma prisión cuando el protocolo dice que el traslado, por motivos obvios, debe realizarse antes».

prisiones
Vilas y López durante una rueda de prensa.

Los funcionarios de prisiones han pedido el aumento de medidas coercitivas para hacer frente a los presos más peligrosos como «disponer de pistolas táser, convenientemente custodiadas por el jefe de servicio», explica Jorge Vilas y José Ramón López añade un dato esclarecedor: «los sprays están prohibidos porque al parecer eran demasiado lesivos y ponernos el traje de intervención es tan aparatoso que nos puede llevar 20 minutos y cuando lo conseguimos es probable que ya haya terminado el incidente».

Desde los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, explican que «hubo una reunión el pasado día 18 de julio para abordar el incumplimiento del PEAFA y como no explicaron por qué no se aplica decidimos retirar nuestra firma del citado documento».

El citado PEAFA contempla «medidas de protección jurídica para los funcionarios, con la elaboración de una Guía de asesoramiento y la inclusión en el pliego de prescripciones de las pólizas de seguros de una cláusula que asegure el asesoramiento como la asistencia jurídica al empleado agredido; apoyo psicológico con la elaboración de una Guía de atención y asesoramiento psicológico y asumir a través de la empresa encargada de la vigilancia de la salud de la necesidad de una atención psicológica “suplementaria”. Una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, incluyendo el endurecimiento de algunas sanciones existentes; un Plan especial de Formación incorporando acciones formativas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta de los empleados públicos penitenciarios ante las agresiones, haciendo uso de formatos docentes básicos que permitan una rápida y amplia transmisión de la información para todos los trabajadores penitenciarios». El problema es que el PEAFA no se aplica por parte de Instituciones Penitenciarias y eso motiva el enfado de los funcionarios que han decidido retirar su firma del mismo.

¿Qué es necesario para que los funcionarios ejerzan su labor con seguridad? Lo primero es el reconocimiento de la condición de autoridad, «porque con todos los respetos no puede ser que un maestro tenga ese reconocimiento y nosotros no», explica López y «una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias», añade Vilas.

Los funcionarios de prisiones también denuncian que Interior comete «constantes faltas de respeto al colectivo de funcionarios», como la publicación de un artículo en la revista del Centro Penitenciario de Madrid VII (Estremera) «donde se ha insertado un artículo firmado por un interno en el que acusa sin ningún pudor a los empleados públicos, sin pruebas y sin que medie denuncia oficial ante ningún órgano ni judicial ni administrativo de hechos tan graves como asesinato. Motivo este por el que se presentará una querella criminal contra el autor del artículo como contra el editor de la revista. En este caso la Administración Penitenciaria», anuncian desde ACAIP.
https://okdiario.com/espana/funcionario ... as-9458185

La violencia que reciben los funcionarios de prisiones ha aumentado en España en los últimos años y Castilla y León no es una excepción. A mayores, se da otra problemática que guarda relación con esta escalada de agresiones: la falta de trabajadores en las cárceles. Las agresiones sufridas por los funcionarios en Castilla y León aumentaron un 26% el último año, el doble que en la media nacional, un 12%. Unas cifras similares si se habla de la falta de funcionarios en los centros penitenciarios, por ello, estos trabajadores lanzan un grito de ayuda ante las vacantes sin cubrir.

En la Comunidad tendría que haber 2.982 funcionarios en las ocho prisiones, pero hay 746 vacantes, un déficit del 25%. Es decir, hay 2.236 puestos cubiertos en la región. Un dato que, al igual que con las agresiones, es el doble. En España deberían estar en activo 24.004 funcionarios de prisiones, pero hay 3.182 vacantes, una cifra que representa el 13% del total, según los datos trasladados por Aceip-UGT a septiembre de 2023.

La media autonómica se sitúa en el 25%, pero hay notables diferencias entre unas cárceles y otras. El centro penitenciario con más vacantes es el de Soria con un 31% al necesitar 72 personas para una plantilla de 227. Le siguen las de León y Topas, ambas con un 27%. La leonesa tiene 155 vacantes para una plantilla de 562 y la salmantina, 175 para un total de 643 empleados.
Le sigue en el listado la prisión de Dueñas con un 25% de sus plazas libres (la media de Castilla y León) con 132, al tener 514 trabajadores.

Por debajo de la media autonómica se encuentra la prisión de Segovia con una plantilla que debería tener 310 trabajadores, de los cuales 73, el 23%, son vacantes. Con el mismo porcentaje de puestos libres se encuentra Valladolid que debería tener 312 trabajadores en activo, pero hay 72 plazas sin cubrir. En último lugar, se encuentran Burgos y Ávila. La primera de ellas tiene el 20% de los puestos libres, 50, de un total de 250 y Ávila contabiliza otros 17 puestos sin cubrir, el 10%, para una plantilla de 164 empleados.
Villanubla, la segunda con menos agresiones

Uno de los problemas en el que más acento ponen los funcionarios de prisiones son las agresiones que sufren por parte de los internos. Unos sucesos que han ido en aumento en los últimos años en Castilla y León. Unos datos negativos a nivel regional, pero donde sobresalen dos prisiones por encima del resto: Dueñas y Topas. Las cárceles de Palencia y Salamanca representan una de cada dos agresiones a funcionarios, según los datos facilitados por el sindicato ACEIP-UGT. En los últimos diez años (2014-2023), los guardias de las cárceles sufrieron 284 agresiones, de las cuales 85 se produjeron en Dueñas y 66 en Topas, dos de los centros más conflictivos de la Comunidad. El pasado año también estuvieron en el podio de las más problemáticas. Dueñas, tuvo 20 incidentes de estas características, la de León, 10 y la de Topas, 9.

La cárcel palentina es la que más incidentes registra desde el 2014 con 85. La prisión salmantina de Topas se queda lejos de Dueñas con 19 agresiones menos, pero es la segunda con la cifra más alta de Castilla y León con 66. En tercer lugar, con la mitad de sucesos de estas características se encuentra el centro penitenciario de León con 33.

El resto de prisiones de la Comunidad no alcanzan la treintena de casos, pero algunas se quedan cerca. Es lo ocurrido en la cárcel de Segovia con 29 agresiones, en Ávila con 28 y en Burgos con 25. Al final de este listado se encuentran los centros penitenciarios de Valladolid y Ávila, con 12 y seis casos respectivamente en los últimos diez años.

En lo que se refiere a los datos del último año, la violencia en las cárceles aumentó un 26% al pasar de los 45 casos del 2022 a los 57 del 2023. Un aumento porcentual que llama más la atención si se compara con la media nacional. En el conjunto de España estas situaciones han aumentado un 12%, de 453 a 508 el pasado año. Es decir, la violencia sufrida por los funcionarios de prisiones en Castilla y León se ha duplicado en comparación con la media nacional en tan solo un año. De hecho, si se cogen los datos de los centros de Dueñas y Topas, acumulan también el 50% de las agresiones, 20 y 9, respectivamente.
Reclamaciones

El centro penitenciario de Dueñas es la más conflictiva en el último año y en la última década en la Comunidad. El delegado general de ACAIP en el centro penitenciario, David R.F., critica la falta de médicos en la cárcel, la necesidad de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad y la falta de personal. A mayores, destaca el motivo que, a su juicio, hace que Dueñas sea la prisión con más agresiones de Castilla y León: «Lo que no quieren en el País Vasco lo mandan a Dueñas, es la cárcel cercana más grande al País Vasco».

En relación a la falta de médicos, indica, al igual que otros compañeros, que no se pueden realizar algunos trámites sin la presencia de un doctor. De la misma manera, lamenta que al no ser considerados como agentes de la autoridad, a «los internos les sale gratis la agresión» porque apenas reciben «una sanción disciplinaria».

En la cárcel salmantina de Topas, también una de las más conflictivas de la Comunidad, estuvo trabajando durante muchos años Ignacio Hernández, secretario general de ACAIP. Recuerda en especial un suceso durante la pandemia, en abril de 2020: «Hubo una pelea en el peor módulo, en el 11. Fue una pelea de todos contra todos. Empezaron a golpearse de malas manera con pinchos y otras herramientas. Tuve que entrar corriendo y se me han quedado mal las manos por intentar apartarles y reducirles». Este funcionario lamenta que debido a los golpes recibidos sufre «una artrosis a lo bestia» en las manos: «Se me deformaron bastante, se me deformó un poco un hueso», unas consecuencias físicas que este guardia califica como «gafes del oficio».

Félix Alonso, otro funcionario de prisiones, pero del centro de León, coincide con sus compañeros de profesión en los problemas que conllevan a un aumento de las agresiones en las prisiones. La principal demanda es que sean reconocidos como agentes de la autoridad:«No tiene coste económico, es voluntad política». «Un conductor de autobús es agente de la autoridad y nosotros no», lamenta este funcionario del centro de León. Una opinión que también comparten los trabajadores de Dueñas y Topas: «Les sale gratis», indica sobre las consecuencias que tiene para los presos agredir a los trabajadores. Actualmente, es una «falta» si hay un incidente físico con un funcionario, pero si se les cataloga como agentes de la autoridad, pasaría a ser un delito tipificado en el Código Penal y conllevaría un aumento de su pena en la cárcel.

Hernández explica que hoy en día a los presos «no se les castiga, se les premia» cuando se dan estas situaciones porque «no se les permite salir durante un tiempo de la celda que es lo que quieren». Ambos lamentan que «las agresiones verbales, las amenazas o escupitajos son continuas».

Los funcionarios coinciden en los problemas que conlleva el aumento de las agresiones en las cárceles: no estar reconocidos como agentes de la autoridad, la falta de personal y la falta de médicos. Los dos apuntan que la edad media de los carceleros es de «unos 56 años». «Falta bastante gente», coinciden en señalar. En el caso de León, Alonso critica que en ocasiones hay «un trabajador por cada 100 internos».

En lo que se refiere a la falta de médicos, afirman que su figura es «fundamental» dentro de una prisión. «Cualquier interno al que se le quiera llevar a aislamiento por mal comportamiento, le debe ver un médico, si no hay se para el trámite», explica Hernández. Por su parte, Alonso indica que no hay facultativos porque «no se quiere trabajar en prisiones»: «El salario es bajo y el riesgo alto. Nadie quiere trabajar aquí». «Si hay una lesión de un preso y no hay un médico se le traslada a un hospital. Un traslado requiere de medidas de seguridad como Policía Nacional o Guardias Civiles, lo que encarece el servicio médico», detalla Félix Alonso sobre las consecuencias de la falta de profesionales sanitarios.
https://diariodevalladolid.elmundo.es/a ... 00427.html

Presos de “apoyo” y perspectiva de género para prevenir el suicidio en las cárceles catalanas
La Generalitat presenta un plan de choque para evitar que incremente el número de reclusos que se quitan la vida en prisión, que ya es de 11 en lo que va de año

El suicidio es la principal causa de muerte en las cárceles catalanas. En lo que va de año, 11 presos se han quitado la vida y se han detectado 545 casos de riesgo, según los servicios penitenciarios. Presionada por las entidades que defienden los derechos de los presos, la Generalitat se ha propuesto revertir la situación con un plan de choque para prevenir el suicidio en los centros penitenciarios, que multiplica por ocho la tasa de la población general. El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, la secretaria de medidas penales, Elena Pérez, y la directora general de planificación en salud, Aina Plaza, han presentado los diez puntos de un plan que se activará en un máximo de dos semanas.

Uno de los principales puntos del plan es que incorpora la perspectiva de género. “Las mujeres víctimas de violencia machista perciben el suicidio de una manera diferente. Hasta ahora no habíamos incorporado esta medida y creemos que es importante hacer un seguimiento de la situación que las víctimas tienen en su entorno familiar y doméstico”, ha advertido Espadaler, que ha puesto énfasis también en el impulso a la figura del “interno de apoyo”: se trata de presos que, a través de un buzón de aviso, puedan notificar a la dirección del centro posibles conductas suicidas de sus compañeros. Esta figura ya estaba contemplada en el plan anterior pero Justicia no tiene constancia de que se haya aplicado en ningún centro.

El plan presentado este lunes es, de hecho, una revisión del anterior, el Projecte ANAIS (2023), un programa trienal que aborda los incidentes y conductas violentas en las cárceles. La actualización pretende una mayor meticulosidad al activar y desactivar el protocolo en cada recluso. Espadaler ha confirmado que se creará una mesa de prevención en cada centro penitenciario compuesta por todos los agentes implicados para revisar mensualmente los datos de detección. La propuesta pretende llevar a cabo una campaña de sensibilización, no solo entre los internos, sino también entre el personal que trabaja en las cárceles mediante lo que el consejero ha denominado “píldoras formativas” para detectar los casos de forma prematura. A esta medida se suma la monitorización de las actividades de los presos y la intensificación de la prevención por parte de la atención primaria de los centros.

La secretaria de medidas penales ha destacado la urgencia de limitar el acceso de los reclusos a ciertos objetos y materiales que puedan facilitarles cometer el suicidio. “Sustituiremos la ropa de cama por tejidos que no sean resistentes. En algunas celdas cambiaremos los clásicos barrotes por cristales blindados y estamos valorando construir celdas contiguas que estén unidas por un cristal para que el interno de apoyo pueda estar pendiente del comportamiento del otro”, ha anunciado Pérez.

El aislamiento y la soledad son dos de los principales motivos que conducen al suicidio en las cárceles. La directora de planificación en salud ha insistido en la necesidad de que sea el psiquiatra quien haga una valoración previa a la aplicación del aislamiento. Una medida para reducir los efectos de la soledad es la habilitación de espacios alternativos que sean amables para el recluso. Un estudio de la asociación Observa, dedicada al análisis del sistema penal en Cataluña, concluye que la mayoría de los suicidios en las cárceles está relacionado con problemas de salud mental, ya que el 60% de los presos tiene diagnosticada alguna patología, como confirman los datos del Departamento de Salud.

https://elpais.com/espana/catalunya/202 ... lanas.html

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