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Un juez de San Sebastián (188.743 hab.) anula la exigencia del euskera como requisito para ser policía municipal

Constata que es "discriminatorio" exigir su conocimiento cuando la atención en esta lengua cooficial la pueda realizar otro agente. Es la primera sentencia contra la imposición del vasco tras la marcha contra los jueces de PNV y Bildu


El juzgado contencioso administrativo nº 3 de San Sebastián ha anulado las bases de una convocatoria para dos plazas de la Policía Local de San Sebastián porque en ambas se exigía como requisito el conocimiento del euskera. Un criterio que interpreta como "discriminatorio" y que vuelve a evidenciar que la exigencia sistemática del euskera por las administraciones vascas vulnera la Constitución. La sentencia se produce dos meses después de que PNV y EH Bildu apoyaran una marcha en Bilbao contra este tipo de sentencias en la que participaron miles de ciudadanos.

La Justicia vasca vuelve a cuestionar la "imposición" del euskera en la función pública. La nueva sentencia da la razón a un experimentado policía local representado por el abogado Ignacio López Lera que optaba a una de las dos plazas de policía local dentro de un proceso de estabilización dentro de la plantilla del Ayuntamiento de San Sebastián. El Consistorio estableció como requisito que todos los aspirantes debían acreditar un nivel B-2 de euskera.

El fallo judicial estima que el requisito utilizado para ambas plazas "no está justificado para garantizar los derechos de los ciudadanos y se ha convertido en un elemento de discriminación hacia una parte importante de la población". El juez de San Sebastián considera vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución y decreta la anulación de las bases de esta convocatoria.

La sentencia se apoya en el criterio utilizado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para anular una convocatoria de 12 plazas de la Policía Municial de Irun. En este proceso, otro agente local también representado por el letrado López Lera logró que se estimara su recurso. El argumento principal compartido por una decena de sentencias establece que es la administración vasca quien debe garantizar la atención en euskera a los ciudadanos que así lo demanden pero debe hacerlo desde el respeto al acceso a la función pública de los ciudadanos castellanohablantes.

Esta sentencia fechada el pasado 22 de diciembre se hace pública dos meses después de que miles de personas convocadas por Euskalgintzaren Kontseilua se manifestaran por las calles de Bilbao al interpretar que las sentencias judiciales cuestionan el proceso de normalización del euskera liderado por las administraciones vascas. La marcha contra las sentencias judiciales contó con el respaldo de PNV y de EH Bildu.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido hoy que en la actualidad hay 261.000 más ciudadanos vascos que saben euskera que en 1991. Urkullu, que ha participado en la reunión del Consejo Asesor del Euskera, ha asegurado que este proceso de euskaldunización se ha desarrollado mediante el "consenso y la colaboración". Una visión no compartida por partidos vascos como el PSE-EE o el PP que han llegado a cuestionar la imposición del euskera en el ámbito educativo o su utilización como una barrera para acceder a la función pública. También sindicatos como UGT y CCOO han interpuesto recursos judiciales en representación de trabajadores y funcionarios interinos discriminados por no acreditar el conocimiento de la lengua vasca.
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