FORO POLICIA

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus

La Guardia Civil concluye que Marta Rovira tuvo un papel clave en Tsunami

Los investigadores remiten a la Audiencia Nacional las conclusiones finales de sus pesquisas sobre este movimiento radical violento que salpica a cargos de ERC y afines de Puigdemont

La Guardia Civil concluye que la dirigente independentista de ERC Marta Rovira tuvo un papel clave en la plataforma investigada Tsunami Democràtic. Según dice en un documento remitido al juez, de los resultados del análisis de los dispositivos electrónicos "se puede concluir que el usuario Matagals (nombre en clave de Rovira) realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democràtic en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político". Estas conclusiones forman parte de un extenso informe final de más de 200 folios al que ha tenido acceso El Confidencial remitido por los investigadores policiales a la Audiencia Nacional, órgano con competencias en materia de terrorismo, que investiga las acciones de esta plaforma independentista. En informes anteriores desvelados por este periódico, la Guardia Civil ya halló indicios de participación en las acciones de Tsunami de cargos intermedios de ERC y personas del entorno más directo el expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont.

En todas las comunicaciones, Rovira aparece como Matagalls, un alias que, según la Guardia Civil, responde a la montaña que había escogido durante la campaña Cimas por la libertad para pedir la excarcelación de los acusados de sedición y la vuelta de los huidos. Este evento reunió en 2018 a varias decenas de militantes independentistas que ascendieron a distintas cumbres y, mientras Puigdemont escogía el monte Puigsacalm y Junqueras el Sant Jeroni, ella hizo lo propio con el Matagalls. "En lo concerniente a la vinculación entre Matagals (Rovira) y Tsunami, se pone de relieve que tiene un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma", zanjan los investigadores. La plataforma Tsunami irrumpió en 2019 como respuesta al encarcelamiento de los dirigentes secesionistas. A diferencia de la actividad de los partidos y otras marcas habituales del activismo independentista en Cataluña, Tsunami Democràtic presentaba una puesta en escena clandestina, sin caras visibles, pero especialmente activa en redes sociales y con poder de convocatoria.

Organizó cortes de carreteras o colapsó el aeropuerto de Barcelona, lo que provocó el arresto de 194 personas. Trataron de hacer lo propio en el aeropuerto de Barajas de Madrid y se organizaron para hacerse visibles durante un encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid disputado en el Camp Nou bajo el lema "Spain, sit and talk". "En poco tiempo --señala la Guardia Civil-- recibió el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones". Los investigadores atribuyen a Marta Rovira labores claves como "el reclutamiento de gente" para llevar a cabo acciones y ejercer "de enlace" entre Tsunami y la “dirección”.

El otro gran reclutador de Tsunami fue presuntamente Xavier Vendrell Segura, exmilitante de Terra Lliure, exsecretario de Organización de ERC y consejero de Gobernación de la Generalitat en 2006. Entre los investigados figura también Ruben Wagensberg Ramón, diputado y cuarto secretario del Parlament de Cataluña por ERC. Él respondía al nombre en clave de Konan y la Guardia Civil destaca "su implicación y preocupación en el éxito de las acciones de Tsunami, ocupando un puesto de significativa responsabilidad en el ámbito de la comunicación corporativa". La imputación de aforados autonómicos lo dejaría así en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A este caso se suma ahora el contexto político surgido tras las elecciones generales del 23 de julio, en que los escaños de los partidos independentistas resultan claves para la investidura. Pedro Sánchez negocia un apoyo tanto de ERC como de Junts que incluye la exigencia de una amnistía que beneficie a todos los investigados y condenados en los diversos procedimientos relacionados con el 'procés'.

https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... a_3767210/

Condenado a 7 años el acusado que afrontaba la mayor pena por los disturbios del procés

La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete años y medio de cárcel a un joven que afrontaba una petición fiscal de 14 años, la más alta solicitada por los disturbios contra la sentencia a la cúpula del procés, por lanzar pirotécnia y adoquines a agentes de la Policía Nacional en las protestas de 2019.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' 23 nov 2023 - 18:17 Actualizado 18:18

La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete años y medio de cárcel a un joven que afrontaba una petición fiscal de 14 años, la más alta solicitada por los disturbios contra la sentencia a la cúpula del procés, por lanzar pirotécnia y adoquines a agentes de la Policía Nacional en las protestas de 2019.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección sexta de la Audiencia impone un año de cárcel a otro de los acusados -para quien inicialmente la Fiscalía solicitaba 7 años y cuatro meses-, y absuelve a un tercer procesado, al tiempo que exonera a los tres del delito de desórdenes públicos ya que no se ha podido acreditar que actuaran de forma conjunta para alterar la paz pública.

Los hechos, por los que la Fiscalía pedía para uno de los acusados una pena de 14 años, superior a la de 13 años que el Tribunal Supremo impuso al ya indultado exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ocurrieron el 18 de octubre de 2018, en el marco de los disturbios en protesta por la condena a la cúpula del procés.

Según la Audiencia, esa noche, en el marco de las protestas ante el edificio de Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, un grupo de unas 300 personas lanzaron objetos como maceteros, piedras, papeleras, adoquines y bolas de metal contra los agentes que velaban por el orden y la seguridad ciudadana.

En el marco de estos disturbios, la Audiencia considera probado que el acusado Oleksandr S. -que ha sido condenado a siete años y medio de cárcel-, con el ánimo de menoscabar la integridad de los agentes, lanzó un artefacto pirotécnico a los pies de dos policías, que sufrieron varias lesiones, como pérdida auditiva, y también arrojó sendos adoquines que impactaron en la muñeca izquierda de uno de ellos y en el hombro derecho del otro.

Por este motivo, la Audiencia le condena a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y a otros tres años de cárcel por uno de lesiones, y le ordena indemnizar a los agentes con 43.393 y 9.468 euros, respectivamente.

La Audiencia subraya en su sentencia, que se puede recurrir, que no ha quedado probado que este acusado "animase y dirigiese" a los demás manifestantes violentos a actuar en contra de los policías.

A otro de los acusados, Francesc C., que inicialmente se exponía a una petición fiscal de 7 años y cuatro meses de cárcel, la Audiencia le rebaja su condena hasta un año de cárcel porque, además de absolverle del delito de desórdenes públicos, no le aplica la agravante de que utilizara un elemento peligroso para atacar a los agentes, porque no se han podido demostrar las características de la piedra o adoquín que arrojó contra un policía.

Además, le beneficia en su caso la atenuante de reparación del daño -al haber pagado los 225 euros de indemnización al agente al que lesionó-, por lo que la Audiencia le impone una condena de un año de cárcel, así como una multa de 270 euros por un delito leve de lesiones.

Francesc C., que fue detenido la misma noche de los disturbios, permaneció en prisión preventiva por estos hechos entre el 19 de octubre y el 7 de noviembre de 2019.

El tercer acusado, Erik B., ha sido absuelto porque, si bien se demostró que participó en la protesta, no se ha podido acreditar que atacase a uno de los policías. EFE


https://www.cope.es/actualidad/espana/n ... 23_3017718

Fundas Para Grilletes Desde 7?

En cordura o piel, 30 modelos

desenfunda.com

Como si son 50 años, se van a ir de rositas, Que asco dan

HECKLER & KOCH SFP9-FX

Sistema de entrenamiento FX

uspsuministros.com

Deberían de leerse bien la 2/86.

2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas.

El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes.

Parlamento obliga al Gobierno a prohibir los balones de goma también a la policía española

Una resolución de la cámara alerta de que la única autoridad en orden público es la Generalitat y que debería haber impedido del todo el uso de la munición vetada en Cataluña en las protestas de octubre de 2019

Quico Sallés Barcelona
29/11/2023 20:55

El Gobierno deberá impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilicen balones de goma en sus actuaciones en Catalunya si nunca vuelven a enviar los antidisturbios, como ocurrió hace cuatro años, durante las protestas contra la sentencia del Proceso. Así de claro lo ha dejado, diez años de la prohibición, el Parlament de Catalunya en el Departament d'Interior. Fue a través de una resolución parlamentaria publicada este 28 de noviembre. Un texto impulsado por Junts per Catalunya que ha tenido el apoyo de ERC y de los Comunes y que recuerda y reivindica que la única “autoridad gubernativa en orden público en Catalunya” es la que depende de la Generalitat, es decir, el departamento de Interior.

La resolución 867/XIV muestra que las policías del Estado no actuaron de acuerdo y con respeto por el régimen de competencias del Estatut durante el Primero de Octubre y durante las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo del Proceso , l octubre de 2019. En ambos casos, la autoridad gubernativa era la Generalitat y, por tanto, el Gobierno, a través del Departamento de Interior y de la Dirección General de la Policía, debería haber impedido o prohibido el uso de pelotas de goma en los cuerpos estatales, al igual que no los pueden utilizar los Mossos.

Una decisión que debía tomar en aplicación de la prohibición de esta munición que el pleno del Parlamento votó el 18 de diciembre de 2013, a raíz de las conclusiones de la histórica comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y uso de material antidisturbios en eventos de masas. Precisamente, esta resolución llega la misma semana que el departamento que dirige el conseller Joan Ignasi Elena anunciaba que los Mossos retiraban de su polvorín los proyectiles viscoelásticos de largo alcance, conocidos como foam negro , una munición que escapaba de la prohibición del 2013 pero que posteriormente se ha considerado más lesiva de lo que se creía.

“Imponer” los protocolos de los Mossos también en el CNP y la Guardia Civil
El texto de la resolución se aprobó en el marco del debate sobre la seguridad, reclamado por el PSC-Units per Avanzar, que se celebró en el Parlament el pasado 7 y 9 de noviembre. El mensaje aprobado, y ya publicado en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, es suficientemente concluyente. Así, afirma que la cámara catalana “insta al Gobierno a imponer , cuando se ordene la disolución de una manifestación o una concentración —en el marco de sus competencias, dado que en materia de orden público la autoridad gubernativa en Cataluña es única y corresponde al Departamento de Interior—, los criterios, los protocolos y las pautas de intervención de la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra , como policía integral y ordinaria de Cataluña, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de el Estado que intervengan en funciones de orden público, siguiendo en la ejecución del orden los criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Un largo párrafo que sintetiza las condiciones y deja claro quién es el responsable de la competencia de seguridad y orden público en Cataluña, que dado el artículo 164 del Estatut corresponde a la Generalitat. La idea de esta resolución es subrayar que la autoridad gubernativa tiene capacidad para prohibir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando disuelven una manifestación en Catalunya, hagan uso de balones de goma . Y también, para establecer las condiciones en las que debe ejecutarse esta orden de disolución. De hecho, desde Interior y como ya se recordaba durante la primera etapa de la gestión de consejero Miquel Buch, junto a Andreu Joan Martínez de director general de la Policía, la autoridad gubernativa tiene el rol fundamental de acordar la disolución de una manifestación, porque no es una decisión policial, y de marcar los criterios con los que debe ejecutarse esta orden, sin entrar en los detalles operativos.

Los CECOR, decisivos
La resolución aprobada por la cámara choca con las decisiones que se han tomado en orden público en dos grandes momentos de altercados públicos. En este sentido, cabe recordar el primero de octubre de 2017, día del referéndum sobre la independencia, en el que las Unidades de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía dispararon balones de goma y despejaron un ojo a Roger Español . Un caso que se encuentra pendiente de juicio. De hecho, las Unidades de Reserva y Seguridad, los antidisturbios de la Guardia Civil, también llevaban este tipo de armamento. En una segunda tanda de grandes protestas, por la sentencia del Proceso, los balones de goma fueron verdaderos protagonistas. El comisario jefe de las UIP durante la batalla de Urquinaona, José Miguel Ruiz Iguzquiza , incluso presumió de que sus agentes habían disparado hasta 7.000 de estos proyectiles . En ese marco, un chico perdió un ojo en las protestas del aeropuerto de El Prat.

En todos estos operativos estaba en marcha un Cecor, Centro de Coordinación Policial, donde se encuentran los mandos policiales y jefes de los operativos así como la autoridad gubernativa , que es quien ordena la dispersión o no de una protesta, si se deben producir cargas y si se dispara o no. Por tanto, en ambos dispositivos, el director general de la Policía –Pere Soler el primero de octubre y Pere Ferrer durante las protestas del 2019– tenía plena potestad para prohibir expresamente que las policías españolas dispararan balas de goma . En cambio, lo que ocurrió a la hora de la verdad fue que, en el curso de las manifestaciones por la sentencia, los agentes Mossos d'Esquadra desplegados en las calles, que no tenían balones de goma –aunque sí tenían lanzaderas de proyectiles de foam de ambos tipos, el que se retira ahora y el más blando , que se mantiene– espoleaban a sus colegas del CNP para que utilizaran las suyas . Incluso, el 19 de octubre se convocó una protesta ante la comisaría de Via Laietana para echar balones recogidos de tierra por los manifestantes contra la Jefatura de la Policía Nacional, para quejarse por el uso de balas de goma supuestamente prohibidas en Cataluña.

Ahora ya no hay margen alguno, porque el Parlament, con los votos de los diputados que apoyan al Govern incluidos, han dejado bien claro y establecido la Generalitat quien tiene la potestad única en los dispositivos de orden público. "Es un pronunciamiento explícito", enfatizan fuentes parlamentarias responsables de la negociación del texto. "Por primera vez, se dice abiertamente que autoridad gubernativa en materia de derecho de reunión y manifestación sólo hay una y es la Generalitat" , añaden las mismas fuentes.

El orden público y la tensión política
El debate sobre el uso de las pelotas de goma viene de lejos. En 2013, el Parlament de Catalunya tomaba una decisión inédita, retiraba las balas de goma del arsenal de los Mossos d'Esquadra. Una situación generada por el caso Ester Quintana, que perdió un ojo en las protestas de la huelga general del 2012: así quedó judicialmente establecido, aunque un informe de los Mossos advertía que había sido causa del foam . Sea como fuere, lo que se prohibió fueron las pelotas de goma clásicas como arma de racimo en Catalunya, no solo a los Mossos. La decisión llegó después de un año de trabajos de la comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en eventos de masas. Un material que se sustituía por los proyectiles viscoelásticos, los de foam, que ahora también se han limitado, a raíz de las conclusiones de una nueva Comisión sobre el Modelo de Seguridad, que terminó su trabajo el pasado mes de diciembre.

El uso de los balones de goma, una vez prohibidos por el Parlament, saltó de nuevo a la palestra por el uso que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya. En un momento de máxima tensión política entre Madrid y Barcelona, ​​las interpretaciones que justificaban su uso se basaban en que se consideraba que sólo se habían vetado a los Mossos. Una interpretación restrictiva de la prohibición que en realidad no se correspondía con lo que se aprobó en 2013. Ahora el Parlament lo ha aclarado, al establecer y subrayar que la Generalitat es la única autoridad gubernativa en orden público y que tiene plena potestad para prohibir el uso de pelotas de goma a cualquier policía que actúe en Cataluña en estas situaciones.



https://elmon.cat/societat/policial/par ... il-764522/

Pntalon Chester Cnp

29 euros

militariapiel.es

CATALUÑA Referéndum 1 de octubre
La juez exonera a 27 policías del 1-O: "No hubo exceso, no pudieron actuar de otra forma, cumplieron su deber"

El Juzgado de Girona acuerda el archivo de las causas contra los agentes que actuaron en la ciudad

Barcelona
Actualizado Lunes, 4 diciembre 2023 - 22:58

El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha archivado las acusaciones contra 27 policías nacionales que actuaron en la ciudad durante el referéndum del 1 de octubre.

La juez instructora ha acordado el sobreseimiento libre de las causas por delitos leves de lesiones al entender que los agentes están amparados por el apartado 7 del artículo 20 del Código Penal, que considera "exento de responsabilidad criminal a quien obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

En los cinco autos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada señala, además de "la eximente completa de obrar en cumplimiento de un deber", que "no se produjo un exceso en la actuación policial, aun cuando se produjeron lesiones, habida cuenta de que los agentes no pudieron actuar de otra forma". "El uso que hicieron de la fuerza", añade la juez, fue "proporcionado y justificado".

En concreto, las actuaciones de los agentes, defendidos por la Abogacía del Estado, se produjeron en las escuelas Verd, Joan Bruguera, Taialà, Josep Dalmau Carles y en la sede del Servicio Municipal de Empleo. Diez de los exonerados fueron destinados al primero de estos colegios, en el que se produjeron varias cargas.

En el mismo juzgado está todavía pendiente de resolución la causa que afecta a un policía nacional que fue denunciado por haber abofeteado a una persona y cuya defensa corre a cargo de los servicios jurídicos de un sindicato.

A diferencia del sobreseimiento provisional, que detiene el curso del proceso judicial, pero permite que se reabra si aparecen nuevas pruebas, el sobreseimiento libre es asimilable a una sentencia absolutoria y no permite la reapertura salvo que lo ordene una instancia superior ante un recurso, en este caso, la Audiencia Provincial de Girona.

El Juzgado de Instrucción 2 de Girona aglutinaba una gran parte de los casos de policías nacionales procesados por el 1-O. En el Juzgado 7 de Barcelona, por ahora, están procesados otros 45 agentes en una causa que analiza los hechos producidos hace seis años en más de una veintena de escuelas de la ciudad. Las defensas reclamaron sin éxito que, al igual que en Girona, el proceso se dividiera en piezas independientes según los puntos de votación. En el caso de Barcelona, el juez considera que las actuaciones policiales podrían constituir delitos de lesiones, torturas y contra la integridad moral.

La decisión de la juez de Girona, recurrida por la acusación particular, se produce en pleno debate sobre la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y Esquerra Republicana, ya en trámites parlamentarios en las Cortes Generales y cuya aplicación sería extensible a policías y guardias civiles encausados por sus actuaciones para impedir que se llevara a cabo la votación del 1-O. De mantenerse el texto de la proposición de ley registrada hace tres semanas por los socialistas, quedarían excluidos únicamente de la medida de gracia los casos de torturas.

JUICIO SUSPENDIDO
Precisamente, fue en un juzgado de Girona donde se suspendió, el pasado viernes, el primer juicio vinculado al procés en previsión de que se apruebe la norma del olvido penal. La próxima semana debían ser juzgadas cuatro personas por el corte de las vías del AVE en 2018, durante las protestas organizadas en el primer aniversario del referéndum ilegal. La Abogacía del Estado apoyó la solicitud de la defensa, mientras que la Fiscalía se opuso.

https://www.elmundo.es/cataluna/2023/12 ... b457b.html

Psicotécnicos Joyfepol FERES

joyfepolferes.es

Me alegro , y más en los tiempos que corren.

CNP Modelo Squad

gafaspolicia.com

Los Mossos hicieron equipos conjuntos con el CNP para perseguir a independentistas

Un caso en Tarragona destapa que el cuerpo estatal y la policía de la Generalitat han compartido investigaciones contra activistas soberanistas

Quico Sallés Tarragona
22/12/2023 21:00

Antes se habían formalizado equipos para investigar el yihadismo o el crimen organizado, pero esta vez se dio un paso más. Los Mossos d'Esquadra articularon parejas de trabajo con el Cuerpo Nacional de Policía para investigar a activistas independentistas y llevarlos ante los tribunales. Lo destapa el sumario de los cuatro jóvenes de Tarragona juzgados por participar en las protestas contra la sentencia del Proceso. Un caso del que esta semana ha salido la sentencia , con condena a un año de cárcel para tres de los cuatro acusados ​​juzgados –cuarto fue absuelto– y multas que no superan los 350 euros.

Según el largo sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, se investigaron hasta quince personas, pero finalmente se procesaron sólo cuatro. Todos los investigados habrían participado en el segundo día de las protestas, el 15 de octubre de 2019. Hasta entonces, los Mossos d'Esquadra habían participado en casos que comandaba, como policía judicial, bien el Cuerpo Nacional de Policía o bien la Guardia Civil, aportando información o elaborando atestados que después se entregaban a la policía española, que hacía de "fuerza instructora". Incluso, con casos como Astor 88 , un mozo de la Comisaría General de Información que trabajaba para aportar información a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el caso de las diligencias previas 277/220 del juzgado de instrucción número 6 de Tarragona muestra otro modus operandi policial en la persecución al independentismo. En concreto, la creación de parejas mixtas de miembros de las Comisarías Generales de Información de los Mossos d'Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía . Unos “binomios” que disponían de ingentes recursos para instruir causas contra activistas independentistas con operativos policiales, para realizar intervenciones de comunicaciones, seguimientos, monitorización en las redes, análisis forense de imágenes o, incluso, estudios sobre los tatuajes de los investigados.

Un inspector del CNP y un sargento de los Mossos, los jefes del equipo
En el caso de Tarragona, Mossos y CNP abren una “operación conjunta” y elaboran a cuatro manos un primer atestado policial con fecha del 17 de enero de 2020, que después ampliarán el 19 de febrero de 2020. Unos informes sobre posibles delitos de desórdenes públicos agravados del artículo 557 del Código Penal, de atentado contra agente de la autoridad, también agravado, del artículo 550 y coacciones para obligar a hacer huelga del 315.3 (un artículo actualmente derogado, desde 2021). Los firman conjuntamente el inspector del Cuerpo Nacional de Policía con TIP 129659, que actúa de instructor, y el sargento de los Mossos d'Esquadra 4078, que actúa de secretario, ambos de las respectivas comisarías generales de información de sus cuerpos policiales .

De hecho, el atestado comienza dejando claro el origen de las investigaciones, que definen como "fruto del trabajo conjunto entre la Brigada Provincial de Información del CNP y de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra" . En este marco resaltan que la "investigación conjunta del CNP y Mossos se forma con el objetivo de esclarecer una serie de hechos susceptibles de ser tipificados como ilícitos penales". Unos hechos “relacionados con los graves incidentes ocurridos en Tarragona tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Causa Especial 20907/2017 respecto al llamado Proceso”.

Los Mossos, pues, comparten el habitual tono y sesgo de las policías españolas en los informes policiales contra independentistas . Así, se refieren a las manifestaciones como una "ola de violencia sin precedentes en nuestro ámbito de actuación". "Miles de personas", continúan, "se asomaron a las calles en numerosos puntos del territorio catalán, y la provincia de Tarragona, y especialmente su capital, fue testigo en primera persona de los hechos expuestos en este atestado". Tanto el inspector como el sargento no se utilizan términos como “alborotadores”, “actos vandálicos”, “hechos violentos”, “actitudes hostiles”, “medios coactivos con alta carga de violencia”, “formación de barricadas”. , “lanzamiento de objetos”, “quema de contenedores” o un “claro ánimo de causar daño al principio de autoridad”, así como una “clara intención de herir y lesionar a los agentes actuantes”. Todo ello contado con formas condicionales de los verbos, como “habrían hecho” o “podrían haberlo hecho”. Los autores del informe deben recibir la ayuda otros dos agentes, el del CNP 130768 y el de los Mossos 6442, porque no dan el alcance a hacer el papeleo de la instrucción.

Un gran operativo
Los atestados y los oficios muestran un enorme despliegue de medios para perseguir a los manifestantes independentistas que, finalmente, han sido condenados con penas más que mínimas, y uno ha sido absuelto. En este contexto cabe señalar que CNP y Mossos llevaron a cabo seguimientos operativos de los investigados y analizaron con alta tecnología forense sus aparatos móviles . Por otra parte, el atestado aporta un grueso informe de visionado de imágenes para identificar a los procesados ​​en las manifestaciones. Un anexo que también se completa con un reconocimiento facial de los sospechosos por parte de un subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Tarragona -antidisturbios de la policía de la Generalitat.

El informe también incluye un análisis de los tatuajes de los investigados así como una lista de las consignas que habrían gritado durante las concentraciones. Incluso aprovechan y sacan fotografías de los sospechosos con diputados independentistas del Parlament, como el entonces secretario de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós , de Junts per Catalunya, que tenía el escaño por Tarragona. Asimismo, relacionan a los investigados con organizaciones como Arran o La Forja, todas relacionadas con la CUP o conocidas como las “juventudes de la CUP”. La policía incluso remitió un oficio al Rectorado de la Universidad Rovira i Virgili para que elaboraran un informe de los daños causados ​​en la sede universitaria a raíz de las protestas.

Una exhaustiva investigación policial y un fiasco judicial
La investigación conjunta que se inició con quince sospechosos acabó con cuatro acusados ​​en el juicio. De éste, tres fueron condenados a una pena mínimo y uno quedó absuelto. Y precisamente lo absuelto es lo que más ha dejado en evidencia la investigación. En concreto, se trata de Arnau M., que el equipo conjunto de Policía Nacional y Mossos considera que “no sólo formó parte de los graves disturbios registrados en Tarragona, sino que, además, desempeñó en todo momento un rol de liderazgo”. "En definitiva", continúan, "Arnau M. es considerado por esta instrucción como uno de los dinamizadores, líderes y caudillos de los disturbios en Tarragona".

En cambio, el titular del juzgado de lo penal 1 de Tarragona que juzgó a los cuadro acusados ​​no comparte en absoluto esta conclusión policial. Al contrario. De hecho, Arnau M. es el único que ha quedado absuelto "al existir dudas razonables de la participación del acusado en los hechos". Incluso, el juez deja claro que las versiones policiales no pueden desacreditar la veracidad de las explicaciones del acusado absuelto y les reprocha que no aportan ninguna prueba de su inculpación. Una "investigación conjunta", pero que pese a los ingentes recursos, no ha servido de mucho.

https://elmon.cat/politica/tribunals/mo ... es-775845/

foropolicia.es

Interior desinfla el pacto y asegura a los sindicatos que la Policía no va a perder competencias de inmigración

El mensaje de la Dirección General de la Policía ha sido que solo afecta a atribuciones del Ministerio de Migraciones

La Constitución establece que la inmigración que el Gobierno cede a Junts es competencia «exclusiva» del Estado

11/01/2024
Actualizado a las 20:52h.

El anuncio del traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, pactado por el Gobierno con Junts, ha provocado la reacción del Ministerio del Interior. A las pocas horas de conocerse, varios sindicatos policiales mostraron su oposición radical a ese acuerdo que supondría la ...

https://www.abc.es/espana/interior-desi ... 25-nt.html

Cartera Porta Placa Ertzaintza

Fabricado en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

Trapero denunciará la «persecución» sufrida con la Operación Cataluña

El mayor de los Mossos llevará a los tribunales la trama que trató de implicarlo en un caso de narcotráfico

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha anunciado este miércoles que llevará a los tribunales la «persecución injusta» sufrida en el marco de la Operación Cataluña. Así lo ha manifestado en un comunicado, consultado por ABC, después de que 'La Vanguardia' y eldiario.es hayan publicado este miércoles unas notas informativas del excomisario José Manuel Villarejo que explican que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz intentó implicarlo en un caso de narcotráfico.

Cabe recordar que en junio de 2021, ABC ya publicó que Villarejo y el jefe de la UDEF José Luis Olivera querían destruir a un fiscal Anticorrupción y a un jefe de los Mossos. Ese responsable de la Policía catalana era Trapero, entonces máximo responsable de la Policía judicial. Este diario publicó un audio, el de la grabación de una comida, celebrada el día 3 de noviembre de 2009, en un restaurante de Madrid, a la que asistieron Villarejo, Olivera y un tercero, el inspector jefe Antonio Giménez Raso, destinado en Barcelona y salpicado en ese momento como su hermano Carlos por un caso de narcotráfico en el puerto de Barcelona –ninguno de los dos fue condenado, aunque Antonio sí fue llevado a juicio– de ahí el motivo de la inquina contra el fiscal Martínez Madero –y por extensión contra los Mossos y todos aquellos que colaboraron con él, como el teniente coronel Alarcón de la Guardia Civil–, nace por esa investigación y la de los clubes Riviera y Saratoga. En ambas había relaciones entre delincuentes y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

En varios momentos de la conversación, tal y como informó Pablo Muñoz, los comensales se centran en diseñar una estrategia para destruir el prestigio del fiscal que, antes de dar el salto a la Oficina Antifraude, había jugado un papel clave en esas dos causas. La charla avanza, y con ella los preparativos para destruir no ya a Martínez Madero, sino también a Trapero. En el ámbito judicial la excusa sería la supuesta protección que tanto el fiscal como la Policía catalana dispensaban al confidente que colaboró en la operación del Riviera y Saratoga, Manuel Giménez Carbajo, cuyo testimonio fue clave en la sentencia condenatoria dictada años después. Conspiraron así para situarle como narcotraficante y abrirle una investigación con el objetivo, además, de que la llevase a la Audiencia Nacional donde presumían de tener influencia. Eso no llegaron a conseguirlo.

Este miércoles, el excomisario de los Mossos ha señalado que estas «invenciones y falsedades», de manera espuria, tuvieron consecuencias judiciales graves e injustas en personas a sus órdenes, en referencia a la presunta trama de cobro de comisiones en los burdeles de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga. «Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante», ha indicado Trapero.

La «persecución», tal y como publicó este diario, comenzó en 2009, y «duró de manera ininterrumpida hasta unos meses antes de mi absolución en la Audiencia Nacional«, ha apuntado el 'major', en referencia al juicio por el papel del Cuerpo catalán durante el 'procés', y en el que el tribunal concluyó que la actuación de los Mossos «evitó graves daños», tanto el 1-O, como el 20-S, durante el bautizado como asedio a la Consejería de Economía.

Además, en su texto de este mañana, Trapero ha manifestado que observa con «tristeza y preocupación una degradación institucional y de la gestión pública, donde, a menudo, lo que debería ser la búsqueda y defensa del interés general se sustituye por intereses perversos y personales».

https://www.abc.es/espana/cataluna/trap ... 24-nt.html

Tsunami Democratic tenía en su punto de mira a Felipe VI

El juez Manuel García-Castellón cree que Tsunami Democratic tenía intención de atentar contra el rey Felipe VI durante su visita a Barcelona en julio de 2020. Así lo detalla un nuevo auto en el que se pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos de Esquadra pudo haber facilitado a Tsunami información sobre el despliegue de seguridad del monarca. Y a todo esto se suma hoy el caso Pegasus. Está confirmado que el CNI espió a Pere Aragonès al creer que el presidente catalán coordinaba a los CDR. Es por ello que hoy Paz Estaban, la directora del CNI en aquel entonces, ha declarado ante el juez. En este sentido, Aragonés ha cargado duramente contra el CNI y pide depurar responsabilidades.