FORO POLICIA

CNP Modelo Squad

gafaspolicia.com

Funcionarios de prisiones de Castilla y León secundaron hoy la concentración, convocada por CSIF y ACAIP-UGT, por el "abandono" que sufren por parte de un Gobierno "que no está haciendo su trabajo". Aseguraron que se sienten "desamparados y abandonados" y esgrimieron que "a los internos les sale gratis agredir a un funcionario".

Así lo denunció hoy el responsable de Prisiones de CSIF de Castilla y León, Fermín Pinto, quien encabezó la concentración de funcionarios convocada por ambas formaciones en Valladolid delante de la Delegación del Gobierno, en una protesta de carácter nacional.

Pinto explicó al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, minutos antes de iniciarse la concentración, que "existe una falta total de medios humanos y materiales en las cárceles de Castilla y León", lo que pone en "grave peligro la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos".

Según los datos de CSIF, en las prisiones de Castilla y León hay un 23 por ciento de plazas vacantes, lo que equivale a 716 sin ocupar -una cuarta parte del total existente en todo el país-. A eso se suma que en la Comunidad el 70 por ciento de las plazas de médicos está sin cubrir (en España es de un 58 por cinto).

De hecho, según ha apuntado, solo están cubiertas 36 de las 56 totales, cuando la realidad de los centros es que hay un 30 por ciento de reclusos con problemas psiquiátricos. "Sin médicos suficientes para que les pauten la medicación o para que dictamine el aislamiento de un recluso agresor, sin plazas reconocidas de psiquiatras y con tan solo dos psiquiátricos penitenciaros, la situación es insostenible", expuso Pinto, quien añadió que ya son 18 años "sin cumplir la Ley de Cohesión Sanitaria y sin que se haya aprobado una ley de Función Pública Penitenciaria comprometida hace tres años".

Mientras, prosiguió, "el Gobierno no hace su trabajo, los trabajadores siguen sufriendo la lacra de las agresiones y haciendo el trabajo sin medios humanos ni materiales", reprochó.

Más de 4.000 incidentes

"Esta falta de medios" ha propiciado, informó CSIF, que se produjeran en la Comunidad durante el año 2021 más de 4.120 incidentes carcelarios -35 muy graves y 570 graves-, y que en lo que va de año 26 funcionarios de prisiones hayan sufrido alguna lesión, diez con baja laboral. "Es una barbaridad", señaló el responsable de CSIF, para quien la razón está en un "gravísimo problema de clasificación interior".

Además, Pinto puso de relieve que en la Comunidad la edad media de los trabajadores de prisiones alcanza los 54 años, dos más que en el promedio del país, y que las ofertas de empleo público no cubren ni siquiera las jubilaciones que se producen.

Por ello, CSIF reclamó que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad y que reciban un mayor reconocimiento, "a la misma altura del que reciben los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando participan en operaciones de incautación de sustancias".

A modo de ejemplo, detalló que los trabajadores de prisiones han incautado 86 armas de fabricación casera (pinchos carcelarios) durante los cinco primeros meses del año 2022. Además, han detectado 112 móviles entre enero y mayo y se han frustrado dos intentos de fuga en la prisión de Valladolid, el último hace unos días, "solo gracias al magnífico trabajo de los funcionarios".
https://www.eldiadevalladolid.com/Notic ... r-abandono

foropolicia.es

Los funcionarios de prisiones están hartos y amenazan con un otoño caliente de movilizaciones ante Instituciones Penitenciarias. Durante los últimos cinco años han sufrido, según la estadística oficial, 840 agresiones de presos en las cárceles españolas y el año 2022 no ha terminado todavía. En concreto, los funcionarios denuncian una agresión cada 36 horas si extendemos el dato a la media de los últimos cinco años. Todo ello según datos oficiales recogidos en una respuesta del Gobierno a una pregunta de dos diputados del Grupo Popular el pasado 7 de junio.

Pero solo durante el último mes de julio las prisiones han sido especialmente violentas, con 15 funcionarios lesionados por agresiones de internos y otros 3 intoxicados por un incendio provocado por los presos. El dato es alarmante, pero Instituciones Penitenciarias no se decide a activar de manera efectiva el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA), un documento impuesto en su día por la Secretaría de Estado de la Función Pública que no se aplica correctamente en la actualidad. Esto deja a los funcionarios sin posibilidades de actuación en muchos casos e indefensos ante los internos más peligrosos.

Jorge Vilas, responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF, explica que «el problema es que cuando hay una agresión de un interno luego no sufren las consecuencias de sus actos y al final estamos liberando a personas que no están preparadas para insertarse en la sociedad». Como ejemplo José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, pone el caso de una de las últimas agresiones «en Murcia II, donde el compañero que casi le seccionan la yugular tuvo que ser trasladado al hospital mientras que el interno que había agredido estuvo 21 días en la misma prisión cuando el protocolo dice que el traslado, por motivos obvios, debe realizarse antes».

prisiones
Vilas y López durante una rueda de prensa.

Los funcionarios de prisiones han pedido el aumento de medidas coercitivas para hacer frente a los presos más peligrosos como «disponer de pistolas táser, convenientemente custodiadas por el jefe de servicio», explica Jorge Vilas y José Ramón López añade un dato esclarecedor: «los sprays están prohibidos porque al parecer eran demasiado lesivos y ponernos el traje de intervención es tan aparatoso que nos puede llevar 20 minutos y cuando lo conseguimos es probable que ya haya terminado el incidente».

Desde los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, explican que «hubo una reunión el pasado día 18 de julio para abordar el incumplimiento del PEAFA y como no explicaron por qué no se aplica decidimos retirar nuestra firma del citado documento».

El citado PEAFA contempla «medidas de protección jurídica para los funcionarios, con la elaboración de una Guía de asesoramiento y la inclusión en el pliego de prescripciones de las pólizas de seguros de una cláusula que asegure el asesoramiento como la asistencia jurídica al empleado agredido; apoyo psicológico con la elaboración de una Guía de atención y asesoramiento psicológico y asumir a través de la empresa encargada de la vigilancia de la salud de la necesidad de una atención psicológica “suplementaria”. Una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, incluyendo el endurecimiento de algunas sanciones existentes; un Plan especial de Formación incorporando acciones formativas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta de los empleados públicos penitenciarios ante las agresiones, haciendo uso de formatos docentes básicos que permitan una rápida y amplia transmisión de la información para todos los trabajadores penitenciarios». El problema es que el PEAFA no se aplica por parte de Instituciones Penitenciarias y eso motiva el enfado de los funcionarios que han decidido retirar su firma del mismo.

¿Qué es necesario para que los funcionarios ejerzan su labor con seguridad? Lo primero es el reconocimiento de la condición de autoridad, «porque con todos los respetos no puede ser que un maestro tenga ese reconocimiento y nosotros no», explica López y «una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias», añade Vilas.

Los funcionarios de prisiones también denuncian que Interior comete «constantes faltas de respeto al colectivo de funcionarios», como la publicación de un artículo en la revista del Centro Penitenciario de Madrid VII (Estremera) «donde se ha insertado un artículo firmado por un interno en el que acusa sin ningún pudor a los empleados públicos, sin pruebas y sin que medie denuncia oficial ante ningún órgano ni judicial ni administrativo de hechos tan graves como asesinato. Motivo este por el que se presentará una querella criminal contra el autor del artículo como contra el editor de la revista. En este caso la Administración Penitenciaria», anuncian desde ACAIP.
https://okdiario.com/espana/funcionario ... as-9458185