En el dia de hoy no murio ningun compañero a manos de la banda terrorista E.T.A
Academia Acceso CNP |
 |
sector115.es |
La Corte de Casación desestima el último recurso de 'la Pepona' y acepta, tras varias Euroórdenes, la extradición de la reclamada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981
Natividad Jáuregui, durante una mariscada en Bélgica.
Después de casi 40 años de fuga, numerosas Euroórdenes, varias detenciones, infinitos rechazos y una sentencia condenatoria del Tribunal de Estrasburgo, la Justicia belga extraditará a España a la etarra Natividad Jáuregui. Jáuregui, reclamada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, con un tiro en la nuca a la salida de misa, lleva casi dos décadas en Bélgica. Hace dos semanas, un tribunal de Gante aceptó finalmente la enésima petición de entrega española y sentenció contundentemente que debía ejecutarse la petición. Y este martes, para sorpresa de muchos, la Corte de Casación ha desestimado el último recurso de los abogados, la famosa familia Bekaert, por lo que el caso queda cerrado. La decisión, 12 páginas en neerlandés, ha sido publicada ya.
Fugada hace casi 40 años, entre 1984 y 1988 Jáuregui se escondió en Francia, antes de recalar en México con su pareja, José Antonio Borde. En 2003 Borde fue detenido y extraditado a España, y ella, que se libró por un error, cambió de continente y se instaló en Bélgica. Desde hace años vive en Gante, trabajando como cocinera y con una empresa de cátering. En 2013, Jáuregui, conocida como Pepona, fue arrestada y pasó a disposición judicial. Las autoridades locales aceptaron en primera instancia la entrega, pero ante el recurso de sus letrados se paró, pues, según los magistrados, existían razones para sostener que "la ejecución de la orden europea podría vulnerar los derechos fundamentales" de la reclamada. Con toda una batería de referencias a torturas, la guerra y el bombardeo de Guernica.
Desde 2013 España ha intentado sin éxito que las autoridades belgas cambiaran de opinión. Una tarea ingrata, desagradable, violenta en ocasiones, y centralizada desde la embajada española en Bruselas. Por momentos, la cuestión de la Pepona se convirtió en la principal preocupación de la anterior embajadora, Cecilia Yuste, y de la actual, Beatriz Larrotcha. Y de eurodiputadas como Maite Pagazaurtundua.
En 2016. Jáuregui fue detenida de nuevo y puesta en libertad enseguida. Un "escándalo" según la Audiencia Nacional, embajadores, juristas y expertos. Uno de los poquísimos casos en los que un país rompió el principio de confianza recíproca en el espacio de Justicia de la UE, alegando reservas sobre el respeto de los derechos humanos, la seguridad de las prisiones o la integridad física de un detenido, por no hablar de la posibilidad de que quizás no tuviera derecho a un abogado. Algo muy llamativo y más en un caso de sangre. Jáuregui era la última etarra localizada y cuya entrega no se materializaba. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo condenó de hecho a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la miembro de ETA, tras quedar probado que los tribunales del país no cumplieron con su "obligación de cooperar".
PLAZO DE ENTREGA
Tras esa sentencia, la Audiencia Nacional emitió una nueva euroorden, en octubre del año pasado, que ahora sí será ejecutada. "El caso está cerrado", han confirmado fuentes judiciales a Efe, por lo que la sentencia del pasado 5 de noviembre será firme. Ya se han agotado todos los recursos posibles. Desde la defensa de Jáuregui confirman que la vista tuvo lugar este martes por la tarde y que su recurso no fue admitido a trámite, por lo que Casación no estudiará la cuestión. Y condena a Jáuregui a pagar las costas, que ascienden a .... 41,80 euros. La Fiscalía Federal ha confirmado a Europa Press que la etarra tiene un brazalete electrónico para evitar fugas, pero no está claro si permanecerá detenida desde hoy mismo hasta la entrega.
La sentencia del 5 de noviembre, como recuerda el escrito de la Corte de Casación, demuestra que el hecho de que la demandante deseaba "evadir permanentemente el procesamiento penal en España" está claro porque a pesar de llevar en el país desde 2003, la demandante no estaba registrada en ningún lugar y no era conocida por los servicios de la ciudad en Gante y "sólo cumplió legalmente en ese punto después de la primera sentencia de la sala de acusación de 31 octubre de 2013 y posterior desestimación del recurso el 19 de noviembre de 2013".
El plazo de entrega, tratándose de Bélgica, es algo confuso. La normativa de la Orden Europea de Detención y Entrega estipula un plazo de 10 días, pero en algunos casos se va más allá si la persona reclamada no está conforme y deben de ultimarse trámites legales. Pero el tiempo habitual medio es de apenas unas semanas en la UE. Sin embargo, en los últimos años los plazos habituales y estipulados en cuestión de Euroórdenes no se han respetado escrupulosamente.
https://www.elmundo.es/espana/2020/11/17/5fb40542fdddffeb0a8b45c5.html
News
Site map
SitemapIndex
RSS Feed