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Reclaman, de este modo, que se pongan en marcha de forma inmediata medidas de protección eficaces en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, que es un servicio público esencial y así fue calificado en la declaración del estado de alarma. Sin embargo, su derecho a recibir una protección eficaz no se está respetando, al no proveerse, con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.
Los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especialmente expuestos al contagio del virus por su contacto directo con la ciudadanía. De hecho, sin contar a los posibles contagiados en las Fuerzas Armadas, al no poder aportar datos, hay alrededor de 9.000 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que se encuentran afectados o aislados.
Si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes, podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Por ello, demandan, con carácter inmediato, que se les dote de equipos de protección, que se les provea de test rápidos de detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen sus servicios de modo que quede preservado su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad en el ejercicio de su actividad y para preservar su salud y la de la ciudadanía.
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