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*Cada día sufren una media de dos ataques diarios por parte de los reclusos
El último gran motín en las cárceles españolas no lo protagonizan los reclusos, sino quienes deben vigilarlos. Más de 3.000 funcionarios de prisiones de toda España se han unido en los últimos meses para alzar la voz y denunciar la situación de recortes económicos y agresiones que vienen padeciendo y de la que responsabilizan al Gobierno. Sobre todo a quien ha sido el máximo responsable de la política penitenciaria en las dos últimas legislaturas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, del que piden la dimisión.Unidos Funcionarios de Prisiones es el nombre de la plataforma que, al margen de sindicatos y partidos políticos, amenaza con quebrar la paz en los penales españoles, después de años en los que las condiciones en las que desarrollan su trabajo se han deteriorado hasta extremos difícilmente imaginables antes de la crisis, según denuncian.
En algunas cárceles, un único funcionario tiene que supervisar a un máximo de 70 internos que comparten un mismo módulo. Y a ello hay que añadir una circunstancia más, el envejecimiento de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, en la que más del 66% supera los 45 años y la mitad está por encima de los 50 años.
El aumento de estas agresiones se debe, en su opinión, a la falta de medios personales, pero también a la ausencia de formación ante un fenómeno que va a más: el creciente número de enfermos psiquiátricos que están recluidos en las prisiones españolas.Ni hay formación ni hay protocolos para actuar en estas circunstancias y esto, dicen los representantes de estos 3.000 funcionarios, supone un grave peligro no sólo para ellos, sino también para los propios presos.Pero no sólo falta personal y formación. Los medios materiales brillan igualmente por su ausencia y la única dotación de la que disponen consiste en unos guantes anticortes y un walkie-talkie. Las defensas de goma, los escudos y los cascos se quedan bajo la custodia de los jefes de servicio, que son los únicos que pueden autorizar su utilización.
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/ ... b4624.html