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Barcones estipuló que el coronel adapte ‘de otra manera’ una orden de su superior, el general de la XII zona de la Guardia Civil, Clemente García Barrios. Éste había indicado que las comandancias debían reorganizar los servicios para colocar más efectivos de vigilancia en las calles, pero sin especificar cómo.
Recio optó por reducir los horarios de atención al público en 12 de los 24 puestos de la Guardia Civil en la provincia, de manera que en vez de abrir al público sus oficinas los días laborables de 9,00, a 14,00 horas, lo harían sólo un día a la semana. A cambio, habría un cuartel más atendiendo 24 horas al día –el de Peñafiel–, que se uniría a los cuatro existentes de Tordesillas, Medina de Rioseco, Zaratán y Laguna de Duero.
«Hay que buscar alternativas que permitan mantener esa atención al menos durante esos cinco días a la semana, si no se puede en un horario de 9,00 a 14,00 horas, con otro más reducido, pero me parece esencial que ese servicio se preste a diario», expuso Barcones, para que los ciudadanos puedan «formular las denuncias, informar a los guardias civiles de lo que consideren de interés para su seguridad».
El efecto inmediato fue que ayer, día en que iba a entrar en vigor el nuevo horario, los cuarteles abrieron a la misma hora de siempre. «El argumento de que son pocas las denuncias que se presentan en estos pueblos no me sirve», aseguró la delegada del Gobierno, a la vez que puso como ejemplo la violencia de género: «No podemos estar pidiendo a las víctimas que denuncien, y cerrar la posibilidad de que se haga en un entorno cercano», dijo.
«ES UN ERROR»
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tachó ayer la contraorden de Barcones como «un error» y «un paso atrás». La entidad entiende que es mucho más importante que los agentes estén en las calles, antes que de brazos cruzados, en muchas ocasiones, en las oficinas de los pequeños cuarteles de la provincia. «Cuando se abre la oficina tiene que estar en el puesto el jefe de la unidad y un guardia civil, como mínimo, y hay veces que está un suboficial de servicios y un agente», explicaron desde la entidad.
Por eso «se pierde un potencial enorme de patrullas ante un trabajo administrativo con muy poco volumen», añadieron. Y es que para la AUGC «cuando se junta la política y los profesionales de la materia pasa como lo que está sucediendo ahora, un caos». «La decisión es desacertada. Obedece a motivos políticos y no funcionales», subrayaron,
En la AUGC rebaten uno a uno los argumentos de Barcones. «La delegada del Gobierno dice que esto es un criterio para fijar población, pero la población se fija con otros criterios. Si se quiere incrementar servicios, que se eliminen las comisiones de servicio de personal operativo que está realizando labores burocráticas», proponen.
También critican duramente algunos de los trabajos. Proponen que se elimine el de protección del edificio de Presidencia de la Junta de Castilla y León, porque «en ese edificio la seguridad la presta una empresa de seguridad privada, y está a cargo de la Policía Nacional. Lo único que hacen ahí dos guardias civiles, con uniforme de diario, es saludar al presidente de la Junta cuando entra al edificio», espetan desde la AUGC.
VIOLENCIA DE GÉNERO
También rebaten los argumentos sobre la violencia machista. «Una víctima de violencia de género lo que necesita es una patrulla que acuda rápido cuando lo necesita porque está en peligro, una patrulla que la proteja y haga cumplir las órdenes de alejamiento», explican. Por otra parte, «a esa víctima que acude a un acuartelamiento abierto no le va a asistir un agente especializado en violencia de género, porque sólo hay dos componentes de la EMUME en Valladolid, que atienden en la capital».
La reestructuración que proponen en la AUGC es mucho más drástica que un mero ajuste de horarios. Ellos sólo dejarían abiertos 7 cuarteles en la provincia. «Si Bomberos tiene 5 bases en la provincia y el Sacyl ambulancias de soporte vital básico en 9 bases, ¿son tan necesarios 24 acuartelamientos de la Guardia Civil?, se preguntan. «En esta ocasión, al contrario de lo habitual, apoyamos firmemente la decisión del general de la zona», concluyen.
La Delegación del Gobierno explicó ayer que la adaptación de la instrucción del general de zona ha quedado en suspenso hasta que no haya una nueva propuesta de la Comandancia. Quitó hierro a la cuestión y señaló que, simplemente, hay que buscar ‘otra fórmula’.
En lo que sí están de acuerdo la AUGC y la delegada del Gobierno es en la necesidad de incrementar el número de agentes. Barcones incidió en que el número de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma se ha reducido «drásticamente en los últimos siete años, en torno a un 7%» y que esta circunstancia, dijo, «nos está ocasionando muchos problemas».
Barcones destacó que la cifra de agentes debería situarse en torno a los 7.500 en Castilla y León, donde existen unos 6.500. «Detrás del problema que ahora se suscita está la escasez de efectivos, los recortes acumulados desde 2011», aseguró.
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