FORO POLICIA

Lo advertimos hace tiempo.

Cataluña va directa al colapso en todos los niveles, entre ellos, el policial y el judicial. Sólo hace falta leer las últimas noticias posteadas.

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Rivendel escribió:Lo advertimos hace tiempo.

Cataluña va directa al colapso en todos los niveles, entre ellos, el policial y el judicial. Sólo hace falta leer las últimas noticias posteadas.

A veces lo mejor es el renacer desde las cenizas.

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Xav0 escribió:

la magistrada ha sobreseido provisionalmente la causa, tanto en lo que se refiere a Macià como a los tres agentes.

Viva la justicia! Detenciones ilegales gratis para todos!

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Bávaro escribió:Agreden a una mujer de 67 años por quitar lazos amarillos

Hace 7 horas

El suceso tuvo lugar el pasado sábado en Trinitat Vella (Barcelona) cuando varias personas, como viene siendo habitual, se encontraban retirando los lazos amarillos que simbolizan el desafío independentista.

En un momento dado apareció un hombre, y, tras amenazar a Carmen, una mujer de 67 años de edad, la tiró al suelo encima de unas motocicletas. A continuación insultó a los compañeros de ésta y se fue.

Según denuncian los presentes a LA RAZÓN, el agresor, que pudo ser interceptado por una patrulla de la Guardia Urbana, habría mostrado una placa a los agentes, que, según afirman dichos testigos, “lo dejaron irse, no hicieron atestado y no hicieron nada”.

La agredida ha presentado la correspondiente denuncia.



https://www.larazon.es/espana/agreden-a ... SZtYcy9DdG




Vídeo.





https://mobile.twitter.com/larazon_es/s ... 32/video/1

se entiende que " el de la placa " era Mosso o Guardia .

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El Tribunal Supremo critica a Alemania: “Si les hubiera ocurrido a ellos no habría sentencia simbólica”
Los magistrados defienden que “si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre”



CARLOTA GUINDAL
Actualizado a 17-04-2018 17:51
El Tribunal Supremo ha aprovechado un recurso de apelación interpuesto por el candidato a la Presidencia de Catalunya, Jordi Sànchez, para oponerse a la decisión de la Justicia de Alemania de no entregar al expresident, Carles Puigdemont, porque el grado de violencia no fue suficiente para que el Gobierno español se hubiese visto obligado a rendirse a las demandas de los insurgentes.

El Supremo destaca en una resolución al respecto que los 6.000 agentes que se utilizaron para impedir el referéndum resultaron “ostensiblemente superados” por los dos millones de votantes, y prueba de ello es que “la consulta acabó realizándose (sin las mínimas garantías, eso sí) y que los procesados siguieron con su hoja de ruta secesionista y acabaron declarando la independencia de Catalunya”.


La Sala añade que “si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.

“Pantanoso ejemplo”

Además, el Tribunal Supremo destaca que no es razonable que el Tribunal alemán homologue lo ocurrido en el proceso separatista de una comunidad autónoma de más de siete millones de habitantes como Catalunya con unas revueltas organizadas por la ampliación del aeropuerto de Francfourt, al tratarse de dos supuestos fácticos que nada tienen que ver el uno con el otro.

A la Sala lo que más le llama la atención de la argumentación del tribunal alemán es que empieza con un ejemplo hipotético muy adecuado al caso de Catalunya, como es preguntarse que sucedería en Alemania si el presidente de un Land incurriera en una conducta como la perpetrada en Catalunya, “pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba”.

“El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden”, dice el auto.


Puerta abierta a la sedición

Así, destaca que “si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein”, explica.

En cualquier caso, la Sala recoge además en su resolución que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.

“No se trata de un aeropuerto”

En el auto, la Sala Segunda ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el ‘procés’ entre los años 2015 y 2017, y rebate los argumentos del tribunal alemán que está estudiando la euroorden dictada contra Carles Puigdemont, al estimar que no es razonable, como hacen, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Francfourt.


“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, agregó.

El auto ha sido dictado por la Sala de Apelaciones, formada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, y desestima el recurso planteado por Jordi Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena, del pasado 9 de marzo, que denegó la libertad de dicho investigado en la causa así como la concesión de un permiso extraordinario para asistir a la primera investidura, del 12 de marzo, para la que fue propuesto en el Parlamento catalán.

Tomar el poder central

La Sala analiza en el auto la naturaleza del delito de rebelión, que está regulado en los delitos contra la Constitución, y afirma que “en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución”.


En concreto especifica que no se trata de una “rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder”, sino que las personas que llevaron la iniciativa en la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran “sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma”.

Por ello, según la Sala, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían. Para ello contaban con los medios jurídicos que les habían proporcionado la Constitución y el Estatuto de autonomía a través de unas elecciones legítimas, “instrumental jurídico que acabaron utilizando con fines totalmente contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su función”.

“En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuera legítima del Estado”, explica el auto.

Violencia inevitable

Los magistrados destacan al respecto del 1-O que el Gobierno español desplazó a Catalunya a unos 6.000 agentes que tenían la obligación de que se cumplimentaran las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, prohibiendo la declaración de un referéndum declarado inconstitucional.

Sin embargo, pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, “los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. El resultado fue que, como era “totalmente previsible e inevitable”, hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.

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Gc Edicion 175 Aniversario

gafaspolicia.com

Malestar en los Mossos por obligarles a actuar a cara descubierta en el acto con el juez Llarenacdr
El Jefe de los Mossos d´Esquadra Ferran Lopez con el juez Pablo Llarena
L. Sela y N. Doral17/04/2018 20:38 Comentar
Los separatistas apuntan la placa de los mossos que cumplen la ley para purgarlos tras el 155
El Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) ha denunciado que a los agentes de los antidisturbios encargados del operativo por la presencia del Rey en Barcelona, el pasado 9 de abril, se les dio la instrucción, por orden del jefe de los Mossos, Ferrán López, de “descubrirse el rostro” y “bajarse el tapabocas”, la prenda que llevan en el cuello y se sube para tapar parcialmente la cara.

“Hace dos años que todos los sindicatos nos quejamos de este tipo de órdenes y después de denunciarlo públicamente y al Consejo de la Policía acabamos arrancando el compromiso del Govern de permitir el uso adecuado de esta pieza del uniforme. Ahora volvemos a estar como antes, y eso que la situación actual es mucho peor que la anterior”, se quejan.

La orden se produjo de manera verbal y fue difundida por emisora al operativo desplegado por la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, un acto en el que participó toda la cúpula judicial en un momento de tensión con los independentistas por el procesamiento de los líderes del ‘procés’.

Entre los invitados estaba, precisamente, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que se vio conversar durante unos minutos con López.

“Hemos dirigido un escrito al comisario jefe donde le pedimos que permita a los agentes que en ciertas actuaciones, como esta, los agentes puedan realizar el servicio con el tapabocas y evitar ser reconocidos en otros ámbitos de su vida privada o que sus rostros puedan ser publicados a través de las redes sociales, como ha pasado en otras ocasiones”, avisan los agentes. Advierten, además, de que si no obtienen una respuesta a la queja plantearán de nuevo el asunto al Consejo de la Policía. “Pedimos sentido común y que se proteja el derecho de preservar la privacidad a aquellos agentes que se vean sometidos a persecuciones públicas y amenazas continuadas por las redes sociales”, concluyen.

El actual director de los Mossos fue interrogado por Llarena a principios de febrero, y durante su declaración aseguró que “no era una urgencia” que la Policía Autonómica catalana pidiera ayuda a la Policía y a la Guardia Civil porque tenían “todo el día para cerrar los centros de votación”.

Según expuso, él comenzó a acudir a las reuniones de coordinación con el coronel Diego Pérez de los Cobos porque el entonces Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, consideraba que había un clima de tensión en esos encuentros ya que éste no estaba de acuerdo con el papel de coordinador asignado al coronel de la Guardia Civil. López fue nombrado por el Gobierno como jefe de los Mossos en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la destitución de Trapero.

Los Mossos han denunciado en varias ocasiones la situación de vulnerabilidad ante las amenazas de los independentistas. Como informó OKDIARIO, los separatistas elaboran listados de aquellos que cumplen con su deber en el mantenimiento del orden público para su persecución y purga, una vez finalice la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Para elaborarlas, se solicita a cualquier persona se requiere a cualquier persona, sea mosso o un simple ciudadano, a que aporten datos que ayuden a identificar a esos policías. Con este objetivo, piden que se faciliten el número de identificación del agente, la fecha, el lugar y si el mosso en cuestión intervino o no en algún tipo de carga policial.


https://okdiario.com/espana/2018/04/17/ ... na-2138594





Que aprendan de su jefe , perdón ex-Jefe , que un día va con barba, otro sin barba , gafas de sol etc .

foropolicia.es

El Ministerio del Interior nombra a dos independentistas para dirigir «temporalmente» la academia de los Mossos d'Esquadra

Gendrau y Jardí sustituyen en sus funciones a la cesada Annabel Marcos, que colaboró en la organización del 1-O

Zoido firma la orden que publica hoy el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña

D. TERCERO
BARCELONA
Actualizado:
18/04/2018 18:11h

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha encargado «temporalmente» al responsable político de los Bomberos, Juli Gendrau Farguell, y al responsable de Administración de Seguridad, Jordi Jardí Pinyol, las tareas de la Dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, tras la destitución de Annabel Marcos.

Marcos fue destituida a primeros de este mes, después de conocerse que la directora encargada de coordinar las escuelas de seguridad de la Generalitat (Mossos d'Esquadra y Bomberos, principalmente) colaboró en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre transportando urnas en su vehículo.

Esta destitución por parte del Ministerio del Interior fue posible gracias a la aplicación de la medidas correspondientes al artículo 155 de la Constitución, que el Senado autorizó al Gobierno de España en octubre de 2017.

Sustituciones «temporales»
Gendrau, actual director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, se encargará de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña, de la Subdirección General de Administración y Apoyo Académico y del Servicio de Selección, Evaluación y Seguimiento», así como de las decisiones que sean de «carácter transversal».

Por su parte, Jardí, actual director general de Administración de Seguridad, será el responsable de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Policía de Cataluña y de la Subdirección General de Formación Universitaria, Investigación y Gestión del Conocimiento».

Estas suplencias «temporales», tal y como figuran en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de este miércoles, están firmadas por el ministro del Interior el pasado 10 de abril, solo seis días después de hacerse pública la destitución de Marcos por colaborar en un acto que el Tribunal Constitucional había suspendido y los distintos Cuerpos policiales actuaban bajo mandato judicial.

Gendrau y Jardí, activistas independentistas
Se da la circunstancia, sin embargo, que los sustitutos de Marcos tienen un currículum político claramente marcado por el activismo secesionista. Además, Gendrau y Jardí conocen a la perfección la importancia del activismo a nivel local y ambos han sido dirigentes de CiU en sus municipios, y ahora del PDECat.

Gendrau fue alcalde de Berga (Barcelona) entre 2007 y 2015. Durante su mandato, el Ayuntamiento se declaró «moralmente excluido del ámbito de la Constitución» (2010) y declaró al Rey Juan Carlos I persona no grata (2012), aunque en su opinión hubiera extendido esta decisión «a toda la familia real» y no solo al Rey.

Fue ya durante los mandatos de Gendrau que la bandera «estelada» empezó a figurar en el edificio consistorial con regularidad. El testigo de este lo cogió Montserrat Venturós (CUP), quien tuvo que ser detenida por los Mossos d'Esquadra para declarar ante el juez que investigaba, precisamente, la irregularidad de que la bandera indepedentista figure en el edificio del Ayuntamiento.

Por otro lado, Jardí es alcalde de Tivissa (Tarragona) desde 2003, cargo que compagina con el de responsable de la Administración de Seguridad, y su municipio está adherido a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), una de las entidades investigadas judicialmente por llevar a cabo el referéndum independentista del 1-O. Entre 2011 y 2015, Jardí también fue presidente del Consejo Comarcal de la Ribera del Ebro (Tarragona), institución que igualmente forma parte de la AMI.

http://www.abc.es/espana/catalunya/poli ... ticia.html

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Es flipante todo...

garibaldiano escribió:Es flipante todo...

El gobierno central parece que esté deseando que se independicen

Enviado desde mi móvil

Y los compañeros allí destinados cada día más jodidos y olvidados por el maravilloso gobierno español.