Edición 175 Aniversario Gc |
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La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al sillón de alcalde, en 2003, acabó con una práctica tradicional de la Policía Municipal de Madrid. Los edificios municipales estaban vigilados por agentes, lo que detraía gran cantidad de efectivos que podían estar prestando servicio en la calle. El entonces regidor decidió privatizar la seguridad de los inmuebles y sacar a los funcionarios a patrullar. Su razonamiento se basaba en que lo que cuesta un vigilante de seguridad es bastante menos que lo que se paga a un agente.
El actual equipo de Seguridad, con su concejal —José Javier Barbero— a la cabeza, ha ideado volver a darle la vuelta a la situación. Su intención es que los policías municipales más veteranos vayan desplazando a las empresas de seguridad conforme terminen los contratos de estas. En caso de existir alguno especialmente gravoso para las arcas municipales, se denunciaría de inmediato para que el puesto de vigilantes lo cubrieran los funcionarios.
Un asesor del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, asegura que ya disponen de un listado de 1.000 agentes que no están en puestos operativos (no patrullan o hacen labores de vigilancia) y que se podrían destinar a estas labores. “Se les puede redistribuir perfectamente para cubrir esas necesidades y de esa forma rebajar el presupuesto de empresas privadas que pagan los ciudadanos de Madrid”, mantiene el asesor. Serrano recuerda que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les obliga a ejercer esta vigilancia de edificios y pone como ejemplo los puestos adaptados que tiene la Guardia Civil en los inmuebles de la Comunidad de Madrid.
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